Rosalba Vega Alvarez

Expediente 1211/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1211/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Rosalba Vega Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistas las circulares emitidas por la Coordinadora de Magistradas y Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito ambos del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, se advierte que dada la suspensión de las labores por parte del personal del Poder Judicial de la Federación, con sede en Morelia, Michoacán, se declararon inhábiles los días diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil veintitrés; por su parte, en la circular SGP/02/2023 suscrita por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro del mes y año en curso; asimismo, mediante circular 29/2023 emitida por el Secretario Ejecutivo de dicho consejo y el aviso dictado por el Coordinador de Jueces de este Distrito, se declararon como días inhábiles del veinticinco al veintisiete de los actuales, por lo que en virtud de ello no transcurrieron plazos de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se fijan ahora para la celebración de la audiencia constitucional las diez horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase al quejoso revocando el carácter de autorizados dentro del presente juicio a Enrique Villanueva Arreola, Julio Cesar Magaña Orozco, Ariadna Gisselle Muñiz Guzmán y Lidia Del Carmen Jiménez Gómez. Por otra parte, se tiene como autorizadas para recibir notificaciones personales a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En otro contexto, respecto del correo electrónico y número telefónico que proporciona para recibir notificaciones, dígase que no procede acordar favorablemente su petición, lo anterior, debido a que la Ley de Amparo no contempla dichos medios de comunicación, por lo que únicamente se le notificará determinaciones administrativas no jurisdiccionales. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa en su escrito de cuenta no señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; y tomando en consideración que de la copia de la credencial de elector que el quejoso anexo a su escrito inicial de demanda, se advierte que tiene domicilio conocido en la Localidad Cebadillas, sin número, del Municipio de Maravatío, Michoacán, se ordena girar atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, para que en auxilio de las funciones de este juzgado comisione personal a su digno cargo para que realice lo siguiente: a) Con fundamento en los artículos 15 y 108 de la Ley de Amparo, se constituya en el domicilio del quejoso y le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación respectiva, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su notificación se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; y, b) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza al (la) actuario (a) encargado (a) de realizar la diligencia para que la efectúe aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda localizar al quejoso, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y dé cumplimiento a lo encomendado, asentando la razón correspondiente. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al juzgado auxiliar para que acuse recibo de la comunicación oficial correspondiente por vía correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, se requiere a la autoridad auxiliar, para que realizado el emplazamiento, verifique que la diligencia se haya llevado a cabo de conformidad con los lineamientos planteados en los incisos que anteceden, tomando como base los preceptos legales que en ellos se contienen, ya que de no ser así, deberá ordenar que se realice nuevamente e informarlo de manera inmediata a este juzgado por vía acelerada. Una vez realizada la diligencia requerida, de inmediato deberá enviar a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, o bien, informar el impedimento legal o material que haya surgido para no realizarla, con el apercibimiento que de no hacerlo de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con los informes justificados que rinden el Juez Primero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y actuaria adscrita a dicho juzgado.****************************************Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas las documentales que anexa el Juez en cita en apoyo a su informe justificado. Fórmese un tomo de pruebas por separado.****************************************Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva.****************************************Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cita, se aprecia que********************, es la parte actora dentro del juicio de origen; por tanto, con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de parte tercera interesada, por lo que se ordena emplazarlos al juicio en que se actúa, en el domicilio ubicado en la calle ********************.****************************************En consecuencia, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que realice lo siguiente:****************************************a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada en el domicilio citado, personalmente o de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento;****************************************b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado;****************************************c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto de admisión de demanda, así como del presente proveído, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo;**************************************** d) Le haga saber que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional;****************************************e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señalen domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señalen domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo;****************************************f) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y,****************************************g) Hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.****************************************Finalmente, se tiene por recibido el escrito de la quejosa ********************, mediante el cual exhibe una copia más de su escrito de demanda, para que se realice la apertura del incidente de suspensión y se provea sobre la suspensión de los actos reclamados, por lo que se ordena se provea lo conducente en el cuaderno respectivo.****************************************Notifíquese por lista y personalmente al tercero interesado.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. 1. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en el cuaderno principal, y de acuerdo con los artículos 115, 125 y 128 de la Ley de Amparo, y Artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda tramítese cuaderno único del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I-1211/2023-E, promovido por Rosalba Vega Álvarez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. De acuerdo a lo que dispone el artículo 138 de la Ley de Amparo se señalan para la celebración de la audiencia incidental las doce horas con cincuenta minutos del once de octubre de dos mil veintitrés. 2. SOLICITUD DE INFORMES. Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente acuerdo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa en su escrito de demanda. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la ley reglamentaria vigente. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, preferentemente con evidencia criptográfica de firma electrónica, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se les requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Lo anterior, en el entendido de que podrán presentar sus informes o comunicados de manera física o por correo certificado, en la oficialía de partes de este juzgado, ubicado en la calle Lacas de Uruapan número 31, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán, código postal 58230, en un horario de atención al público de las 09:30 nueve horas con treinta minutos a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, o bien, de manera posterior en los buzones judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, ubicados en el edificio central en avenida Camelinas número 3550, colonia Club Campestre, Morelia, Michoacán, código postal 58270, en el horario que comprende de las 14:31 catorce horas con treinta y un minutos a las 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos (al realizar el depósito, la propia persona promovente generará su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón), con fundamento en el artículo 50 del propio Acuerdo General en cita. Ambos domicilios en días hábiles. De conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe previo, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. Sin perjuicio de lo anterior, se hace saber a las autoridades responsables que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que entre otros, al rendir el informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. 3. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, consistente en el emplazamiento o falta de llamado al juicio ejecutivo mercantil 867/2022, así como sus consecuencias jurídicas lo que derivó la orden de embargo de su salario que consiste en el descuento del 30% por ciento del excedente del monto del salario mínimo que percibe la parte promovente. Por lo que para proveer sobre la suspensión se requiere que concurran los requisitos siguientes: a) La existencia del acto reclamado; b) Que la naturaleza del mismo permita su paralización; y, c) Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. En relación con lo anterior, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Y que al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador atienda además, al contenido del siguiente precepto: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Luego, la suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva, negativa u omisiva de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el juicio de amparo en lo principal. Es decir, esencialmente el objeto primordial de la providencia cautelar consiste en mantener viva la materia del juicio e impedir que se consume irreparablemente evitando se le causen a las partes perjuicios con motivo de la ejecución del acto; y de igual modo, que los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado en que se encuentren al otorgarse la providencia, por lo que la materia de la suspensión la constituye la ejecución y no el acto en sí mismo. Así, contra dichos actos y sus consecuencias jurídicas es improcedente conceder la medida cautelar que nos ocupa, al ser propio del estudio que se haga en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal de donde emanan el presente cuaderno incidental; y si bien, en la actualidad, la sola naturaleza del acto de autoridad no es suficiente para decidir sobre la suspensión del acto, pues existe la posibilidad de conceder una suspensión con efectos restitutorios provisionales, acorde al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de la Materia, ello está condicionado a que la materia de la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En ese sentido, no se aprecian efectos específicos del acto reclamado que sean susceptibles de ser paralizados por una suspensión. No obstante lo señalado, si lo que pretende la parte quejosa es que se diera efectos restitutorios para que se le restituya la afectación que refiere con motivo de la orden de embargo de su salario que consiste en el descuento del 30% por ciento del excedente del monto del salario mínimo que percibe la parte promovente, ello, no sería posible jurídicamente. Lo anterior pues, en el caso, la materia de la suspensión implicaría que se le provea sobre dicha determinación, lo cual coincidiría totalmente con la materia de fondo del juicio de amparo, de modo que se corre el riesgo de contravenir disposiciones de orden público e interés social al tratarse directamente de actos vinculados con la ejecución de la sentencia y, por ende, no procede la suspensión a que se refiere el artículo 147, segundo párrafo, de Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se advierte que los actos reclamados derivan de la ejecución de la sentencia emitida en el juicio mercantil de origen; en consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 136, 138, 139, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión respecto de las consecuencias jurídicas de los actos reclamados, en virtud que de conceder la suspensión para los efectos que pretende la parte quejosa, se contravendrían disposiciones de orden público y se ocasionaría un perjuicio al interés social. Lo anterior, dado a lo que señala el artículo 217 de la Ley de Amparo, referente a la obligatoriedad de la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 712, tomo I, Junio de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Constitucional, Laboral, Civil, con número de registro 2006672, de rubro y texto siguiente "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE. De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio Número 95 relativo a la Protección del Salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley Federal del Trabajo y 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal (en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia), se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión." 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, desde ahora se formula autorización para tener como delegados a las personas que, en su caso, designen las autoridades responsables y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que lleguen a proporcionar en autos. Asimismo, se informa a las autoridades responsables que no es necesario que acusen recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que les sea solicitado expresamente, o en su caso, se llegue a devolver con el oficio algún documento, objeto o información en formato digital. 5. AUTORIDADES INEXISTENTES: En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, en su interpretación inversa. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa dentro del plazo legal establecido en relación con la fecha de conocimiento de los actos reclamados, o bien, a través de vista previa que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal que busca tener procedimiento ágiles que se desenvuelvan en el menor tiempo posible. 6. PRUEBAS: No se ofrecen de momento. 7. NOTIFICACIONES: Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y únicamente como autorizado para tal efecto, así como para imponerse de autos a la persona que designa, quien no podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no le fueron conferidas expresamente. En los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido en el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones personales o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. 8. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Asimismo, en atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, etcétera. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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