Rosalba Hernández Escamilla

Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
384/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Rosalba Hernández Escamilla
  • ROSALBA HERNÁNDEZ ESCAMILLA y Otros.
  • Humberto Piña Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Notifíquese.

  2. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 29 marzo 2022 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, se cumple con la ejecutoria de amparo, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional consistió en el siguiente: "La resolución de diecinueve de junio de dos mil veinte, dictada en autos de la impugnación 57/2020, en la que se determinó que a la quejosa no le recae la calidad de víctima en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-HGO/0000405/2019 y por ende se desechó la referida impugnación.". Mediante sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal (fojas 137 a 144). En proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por la asesora jurídica federal de la parte quejosa (foja 160). De dicho recurso conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que lo registró bajo el consecutivo R.P. 70/2021 (fojas 179 a 181), y mediante resolución aprobada en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno revocó la sentencia dictada por este juzgado y en su lugar concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión (fojas 184 a 190), para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la audiencia de impugnación 57/2020. 2. Señale día y hora para la Celebración de otra audiencia. 3. Deberá tomar en cuenta que en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-HGO/0000405/2019, desde el diez de febrero de dos mil veinte, compareció la asesora jurídica Miriam Alanís Ramírez, a efecto de aceptar el cargo que ya le fue conferido a favor de ROSALBA HERNÁNDEZ ESCAMILLA. 4. Previo pronunciamiento en relación a la entrega de la copia de los registros conducentes de la carpeta de investigación a la parte quejosa, a fin de que la misma conozca las constancias que sustenten la determinación materia de la impugnación, en su oportunidad decida si de manera fundada y motivada, el Fiscal Federal negó la calidad de víctima en el acuerdo impugnado de cinco de marzo de dos mil veinte (dictado en cumplimiento a la diversa impugnación 8/2020) o en su caso, si conforme a los datos existentes en ese momento, es o no posible reconocerle la calidad DE VÍCTIMA.". Por ello, una vez recibido testimonio de la ejecutoria en cita, se requirió a la responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 191 a 193). La responsable mediante oficios registrados con los folios 16517 y 17730 (fojas 201 y 209), remitió la constancia de la audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, así como el audio y video de la diversa de veinticuatro del mismo mes y año, celebrada en los autos de la impugnación 57/2020, respectivamente, de las que se desprende lo siguiente: En audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en los autos de la impugnación 57/2020, se dejó sin efectos la determinación emitida el diecinueve de junio de dos mil veinte, que constituyó el acto reclamado y por los motivos que expuso, fijó las nueve horas del veinticuatro de ese mismo mes y año, para que tuviera verificativo (según se desprende de la constancia respectiva, foja 202). El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de impugnación en la que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, citó los fundamentos con base en los cuales resultaba competente (00:10:05 del primer archivo de audio y video). Enseguida, cuestionó a la Asesora Jurídica si le había sido entregada copia de la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-HGO/0000405/2019 por parte de la fiscalía, la cual afirmó tal situación (00:10:23 del primer archivo de audio y video), como sigue: Juez: "(.) bien, pregunto entonces a la asesora jurídica ¿Ya le fue corrida con copia de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía? Asesora jurídica: "Sí su señoría.". Asimismo, interrumpió a la Asesora jurídica y precisó que el punto toral que debía ser analizado, al tenor de lo siguiente: "Juez: Perdón que la interrumpa, de lo que se está doliendo es de una serie de actos de investigación que no ha realizado la fiscalía; sin embargo, de acuerdo a lo que se establece en la ejecutoria de amparo, hay un único punto sobre el cual me tengo que pronunciar y es sobre si tiene o no la calidad de víctima Rosalba Hernández Escamilla, que fue entiendo materia de la impugnación y materia del amparo y reitero los efectos, es decir, yo no llevé la audiencia anterior, entonces