Rosalba Morales Sánchez

Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
446/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Rosalba Morales Sánchez
  • Rosalba Morales Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos del artículo 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especial de Tortura, de la Vice fiscalía General de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 446/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, conviene precisar que los aquí quejosos cuentan con el carácter de víctimas dentro de la carpeta de investigación *****, del índice del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especial de Tortura, de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes señalan como acto reclamado, la falta de acuerdo a los escritos presentados el veintitrés y veintiocho de marzo del año en curso -a través de las cuales esencialmente solicitan se proceda a recabar diversos datos de prueba tendientes a investigar los hechos probablemente constitutivos de delito que dieron origen a la citada carpeta-. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En efecto, se considera es improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, pues como se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado esencialmente se traduce en la falta de acuerdo a los escritos presentados el veintitrés y veintiocho de marzo del año en curso, por parte de la representación social responsable, donde la parte promovente tiene el carácter de víctima en la carpeta de investigación referida. Sin embargo, resulta necesario señalar que contra dicho acto reclamado, previo a la instauración del juicio de amparo, se estima procedía ser impugnadas en la vía ordinaria ante el Juez de Control competente, tal y como se encuentra previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto legal que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora bien, tratándose como en el caso, que la parte quejosa, tiene el carácter de víctima u ofendida en la etapa de investigación, deviene importante precisar que el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamenta un aspecto de toda la labor de investigación, referente a que si la autoridad ministerial es omisa en su labor de investigación, al no ser dicho acto privativo de la libertad, sino de molestia, la víctima tiene derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del citado artículo 258 del propio código, el cual establece que las determinaciones del Ministerio Público, sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por lo que al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), de la fracción XVIII de la Ley de Amparo, es imperativo para la parte quejosa agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el citado numeral establece expresamente que dicho recurso ordinario procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, y en el caso concreto reitérese, se trata de la falta de acuerdo a los escritos presentados el veintitrés y veintiocho de marzo del año en curso, a través de las cuales esencialmente solicitan se proceda a recabar diversos datos de prueba tendientes a investigar los hechos probablemente constitutivos de delito que dieron origen a la carpeta de investigación ****, del índice de la responsable. Ello, tomando en cuenta que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de procedencia del recurso innominado en comento, deben ampliarse de tal forma que también proceda contra omisiones por parte de la autoridad en la etapa de investigación del proceso penal, pues dicha conducta supone la paralización de la función investigadora, teniendo el mismo efecto que una determinación emitida por el Fiscal. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, resulta prudente cavilar los razonamientos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017 -de la que emanaron las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018- en la cual se expuso esencialmente que debe recordarse que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se atribuya la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa del artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel de rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como por expertos en diversas ciencias u oficios. Asimismo, que cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. De igual manera, se estableció que era necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. En ese orden de ideas, como se ha expuesto y tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se estima que es impugnable a través del medio ordinario de defensa antes precisado, dado que el mismo tiene como finalidad que el Juez de Control respectivo revise las omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, y en caso de que estime que su actuación es contraria a la ley, debe conminarlo a que cese esa omisión, a efecto de que lleve a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia de amparo, la parte promovente debió impugnar el acto aquí reclamado ante el citado Juez, pues al no advertirse haber sido impugnadas mediante dicho recurso ordinario, dejó de observar el principio de procedencia de amparo antes señalado, sin encontrarse en alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, que le permitieran acudir a este juicio constitucional, sin previamente agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria que rige el acto reclamado. Al respecto de esto, sirve de apoyo, la jurisprudencia 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, visible en la página 945, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Asimismo, la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Penal, consultable en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior, además de que como se dijo, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, la víctima u ofendida agote el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues será el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, se pronuncie sobre ese tema a través de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, contradicción e inmediación. Máxime que, y se insiste, la citada Primera Sala consideró que si bien en dicho numeral no se incluían de manera expresa las omisiones de la autoridad ministerial, ello no era un obstáculo para instar ese medio de impugnación, porque de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permitía concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Por ende, refirió que tales determinaciones no se limitaban a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general a las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, incluyendo las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Destacó que los derechos de la víctima previstos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional, de impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, se encontraban salvaguardados, en tanto que, el medio de defensa previsto en el citado artículo 258, resulta idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra la el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, toda vez que no se agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley, se estima se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61; con apoyo en el diverso 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida Por **** , contra el acto aquí reclamado. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sin que se inadvierta el contenido de la tesis la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. AUTORIZADA. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". DOMICILIO (NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS). Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte quejosa se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación de manera indistinta al usuario ***** en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario ***** en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa a ****, como representante común de la parte quejosa. CORREO ELECTRÓNICO. En atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.

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