Rosalba Orihuela Garcia
Expediente 1541/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 28 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1541/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Rosalba Orihuela Garcia
- Director de Estudios Avanzados Milenio (15/12/2021)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores al plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 22, 23 y 24 del acuerdo referido. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18 del citado Acuerdo General, al haberse concedido la suspensión; por lo tanto, una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiéndose conservar, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo; procediendo a la transferencia respectiva. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre: "PRINCIPAL. FIRME SFA Y ARCHIVO, CON INCIDENTE (CONCEDE)".
- Principal
PRINCIPAL. SOBRE DEVUELTO, AGREGUESE". Cúmplase.
- Principal
agréguese sin mayor acuerdo el escrito y constancias atinentes al acto reclamado que remite la autoridad responsable Director de Estudios Avanzados Milenio; lo anterior, toda vez que el treinta de mayo del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Cúmplase.
- Principal
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual informa que se apersonará ante la autoridad responsable a efecto de finiquitar su deuda y obtener su título profesional. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de resolver. Por otra parte, vista el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la demanda de amparo, promovido por **************, por propio derecho, en contra del acto reclamado consiste en: La omisión de expedir a la quejosa el título profesional y cédula profesional de licenciada en derecho, al ser egresada de la Universidad Interactiva Milenio Campus Temixco, Estudios Avanzados Sociedad Civil, tras haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos para la emisión de los documentos antes mencionados. Por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Director de Estudios Avanzados Milenio, negó la existencia del acto reclamado, ello derivado que dicha institución educativa aún no recibía la certificación del Título de Licenciada en Derecho a favor de la quejosa por parte de la Secretaría de Educación Pública. Subsecuentemente, mediante auto de once de mayo pasado, se tuvo al Director de Estudios Avanzados Milenio, informando que ya cuenta con el Título de Licenciada en Derecho de la quejosa, del cual, incluso obra copia certificada en autos de este expediente, pero que, no obstante, para la entrega de dicho documento es necesario que la impetrante de amparo liquide la totalidad del montó establecido consistente en $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), del cual, de acuerdo con el dicho de la propia quejosa en su escrito inicial de demanda, resta por pagar $ 8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.). De ahí que, en el caso se estime que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la omisión atribuida a la responsable ha cesado al haberse expedido favor de la quejosa, el título profesional de licenciada en derecho, y si bien, el mismo no le ha sido entregado, ello atiende a que, previo a esa entrega, la quejosa debe liquidar la totalidad del monto establecido para su trámite y expedición, lo cual no puede ser considerada una cuestión atribuible a la autoridad responsable, sino que depende únicamente de la directa quejosa, quien incluso ha manifestado que se apersonara ante la responsable a efecto de finiquitar su deuda y recoger su título profesional. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 210 que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, página 386, del cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Lo anterior, sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, que la quejosa también señaló como parte del acto reclamado, la omisión de entregar la cédula profesional correspondiente, sin embargo, es necesario invocar el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad De México, que establece: "ARTICULO 3o.- Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado." En relación con lo anterior, se tiene que, la obtención de la cédula profesional se encuentra subordinada a la obtención del título profesional, el cual, si bien ya fue expedido por la autoridad responsable, lo cierto es que, no acontecía así a la fecha de presentación de la demanda de amparo, aunado a que, aún no ha sido entregado a la quejosa por no haber realizado el pago total del trámite del mismo, cuestión no atribuible a la autoridad responsable, por lo que, es claro que a la fecha de presentación de la demanda que se analiza, la quejosa no estaba en aptitud de realizar el trámite para la obtención de su cédula profesional.
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