Rosalba Negrete Ruiz
Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- ROSALBA NEGRETE RUIZ y Otros.
- Rosalba Negrete Ruiz
- JOSÉ JESÚS NEGRETE CAMPOS y/o JESÚS NEGRETE CAMPOS SU SUCESIÓN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese el ocurso de la tercera interesada; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el ocurso de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EXPEDIENTILLO Vista la certificación que antecede, se advierte que el trece de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 553/2023; y que el asunto se encuentra en estudio para dictar la resolución correspondiente, en tales condiciones, con el escrito de cuenta, fórmese el expedientillo y se provee lo siguiente: Glósese el escrito de la tercera interesada; atento a su contenido, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN contra la determinación emitida en la audiencia constitucional. Considerando que dicha determinación no es una sentencia, remítase copia certificada de ella y sus notificaciones al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 553/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo ***24 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Asimismo, se da cuenta con los escritos con folios 20859 y 20860 Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Respecto de los escritos signados por la tercera interesada, se tiene por invocadas las causales de improcedencia que apunta, por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y con fundamento en el artículo ****9 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas las documentales que anexa, de lo que se ordena hacer relación en la etapa correspondiente de esta audiencia. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde se hace constar que la tercera interesada ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; asimismo se hace constar que dicha parte promovió el incidente de objeción respecto de los documentos exhibidos por la quejosa en su escrito de demanda -escrituras ****** de treinta de noviembre de dos mil veintiuno pasada ante la fe del Notario Público ***** de la Ciudad de México, y ******* de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, pasada ante la fe del Notario Público ******* del Estado de Morelos-. Pronunciamiento: No ha lugar a admitir la incidencia planteada, a través de la cual se pretende obtener una declaración sobre la nulidad de los testimonios objetados. Lo anterior, porque no se trata de una objeción de falsedad, pues carece de la intención de atacar la autenticidad de los documentos referidos, lo que constituye el elemento sustancial para que opere dicha figura jurídica, en términos del artículo ***22 de la Ley de Amparo. Ello es así pues de la causa de pedir de la oferente, se advierte que su intención es objetar la eficacia de los documentos, a través de la contrastación de las constancias que fueron exhibidas para su emisión, con las documentales anexas al ocurso donde planteó la incidencia, y con ello combatir los derechos que derivan de las escrituras públicas, mas no acreditar que las firmas de los funcionarios o personas a quien se dicen pertenecer sean falsas; aspecto que se aparta de la materia del incidente de falsedad que contempla la ley de la materia; máxime, que en el juicio constitucional no es dable esclarecer cuestiones atinentes a la legalidad o nulidad de escrituras, pues ello, en su caso, debe resolverse en un juicio contradictorio ante la potestad común. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis III.2o.A.46 K, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página ******927, con registro digital ********77605, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS EN AMPARO. NO COMPRENDE CUESTIONES ATINENTES A LA LEGALIDAD O NULIDAD DE ESCRITURAS DE PROPIEDAD. El incidente de falsedad de documentos previsto en el artículo ******53 de la Ley de Amparo, tiene el propósito específico, de dilucidar si un documento es falso, esto es, que no es auténtico porque, entre otras cosas, las firmas no sean de los funcionarios o personas a quien se dicen pertenecer; empero, si lo que se pretende desentrañar es que la operación de compraventa ahí plasmada carece de eficacia, es indiscutible que tal cuestión se aparta de la materia del incidente de falsedad de documentos, máxime, que en el juicio de amparo no es dable elucidar cuestiones atinentes a la legalidad o nulidad de escrituras de propiedad, pues ello, en su caso, debe resolverse en un juicio contradictorio ante la potestad común". En esas condiciones, se desecha el incidente planteado. