Rosalba Mayo Santiago

Expediente 1278/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1278/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Rosalba Mayo Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese a los autos, el oficio de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, por el cual ordena girar exhorto a su homóloga en Toluca a fin de que emplace a la moral demandada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído remita copia certificada del acuse de recibo dele exhorto enviado a su homóloga en Toluca; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    PERSONAL POR LISTA. EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL CITATORIO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por Rosalba Mayo Santiago, contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mismo que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. La parálisis procesal, toda vez que, hasta la presente fecha la autoridad responsable ha omitido resolver en definitiva el presente asunto, existiendo una total parálisis, procesal, trasgrediendo la responsable lo establecido por el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra carta Magna, al ser omiso en proporcionarme el acceso a la justicia pronta y expedita." Por su parte, la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de lo reclamado; no obstante ello, el mismo debe tenerse por inexistente, con base en lo manifestado por dicha autoridad, en el sentido de que: ".no se encuentra en la etapa procesal que permita a este Tribunal dictar el cierre de instrucción y posteriormente emitir el laudo, ello en razón de que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, esta Autoridad emitió acuerdo mediante el cual en atención a lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora, respecto a turnar los Autos a su resolución en forma de laudo, se le dice no ha lugar de conformidad porque aún no hay desahogo del informe de autoridad ofertado por la parte demanda a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Crédito para los trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, ." De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para lo cual, la citada responsable a fin de acreditar lo anterior, remitió las respectivas constancias en copia certificada, de las que se advierte, específicamente el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual acordó la promoción presentada por la parte quejosa, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, y le hizo de su conocimiento que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud en virtud de que se encuentran dos informes de autoridad pendientes de desahogar dentro del juicio laboral de origen. Razón por la cual por el momento no es posible dictar el laudo correspondiente, cuya omisión se reclama en la presente instancia constitucional, lo cual se acredita con las constancias que remitió la responsable como complemento a su informe con justificación; documentales a las que se les conceden pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2°, en razón de que cuenta con la certificación asentada por autoridad facultada para ello, así como del criterio contenido en la Jurisprudencia 226 del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Consecuentemente, se colige que la omisión reclamada resulta inexistente, ante la imposibilidad de la Tribunal responsable de pronunciar el laudo hasta en tanto se concluya el trámite del expediente relacionado y acumulado. De lo anterior, es claro advertir que en la especie, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al quedar demostrada la inexistencia del acto atribuido a la autoridad responsable, ya que por el momento no es posible dictar el laudo correspondiente, cuya omisión se reclama en la presente instancia constitucional, l Tiene aplicación a lo precedente, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". En consecuencia, al actualizarse la causal de sobreseimiento antes invocada, procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Como consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.". Por último, con apoyo en el artículo 3º, de la Ley de Amparo, se ordena registrar la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. EGRESO. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA INEXISTENCIA".

