Rosalia Aguilar Lima de Silva
Expediente 1458/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2023
Partes del expediente
- Rosalia Aguilar Lima de Silva
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se requirió al perito oficial, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del referido acuerdo, remitiera el dictamen solicitado en autos o en su caso informara la imposibilidad que tuviera para ello, sin que a la fecha lo haya realizado, pese a que fue notificado el treinta de agosto del año en curso. En consecuencia, dado que el perito oficial no ha remitido el dictamen pericial requerido en autos, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere por ÚLTIMA OCASIÓN al perito oficial, ********************, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional el dictamen solicitado en autos o en su caso informe la imposibilidad que tiene para ello. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le hará efectivo el apercibimiento con el que se le previno en autos.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, la cual concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en los autos del expediente * De inmediato, proceda a emitir la resolución relativa a la declaración de beneficiarios, debiendo notificar dicha actuación a las partes." Sin que a la fecha la autoridad responsable haya informado respecto al cumplimiento de la misma, pese a los diversos requerimientos de veintiocho de marzo, dieciocho y veintisiete de abril, dieciséis de mayo -en que ya se impuso una multa-, catorce de junio y veintiocho de julio, todos del año en curso, a fin de que diera cumplimiento al fallo protector, y a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto. Por tanto, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés y se impone a cada uno de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una multa de doscientas veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha. Ahora bien, dado que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, además de que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad, si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el cual se le notifique el presente proveído, informe a este juzgado, el nombre completo de cada uno de los integrantes de dicha junta, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal y personal, así como Clave Única de Registro de Población (CURP) y deberá remitir copia simple de su credencial para votar, a fin de que este órgano jurisdiccional, cuente con los elementos necesarios para la ejecución del crédito fiscal al que se dé origen. En el entendido que de no remitir los datos requeridos, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una diversa multa de doscientas cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha y se dará vista a la Fiscal Ejecutivo Asistente, para que continúe con la persecución de los delitos en los que incurra dadas sus omisiones. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere, por última ocasión, a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten haber dado cumplimiento a la sentencia. Se apercibe a cada uno de los integrantes de la Junta responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia protectora, de conformidad con lo establecido en los numerales 238 y 258, del propio ordenamiento legal, y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una diversa multa de doscientas cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha y se dará vista a la Fiscal Ejecutivo Asistente, para que continúe con la persecución de los delitos en los que incurran dadas sus omisiones. Asimismo, este expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto, como lo establece la última parte del artículo 193 de la Ley de Amparo. Además, las medidas que adopte deberán estar destinadas a cumplir efectivamente con el fallo protector, evitando incurrir en procedimientos ilegales, evasivas, actos intrascendentes o secundarios que impidan que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales, en términos del párrafo segundo del citado precepto legal. Ahora bien, ya que en el caso la junta responsable no tiene superior jerárquico no ha lugar a formular el requerimiento señalado en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo.
- Principal
I. Razón. De la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el auxiliar de actuario para notificar a la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Gobernación del Estado, a través de oficio, el acuerdo de catorce de agosto actual; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Sin hacer mayor pronunciamiento, dado que la denominación correcta, el requerimiento -acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés- y la respuesta que se pretendía -proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés-, ya obran en autos. II. Vincula cumplimiento. Ahora, es menester precisar que conforme a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, las autoridades que tengan intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su eficaz observancia... Por otra parte, conviene acentuar que del sumario se advierte que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, manifestó -en la promoción con número de registro **- que la emisión de los títulos para efectuar el pago condenado al gobierno que representa, está supeditado a la solicitud que haga la secretaría condenada, cumpliendo los requisitos legales. Asimismo, es dable destacar el oficio ** -allegado en la promoción con folio **-, por el que la Directora de Recursos Financieros de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla solicitó al Director Jurídico de lo Contencioso de dicha secretaría, la remisión en copia certificada tanto del laudo, como de la liquidación dictada en el procedimiento de origen, para obtener el recurso condenado en este. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones y teniendo en cuenta la intervención en el acato de la ejecutoria, se vincula a su cumplimiento a **, Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Por ello, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, informe la atención que dio al oficio ** en mención y presente las constancias que lo sustenten -se remite copia simple de dicho comunicado-. Se le apercibe que de hacer caso omiso a lo aquí ordenado se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; ello con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, así como del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se le hace saber que el cumplimiento de la sentencias son de orden público y que la suscrita juzgadora federal cuenta con plenas facultades para hacer cumplir sus determinaciones ante la contumacia... III. Requiere constancias. En otro contexto, agréguese al sumario el oficio de los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remiten un tanto del acuerdo por el que se señaló nuevo día y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago en el procedimiento de origen; el que se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes. Sin perjuicio de lo anterior y toda vez que las sentencias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Magistrada ** y al Magistrado **, Titulares del Tribunal responsable, para que dentro de los tres días hábiles, siguientes al del verificativo de la referida diligencia, remitan copia certificada del acta que de esta se levante. En el entendido, que subsisten los apercibimientos decretados en caso de incumplimiento.
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