Rosalba Velazco Reyna En Representacion de Fhhz
Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosalba Velazco Reyna En Representacion de Fhhz
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele por desahogando los requerimientos efectuados en el acuerdo preventivo. Ahora, en opinión de este órgano jurisdiccional, se considera que a la fecha ha sobrevenido una causa de improcedencia, según las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vierte la ocursante en el escrito de cuenta. En consecuencia, debe desecharse la demanda de amparo. Para explicar lo anterior, es importante fijar el acto reclamado en forma destacada, el cual se conoce de lo que se expresó en el escrito inicial de demanda y el diverso de cuenta, de lo que se extrae que la inconforme, en representación legal de su menor hijo, se duele sustancialmente de la orden de cierre del plantel educativo, impedir acceso al mismo, haberles privado de su libertad y las consecuencias de ello. De lo anterior, se tiene como manifestación que constituye confesión expresa, que a la fecha ".se han podido continuar con las actividades. - - - las clases se mantienen de forma regular.". Marco jurídico del desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgado se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que por esta vía reclama la impetrante del amparo, constituye un acto consumado de modo irreparable. Al respecto, debe precisarse qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable a efecto de entender la causa de improcedencia invocada. Para lo cual, además del precepto invocado, se impone citar el numeral 77 de la propia Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." La interpretación armónica de ambos preceptos, lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental transgredido. Lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el numeral 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; puesto que la aludida causal es manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Es así, porque de admitir la demanda, la sentencia que se dictara en este asunto, no podría ocuparse de aquél cierre temporal del plantel educativo, ni de la restricción a la libertad que en su caso hubieren sufrido, en tanto que se ejecutó y reestableció. Y, tampoco podría ocuparse de actos que a la fecha de presentación del escrito aclaratorio no existen, pues actualmente, según las propias manifestaciones de la parte quejosa, las actividades educativas, el ingreso y retiro del plantel se llevan a cabo de forma regular. Por tanto, ese hipotético cierre o restricción del acceso, se trata de un acto que a la fecha es futuro y de realización incierta. En consecuencia, al haber sobrevenido y actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele por desahogando los requerimientos efectuados en el acuerdo preventivo. Ahora, en opinión de este órgano jurisdiccional, se considera que a la fecha ha sobrevenido una causa de improcedencia, según las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vierte la ocursante en el escrito de cuenta. En consecuencia, debe desecharse la demanda de amparo. Para explicar lo anterior, es importante fijar el acto reclamado en forma destacada, el cual se conoce de lo que se expresó en el escrito inicial de demanda y el diverso de cuenta, de lo que se extrae que la inconforme, en representación legal de su menor hijo, se duele sustancialmente de la orden de cierre del plantel educativo, impedir acceso al mismo, haberles privado de su libertad y las consecuencias de ello. De lo anterior, se tiene como manifestación que constituye confesión expresa, que a la fecha ".se han podido continuar con las actividades. - - - las clases se mantienen de forma regular.". Marco jurídico del desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgado se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que por esta vía reclama la impetrante del amparo, constituye un acto consumado de modo irreparable. Al respecto, debe precisarse qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable a efecto de entender la causa de improcedencia invocada. Para lo cual, además del precepto invocado, se impone citar el numeral 77 de la propia Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." La interpretación armónica de ambos preceptos, lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental transgredido. Lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el numeral 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; puesto que la aludida causal es manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Es así, porque de admitir la demanda, la sentencia que se dictara en este asunto, no podría ocuparse de aquél cierre temporal del plantel educativo, ni de la restricción a la libertad que en su caso hubieren sufrido, en tanto que se ejecutó y reestableció. Y, tampoco podría ocuparse de actos que a la fecha de presentación del escrito aclaratorio no existen, pues actualmente, según las propias manifestaciones de la parte quejosa, las actividades educativas, el ingreso y retiro del plantel se llevan a cabo de forma regular. Por tanto, ese hipotético cierre o restricción del acceso, se trata de un acto que a la fecha es futuro y de realización incierta. En consecuencia, al haber sobrevenido y actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por ROSALBA VELAZCO REYNA en representación del menor de iniciales FHHZ, contra actos de la PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSI y de otras autoridades, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 120/2022-I-G. Ahora, a efecto de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto del trámite de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 108, 110, 114 y demás relativos de la ley de la materia, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, exhibiendo copias suficientes de su escrito aclaratorio, es decir, las correspondientes al número de autoridades que resulten responsables, para quien deba tener o tenga el carácter de tercero o terceros interesados (si los hubiere); así como una más para el representante social de la federación adscrito y otras dos para en su caso tramitar el incidente de suspensión que solicita, cumpla con lo siguiente: a) PERSONALIDAD. Al comparecer en representación de quien dice tener el carácter de menor de edad. Deberá acreditar con documento idóneo y copias para correr traslado, tal circunstancia. b) TERCERO INTERESADO. Habrá de establecer y aclarar cuál es el motivo por el que designa como tercero interesado a la persona que señala. Es decir, cómo es que conforme a la Ley de Amparo y la jurisprudencia, el designado con tal carácter en la demanda, es alguien con interés en la subsistencia del acto reclamado. Caso contrario, habrá de prescindir en su designación. c) ACTO RECLAMADO. Deberá de precisar qué actos les reclama en particular a cada una de las autoridades responsables. Esto, porque del apartado responsable, así como del contenido integral de la demanda, se desprende que en su dicho, fue la Presidenta responsable quien exclusivamente emitió la orden de un cierre del plantel educativo donde se aduce el menor se encuentra estudiando. De tal manera, no existe, al menos hasta este momento, un parámetro lógico y jurídico para designar como responsables a las restantes autoridades que precisa. Sobre todo, porque tampoco de los antecedentes que vierte en su demanda se advierte que las mismas hubieren tenido participación alguna. d) AUTORIDADES RESPONSABLES. De acuerdo con lo expresado en el inciso precedente, de no reclamarles algún acto en particular dentro del ámbito de sus competencias a las restantes responsables que no son la Presidenta responsable, habrá de prescindir de la designación correspondiente. e) HECHOS Y ABSTENCIONES. Bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar los antecedentes y precisar lo siguiente: e.1 Cuál es la edad del menor estudiante. e.2 Si a la fecha se encontraba inscrito formalmente en el plantel educativo. e.3 Si previamente o durante el ciclo escolar fueron informados a través de reuniones o comunicados del plantel educativo, del posible cierre. e.4 Si conoce cuál es la causa del cierre del plantel. e.5 Si a la fecha se encuentra agendada alguna reunión o existe alguna solución del problema. e.6 Si les fue propuesto algún cambio u opción de diverso plantel educativo para que continúen con sus estudios. e.7 Si han intentado reanudar su acceso al plantel. Y en caso de obtener alguna negativa, cuál ha sido la referencia. e.8 Si el acceso o cierre del plantel se refiere exclusivamente al grupo del menor quejoso o de la totalidad del centro escolar. e.9 Si solo se encuentra vigente el trámite del presente asunto o tienen conocimiento de que otros estudiantes hubieren promovido diversos juicios de amparo o accionado algún otro medio de protección de derechos. e.10 Los demás que a la fecha de presentación de la demanda desconociera y que con motivo del avance del tiempo y al momento de la prevención, tenga noticia. Se le apercibe que de no dar cumplimiento a los anteriores requerimientos dentro del término concedido, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a las personas que señala, en virtud de que no se proporcionan los datos de sus cédulas profesionales. Notifíquese personalmente.
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