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte tercera interesada los formuló e invocó diversas causales de improcedencia, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 553/2023, promovido por ..., por propio derecho y como albacea de la sucesión a bienes de ... o ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La quejosa demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las citadas autoridades, que considero´ violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Admisión. Este Juzgado admitió´ la demanda y su ampliación, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados, ordeno´ emplazar a la parte tercera interesada; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que las autoridades responsables rindieron sus informes justificados, respectivamente, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; se emplazó la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza civil, radicado en un tribunal del orden común con sede en la cuidad en la que el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Se fija el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al ordinario civil ... del índice del Juzgado Cuadragésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México y reclama todo lo actuado; particularmente el emplazamiento, la sentencia definitiva y su ejecución. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez y Actuario responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. No obstante que la parte tercera interesada invoque la causa de sobreseimiento consistente en la inexistencia del acto reclamado; por sí haberse realizado el emplazamiento del demandado; sin embargo, por una parte quedó demostrada la existencia del procedimiento conforme a las actuaciones que obran en las constancias aludidas y, por otra, el análisis de la constitucionalidad de dicha diligencia, constituye el tema de fondo que se dilucidará en la presente resolución. Cuarto. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente precisar los antecedentes del acto reclamado: I. El trece de agosto de dos mil diecinueve, ..., demandó en la vía ordinaria civil a ..., la prescripción positiva del inmueble ubicado en el "...", se le reconociera como propietaria y otorgando la escritura correspondiente. II. Correspondió conocer del asunto al Juez Trigésimo Séptimo Civil, que lo radicó con el número de expediente ... de su índice y, previo desahogo de prevención, el dos de septiembre de dos mil diecinueve, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de ... . III. El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el actuario responsable llevó a cabo la diligencia de emplazamiento en los siguientes términos: "En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con quince minutos del día lunes nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, el suscrito Secretario Actuario Licenciado ..., adscrito al Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil, me constituí física y legalmente en el domicilio señalado en autos, en busca del C. ..., ubicado en A... (AL SER PREDIOS IRREGULARES Y A EFECTO DE PRECISAR EL DOMICILIO DEL DEMANDADO, REFIERO QUE A LA ENTRADA HAY UNA PLACA QUE SEÑALA COMO ANDADOR LA VENTA Y ESTÁ MARCADO EL NUMERO ..., QUE ES POR DONDE SE INGRESA AL DOMICILIO E INCLUSO ENFRENTE SE ENCUENTRA UNA ..., siendo un inmueble que se encuentra bajando una escaleras de cemento del lado izquierdo de una barranca, al frente la fachada exterior es de tabicones de cemento sin aplanar pintados de color amarillo, acceso principal puerta de fierro de dos hojas color café oscuro, cornisa color amarillo, la construcción está al fondo, y cerciorado el suscrito que es el domicilio señalado en autos, porque consta en la nomenclatura exterior de la Avenida, Colonia, número oficial del inmueble visible al frente y Alcaldía, del lado superior izquierdo de la puerta principal se encuentra el timbre, a mi llamado acude una persona del sexo masculino, dijo llamarse ..., dijo ser empleado de la persona buscada, quién informa al suscrito que el buscado se encuentra ocupado en este momento y no puede atenderme, es su domicilio particular y vive en este domicilio con su familia, persona a quién solicito al presencia del demandado, manifestando que en ausencia de este recibe la cédula de notificación y sus anexos, ante quién me identifico con credencial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y le solicito se identifique, no lo hace porque no lo considera necesario y no es su deseo hacerlo, su media filiación es de aproximadamente setenta años de edad, complexión delgado, tez moreno claro, como de un metro sesenta centímetros de estatura, cabello corto cano, persona a quién hago saber el motivo de la diligencia, para NOTIFICARLE PERSONALMENTE y por su conducto a la buscada el contenido de los proveídos de fechas quince agosto y dos de septiembre ambos del dos mil diecinueve, emplazándole a juicio y corriéndole traslado con cuarenta copias simples de los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda, debidamente selladas, foliadas, rubricadas y cotejadas con sus originales para que en el término de QUINCE DÍAS conteste la demanda instaurada en su contra, con fundamento en el artículo 256 del Código Procesal Civil, apercibida que de no hacerlo en el término concedido para ello se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad, en términos del artículo 133 del Código de procedimientos Civiles de esta Ciudad. La persona con quién entiendo la diligencia si firmó por su recibo la copia de la cédula de notificación para constancia. Con lo que doy cuenta a Usted C. Juez del conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. DOY FE." IV. Por acuerdo emitido el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez Cuadragésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, en atención al acuerdo 48-37/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, tuvo por recibidos los autos del juicio referido, lo registró con el número de expediente ... y, una vez notificadas las partes, ordenó la continuación del procedimiento. V. