Rosalba Salazar Suasteguí
Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosalba Salazar Suasteguí
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obra agregado documento exhibido por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obra agregado documento exhibido por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe."
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las DIEZ HORAS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 117/2023-III, promovido por ******, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, secretaria que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Cabe señalar que resulta innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo y anexo (foja 1 a 5); acuerdo de prevención de diez de febrero del año en curso (foja 7 a 10); ocurso aclaratorio (foja 14); auto admisorio de veinte de febrero de dos mil veintitrés (foja 16 a 18); informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidenta Municipal y Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero (fojas 29 y 35); proveídos de nueve y trece de marzo del año en curso, en los que se tuvieron por rendidos y con su contenido, se dio vista a las partes (fojas 32 y 38); acuerdo de veintidós de marzo pasado, en el que se difirió la audiencia constitucional; y constancias de notificación a las partes. Por otra parte, hace constar que no obra el informe justificado de la diversa autoridad responsable Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, pese a estar debidamente notificada del oficio 1259/2023, por el que se le requirió, desde el veintiuno de febrero del año en curso, como se desprende de la constancia que obra a foja 27. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que así lo hicieron, mismos que serán tomados en consideración al resolver este sumario. Por cuanto hace a la falta de informe justificado del Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, acuérdese lo conducente en la sentencia. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta a la Jueza con la documental exhibida por la impetrante. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, dicha probanza. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que las partes no los formularon. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos con posterioridad. Al no haber diligencias o pruebas pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de justicia Federal, se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 117/2023-III, promovido por Rosalba Salazar Suastegui, por derecho propio, contra actos de la Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, y de otras autoridades responsables; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en esta ciudad, y remitido al siguiente día, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Rosalba Salazar Suastegui, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y el acto reclamado que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORAS: a).- C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. b).- C. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. EJECUTORAS: DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. IV.- ACTOS RECLAMADOS 1) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS SE RECLAMA: a).- La violación al artículo 8º Constitucional, consistente a la indebida falta de respuesta a mi petición escrita y respetuosa planteada a las responsables. b).- Las consecuencias legales que los anteriores actos generen en perjuicio de la suscrita. 2) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: a).- se reclama la ejecución material que lleguen a darle en cumplimiento a las instrucciones giradas por las ordenadoras. b).- Así como las consecuencias legales de la omisión de respuesta. 3) DE AMBAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE RECLAMAN: los efectos que produzcan o pudieren producir los actos reclamados." Mediante escrito de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la quejosa aclaró la demanda de amparo y señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las responsables se reclama la violación al artículo 8º Constitucional, consistente a la indebida falta de respuesta a mi petición escrita y respetuosa a las responsables; así como las consecuencias legales que por la falta de respuesta pudiera producir." SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de una prevención, por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 117/2023-III; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Abril de 2000, Tomo XI, página 32) En esa tesitura, de lo manifestado por la quejosa en la demanda de amparo y el ocurso aclaratorio, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a la petición formulada por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós. CUARTO. Oportunidad de la demanda. Este tópico no será analizado en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, y como tal, es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; por tanto, la presentación de la demanda no está sujeta a término alguno de los previstos en la Ley de Amparo, por lo que puede promoverse en cualquier tiempo. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto que se atribuye a las autoridades responsables Presidenta Municipal, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, todos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, como lo manifestó expresamente la primera de ellas al rendir su respectivo informe justificado, y pese a que la segunda haya aceptado parcialmente su existencia y que el último haya sido omiso en rendir su informe justificado; como enseguida se demostrará. Como se observa, en el caso concreto la quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la petición formulada por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós; lo que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, determinó que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En efecto, se considera necesario enfatizar que no todo lo que deja de hacerse constituye una omisión, sino que su existencia depende de la capacidad de realizar la acción, la oportunidad de actuar y la existencia de una razón para proceder, por lo general, al tenor de una norma que permita esperar esa actuación. Ahora bien, con el objeto de verificar si las autoridades responsables Presidenta Municipal y Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, estaban obligadas o no a dar contestación a la impetrante, conviene tener presentes los elementos del denominado "derecho de petición" cuya violación alega la parte quejosa, elementos que se advierten de la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Página: 2167, Registro: 162603, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.4 4 El contenido de la jurisprudencia es el siguiente: "El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la En ese sentido, tenemos que la petición tiene tres elementos, a saber: 1. Debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 2. Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y 3. El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. En el caso concreto, si el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta al ocurso de mérito, correspondía a la parte quejosa acreditar que dirigió un escrito a las autoridades responsables Presidenta Municipal y Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. No obstante ello, del acuse de recibo del escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, que la impetrante anexó a la demanda de amparo, se advierte que únicamente está dirigido al Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Por ende, se considera que respecto de las autoridades de mérito, no es cierta la omisión que reclama la quejosa en el juicio de amparo, puesto que al no haberles dirigido la solicitud de origen, no existe un deber jurídico a cargo de éstas, de responderla. Por otra parte, si bien es cierto que de la documental que se anexó a la demanda de amparo, consistente en el acuse de recibo de la solicitud única de licencia de construcción registrada con el número 0217, de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se desprende que está dirigida y fue presentada ante la diversa autoridad responsable Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, debe precisarse que los artículos 55 a 58 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dispone: "Artículo 55.- Previa a la solicitud del propietario o poseedor, para la expedición de la licencia de construcción a que se refiere el Artículo 56 de este Reglamento, aquel deberá obtener del Ayuntamiento: I.- Constancia de Zonificación de uso del suelo cuando se trate de: a) Conjuntos habitacionales. b) Oficinas y representaciones oficiales. c) Almacenamiento y abasto, en sus tipos de depósito de gas líquido y combustible, gasolineras, depósitos de explosivos, centrales de abasto y rastros. d) Las tiendas de autoservicio, departamentales y centros comerciales. e) Los baños públicos. petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". f) Hospitales generales o de especialidades, centros antirrábicos y de cuarentena. g) Las edificaciones de educación superior. h) Instalaciones religiosas. i) Edificaciones de entretenimiento. j) Deportes y recreación, exceptuando canchas deportivas. k) Hoteles y moteles. l) Agencias funerarias. m) Terminales y estaciones de transporte. n) Estacionamientos. ñ) Estaciones de radio y televisión con auditorio y estudios cinematográficos. o) Industria pesada y mediana. p) Jardines y parques. q) Edificaciones de infraestructura. r) Las edificaciones ubicadas en zonas del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación, según la zonificación del Plan Director Urbano, de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y Protección Ecológica. s) El aprovechamiento de inmuebles que hayan sido materia de resoluciones específicas de modificación a Planes Parciales, o cuenten con un acuerdo que las declara como zonas de desarrollo controlado dictadas por el Ayuntamiento. t) Los desarrollos urbanos a los que se requiere autorizar incremento en la densidad habitacional o en la intensidad de construcción, como parte de los sistemas de estímulos y fomento a la vivienda de interés social, popular o para arrendamiento o para la fusión de predios cuando proyecten edificaciones de cuatro fachadas. En los demás casos el Ayuntamiento, resolverá a través del órgano o unidad administrativa que disponga su Reglamento Interior en un plazo máximo de 10 días hábiles, en ella se señalarán las condiciones que de acuerdo con el Plan Director se fijen en materia de vialidad, estacionamientos, áreas verdes, áreas de maniobras, densidad de población y las demás que se consideren necesarias. II.- A las solicitudes de Constancias de Zonificación del uso de Suelo deberán acompañarse el anteproyecto arquitectónico en el que se incluyan las plantas de distribución y de localización, cortes y fachadas. En los casos que señalen las Normas Técnicas Complementarias, deberán acompañarse además los estudios de imagen e impacto ambiental urbano. Artículo 56.