me tocará resolver con lo que sea aportado en esta audiencia, dice deje insubsistente la audiencia de impugnación, lo cual hice desde la vez pasada; señale día y hora para la celebración de la audiencia, fue desde la vez pasada que le corrieron traslado con la carpeta de investigación; como tercer punto deberá tomar en cuenta que en la carpeta de investigación, esta terminación 405/2019 desde el diez de febrero de dos mil veinte, compareció la asesora jurídica, Myriam Alanis Ramírez, a efecto de aceptar el cargo que ya le fue conferido a favor de Rosalba y luego dice, previo pronunciamiento en relación a la entrega de la copia de los registros conducentes de la carpeta de investigación de la carpeta de investigación a la parte quejosa, a fin de que la misma conozca las constancias que sustenten la determinación materia de la impugnación, en su oportunidad decida si de manera fundada y motivada, el Fiscal Federal negó la calidad de víctima en el acuerdo impugnado de cinco de marzo de dos mil veinte, dictado en cumplimiento a la diversa impugnación 8/2020, o en su caso, si conforme a los datos existentes en ese momento, es o no posible reconocerle la calidad de víctima, es decir, creo que primero nos debemos centrar en ese punto previo a establecer el otro punto que pretende la asesora jurídica, es decir, si hasta este momento se han o no desarrollado otras líneas de investigación o se han recabado otros medios de prueba, bien bajo ese contexto es que nuevamente le cedo el uso de la voz a la asesora jurídica. (00:23:24)". Una vez cerrado el debate ordenó un receso y una vez reanudado, sintetizó los argumentos de las partes, expuso los motivos y fundamentos por los que consideró que a la justiciable no le asiste el carácter de víctima y por ello desechó la impugnación propuesta (a partir del minuto 00:00:10 del segundo archivo de audio y video de la audiencia), que se desarrolló al tenor de lo siguiente: Juez: "(.) declaro cerrado el debate y procedo a emitir la resolución que en derecho corresponda. Bien, bueno desde luego en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, que en este punto me dijo que me tenía que pronunciar primero sobre la calidad o no de víctima de parte ofendida, la cual fue el punto medular en la impugnación materia del juicio de amparo, que se dejó sin efectos en la audiencia anterior y se estableció en la ejecutoria de amparo que debía considerar el contexto en el que se desarrollaron los hechos; y bien, pues bueno que es lo que advierto de esta mecánica, en principio que es lo que establece tanto la asesora jurídica como la parte ofendida, la parte impugnante, establece que debió habérsele reconocido la calidad de víctima toda vez que estos hechos tienen su origen al parecer en una visita que se le realiza a Rosalba Hernández Escamilla, en algún momento refieren que un fiscal detecta unas anomalías, es decir, específicamente se establece que detecta que la licenciada Rosalba quería integrar una constancia a una carpeta de investigación, según entiendo, si voy mal pido que me corrijan y que derivado de esta situación, inicia una carpeta de investigación, derivado de estos hechos que son los que dan origen a toda esta situación es que refiere la asesora jurídica, se ostenta aquí como impugnante, como parte ofendida, que denunció estos hechos, es decir, básicamente de lo que se duele de acuerdo a lo que se ha manifestado aquí en esta audiencia, es de que el fiscal que intervino en esta revisión de carácter en un principio administrativo, entiendo que era del trabajo que venía desempeñando la licenciada Rosalba en un primer momento refiere que de lo que se duele es que, al estar ante la presencia de un delito en flagrancia pues que debió haberla detenido y debió de haberla puesto a disposición del ministerio público correspondiente; sin embargo, que esto no ocurre así, no ocurrió y por lo tanto a juicio de la asesora jurídica en algún momento denuncian estos hechos por que a juicio de la impugnante también se actualizaban dos ilícitos, es decir, por un lado el ejercicio indebido del servicio público, de la función pública y por el otro lado, un delito de abuso de autoridad, en relación con el primero de los ilícitos refiere que pues no le revestía la calidad de ofendida, es decir, el primero de los ilícitos es el ejercicio ilícito del servicio público previsto y sancionado en el artículo 214, fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta, éste del Código Penal Federal y el diverso de abuso de autoridad previsto y sancionado en el numeral 215 fracciones tercera, cuarta y quinta y décimo quinta, también del Código Penal Federal, en