Rosalba Peréz Cruz
Expediente 14/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosalba Peréz Cruz
- Rosalba Peréz Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad judicial el medio de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúen en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
". . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 14/2021, promovido por . ., por propio derecho, en contra de un acto de los Magistrados que integran la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la parte quejosa logra desvirtuar las consideraciones de la sala responsable, para emitir la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el toca penal JOTP/156/2019, la cual confirmó la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dentro de la causa penal 32/2017. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario se tiene acreditado que ante el Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se radicó la causa penal 32/2017, instruida en contra de José Alfredo Cabrera Amador, por hechos probablemente constitutivos del delito de retención, que se dice se cometió en agravio de . .., quien es representada por su apoderado legal . .. Previo a la audiencia de comunicación de la imputación, las partes propusieron acuerdos conciliatorios, los cuales no se cumplieron; por ende, el juez de control responsable señaló el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo. El dieciocho de septiembre de ese año, fecha señalada para la audiencia de mérito, el defensor de la parte imputada planteó incidente relativo a que el juez de control se declare incompetente para conocer de la causa. En dicha audiencia el juez de control de origen declaró procedente la incidencia planteada por la defensa, ya que estimó que el hecho planteado no versa sobre una cuestión penal que deba de conocer. Lo estimó así, ya que de los datos aportado por el Ministerio Publico, se advierte que el imputado . . , cuenta con poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración vigente otorgado por la víctima. De ahí, que el imputado sigue con poder para realizar actos de administración respecto de la retroexcavadora propiedad que aduce contar la . .. ; por ende, el juzgador estimó que no existen datos de prueba que acrediten a manera de probabilidad que el imputado cometió el hecho que la ley señala como el delito de retención. Consideró que los hechos son de carácter civil y dejó a salvo los derechos del Agente del Ministerio Público para los efectos de que los haga valer oportunamente ante la autoridad respectiva. Inconforme con esa determinación . .., interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien lo radicó bajo el consecutivo JOTP/156/2019. El tribunal de segunda instancia por resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, declaró inadmisible el recurso de apelación al no ser impugnable la resolución de origen y no encontrarse legitimada para ello la parte promovente. (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO . . . presentó un escrito el trece de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo correspondió conocer a este juzgado por cuestión de turno, quien en determinación de catorce de enero de dos mil veintiuno se admitió a trámite y se registró bajo el expediente 14/2021; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/156/2019, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por . . . , en contra de la determinación emitida en la audiencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 32/2017 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Magistrada integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. .. Lo que se corroboró con el original del toca penal JOTP/156/2019, que acompañó la sala responsable en apoyo a su informe de ley, así como los discos versátiles (DVD), relativos al registro en audio y video de la diversa audiencia celebrada dentro de la causa penal 32/2017; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.. . Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.. . LEGITIMACIÓN . . . se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que es la persona quien promovió el recurso de apelación ante la sala responsable, la cual lo declaró inadmisible, lo que aduce le genera perjuicio a su esfera de derechos. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. . . ESTUDIO DEL ASUNTO La solicitante del amparo hace valor dos conceptos de violación de manera toral, los cuales son los siguientes: Contrario a lo que indicó la sala responsable, la resolución controvertida si es impugnable en términos de lo que dispone la fracción VI del numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la decisión que tomó el juez de control de origen, relativa a declararse incompetente, con ello terminó con el juicio, sin decidirlo en lo principal y lo dio por concluido. La decisión de la sala penal es incorrecta al indicar que la parte apelante no se encuentra legitimada para interponer el medio de impugnación, por el simple hecho de no apersonarme a la causa penal de origen y que el único legitimado para ello, es mi apoderado legal, quien es la persona que interpuso la querella ante la institución ministerial. Lo anterior es así, ya que Rosalba Pérez Cruz, es el quien tiene el carácter de víctima reconocido en el proceso de origen; de ahí, que indistintamente su apoderado legal, como ella pueden impugnar las resoluciones que estimen contrarias a derecho y generen un perjuicio. El primero de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa es infundado. Se explica. Como bien lo indicó la autoridad responsable en la resolución en estudio, el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específica cuáles son las resoluciones del juez de control que pueden ser recurridas mediante apelación. Las cuales son las siguientes: "[.] I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. La parte apelante fundó la procedencia del recurso en la fracción VI del numeral 467 del código ya citado, ya que a su consideración, con la determinación emitida por el juez de control de origen, en la que se declara incompetente por no ser hechos del orden penal, es evidente que da por terminado el procedimiento. La solicitante del amparo parte de una premisa equivocada, ya que debe tener en cuenta que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. En efecto, mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, reconoció que la señalada reforma procesal penal tuvo como finalidad que mediante la aplicación de dichos principios en los casos concretos se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio: esclarecer la verdad real respecto de los hechos ocurridos, específicamente determinar la existencia de delito y en su caso identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar a favor de las partes e intervinientes el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora bien, de una simple lectura a las disposiciones constitucionales pertinentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: La investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; La admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y, La realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Etapa preliminar o de investigación. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un procedimiento penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al juez de control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional, a petición del Ministerio Público, el juez de control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. Así las cosas, el juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese orden de ideas, cuando el juez de control emite un auto de vinculación, evidentemente es la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado. En síntesis, con esa determinación se inicia formalmente el procedimiento en contra del imputado por la probabilidad que cometió hechos o conductas que la ley señala como delitos. Por consiguiente, como bien lo indicó la sala responsable, la determinación por el cual el juez de control se declaró incompetente se realizó en la audiencia de comunicación de la imputación. Etapa en la que como bien se especificó en párrafos precedentes, no inicia formalmente el procedimiento penal en contra del imputado; por ende, dicha resolución no es apelable en términos de la fracción VI del numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya que dicha fracción prevé el recurso de apelación contra las determinaciones del juez de control que den por terminado el procedimiento; empero, como bien se indicó, la resolución controvertida primigeniamente, se emitió antes de iniciar el procedimiento penal en contra del referido imputado, de ahí que se insiste lo infundado del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. Tocante al diverso concepto de violación realizado, relativo a que contrario a lo que expuso por la sala de segunda instancia, si tiene legitimación para interponer apelación, por ser la víctima en la causa penal de origen. Dicho concepto de violación es fundado pero inoperante. En efecto, el argumento de la sala penal es que la aquí quejosa no se encontraba debidamente identificada, ya que en la carpeta de investigación se advirtió que la querella la interpuso José Arturo Hernández Díaz, apoderado legal de la quien dijo ser la víctima de nombre Rosalba Pérez Cruz; por consiguiente, el único legitimado para interponer el medio de impugnación es el referido apoderado. A consideración de quien aquí resuelve, no se comparte ese argumento, ya que al interpretar lo dispuesto en el TÍTULO XII RECURSOS, capítulo I de las disposiciones comunes, en específico los numerales 456, 457 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existe prohibición expresa en ese sentido. Dichos numerales disponen lo siguiente: "[.] TÍTULO XII RECURSOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Artículo 457. Condiciones de interposición Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida. Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio. De las porciones normativas antes citadas, se puede apreciar que el derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. Así, las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. Bien, si a consideración de la víctima Rosalba Pérez Cruz, estima que una determinación le genera un agravio se encuentra legitimada para interponer los medios de impugnación que estime pertinentes, siempre y cuando sean recurribles conforme a la ley de la materia, con independencia que su apoderado haya sido quien realizó la querella en su representación, ya que el agravio que pudiere generarse, será en su perjuicio. No obstante lo anterior, en nada benéfico conllevaría conceder el amparo por esa cuestión, ya que como bien se indicó en párrafos precedentes, la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 32/2017, mediante la cual el juez de control de origen se declaró incompetente, no es recurrible mediante apelación, de conformidad con lo expuesto en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. DECISIÓN Por lo antes expuesto, al resultar infundado y fundado pero inoperante los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor, conlleva a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del acto reclamado atribuido a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por . . , contra el acto que reclama de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado IX del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para esta propia fecha, debido a que el pasado treinta de marzo se recibió un escrito vía electrónica por el tercero interesado ¨****; sin embargo, en dicha determinación se agregó sin realizar mayor pronunciamiento en razón de que no cuenta con firma autógrafa o bien con la firma electrónica -evidencia criptográfica- de quien promueve a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, otorgándose así, vista al mismo de manera personal, el cual quedo notificado el ocho de abril de este año; por tanto, a fin de que el citado tercero se encuentre en aptitud de manifestar lo que a derecho corresponda, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Finalmente, agréguese sin mayor proveer el oficio señalado en la cuenta, en razón de que el pasado veintinueve de marzo se recibió el mismo, acordándose lo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese sin realizar mayor pronunciamiento el escrito de Jose Alfredo Cabrera Amador recibido a través del correo institucional de este juzgado federal, debido a que no cuenta con firma autógrafa o bien con la firma electrónica -evidencia criptográfica- de quien promueve a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. . Sin que pase inadvertido que el ocurso que presenta se desprenda la firma al calce, misma que fue escaneada; sin embargo, ello no satisface el requisito de procedibilidad. Ello es así, debido a que de conformidad con el numeral 3 de la Ley de Amparo, se autorizan las promociones por escrito y se otorga a las partes la opción de presentarlas física o electrónicamente, supuesto este último en el que deberán utilizar la firma electrónica, conforme a las reglas que expida el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que, al no contener el escrito la firma autógrafa del titular de quien promueve, no se aprecia la voluntad del que aparece como suscriptor. Sin embargo, con el objeto de no dejar al promovente en esta de indefensión y este en aptitud de presentar su escrito respectivo, notifíquese personalmente esta determinación por esta ocasión en el domicilio que señalo Jose Alfredo Cabrera Amador para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO JOSE ALFREDO CABRERA AMADOR.
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