Rosalba Méndez Tinoco
Expediente 368/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosalba Méndez Tinoco
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio enviado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja registrándolo bajo el número de recurso de queja administrativa 130/2023; por tanto glósese a los autos del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 368/2023. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, mismo que fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto contra el proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, el cual fue registrado con el número de queja administrativa ****************************************Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda y anexos de cuenta presentado por ********************por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero ( en el caso la Sexagésima Tercera Legislatura) , y la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 368/2023 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se evidencia que los actos reclamados en el presente asunto, se hacen consistir en: La omisión de emitir la resolución legislativa a través de la cual, la actual legislatura (LXIII) aquí autoridad responsable determinó dejar sin efectos la convocatoria emitida por la legislatura anterior, en el caso, la Sexagésima Segunda Legislatura , ya que sin motivo legal alguno, determinó revocar, nulificar, dejar sin efectos, sin materia, desierta o cualquier otro acto hecho similar la CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN CONSEJERO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE LE CORRESPONDE DESIGNAR AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, de 2d e abril de 2019, signado por los entonces diputados María Verónica Muños Parra, Araceli Alhely Alvarado González, y Adalid Pérez Galeana, en su calidad de diputados Presidenta de la mesa directiva y secretarios de la misma la cual fue publicada en diversos medios de difusión. En el caso de que exista dicho acuerdo o resolución legislativa, reclamo la ilegal fundamentación y motivación del mismo, por haber dejado sin efectos, sin materia o desierta la convocatoria para el proceso de selección de un Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que le corresponde designar al Congreso del Estado de Guerrero.. ."Precisado lo anterior y por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de garantías. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, Materia Común, Novena Época, con registro 186605, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causal de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 898, Materia Constitucional, Novena Época, con registro 196923, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Hechas tales precisiones, este Órgano de Control Constitucional, previo análisis integral del escrito inicial de demanda, considera que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con el objeto de acreditar lo anterior, es menester precisar lo dispuesto en el dispositivo citado, el cual a la letra indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, o en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)". De la trascripción anterior, se desprende la referida improcedencia tiene por objeto que el control de constitucionalidad de actos de autoridad al que tienen acceso los gobernados por regla general, no se extienda a expresiones de poder soberano y popular como es en materia de designación o nombramiento de ciertos funcionarios por el órgano legislativo, que por razones de orden fundamental o estructural del Estado, o bien, de relevante significado constitucional, se le han conferido, desde la propia Constitución (Federal o Local), como órgano terminal. De manera que la improcedencia señalada no solamente se limita a cuando se ejerce tal facultad de selección y nombramiento del funcionario de órgano estatal de que se trate por primera vez como es su elección, en los que se encuentran los consejeros de la judicatura del estado, sino también comprende las figuras jurídicas que vinculen su permanencia en el cargo, ya sea que se trate de la suspensión (temporal) o su remoción (destitución definitiva), o bien, de su ratificación, en los casos en que se prevé tal supuesto con la finalidad de generar una posibilidad de continuidad en la función pública de orden relevante por el periodo o plazo que autorice la norma. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que sostiene la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Novena Época, Página 470: "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de alguna entidad federativa (o la General de la República, en su caso), confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la atribución conferida por los artículos 35, fracción IX, y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso de la entidad para elegir a los Consejeros de la Judicatura local, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de ese Estado establezcan diversos requisitos a cumplir por la Legislatura Local para la elección correspondiente, como que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. Por tanto, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección de los indicados Consejeros, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo." Así, en cualquiera de tales supuestos se puede estar frente a una potestad del órgano popular no solamente autónoma, sino principalmente en donde el marco constitucional y reglamentario evidencia que no es presupuesto que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso, así como que queda a su arbitrio o discrecionalidad el decidir sobre tales temas de relevancia constitucional. Asimismo, debe mencionarse que el sentido que debe atribuirse a la causa de improcedencia referida, si bien, inicialmente debe atender en primer lugar, a la interpretación gramatical, también es verdad que en caso de que ese método no proporcione la significación adecuada, que guarde coherencia con el texto normativo, entonces puede acudirse a algún sistema de interpretación distinto, pues se debe partir de la base de que en la ley se utilizan las palabras en su acepción más común; por tanto, cuando surjan conflictos normativos, dentro del propio texto de la disposición relativa o en relación con lo dispuesto en norma diversa, de igual, mayor o menor jerarquía, en atención al caso concreto, será aceptable que el intérprete de la norma se apoye en algún método distinto al gramatical. Ahora es preciso, identificar la verdadera intención de la parte quejosa al promover el presente juicio de amparo, ello tomando en consideración que basa su reclamo en que no fue contemplada para ser candidata a la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, al aducir que no le fue notificada la resolución por la cual se dejó sin efecto legal alguno la convocatoria en la cual se inscribió y cumplió los requisitos para ser candidata a ejercer el cargo. De ahí que su reclamó se basa en cuestiones de índole selectivo y por ende, se actualiza la causal invocada al no poder tener este Juzgado Federal injerencia en las decisiones que aquel toma, según lo expuesto en el presente acuerdo. Esto porque la razón de ser y finalidad de la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que la facultad relativa tenga los atributos que permitan conceptuarla como soberana o discrecional, sea elección o ratificación de los consejeros de la judicatura del estado, aunque la norma en cuestión no haga mención explícita de este último supuesto, para que se genere la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Además, debe mencionarse que las facultades de los órganos legislativos revisten las características de soberanía o discrecionalidad, que se precisan, cuando quien la ejerce goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones; en tanto que, la propia facultad será discrecional, cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. Establecido lo anterior, es de hacer notar que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano Guerrero, dispone: "Artículo 63. El máximo órgano de gobierno del Congreso del Estado es el Pleno de los Diputados, al que corresponde nombrar a los integrantes de la Mesa Directiva, a los de la Junta de Coordinación Política, a los de la Comisión Permanente, y las Comisiones y Comités ordinarios y especiales. 1. El Congreso del Estado contará con una Mesa Directiva y una Junta de Coordinación Política, cuya integración, duración, funcionamiento, facultades y obligaciones serán determinadas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento; 2. En ningún caso, la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en un Diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política en el mismo año legislativo; y, 3. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva." Sin que ello implique una ruptura entre los órganos del poder público, sino una colaboración respetuosa de las atribuciones propias de cada uno. Pero sobre todo, la autonomía constitucional que se le otorga para que sus resoluciones sean vinculatorias, es decir, obligatorias y definitivas para los sujetos obligados. En consecuencia, al estar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***************** por su propio derecho. Aunado a lo anterior, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a la promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Amén, que en el caso concreto, el acto reclamado, debe ser materia de diverso control constitucional.****************************************Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Autorizados. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ****************** por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notificaciones vía electrónica.****************************************Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona los usuarios: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. De igual forma, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
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