relación con el primero de los ilícitos no le asistía el carácter de parte ofendida, pero en relación con el segundo de los ilícitos mencionados pues si le asistía el carácter de parte ofendida, de víctima, en virtud de estos hechos y por lo tanto debió habérsele reconocido por parte de la fiscalía esa calidad de víctima, en relación con estos hechos que nos ocupan; refiere también la parte ofendida que bueno pues el acuerdo que nos ocupa en donde no se le tiene por reconocida la calidad de víctima de cinco de marzo de dos mil veinte, no se encontraba fundado y motivado, no le dio mayor razón por la cual no le asistía la calidad de víctima, hace referencia la asesora jurídica al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al artículo 4º de la Ley General de Víctimas, a lo que debe de entenderse por víctima, que no necesariamente debe de acreditarse un daño para poder llegar a establecer la calidad de víctima, de negársele este carácter de víctima pues no podría coadyuvar con la investigación con el ministerio público, incluso en algún punto la asesora jurídica hizo referencia a una serie de actos de investigación que a su parecer la fiscalía ha dejado de realizar; y la fiscalía hace referencia a dos puntos importantes, el primerio refiere que todos estos hechos que nos ocupan el día de hoy, derivan de un procedimiento de naturaleza eminentemente administrativa, es decir, que en un primer momento se le suspendió en el ejercicio de su profesión a la impugnante a Rosalba Hernández Escamilla, por los hechos que ya han sido mencionados, es decir, porque en algún momento en el ejercicio de su función refiere que hubo la integración o la eventual integración de una constancia a un expediente que eso dio incluso motivo para que se iniciara una carpeta de investigación y por la intervención de un Agente del Ministerio Público de la función pública Carlos Hugo Rosaldo Quiroz quien es quien está realizando esta investigación y es al que se le atribuye que no la detuvo en flagrancia en un segundo momento a Rosalba por ésta situación y que debió de haberla detenido, porque pues a juicio de la parte ofendida esta conducta era una conducta irregular y al no actuar éste funcionario en el ejercicio de sus funciones, es decir al no detener a Rosalba, pues refiere la parte ofendida que está incurriendo en éstos dos ilícitos abuso de autoridad y un eventual ejercicio indebido de la función pública y la Fiscalía refiere que corresponde a la fiscalía la clasificación de éstos hechos, es decir, que la parte denunciante le corresponde aportar los hechos y a la Fiscalía pues encuadrarlos en el derecho, en la figura típica que pudiera corresponder, pues si bien pudiera existir una conducta arbitraria, bueno pues era la Fiscalía la que seguiría y perseguiría estos hechos y que en algún momento se estableció que por los hechos de naturaleza administrativa, pues esos se seguirían por el área correspondiente, era completamente independiente al ámbito penal; aquí se agregan algunos argumentos de fondo en donde, que el hecho que no fue detenida en flagrancia no se podía beneficiar la impugnante Rosalba de esa situación para poder establecer que se omitió por parte de este Agente del Ministerio Público una detención en flagrancia, toda vez que se estaba beneficiando de esta conducta del mismo Agente, porque en términos generales el tema radica en que el Agente Policiaco no cumplió con su obligación de detenerla cuando estábamos en presencia de un delito en flagrancia, y finalmente abona nuevamente la Asesora Jurídica que aquí se están denunciando dos ilícitos el del ejercicio indebido de la función pública o el ejercicio ilícito de la función pública y el de abuso de autoridad y que en el algún momento, por el delito de falsedad de documento falso se decretó el no ejercicio de la acción penal. Bien, pues derivado de, "derivado de lo anterior, a juicio de éste juzgador a Rosalba Hernandez Escamilla, no le asiste la calidad de víctima o de parte ofendida, por ningún lado advierto que le revista ésta calidad, sobre todo tomando en consideración que eso se hace depender de una situación muy particular y muy específica, de que un funcionario público no realizó sus funciones y cual eran las funciones a juicio de Rosalba, bueno pues que la tenía que detener a ella porque estaba advirtiendo en ese momento un hecho que la ley señala como delito de falsificación de documentos por el cual se realiza después de la integración de una carpeta de investigación, es decir, aquí para empezar no advierto que alguien se hubiese constituido como denunciante de éstos hechos y desde luego que la lógica me indica que la