- La licencia de construcción, es el acto que consta en el documento y sello de planos expedidos por el Ayuntamiento por el que se autoriza a los propietarios o poseedores, al Director Responsable de Obra y Corresponsables, según sea el caso, para construir, ampliar, modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad a condominio, reparar una edificación o instalación. Previa a la solicitud de licencia de construcción, en su caso, el interesado deberá obtener en su caso de la autoridad competente, la autorización en materia de impacto ambiental, basándose en lo que establece la Ley Estatal de Ecología y su reglamento y el Reglamento de Ecología y protección al Medio Ambiente Municipal. El formato para la presentación del informe preventivo, le será proporcionado en el Módulo de Orientación o Información y Recepción de Documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, y el procedimiento a seguir será el que se indica en el reglamento arriba señalado. Para la obtención de la licencia de construcción, bastará efectuar el pago de los derechos correspondientes y la entrega del proyecto ejecutivo, en el Módulo de Orientación o Información y Recepción de Documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, acompañado de toda la documentación que se indica en el Artículo 58 de este Reglamento, excepto en los casos señalados en que se requieran otras autorizaciones, licencias, dictámenes, vistos buenos, permisos o constancias, o las que aquí mismo se exentan. En las colonias y fraccionamientos en que exista convenio con el H. Ayuntamiento, la documentación a entregar deberá contar con el Visto Bueno de la Asociación de Colonos correspondiente. Las asociaciones de colonos que tengan convenios con el Ayuntamiento, deberán registrar el reglamento de construcción interno ante la Dirección de Desarrollo Urbano para su debida interpretación y difusión. La presentación de la documentación será responsabilidad del propietario o poseedor o del Director Responsable de Obra en su caso. El Ayuntamiento se dará por recibido y únicamente revisará que se entregue el formato de registro correspondiente distribuido por el propio Ayuntamiento debidamente requisitado. Los documentos a que se refiere el Artículo 58 de este Reglamento y que se hayan pagado los derechos correspondientes. El plazo máximo para extender la licencia de construcción será de diez días hábiles. Cuando por cualquier circunstancia la autoridad encargada no resuelva, sobre el otorgamiento de la licencia dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, la autoridad correspondiente deberá notificar al interesado por ventanilla, las causas específicas, por las que existe el retraso, y cuando éstas fuesen imputables al solicitante, le señalará un plazo de 30 días para su corrección. Vencido dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud. Una petición de esa naturaleza, no podrá ser rechazada por segunda ocasión, por causa no señalada en el rechazo anterior, siempre y cuando las condiciones sean las mismas de la solicitud original. Cuando la autoridad no resuelva sobre el otorgamiento de la licencia solicitada dentro del plazo señalado, y no comunique al interesado las causas especificas, el solicitante considerará la existencia del silencio administrativo y recurrirá directamente al Presidente Municipal. Los registros de proyecto y la ejecución de las obras correspondientes deberán tener la responsiva de un Director Responsable de Obra, salvo aquellas obras señaladas en el Artículo 43, y la responsiva de los Corresponsables que respondan, en los casos señalados en el Artículo 46 de este Reglamento. El formato para solicitud de licencia de construcción en todos los casos, deberán llevar impresa al calce la siguiente leyenda: "La licencia de construcción será nula, aún cuando ésta ya haya sido otorgada, si para su obtención, el propietario y Director Responsable de obra, aportaran datos falsos que contravengan las disposiciones que establecen: el Plan Director Urbano, el Reglamento de Fraccionamientos, Uso del Suelo, de Ecología y Protección al Medio Ambiente y otros Reglamentos legales existentes; sin perjuicio de las sanciones que se establecen en las fracciones II y III, del Artículo 343 de este Reglamento". Artículo 57.- Para ejecutar obras o instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en predios de propiedad privada, será necesario obtener licencias de construcción, salvo en los casos a que se refiere el Artículo 59 de este Reglamento. Sólo se concederán licencias a los propietarios o poseedores de los inmuebles, cuando la solicitud cumpla con los requisitos señalados en las disposiciones relativas de este Reglamento. Artículo 58.- La solicitud de licencia de construcción deberá ser suscrita por el propietario o poseedor, y cuando se requiera deberá contener la responsiva de un Director Responsable de Obra, y en su caso, del o los Corresponsables, ser presentada en las formas que expida el Ayuntamiento y acompañar con los siguientes documentos: I.