Rosalba Potenciado Cordero

Expediente 1369/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 34 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1369/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Rosalba Potenciado Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Rosalba Potenciado Cordero; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente civil 87/2019, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del presente incidente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO JUDICIAL NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1369/2021-4, promovido por Rosalba Potenciano Cordero, contra actos del Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, Secretario de Acuerdos del mencionado órgano; Juez de lo Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco y Actuario adscrito a dicha autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el veintiocho del citado mes y año, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, Rosalba Potenciano Cordero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detalla: Autoridades responsables: Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia con residencia en esta ciudad. Juez de lo Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. Actuario y/o Secretaria de Acuerdos adscritos al Juzgado Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Acto reclamado: ( "a) De la Autoridad Responsable Ordenadora, le reclamo el ilegal e inconstitucional Juicio Ejecutivo Mercantil que se llevó a mi espalda, dentro del expediente 087/2019, radicado en el Juzgado Segundo Civil de Villahermosa, Tabasco, promovido por el Lic. José Ángel Pérez Martínez como Apoderado Legal para pleitos y cobranzas de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural), en contra de la hoy quejosa, ya que no obstante de haber evidentes y enormes irregularidades dentro del procedimiento ejecutivo mercantil en cita y sobre todo en la ilegal e inconstitucional diligencia de REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), ya que es en esta diligencia donde se me vulneran por completo mis derechos humanos y garantías dejándome en completo estado de indefensión pues del análisis que se le hace a simple vista la diligencia en cita fui supuestamente notificada mediante el exhorto 0050/2018, deducido del expediente 00562/2017 que había sido demandada por el profesionista en referencia en su calidad de apoderado legal de la Financiera referida, más sin embargo NI EL EXHORTO NI EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CORRESPONDÍAN AL JUICIO REAL QUE FUE ENTABLADO EN MI CONTRA LUEGO ENTONCES NO PUDE PRODUCIR CONTESTACIÓN NI OPONER MIS DEFENSAS NI EXCEPCIONES, juicio principal y real que está radicado bajo el número 087/2019 y dentro del cual se dictó una sentencia de fecha 22 de agosto del año 2019, dejándome en completo estado de indefensión, para controvertir los hechos en que se basó su demanda el actor. B) Del actuario adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, reclamo la ilegal e inconstitucional diligencia de REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO, de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), por el cual supuestamente al notificarme y emplazarme lo hace con datos completamente distintos a los reales, es decir, supuestamente me corre traslado del exhorto 0050/2018 deducido del expediente 0562/2017 ambos número no corresponden al año y número al expediente en el cual se ventiló y desarrolló el juicio ejecutivo mercantil real promovido y me notifica de un exhorto y un expediente que no correspondían a lo real o distinto, es por lo que me deja en una gran estado de indefensión por el cual el hoy quejoso presenta el presente escrito. C) De la secretaria de acuerdos reclamo que de su cómputo y certificación secretarial hace constar que fui notificado supuestamente en tiempo y forma con todas las formalidades de la Ley, pasando por alto lo mencionado en el párrafo que antecede pues era su responsabilidad hacer constar el trabajo del actuario y ordenar reponer la diligencia de la que hoy me duelo por las irregularidades mencionadas, es decir regularizar el procedimiento y no haciéndolo, concretándose únicamente a dar seguimiento al proceso vulnerando por completo mis garantías y dando por hecha dentro del marco legal la ilegal e inconstitucional diligencia de REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019). SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previo requerimiento de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por auto de dieciséis del citado mes y año, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 1369/2021-4; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Mediante diligencia de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el actuario judicial adscrito a este juzgado dejó citatorio de espera a la tercera interesado FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (ANTES FINANCIERA RURAL), en el domicilio ubicado en calle profesor José Méndez García número 104, tercer piso, número 108, colonia Reforma de esta ciudad, para que dentro de dos días hábiles compareciera a este juzgado a emplazarse de autos; por lo que, al no acudir la tercera interesada a las instalaciones que ocupa este juzgado Tercero de Distrito en el plazo establecido, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno se le emplazó por medio de lista que se fijó en los estrados de este juzgado en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral de los escritos de demanda y aclaración, se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: El procedimiento llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil 87/2019, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, de Centro, Tabasco; así como