Rosalba Sanchéz López
Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosalba Sanchéz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, se ordena devolver al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca el duplicado de la causa penal ********************en dos tomos y un legajo de copias certificadas; solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado de los autos se advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, y se declaró sin materia el incidente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y c) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 106/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. ********************, por derecho propio, mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer, en su momento, al juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados del juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; Agente del Ministerio adscrito a dicho juzgado, y del Comandante del Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en el mismo Distrito Judicial, que en el considerando segundo se precisarán, y que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, previo requerimiento, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, admitió la demanda de amparo bajo el número ********************, solicitó informe justificado a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación de su adscripción. Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, el referido juzgado federal, tuvo a la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, rectificando su informe justificado, motivo por el cual, ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, y al advertirse que los actos reclamados (órdenes de aprehensión y su ejecución) derivaban de diversas causas penales, desvinculadas entre sí, decretó la separación de juicios, remitiendo entre otros, copia certificada del juicio de amparo ********************, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para ser fallado por separado respecto de la orden de aprehensión librada en la causa penal ********************, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, y su ejecución. TERCERO. Recepción de autos en este juzgado de Distrito. Por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidas las copias certificadas del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, a efecto de continuar en el conocimiento del mismo respecto de la orden de aprehensión librada en la causa penal ********************, del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, y su ejecución. En ese sentido, este juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto, sin que hubiera lugar a requerir los informes justificados, pues los mismos ya obran en el testimonio remitido; dio la intervención a la representación social adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado es atribuido a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de las pruebas que obran en el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la orden de aprehensión de nueve de septiembre de dos mil quince, libra dentro de la causa penal ********************, en contra de la quejosa, por su probable participación en la comisión del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de ********************o ********************. Del Agente del Ministerio adscrito al referido juzgado, y del Comandante del Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en el Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la ejecución de dicha orden. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y la Agente del Ministerio Público adscrita a dicho juzgado, al rendir sus respectivos informes justificados, convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que se acredita con las constancias remitidas por la referida Secretaria, consistentes en el duplicado de la causa penal ********************, en dos tomos, así como copia certificada del original de la misma en un tomo, que anexó como sustento de dicho informe, y a las cuales, desde este momento se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A su vez, el encargado de la Comandancia de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó el acto de ejecución atribuido; sin embargo dicha negativa se desvirtúa ante la existencia del mandato aprehensorio dictado por parte de la autoridad ordenadora. CUARTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir actualizada una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]" Del precepto y fracción transcritos, se tiene que el mismo prevé el principio de cosa juzgada que opera para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones sean diversas. Así, es pertinente tener en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión ********************, el veinticinco de noviembre de dos mil quince, señaló que el principio de cosa juzgada es compatible con la garantía de seguridad jurídica, puesto que su propósito es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del Estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. Consideraciones que dieron origen a la tesis emitida por dicha Sala, consultable con el registro digital 2011384, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES, NI EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El precepto y porción normativa citados, en los que descansa la causa de improcedencia relativa a la cosa juzgada en el juicio de amparo, no es violatorio de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio constitucional, que es el recurso nacional más efectivo impuesto por el parlamentario federal que debe ser observado como presupuesto para el derecho fundamental de acceso a la justicia por razones de seguridad jurídica, para dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas, cuya previsión se encuentra en armonía con lo que establece al respecto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la amplia jurisprudencia en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando en el segundo juicio de amparo se reclame la violación de derechos humanos que no se hicieron valer en el primero. Ello obedece a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal y la incorporación a nuestro sistema jurídico, con rango constitucional, de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, lo cual implica que aun ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra facultada para revisar las decisiones emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior en el que se advirtió que la sentencia impugnada no es violatoria de derechos fundamentales, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social." De igual forma, debe destacarse que dicha institución (cosa juzgada) no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, y así, dotar de certeza lo resuelto en otros juicios de amparo en beneficio de la correcta y funcional administración de justicia. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a registro digital 2014019, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Precisado lo anterior, se tiene que conforme a las copias certificadas que remitió la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y conforme a la certificación asentada en la audiencia constitucional que antecede, permiten conocer que la quejosa ********************, en el juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado de Distrito, reclamó lo orden de aprehensión de nueve de septiembre de dos mil quince, librada en su contra en la causa penal ********************, como probable responsable en la comisión de los delitos de despojo agravado y daños, en perjuicio patrimonial de ********************o ********************; asunto en el cual, mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en los siguientes términos: "En tal virtud, dejando intocada la orden de aprehensión reclamada de nueve de septiembre de dos mil quince reclamada, librada contra la quejosa por el delito de despojo agravado; se concede el amparo y protección de la justicia federal únicamente respecto a la acreditación del cuerpo del delito de daños que se le atribuye, ocasionados sobre el inmueble ubicado en el paraje denominado ********************de antecedentes; para el efecto de que el juez Primero de lo Penal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, deje insubsistente la parte relativa al delito de daños y se pronuncie en el sentido de que los daños ocasionados constituyen uno de los medios comisivos del delito de despojo que se le atribuye a la quejosa." Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria en comento, el Juez Primero de lo Penal de Tlacolula, Oaxaca, emitió la determinación de diez de octubre de dos mil diecisiete, en el siguiente sentido: "RESUELVE. PRIMERO. [.] SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo ******************** Mesa V-B Se deja insubsistente la parte relativa de la resolución de nueve de septiembre de dos mil quince, únicamente respecto de la inculpada ********************, por lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito de daños ocasionados sobre el inmueble ubicado en el paraje denominado ******************** en jurisdicción de San Francisco Lachigoló del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en consecuencia, SE NIEGA LIBRAR ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de ********************, por el delito de DAÑOS, que se dijo cometido en perjuicio patrimonial de ********************o ********************, dejando intocada la orden de aprehensión librada con fecha nueve de septiembre de dos mil quince, contra la indiciada ********************, por el delito de despojo agravado. [.]" De lo anterior se arriba a la conclusión, que al haber sido el acto reclamado en el presente juicio de amparo la orden de aprehensión de nueve de septiembre de dos mil quince, librada en la causa penal ********************, motivo de estudio en el diverso expediente de amparo ********************, del índice de este órgano de control constitucional, promovido por la misma quejosa (********************), contra la misma autoridad ordenadora (juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca), el cual fue resuelto mediante sentencia engrosada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, negando el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al delito de despojo agravado, la cual, al no haber sido impugnada causó ejecutoria el cinco de octubre de dos mil diecisiete, ello hace evidente que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, al constituir el acto hoy reclamado el carácter de cosa juzgada, y por ende, inatacable vía amparo indirecto. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el registro digital 2011383, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 106/2023, promovido por ********************. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de siete de febrero actual, informa que autorizó la vinculación del expediente electrónico del juicio de amparo 1337/2022 de su índice, al presente de manera definitiva; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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