Rosalba Maribel Guevara Romero
Expediente 194/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Rosalba Maribel Guevara Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la Contralora Interna y Secretario General de Acuerdos, ambos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, informaron el cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de diecisiete de julio del presente año (fojas 229 y 230), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que realizara manifestación en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de las responsables, por lo que con base en ello procede pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 184 a 197), se dictó sentencia definitiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Rosalba Maribel Guevara Romero, para que la Contralora Interna y Secretario General de Acuerdos, ambos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, realicen lo siguiente: "Contralora Interna del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la queja administrativa CI/Q/001/2017; Emita una nueva determinación en la que tome en consideración que la presentación de la queja por parte de la solicitante de tutela constitucional se llevó a cabo a las veintitrés horas con veintitrés minutos del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, y Hecho lo anterior, resuelva respecto de la admisión o desechamiento de la queja de que se trata. Concesión que se hace extensiva al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo toda vez que los efectos del otorgamiento de la protección constitucional, respecto del acto que se le reprochó, se encuentran inmersos dentro de los términos en que la Contralora responsable habrá de dar cumplimiento con la sentencia de amparo." En proveído de doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 211 y 212), se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo a las autoridades responsables. Por oficio de catorce de julio de dos mil diecisiete, las autoridades responsables remitieron copia certificada del acuerdo 006/2017 de once de julio del año actual, dictado dentro de la queja administrativa CI/Q/001/2017 de su índice, así como la notificación personal a la parte quejosa de doce del mismo mes y año. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, como en la sentencia de amparo se precisaron los efectos con los que la autoridad responsable podría restituir a la promovente de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, de la documental aportada por la Contralora responsable se advierte que el once de julio de dos mil diecisiete, dictó un acuerdo 006/2017 en los autos de la queja administrativa CI/Q/001/2017, en el cual tomó en consideración la presentación de la queja por la peticionaria el día veintitrés de enero de año actual, admitiéndose ésta y procediéndose a darle curso a la misma; cuya notificación, tuvo lugar el doce de julio actual. En ese contexto, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo al satisfacer sus efectos y, con ello, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental contemplado en artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Luego, este órgano jurisdiccional estima que las autoridades responsables siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil diecisiete (fojas 186 a 197) en el presente juicio sin que las partes hayan hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA EJECUTORIADA, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ***, para los efectos precisados en el considerando sexto de la citada resolución, esto es, para que la Contralora Interna del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo realice lo siguiente: "Deje insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la queja administrativa ***; Emita una nueva determinación en la que tome en consideración que la presentación de la queja por parte de la solicitante de tutela constitucional se llevó a cabo a las veintitrés horas con veintitrés minutos del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, y Hecho lo anterior, resuelva respecto de la admisión o desechamiento de la queja de que se trata. Concesión que se hace extensiva al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo toda vez que los efectos del otorgamiento de la protección constitucional, respecto del acto que se le reprochó, se encuentran inmersos dentro de los términos en que la Contralora responsable habrá de dar cumplimiento con la sentencia de amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo. En la inteligencia que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si las autoridades responsables demuestran y hacen del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifican la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contrae el citado artículo 192 de la Ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 152 y 153), remite copia certificada del Calendario Anual de Labores que emite el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, relativo al año dos mil diecisiete. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que los actos reclamados en este juicio de derechos fundamentales son los siguientes: ***. Ahora, el artículo 34 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral establece: "ARTÍCULO 34.- El horario de labores entre un proceso electoral y otro se determinará por el Pleno en el Calendario Anual de Labores. En los Procesos Electorales todos los días y horas son hábiles por lo que el personal electoral prestará sus servicios sin sujeción a un horario establecido conforme a las necesidades de servicio que establezca el Tribunal." Esto es, establece que el horario de labores entre un proceso electoral y otro será determinado por el Pleno en el Calendario Anual de Labores y en los Procesos Electorales todos los días y horas son hábiles, por lo que se prestaran los servicios sin sujeción a un horario establecido. Precisado lo anterior, debe decirse que, la quejosa, entre otro, reclama la negativa por parte del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de recibir por conducto de su oficialía de partes el escrito de queja, que se intentó presentar el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, por lo que resulta necesario contar con el Calendario Anual de Labores que emite el Pleno, a efecto de que este órgano de control constitucional tenga conocimiento de los días y horas hábiles para dicho Tribunal Electoral de Quintana Roo. En ese sentido, a fin de poder realizar el estudio correspondiente sobre la constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para que en el término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada, legible, ordenada y completa del Calendario Anual de Labores que emite el Pleno del año dos mil diecisiete. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas del veinte de junio de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio 107/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual en ejercicio de la intervención que legalmente le corresponde, de acuerdo a lo previsto por los numerales 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto, sin perjuicio de ser relacionados al celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia. Finalmente, como lo solicita el citado Agente, una vez que se dicte resolución en este asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su normativo 2°, expídase a su costa las copias certificadas que solicita y hágasele debida entrega de las mismas, cuando las labores de este Juzgado Federal así lo permitan, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos.
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