la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco; Actuaria de su adscripción; Juez Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco; Actuaria Judicial del citado órgano, aceptaron la certeza de los actos reclamados, pues así se advierte de sus respectivos informes justificados y anexos que adjuntaron a los mismos. Documentos a los que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, lo cual debe hacerse previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sobre el particular, tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Previo a atender la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es necesario precisar que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento del juicio ejecutivo mercantil 87/2019, del índice del Juzgado Segundo Civil del Estado de Tabasco, pues señala: ". el ilegal e inconstitucional Juicio Ejecutivo Mercantil que se llevó a mi espalda, dentro del expediente 087/2019, radicado en el Juzgado Segundo Civil de Villahermosa, Tabasco, promovido por el Lic. José Ángel Pérez Martínez como Apoderado Legal para pleitos y cobranzas de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural), en contra de la hoy quejosa, ya que no obstante de haber evidentes y enormes irregularidades dentro del procedimiento ejecutivo mercantil en cita y sobre todo en la ilegal e inconstitucional diligencia de REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019).". Sin embargo, es oportuno aclarar que en el particular, la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al procedimiento, por los motivos que a continuación se exponen. Sobre este tema, es necesario destacar que para los efectos del juicio de amparo, en los términos de la fracción VI del artículo 107 de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, por lo cual queda incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada de manera incorrecta. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 646, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 719, Novena Época, registro 1002712, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." En tal virtud, para considerar procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se requiere que quien comparece solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, no haya figurado en el procedimiento como parte en sentido material, sufrir un perjuicio por la transgresión a un derecho legítimo y no haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Ahora bien, en el caso concreto, en la demanda de amparo, la parte quejosa argumenta que se llevó a sus espaldas el juicio ejecutivo mercantil 87/2019, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Estado de Tabasco, pues no fue emplazada o notificada; sin embargo, ello no le otorga el carácter de tercera extraña al juicio de mérito del cual derivan los actos reclamados. Es así que, toda vez que mediante escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la parte tercera interesada se apersonó al juicio de amparo, y entre otras cosas, ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía, en la cual, entre los puntos a dilucidar se encontraba: "1.- Que el determine el perito cuáles son las características gráficas, constitutivas, estructurales y grupo de gráficos de las firmas indubitables de la C. Rosalba Potenciano Cordero. 2.- Que determine el perito cuáles son las características gráficas, constitutivas, estructurales y grupo de gestos gráficos, de la firma cuestionada a nombre de la C. Rosalba Potenciano Cordero, que obran en el documento cuestionado consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha 16 de mayo de 2019. 4.- Con base en todo lo anterior, que determine el Perito si la firma cuestionada que obra en el documento consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha 16 de mayo de 2019; cédula de notificación derivada del exhorto 140/2019, que fue entregada junto con el traslado de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. la firma de la Sra. Rosalba Potenciano Cordero. Todas las constancias derivadas del expediente 87/2019 del juzgado segundo civil de Centro, Tabasco, procede o no del origen gráfico de la C. Rosalba Potenciano Cordero, es decir, si se trata de una firma auténtica.". Seguido el juicio de amparo, en las etapas correspondientes para el desahogo de la prueba pericial en comento, este órgano jurisdiccional el doce de enero de dos mil veintidós, hizo efectivo el apercibimiento de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, y se tuvo a la parte quejosa perdiendo su derecho de señalar perito en materia de grafoscopía, por lo que estaría al resultado del dictamen oficial y por rendidos dictámenes tanto del perito oficial, como del designado por la parte tercera interesada, mismos que fueron ratificados por sus suscriptores en diligencias de diez y veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Del dictamen rendido por el perito oficial en grafoscopía y documentoscopía, de veintidós de abril del año en curso, se lee en el apartado de conclusión, lo siguiente: "ÚNICO: Las firmas que obran al margen de la "DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGOS, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO", de fecha 16 de mayo de 2019, descrito en la fracción III del presente dictamen; SÍ SON AUTÉNTICAS A ROSALBA POTENCIANO CORDERO". Por su parte, en el diverso dictamen rendido el dos de mayo de dos mil veintidós, por el perito en grafoscopía y documentoscopía, designado por el tercero interesado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuaria Rural, Forestal y Pesquero, en contestación al punto marcado como 4, del cuestionario a desahogar con la prueba en comento, se señaló: "R: Con base en el análisis Grafoscópico llevado a efecto que, las firmas cuestionadas a nombre de "ROSALBA POTENCIANO CORDERO", que