- Cuando se trate de obra nueva. a) Constancia de alineamiento, número oficial y uso del suelo, vigente. b) Cuatro tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los que se deberá incluir, como mínimo: levantamiento del estado actual del predio, indicando las construcciones y árboles existentes, planta de conjunto, indicando las medidas y colindancias del predio conforme a la constancia de alineamiento y la localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas y cortes de las instalaciones hidrosanitarios, eléctricas y otras, mostrando las trayectorias de tuberías y alimentaciones. Estos planos deberán acompañarse de la memoria descriptiva la cual contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con la superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; la intensidad de uso del suelo y la densidad de construcción, de acuerdo al Plan Director Urbano; y la descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos establecidos por este Reglamento en cuanto a salidas de muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación y superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, instalaciones y/o equipos de extinción de fuego, referidos en los Artículos 119, 120 y 121, Sección Segunda de este Reglamento y cálculo de diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y otras que se requieran. Estos documentos deberán estar firmados por el propietario o poseedor, el Director Responsable de obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en Instalaciones, en su caso. Debiendo colocar en el pie del plano su nombre y número de registro, ante El Ayuntamiento. En el caso de edificaciones no residenciales, se presentará el visto bueno de la unidad verificadora respecto a la aplicación norma NOM-OO8-2001 y otras aplicables al proyecto. c) Un tanto del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados y especificados, que contengan una descripción completa y detallada de las características de la estructura incluyendo su cimentación. Deberán especificarse en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados, y las calidades de materiales. Deberán indicarse los procedimientos de construcción recomendados, cuando estos difieran de los tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos acotados los detalles de colocación y traslapes de refuerzos de las conexiones entre miembros estructurales. En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos, se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea necesario, se completará la descripción con dibujos acotados y a escala. En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que estos deben cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deberán especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y procedimientos de montaje. Deberán indicarse, así mismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de elementos prefabricados, conexiones de una estructura nueva con otra existente, en su caso. En los planos de fabricación y en los de montaje de estructura de acero o de concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales. Estos planos serán acompañados de la memoria de cálculo en la cual se describirán, con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y los principales resultados de análisis y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones de diseño y los modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural. Se incluirá una justificación del diseño de la cimentación y de los demás documentos especificados en el Título Sexto de este Reglamento. Los anteriores planos deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y estudio de mecánica de suelos, cuando proceda de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Estos documentos deberán estar firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable vigente de Seguridad Estructural, en su caso. Además el Ayuntamiento podrá exigir, cuando lo juzgue conveniente la presentación de los cálculos completos. El solicitante en su caso deberá incluir en la documentación, una copia de su Manifestación de Impacto Ambiental en cualquiera de sus niveles, debidamente autorizados por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Ecología y su Reglamento y el Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente Municipal. d) La constancia de Zonificacion de uso del suelo, en su caso. Los documentos señalados en el inciso a), se tramitarán simultáneamente a la licencia de construcción en los casos de obras ubicadas en zonas sin usos previamente dictaminados por la autoridad competente siempre y cuando no queden comprendidas, por su magnitud y características, en lo establecido por el Artículo 55 de este Reglamento. e) En las construcciones de viviendas de interés social, el Ayuntamiento establecerá a través de los Colegios de Profesionales, un servicio social para auxiliar en estas obras a las personas de escasos recursos económicos que lo soliciten. Este servicio social consistirá en la aportación de planos arquitectónicos y supervisión técnica durante la construcción, siempre que reúnan las siguientes características: 1.- Edificar en un predio baldío de una vivienda unifamiliar. 2.- Deberá contar con los servicios sanitarios indispensables. 3.- Estar constituida por dos niveles como máximo. 4.- Que se construya en una superficie de terreno de hasta 120 m2. 5.- Que tengan como máximo 60 m2 de construcción. 6.- Que la obra alcance como máximo una altura de 5.50 m. 7.- Que no tenga claros mayores de 4 m. II.- Cuando se trate de ampliación y/o modificación: e) Constancia de alineamiento, número oficial y uso del suelo. f) Cuatro copias arquitectónicas de la ampliación. g) Autorización de uso y ocupación anterior, o copia de la licencia y planos autorizados con anterioridad. h) Constancia de Zonificación de Uso del Suelo en su caso. III.- Cuando se trate de cambio de uso: e) Licencia y planos autorizados con anterioridad o Constancia de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos. f) Constancia de Zonificación de Uso del Suelo, en su caso. g) Planos del proyecto motivo de la solicitud, suscritos por un Director Responsable de obra y Corresponsable, en su caso. h) Presentar en su caso el Dictamen de Impacto Urbano apegado al Art. 58 del Reglamento del Plan director Urbano. IV.- Cuando se trate de reparación: c) Proyecto estructural de reparación y memoria de cálculo, firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en su caso. d) Constancia de Uso del Suelo, en su caso. V.- Cuando se trate de demolición: c) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear, firmada por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable vigente en Seguridad Estructural, en su caso. Para demoler inmuebles clasificados y catalogados por el Ayuntamiento, como parte del patrimonio cultural, se requerirá autorización expresa del Presidente Municipal. d) En su caso, los programas a que se refiere el Artículo 293 de este Reglamento. Para cualesquiera de los casos señalados en este Artículo, se exigirá además, cuando corresponda, el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura. VI.- El caso de regularización de edificaciones ya terminadas en fase estructural, la documentación deberá ir acompañada de dictamen técnico firmado por el Director Responsable de Obra y Corresponsable cuando en su caso requiera, el cual deberá incluir: a) La documentación probatoria de los procedimientos técnicos utilizados para verificar la calidad y resistencia de los materiales utilizados, tales como fotografías de detalles técnicos y del inmueble en general y pruebas de laboratorio de las muestras tomadas a la edificación. b) Recomendaciones que se deberán aplicar para el refuerzo en general en su caso. c) En este caso el Ayuntamiento deberá colocar en los planos y la licencia respectiva, la leyenda "Regularización". De los preceptos previamente transcritos, se advierte cuáles son los requisitos y el trámite para obtener una licencia de construcción; que la presentación de la documentación es responsabilidad del propietario, poseedor o Director Responsable de Obra; que el Ayuntamiento únicamente revisará que se entregue el formato de registro debidamente requisitado, los documentos a que se refiere el artículo 58 y que se hayan pagado los derechos correspondientes. Que el plazo máximo para extender la licencia de construcción es de diez días hábiles, y que cuando por cualquier circunstancia la autoridad encargada no resuelva sobre el otorgamiento de la licencia dentro del plazo fijado, deberá notificar al interesado por ventanilla, las causas específicas, por las que existe el retraso, y cuando éstas fuesen imputables al solicitante, le señalará un plazo de 30 días para su corrección, y vencido dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud. Que cuando la autoridad no resuelva sobre el otorgamiento de la licencia solicitada dentro del plazo señalado, y no comunique al interesado las causas específicas, el solicitante considerará la existencia del silencio administrativo y recurrirá directamente al Presidente Municipal. Una vez expuesto lo anterior, en el caso concreto si bien la quejosa acredita que el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, presentó la solicitud única de licencia de construcción registrada con el número 0217, ante el Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, también lo es que no demuestra haber comparecido a la ventanilla de dicha dependencia, pasado el plazo de diez días, para que se le notificaran las causas específicas, del retraso en la expedición de la licencia de construcción, ni haber recurrido directamente ante la Presidenta Municipal, por lo que la omisión que se reclama a las autoridades responsables es inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (V Región) 2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2351, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." Igualmente es aplicable, en lo conducente y por las razones que contiene su ejecutoria, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Lo anterior se estima así, habida cuenta que como se vio, no basta presentar la solicitud relativa, sino que el solicitante debe acudir a la ventanilla para que en caso de existir un retraso en la expedición de la licencia de construcción, se le notifique las causas específicas, y de no hacerlo, se considerará la existencia del silencio administrativo y deberá recurrir directamente ante la Presidenta Municipal, lo que en la especie no acreditó. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables Presidenta Municipal, Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, todos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por virtud del sobreseimiento, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, porque el sentido de mérito, releva a este Juzgado Federal de su estudio, lo anterior en apoyo a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 335. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rosalba Salazar Suastegui, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el resultando primero, en términos de las consideraciones vertidas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que en proveído de trece de marzo del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga. Luego, tomando en consideración que el citado acuerdo fue notificado el catorce de marzo actual, y surtió efectos el quince siguiente, aún no transcurre el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. En consecuencia, se difiere la misma y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5). Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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