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se acusó la rebeldía del demandado. VI. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictó sentencia definitiva en la que declaró procedente la vía intentada, así como que la actora acreditó su acción, declarando la prescripción positiva del inmueble a su favor y ordenando la inscripción de la sentencia en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio como título de propiedad, quedando firme el ocho de abril de dos mil veintiuno. El emplazamiento, la sentencia definitiva y su ejecución, integran la materia de reclamo. Quinto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente por lo que respecta a ..., por propio derecho, toda vez que la quejosa carece de interés jurídico por lo que hace a su comparecencia por propio derecho; ya que las acciones en defensa de los intereses del autor de una sucesión (su herencia), le corresponde únicamente como titular del albaceazgo. Por ende se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo . De los preceptos referidos deriva que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por tal la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción constitucional exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la impetrante, es decir que lesione directamente los intereses jurídicos de la persona demandante. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019456, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De la demanda de amparo se obtiene que la accionante señala ser hija del difunto señor José Jesús Negrete Campos o Jesús Negrete Campos y haber vivido con él; que por esa calidad tiene derecho a ser reconocida como parte del procedimiento de origen. Sin embargo, esa posición como hija que ostenta la quejosa, (e incluso la posible calidad heredera por el vínculo filial conforme al artículo 1602 del Código Civil para esta ciudad ) por sí misma, no la hace titular de un derecho subjetivo que constituya un interés jurídico para oponerse en lo personal a lo actuado dentro del procedimiento ordinario civil instaurado directamente contra el de cujus; ya que, en su caso, la defensa de la sucesión le corresponde únicamente en su carácter de albacea, como lo está haciendo, no así por propio derecho. En efecto, la primera razón que informa la falta de interés jurídico en esta instancia radica en que el elemento consistente en la existencia de un derecho subjetivo directamente afectado por el acto de autoridad es inexistente, pues no hay derechos individuales de la demandante de amparo que se hayan definido en el juicio ordinario civil, pues únicamente inciden en la situación reconocida entre su difunto padre y la parte tercera interesada correspondiente; sin que existan mandamientos dirigidos a afectar la esfera de la quejosa como hija en dicho procedimiento. Apoya lo anterior, el criterio con registro 291522, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, en materias civil, que define: "ACCION PERSONAL. No puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, contra su fiador, o contra los que legalmente le suceden en la obligación." En efecto, en lo que corresponde a la defensa de los bienes de la sucesión, únicamente está facultada para defender en juicio los intereses de la persona difunta, con el carácter de albacea, no así por propio derecho, por lo que cualquier acción ejercida por sí misma, (o inclusive como heredera) para defender los bienes del acervo hereditario será improcedente al carecer de la legitimación para ello; y es así, pues de conformidad con el artículo 1706, fracción VII del Código Civil para esta ciudad, una de las obligaciones inherentes al albaceazgo, es la defensa y representación en juicio. "ARTÍCULO 1,706.- Son obligaciones del albacea general: [.] VII.- La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento." Por analogía se invoca la tesis II.2o.C.395 C emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con registro digital 184859, que dispone: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual." Así, en el procedimiento de origen no puede exigirse jurídicamente alguna conducta en lo individual a terceros ajenos a la relación, como es la quejosa por su carácter de hija, por lo que al comparecer por propio derecho no acredita la afectación directa, personal, real y actual que exige el interés jurídico, de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal. Ello obedece a que el interés jurídico debe probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y por ende procede sobreseer el presente juicio por lo que hace a ..., por propio derecho; lo anterior, con fundamento en el numeral 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, en relación con el su diverso 63, fracción V. Ahora, la