obran al calce de la cédula de notificación glosada a fojas 105 a 110 del expediente 87/2019, así como al margen de la DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO agregada a fojas 111 y 112 del expediente 87/2019 del Juzgado Segundo Civil de Centro, Tabasco, descritas en los pintos A y B del capítulo II del presente dictamen; SÍ proceden del origen gráfico de la C. ROSALBA POTENCIANO CORDERO, es decir, se trata de firmas auténticas de dicha persona". En mérito de lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que la ahora quejosa sí tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 87/2019, ventilado ante el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, pues fue con ella quien se entendió la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, ya que como quedó acreditado con las periciales antes señaladas, es su firma la que obra en dicha actuación judicial, pues proceden del mismo origen gráfico, por lo que se trata de firmas auténticas. Circunstancia que resulta suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que con ese carácter quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, lo que, como ha quedado evidenciado, no aconteció en el caso concreto. Precisado todo lo anterior, como se indicó en párrafos procedentes, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, porque se cuestiona el emplazamiento a un juicio ordinario mercantil. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, materia común, con registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, del análisis al presente asunto se advierte que la parte quejosa impugna la diligencia de requerimiento de pago de embargo y emplazamiento de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la cual aduce, es ilegal e inconstitucional; actuación de la cual, como se precisó en párrafos que anteceden, tuvo conocimiento en el acto mismo, pues dicha constancia fue firma por la aquí quejosa Rosalba Potenciano Cordero. Lo anterior, se corrobora con las constancias que integran el presente juicio de amparo, donde entre otras, obra copia certificada del exhorto 140/2019, deducido del expediente 87/2019, y así como de las copias certificadas del referido medio procesal, mismas a las que se les concedió valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo En ese orden de ideas, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, pues de las constancias que obran en autos y las remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia constitucional el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para presentar la demanda corrió del diecisiete de mayo al seis de junio de dos mil diecinueve, excluyendo de ese cómputo el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil diecinueve, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda la presentó el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado Tabasco, con residencia en esta ciudad, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que los actos que aquí se reclaman se consideran como consentidos para efectos del amparo, lo cual torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte tercera interesada en sus alegatos hiciera valer diversa causal de improcedencia; sin embargo, en razón de la actualización de la causa de improcedencia anteriormente analizada, resulta innecesario pronunciarse sobre alguna otra que pudiera acreditarse, pues el abordar su estudio resultaría irrelevante, dado que el sentido de esta sentencia no cambiaría. Es aplicable al caso el criterio de la Novena Época, Registro: 195744, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 54/98, Página: 414, del tenor: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." En esa virtud, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en este juicio constitucional respecto de dichos actos reclamados, con base en la jurisprudencia de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 239006, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercero interesada, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rosalba Potenciano Cordero, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintisiete de abril pasado, se ordenó girar el oficio 15293/2022, dirigido a Luis René Flores González, perito en materia de grafoscopía y documentoscopía, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, se presentara ante este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma de los dictámenes que emitió; mismo que le fue notificado el cuatro de mayo pasado, por lo que el término concedido le transcurrió del nueve al once de mayo del año en curso, sin que éste haya comparecido. En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al citado perito oficial, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este acuerdo, se presente ante este órgano de control constitucional a ratificar el contenido y firma de los doctamente que emitió. En mérito a lo anterior, notifíquese al perito oficial Luis René Flores González, el contenido del presente proveído, por conducto de la Directora General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Tabasco; en ese contexto, gírese oficio a la autoridad de referencia, a fin de que tenga a bien notificar al precitado perito. Se hace de su conocimiento que deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos, y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, reformado mediante el diverso 7/2022, publicado el dieciocho de abril de dos mil presente año, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a quince horas con treinta minutos. Asimismo, se le hace de conocimiento al citado perito que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de abril pasado. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

Quedan 30 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano