Rosalba Ortiz López

Expediente 431/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
431/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
27/06/2017

Partes del expediente

  • Rosalba Ortiz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas del expediente 24/2016-II, que constituye el tomo de prueba I, devuélvase a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO JUANA MARIA ORTIZ LÓPEZ, DE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "...Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 431/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y remitido al siguiente día por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito de dicha Entidad, Rosalba Ortiz López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORAS: Fiscal General del Estado de Guerrero. Fiscal Regional de la Costa Chica. Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo. EJECUTORAS: Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca. Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca. Comisionado de la Policía Estatal, con residencia en Santa María Coyotepec. ACTOS RECLAMADOS: La orden de detención y/o aprehensión y/o presentación, así como su cumplimiento. SEGUNDO.- Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, el Juez Primer de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó la demanda bajo el número de expediente 128/2017, la admitió a trámite; solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- El veintiséis de abril del año en curso, tuvo verificativo la audiencia constitucional y por resolución autorizada en esa misma fecha, aquel juzgado federal se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo 128/2017, y ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. CUARTO.- Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil quince, por cuestión de turno, este juzgado federal tuvo por recibido el oficio 16071/2017, a través del cual se dio cumplimiento a la resolución autorizada el veinte de febrero pasado en el juicio de amparo 128/2017; radicó el asunto bajo el número de expediente 431/2017, y aceptó la competencia legal para resolver el mismo, por lo que se turnaron los autos listos para pronunciar la sentencia respectiva; y, QUINTO. Mediante oficio 869/2017, presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, recibido por este juzgado de Distrito el siete de junio del año en curso, el Juez de la causa, informó que el dos de mayo de esta anualidad, dictó auto de formal prisión en contra de la quejosa, y adjuntó copia certificada de esa determinación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto restrictivo de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien esto resuelve procede a precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión emitida en su contra. TERCERO. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Guerrero y Fiscal Regional de la Costa Chica, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye, sin que la solicitante del amparo ofreciera prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tal virtud, si la parte quejosa no demostró con medio de convicción alguno la existencia del acto reclamado respecto de las autoridades responsables de referencia, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo en lo que atañe a las citadas autoridades. CUARTO. Es cierto el acto reclamado al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, pues al rendir su informe con justificación, así lo reconoció expresamente; manifestación que basta para tener dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con las actuaciones que adjuntó atinentes a la causa penal 24/2016-II, instruida en contra de Rosalba Ortiz López, por el delito de despojo en agravio de Juana María Ortiz López, que acompañó a su informe justificado el juez responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del citado código. QUINTO. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, consistente en la orden de aprehensión dictada en contra de la promovente del amparo, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme con la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver en el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en este procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, en contra de la parte quejosa, dentro de la causa penal número 24/2016-II, y de acuerdo con las documentales remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio es pleno como se precisó en el considerando que antecede, el mandato de captura, efectivamente fue dictado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por el delito de despojo; y el dos de mayo de dos mil diecisiete, decretó auto de formal prisión en su contra dentro de la causa penal de la que deriva el presente amparo, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión, ya que no se puede decidir el fondo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue presentada el veinticuatro de enero del año en curso, mientras que el citado auto de formal prisión se emitió el dos de mayo de dos mil diecisiete. Ahora, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio de amparo, en virtud de que la sola emisión de dicha resolución implica que la libertad de la quejoso Rosalba Ortiz López, se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal prisión emitido en su contra. Bajo ese contexto, lo procedente es sobreseer el presente asunto, con apoyo en el numeral 61, fracción XVII, en relación con el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del mandato de captura reclamado por la promovente del amparo, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados al Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca y al Comisionado de la Policía Estatal, con residencia en Santa María Coyotepec, al no haberles sido reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 431/2017. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el ocho de junio de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el cual remite la diversa comunicación suscrita por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, en atención a su contenido, se tienen por recibidas las copias certificadas del auto de plazo constitucional de dos de mayo de dos mil diecisiete. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio que suscribe la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 387/2017, que le fue enviado para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara a la parte quejosa el proveído de nueve de mayo pasado; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y acúsese el recibo correspondiente. Ahora, como de la certificación que antecede se aprecia que ha transcurrido el término de tres días que les fue otorgado a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiere hecho, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, y se ordena efectuarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.

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