parte tercera interesada invoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo , ya que el emplazamiento se llevó a cabo el entonces domicilio conyugal del de cujus, por lo que su esposa tuvo conocimiento de la tramitación del juicio de donde deriva el acto reclamado desde aquél momento, ya que la notificación se realizó en dicha ubicación y nunca manifestó nada respecto de la controversia natural, por lo que es un acto consentido. La causa de improcedencia es infundada. Lo anterior es así, por las mismas razones expuestas en supralíneas, es decir, que en lo que corresponde a la defensa de los bienes de la sucesión, únicamente está facultada para defender en juicio los intereses de la persona difunta, con el carácter de albacea, no así alguno de los herederos o, en su caso, la conyuge, ya que para defender los bienes del acervo hereditario será improcedente al carecer de la legitimación para ello; pues, como se mencionó, de conformidad con el artículo 1706, fracción VII del Código Civil para esta ciudad, una de las obligaciones inherentes al albaceazgo, es la defensa y representación en juicio. En efecto, la posición de esposa no la hace titular de un derecho subjetivo que constituya un interés jurídico para oponerse en lo personal a lo actuado dentro del procedimiento ordinario civil instaurado directamente contra el de cujus; ya que, en su caso, la defensa de la sucesión le corresponde únicamente en le corresponde al albacea; por lo que no puede considerarse que quien no está legitimado para defender los bienes de la sucesión haya consentido los actos emitidos con relación a esta. Por otra parte, la tercera invoca también la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de la materia , ya que la quejosa promovió un diverso juicio civil en contra de la tercera interesada y ejerció acciones tendientes a ejercer derechos sobre el inmueble materia de la controversia. La causa de improcedencia también es infundada. La porción normativa aludida prevé que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se haya interpuesto algún recurso o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sin embargo, en el presente juicio de amparo se reclama el emplazamiento a la controversia natural, por lo que, en su caso, una eventual concesión tendría por efecto que la sucesión quejosa pueda comparecer al juicio de origen a fin de deducir sus derechos; sin que ello implique algún pronunciamiento sobre las prestaciones que en el caso se reclamen, ya que, precisamente la oportunidad de probar y alegar permitirá que se decida lo que en derecho corresponda. Por tanto, es inexacta la afirmación de la tercera interesada, relativa a que se podrían emitir sentencias contradictorias, ya que el presente juicio no se dilucidan las acciones o excepciones opuestas en la instancia, si no que los efectos de una eventual concesión se limitan a garantizar la posibilidad de comparecer y alegar lo que en derecho corresponda en la controversia natural. Aunado a lo anterior, la tercera refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, relativa a la falta de interés jurídico para comparecer al juicio, debido a que no se puede presumir que José Jesús Negrete Campos o Jesús Negrete Campos, son la misma persona. La causa de improcedencia es infundada. Esto es así, porque cuando el nombre propio o de pila de una persona se integra por más de uno, existe una alta posibilidad de que sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, inexorablemente, ser tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se trata de sujetos distintos, si los elementos empleados permiten su identificación, a condición de que, por las circunstancias específicas, no exista riesgo de que se perjudique a terceros o se pueda confundir la persona de que se trata, afectando la seguridad jurídica en una situación concreta. Orienta lo anterior la tesis I.4o.A.34 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2005194, que dice: "NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE. El nombre es un elemento de identificación de las personas que, en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta en que se consigna en el acta de nacimiento. No obstante, cuando el nombre propio o de pila de una persona se integra por más de un nombre, existe una alta posibilidad de que sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, inexorablemente, ser tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se trata de sujetos distintos, si los elementos empleados permiten su identificación, a condición de que, por las circunstancias específicas, no exista riesgo de que se perjudique a terceros o se pueda confundir la persona de que se trata, afectando la seguridad jurídica en una situación concreta. De acuerdo con lo anterior, los operadores jurídicos, entre los que se encuentran tanto las autoridades administrativas como los juzgadores, deben ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite su identificación, para lo cual deben tomar en cuenta las circunstancias específicas en que la participación de ésta se produce, pues no merece el mismo trato el apersonamiento que persigue la obtención de un beneficio, como puede serlo una herencia o el cobro de un premio, que la actuación cuyo propósito es la defensa de determinados derechos ante un órgano del Estado, debido a que en el primer supuesto, por tratarse de una situación que le reporta un aprovechamiento personal o una utilidad que desplaza a otro u otros, es exigible que por todos los medios a su alcance se corrobore la identidad del compareciente, lo cual no es razonable en el mismo nivel de exigencia en la hipótesis restante." Por tanto, si bien el nombre de una persona es un término gramatical utilizado para distinguir a los individuos entre sí y es complementado mediante el o los apellidos, lo cierto es que, el utilizarlo de modo completo o incompleto no conduce a estimar que se trata de diferentes personas; o que su identidad se circunscriba a un determinado ámbito de su vida, excluyendo los demás, pues deben considerarse de manera primordial las circunstancias, datos y cualidades propias de cada asunto. Es así, ya que las autoridades deben ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite su identificación, para lo cual deben tomar en cuenta las circunstancias específicas en que la participación de ésta se produce; y, en el caso, se ha identificado a la sucesión quejosa como la correspondiente al demandado fallecido en el juicio de origen, incluso, la propia tercera ha sostenido que su emplazamiento fue legal al haberse notificado en su domicilio conyugal (como dato de identificación coincidente). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.4o.23 C del Cuarto Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, que dice: "NOMBRE. SU USO INCOMPLETO ES INSUFICIENTE POR SÍ SOLO PARA DETERMINAR QUE SE TRATA DE PERSONA DIFERENTE AL INTERESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Por nombre se entiende la palabra que se aplica a una persona o cosa para distinguirla de las demás; respecto a las personas, se complementa con el o los apellidos. Ahora bien, el artículo 64 del Código Civil del Estado de Puebla, permite que el nombre propio sea puesto libremente por quien declare el nacimiento de una persona y los apellidos serán el del padre y el de la madre, o en su caso sólo los de aquél o los de ésta, sean tales apellidos simples o compuestos. Así pues, este dispositivo legal no prohíbe que las personas tengan nombres compuestos, esto es, dos o más nombres propios; por otro lado, es suficiente que el nombre de una persona permita distinguirla de otras, de modo que en el caso de personas con dos o más nombres, es irrelevante que en un acto jurídico usen uno solo de ellos y el apellido, o todos los nombres y apellidos, con la condición de que las circunstancias, datos o cualidades propias de la persona, conduzcan a la certeza de que se trata de la nombrada, cuenta habida que la ley no prohíbe el uso del nombre en forma incompleta." Por tanto, al no haberse invocado diversas causas de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advertir de oficio la actualización de una diversa, se procede al estudio de fondo del asunto. Sexto. Análisis de fondo respecto de la sucesión a bienes de José Jesús Negrete Campos o Jesús Negrete Campos, por conducto de su albacea Rosalba Negrete Ruiz. En esencia, la quejosa aduce que se vulneran sus derechos constitucionales, porque el emplazamiento fue ilegalmente practicado, ya que no se emplazó a la sucesión del demandado, quien había fallecido al momento en que se efectuó la diligencia de emplazamiento. Son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Al tratarse de un emplazamiento y ser este un acto de orden público se obliga a los Jueces a investigar de oficio si se efectuó conforme a las leyes que lo regulan. de apoyo, la jurisprudencia de la Tercera Sala del Alto Tribunal del País, de registro 240531, visible en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, instancia 163-168 cuarta parte, página 195, que establece: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." El inicio de la instancia judicial en procesos de naturaleza civil, es la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional correspondiente, y no puede haber sentencia definitiva sobre una demanda, si la contraparte no es oída o debidamente citada para serlo; por ello, la relación jurídico procesal entre las partes, existe en el momento en que la demanda es notificada debidamente a la parte contraria, porque el acto de la notificación, citación a juicio o emplazamiento, produce como consecuencia, que pueda continuarse legalmente el procedimiento. Al constituir el emplazamiento a juicio la violación procesal de mayor magnitud, y al ser de orden público los Jueces Federales están obligados a analizar de oficio si éste se efectuó correctamente o no. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.149/2000, de la Novena Época, del Tribunal Pleno, de registro 190656, Fuente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." El emplazamiento es un acto procesal que tiene por objeto hacer del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda presentada en su contra, para darle la posibilidad de contestarla y ejercer sus derechos procesales; de tal suerte, que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, ya que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El artículo transcrito establece que las autoridades judiciales están obligadas a observar los requisitos que señala la norma secundaria aplicable, y así cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de respetar este derecho fundamental. Entre los diversos derechos humanos que integran la genérica de seguridad jurídica, reconocidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para cumplir con una serie de formalidades esenciales, previo a un acto de privación, necesarias para oír en defensa a los afectados, a saber: a) Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. b) Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. c) Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. d) Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior conforme a la jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005716, que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Las formalidades previstas en el artículo 14 (a las que se unen a las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional), se constituyen como elementos fundamentales y útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor trascendencia, pues permite al demandado conocer las reclamaciones que se le hacen y, además, estar en condiciones de ejercer la defensa de sus intereses; es decir, de la legalidad del acto depende que las demás etapas de un proceso se desarrollen con apego al marco constitucional. En efecto, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen distintas etapas que configuran el derecho humano de audiencia; la cuales consisten esencialmente en que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que conozca el gobernado la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus excepciones a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de acreditar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Es sustento a las anteriores consideraciones, la tesis P./J.47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En el particular, el emplazamiento practicado al demandado Jesús Negrete Campos, autor de la sucesión quejosa es contrario a las normas que rigen el proceso ordinario civil; y, por tanto, transgrede su derecho fundamental al debido proceso y a la legalidad, puesto que se llevó a cabo en lo individual, no así por conducto de su sucesión, pues se llevó acabo cuando ya estaba muerto. Esto es, el llamamiento se realizó el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, como persona física, y no a través de su albacea, no obstante que según el acta de defunción que obra en autos, falleció desde el uno de febrero de dos mil doce, esto es, más de siete años antes de practicar la diligencia. En efecto, el dos de septiembre de dos mil diecinueve, el juez de la causa admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de Jesús Negrete Campos; lo anterior, con base en lo preceptuado en los artículos 114 a 119 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. En cumplimiento a lo anterior, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el actuario responsable efectuó la diligencia ordenada y asentó que "el buscado se encuentra ocupado en este momento y no puede atenderme, es su domicilio particular y vive en este domicilio con su familia.", lo que resulta completamente inverosímil y conculca el derecho de debido proceso, pues no es material y jurídicamente posible haberlo efectuado en busca de Jesús Negrete Campos como persona física, cuando éste ya había muerto con más de siete años anteriores a dicha data, esto es el uno de febrero de dos mil doce; información que se corrobora de la copia certificada del acta de defunción que obra en autos. No obstante ello, el juez de la causa ordenó su emplazamiento en lo personal y no por conducto de su sucesión y así se integró la relación procesal y se dictó sentencia definitiva; lo cual revela la ilegalidad del llamamiento a juicio y la irregularidad de las actuaciones procesales, pues el emplazamiento debía hacerse por conducto del albacea como legal representante de la sucesión. Apoya lo anterior, la tesis con registro 184654, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, tomo XVII, pagina 1723, de marzo 2003, cuyo rubro y texto es: "EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL SI SE EFECTUÓ DESPUÉS DE LA MUERTE DEL DEMANDADO EN LO PERSONAL Y NO A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE SU SUCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si del juicio de usucapión generador de los actos reclamados, se advierte que el demandado ya había fallecido cuando se le emplazó al mismo en lo personal, esto es, como si estuviera vivo, por esa sola circunstancia debe considerarse ilegal el emplazamiento reclamado, máxime si al tiempo en que se verificó la sucesión a bienes del de cujus no tenía representante legal, sin que obste a lo anterior el hecho de que a través de la publicación de edictos se haya llamado a juicio a todo aquel que se creyera con derecho, en virtud de que de la interpretación armónica de los