Rosalba Ríos Ramos
Expediente 850/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosalba Ríos Ramos
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte, que en la especie, en proveído de quince de julio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, promovida por *****, el cual se le notificó electrónicamente el veintiuno de julio del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"...Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito Judicial y Especializado en Oralidad del circuito Judicial de la Mixteca. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 833/2022. Desechamiento. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama al Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito Judicial y Especializado en Oralidad del circuito Judicial de la Mixteca: La determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, donde determinó que no le asiste la razón a la recurrente aquí quejosa, dictada en el recurso de revocación hecho valer contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, donde se señaló fecha y hora para la diligencia de primera almoneda en el juicio ejecutivo mercantil *****. En ese sentido, contra dichos actos reclamados, de manera notoria, manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." Sirve de apoyo, el siguiente los criterios siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. (Jurisprudencia P./J.I08/2010, página 6, Enero 2011, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SÓLO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA AL RENOVARSE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE, SIEMPRE QUE SE SIGAN PREVIAMENTE TODAS SUS FASES. Si después de dictada la sentencia definitiva condenatoria en un juicio ejecutivo mercantil, el actor promueve incidente de ejecución, siguiendo todas las etapas, como el avalúo del bien inmueble a rematar para obtener el cobro de su crédito y publicaciones de los edictos, y aun habiéndose fincado el remate del bien a su favor o de algún postor, la autoridad responsable no lo aprueba por irregularidades procesales, resulta un derecho del ejecutante solicitar al Juez natural la fijación de nueva fecha para una segunda almoneda, con el fin de obtener la composición de su derecho, sancionado por sentencia firme; y si el Juez dicta auto en el mismo procedimiento de ejecución accediendo a la petición del actor y ordena nueva subasta conforme a las de su clase, es inconcuso que el demandado, de no estar de acuerdo, debe interponer contra dicho auto el recurso ordinario de apelación que le conceden los artículos 1336, 1340 y 1341 del Código de Comercio, tendiente a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, con independencia de que por tratarse del procedimiento de remate, sólo sea factible promover el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en términos del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; y, de no ser así, es correcto el desechamiento del amparo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII y 145 de la ley que lo regula, por tratarse de un acto intermedio dentro del procedimiento de remate. Además, la resolución que desaprueba el remate en primera almoneda, no es la última para legitimar la procedencia del amparo, toda vez que el actor que obtuvo sentencia favorable, está en su derecho de una segunda almoneda para cobrar el crédito sancionado por la autoridad judicial, y mientras no se cubran las prestaciones obtenidas como resultado del juicio seguido contra el deudor, dicho actor puede instar una segunda almoneda, con lo que se renueva el procedimiento de ejecución, el que sí podrá ser reclamado a través del referido amparo por el ejecutado, siguiendo previamente todas las fases del procedimiento de remate. (Registro digital: 176262, Instancia: Tribunales, Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: I.6o.C.368 C, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2396, Tipo: Aislada) Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Asimismo, los artículos y el criterio citados, establecen la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, las causas de improcedencia legal no es limitativa sino enunciativa, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Ahora bien, en el caso la promovente del juicio de amparo reclama la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, donde determinó que no le asiste la razón a la recurrente aquí quejosa, dictada en el recurso de revocación hecho valer contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, donde se señaló fecha y hora para la diligencia de primera almoneda en el juicio ejecutivo mercantil *****; como se aprecia es un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución, sin embargo no es la última determinación emitida dentro del procedimiento. Es inconcuso que la determinación reclamada, no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución en el juicio ejecutivo mercantil *****; toda vez que en términos del artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto sucede cuando se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente; lo que en la especie no acontece. Por tanto, como dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el juicio ejecutivo mercantil, pues no se determinó el cumplimiento total de la sentencia, tampoco que hubiera imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma ni se ordenó el archivo definitivo del expediente, el amparo indirecto resulta improcedente. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la ley de amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de garantías. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio el que indica y por autorizados únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que cita por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza al usuario pedrobarrita, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que lo ameriten, de manera electrónica en el usuario ante referido. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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