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la resolución emitida por este Juzgado Federal, el cinco de abril de dos mil veintidós, se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable cumpliera con lo siguiente: ".procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ***********, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables para los siguientes efectos: a) No se le aplique en lo presente y en lo futuro, los artículos 143 a 145, 149 y 150, todos de la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Estado de Morelos, quedando desvinculada de las obligaciones tributarias legisladas. b) Una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos deberá hacer del conocimiento de esta autoridad federal que toma nota sobre la concesión del amparo concedido a la quejosa *************, y, por ende, no aplicarán en lo presente y en lo futuro los artículos 143 a 145, 149 y 150, todos de la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Estado de Morelos. c) Le sean devueltos a la quejosa debidamente actualizados los pagos que se encuentran englobados en los recibos de pago con número de folio *********, de nueve de junio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $988,519.64 (novecientos ochenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos con sesenta y cuatro centavos, moneda nacional), y el diverso con número de folio ***********, de misma fecha, por la cantidad de $177,716.46 (ciento setenta y siete mil setecientos dieciséis pesos con cuarenta y seis centavos, moneda nacional). en virtud de haberse declarado su inconstitucionalidad. [.] En la inteligencia que la devolución correrá a cargo del Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. [.] Devolución de numerario que el Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, deberá hacer de manera personal y directa a la parte quejosa por conducto de su apoderado, o en su caso, a la persona que, previa petición realizada y autorizada por este Juzgado Federal, se faculte para ello; por lo que, tendrán que acreditar fehacientemente tal circunstancia ante esta instancia constitucional al momento de la ejecución de esta sentencia; esto último, a fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos, conforme lo preceptúa la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el entendido que la devolución correspondiente, deberá realizarse sin mayor dilación ni trámite alguno que lo ordenado por este órgano jurisdiccional en el presente fallo, bastando la simple identificación de la quejosa con cualquier documento oficial, previa toma de datos que de la misma identificación realice la autoridad responsable en comento; lo anterior, a fin de cumplir con el principio de expedites y tomando en consideración que este Juzgado es el rector del Juicio de Amparo, por lo que las autoridades responsables, deben acatar cabalmente las determinaciones que se emitan de manera inmediata, para salvaguardar con ello, el derecho humano a la impartición de justicia establecido en el numeral 17 Constitucional." En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia de que se trata y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, después de diversos requerimientos realizados, la autoridad responsable, el Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, mediante oficio de seis de junio de dos mil veintidós, identificado con el folio ******, realizó la actualización de pagos relativos a los recibos con número de folio ************, de nueve de junio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $988,519.64 (novecientos ochenta y ocho mil quinientos diecinueve pesos con sesenta y cuatro centavos, moneda nacional), y el diverso con número de folio ****** de misma fecha, por la cantidad de $177,716.46 (ciento setenta y siete mil setecientos dieciséis pesos con cuarenta y seis centavos, moneda nacional), que dan un total de $1,166,236.12 (un millón ciento sesenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos 12/100). Asimismo, la autoridad responsable realizó un plan a fin de pagar la cantidad a devolver, debidamente actualizada, de $ 1,652,537.57 (un millón seiscientos cincuenta y dos dos mil quinientos treinta y siete pesos). Por otro lado, la autoridad municipal responsable, informó que tomó nota de la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, e informó que no se le aplicaría en lo presente y en lo futuro, a la moral quejosa, los artículos 143 a 145, 149 y 150, todos de la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Estado de Morelos. Ahora bien, mediante oficio de veintiocho de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del título de crédito 000037, expedido a favor de la moral quejosa, que ampara la cantidad de $400, 000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100M.N), recibido por la parte quejosa. Por otra parte, mediante oficio de dos de agosto de dos mil veintidós, el Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos remitió el oficio identificado con el folio ******, mediante el cual se le hizo la entrega de los títulos de crédito a **********9, a "******************; ambos por las cantidades de $400, 000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100M.N), cada uno que en total dieron una suma de 800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N). También, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió el diverso memorial identificado con el folio ***************, relativo a la entrega del cheque ******************, mediante el cual se le devolvió a la moral quejosa la cantidad de $ 452, 537.57 (cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y siete pesos 57/100 M.N). Atento al desglose de las pagos efectuados en diversas fechas se tuvo por cubierta la cantidad de $1,652,537.57 (un millón seiscientos cincuenta y dos dos mil quinientos treinta y siete pesos), cifra debidamente actualizada por concepto de recibos de pago con número de folio *******************************. Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que la autoridad responsable, no le aplicara a la parte quejosa, en lo presente y futuro los artículos 143 a 145, 149 y 150, todos de la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo del Estado de Morelos, asimismo se le devolvieran los pagos realizados por la quejosa de los recibos de folio ********* y *******, así como su debida actualización; atento al estudio íntegro efectuado a las constancias que obran en autos, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, toda vez que, se advierte que la autoridad responsable realiza la devolución correspondiente actualizadas; y tomó nota de la concesión del amparo, y como consecuencia, la no aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales en el presente asunto, a la parte quejosa; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. En las narradas condiciones, este juzgado de distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que en el caso se advierta por parte de este órgano jurisdiccional exceso o defecto en dicho cumplimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 12, en relación con el 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina lo siguiente: 1. El presente expediente principal, se considera DEPURABLE, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo donde se CONCEDIÓ la protección constitucional; al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia; y una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátulas respectiva; debiendo conservar el expediente en que se actúa, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18 ya referido; procediendo a la transferencia respectiva. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, una vez realizada su depuración, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, y acta correspondiente tal y como lo dispone el Capítulo Décimo, artículo 27, 28 y 29 del acuerdo normativo citado, y el manual correspondiente. Por otro lado, se hace constar que en presente asunto no existen documentos originales aportados por las partes; ni tampoco anexo alguno, toda vez que la autoridad responsable no exhibió documentales voluminosas que ameritaran la formación de anexos Asimismo, una vez que se remita el presente expediente al archivo, la Secretaria (o) deberá hacer constar que el expediente físico, coincide con el expediente electrónico en su totalidad. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "SE DECLARA CUMPLIDA Y SE ORDENA ARCHIVO".

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