artículos 1340 y 1361 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se desprende que quien pretenda deducir en juicio una acción que incida directa o indirectamente en los bienes afectos al acervo hereditario, debe demandar a la sucesión interesada, y si la misma está desprovista de representante legal, tiene la obligación de denunciar el juicio sucesorio intestamentario, a fin de dotar a dicha sucesión de albacea que le represente y no provocar así un estado de indefensión, tal como lo sostiene la jurisprudencia VI.1o.C. J/14, visible en la página mil setecientos catorce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, febrero de dos mil uno, de rubro: "SUCESIÓN. SI NO HA SIDO DENUNCIADA, HAY OBLIGACIÓN DE HACERLO PARA DEDUCIR ACCIONES EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". También se invoca por analogía en la tesis I.3o.C.471 C, de la Novena Época, con registro: 179590. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, en Materia(s): Civil, página: 1766, que dispone: "EMPLAZAMIENTO A PERSONA FALLECIDA. CUANDO EL ACTOR TIENE CONOCIMIENTO DE ESA CIRCUNSTANCIA, DEBE PRECISAR EL NOMBRE DEL ALBACEA O REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN DEMANDADA, TODA VEZ QUE AL NO SER LA SUCESIÓN UNA PERSONA INCIERTA, NO PROCEDE EMPLAZARLA POR EDICTOS. No procede realizar el emplazamiento por edictos a una persona fallecida, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues ante la manifestación de la actora sobre el fallecimiento de la persona que se pretende demandar, no se está frente a una persona incierta, pues de conformidad con el artículo 1649 del Código Civil para el Distrito Federal, desde el momento en que murió la persona que se demanda, se abrió su sucesión, esto es, que sí existe el ente jurídico hacia el cual van dirigidas las prestaciones demandadas, y en ese aspecto no se está ante una persona incierta, por lo que no podría emplazársele por medio de edictos pues precisamente ese es un medio de comunicación extraordinario que procede ante personas inciertas, ni tampoco procede emplazar a la parte demandada a través de edictos en términos de la fracción II del citado artículo 122, toda vez que solamente procede actuar así cuando se desconoce el domicilio de la parte demandada, y deben agotarse previamente los medios conducentes para allegarse del domicilio de la sucesión demandada, lo que la actora estuvo en aptitud legal de conocer, así como lo concerniente al representante de la sucesión, mediante la denuncia que al efecto haga en términos del artículo 769 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en donde en cumplimiento a los artículos 770 al 775 del mismo código, se está incluso en aptitud legal de iniciar la tramitación del juicio sucesorio respectivo a fin de que se designe un representante a la sucesión para efecto del juicio que pretende entablar y, al no proceder la actora así, es legal que se deseche la demanda en la que afirmó que la persona demandada ya había fallecido pero desconocía quién era el albacea de su sucesión." La suma de esos razonamientos es suficiente para concluir que el emplazamiento es irregular; y siendo así, se impone conceder la protección constitucional al peticionario por una violación al debido proceso legal. En congruencia con lo anterior, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad al emplazamiento reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el juez responsable: a) Deje insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada al demandado en el juicio de origen, así como todo lo actuado en el proceso natural. b) Reponga el juicio de origen para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. El efecto precisado se funda en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2015693, que establece: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso y en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Concesión extensiva a los actos de ejecución, pues su ilegalidad se hace depender de los actos reclamados a la autoridad ordenadora y no fueron impugnados por vicios propios, sino en vía de consecuencia, acorde a la jurisprudencia 88, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, visible en el tomo VI, página 70 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente vicios de esta." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee el presente juicio por lo que hace a ..., por propio derecho, respecto de los actos reclamados a las responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a la sucesión a bienes de ... o .., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando último. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Rosalba García Echegoyen1173/2019
- ROSALBA GARCÍA ECHEGOYEN y Otros.1206/2019
- Rosalba García Echegoyen1105/2015
- ROSALBA GARCÍA ECHEGOYEN y Otros.705/2016
- ROSALBA GARCÍA EXHEGOYEN y Otros.409/2015
- Rosalba López Hernández1019/2016
- Rosalba Rojas Zavala440/2021
- Rosalia Contreras Pérez42/2022
- ROSALÍA LORANCA CORTES y Otros.445/2016
- Rosalia Mendoza Roldan948/2019
- ROSALÍA SAMBOLA COTA MANRIQUE DE LARA y Otros.377/2018
- Rosalia Sambola Cota Manrique de Lara373/2015