propia denunciante no le iba a decir detenme, detenme porque estoy cometiendo un delito en éste momento y que de esta situación a la postre pues se haga depender de un carácter de víctima, es decir, cometes el delito de abuso de autoridad por no haberme detenido y aquí hay dos criterios importantes, uno de ellos refiere, es el número de registro 2021080 que lleva por rubro víctima u ofendido en la carpeta de investigación, no tiene ese carácter quien denuncia hechos que considera constitutivos de delitos si no demuestra que como consecuencia de éstos sufrió un daño físico, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, es decir, por el hecho de que no la detuvieran ¿sufrió un menoscabo en su derecho fundamental, sufrió un daño físico, sufrió una perdida financiera?, pues desde luego que no, y en eso atribuye, en eso hace consistir el ejercicio indebido de un derecho que para juicio, para efectos de ésta impugnación también se quiere hacer ver, se quiere hacer parecer, que estos hechos pudieran encuadrar en un abuso de autoridad, y a priori, insisto y de acuerdo a lo considerado en la ejecutoria de amparo, ni aun analizando el contexto integral de los hechos, pues estos hechos pudieran integrar en un abuso de autoridad, el hecho de que no cumpliera en su función, bueno pudieran encuadrar en algún otro delito precisamente en el ejercicio indebido de la función pública, pero desde luego no en un abuso de autoridad, hay otro criterio que tiene como registro 2017919 y lleva por rubro medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el denunciante que no tiene la calidad de víctima u ofendido del delito no puede interponerlo contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de un derecho penal, y trayendo a colación los mismos preceptos que en algún momento citó la asesora jurídica precisamente el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí nos dice quien realmente le resulta el carácter de parte ofendida, de víctima, y refiere para los efectos de éste código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que reciente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva; asimismo, se considera ofendido a la persona físico o moral titular del bien jurídico lesionado o puesta en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito; es decir, aquí el hecho de que el policía no la hubiera detenido, no advierto entonces en donde radica la afectación producida porque no la detuvieron y no la encarcelaron en ese momento, sino al contrario, la dejaron en libertad, es decir, habrá un actuar indebido que va en contra del ejercicio de la función pública cuyo garante es el estado, y no recae esa función sobre los gobernados y el artículo 4° también de la Ley General de Víctimas, refiere que para efectos del artículo cuarto, segundo párrafo de la ley, se consideran como familiares de la víctima directa que tiene una relación inmediata con ella, quienes tengan parentesco por consanguineidad o afinidad en línea recta o ascendiente, quienes tengan parentesco por consanguineidad o afinidad, en la línea transversal hasta el cuarto grado, el conyugue, la concubina o concubinario en su caso quiñes están sujetos al régimen de sociedad de convivencia u otras figuras jurídicas a fines existentes en términos de la legislación aplicable, se entiende como persona superflua que ella que depende económicamente de la víctima en cuyo caso se deberá acreditar ante la Comisión Ejecutiva, para todos los demás supuestos no previstos en las fracciones anteriores el Pleno de la Comisión Ejecutiva determinara si el grado de relación con víctima se considera de relación inmediata. Bien, por lo que podemos advertir, no encuentro algún supuesto en donde se le pueda ubicar a la señora Rosalba, porque si es necesario acreditar una afectación en su esfera jurídica como lo sostiene estos ilícitos, es decir, que como refiere este criterio, si no se demuestra que como consecuencia del delito ha sufrido un daño físico ¿un daño físico por no privarla de la liberad? no lo entiendo así ¿una perdida financiera? tampoco lo entiendo así ¿un menoscabo en sus derechos fundamentales? tampoco lo entiendo sí, y tampoco lo puedo ubicar por los hechos que se me narran en un abuso de autoridad, a priori, y en términos generales, como para decir bueno de manera preventiva podríamos reconocerle el carácter de víctima, no, no porque ni siquiera de manera preventiva, insisto, en el contexto integral no logro advertir que en algún momento y en algún punto de la investigación le pudiera resultar de parte ofendida y este criterio dice en su texto "cuando una persona en su calidad de denunciante en un carpeta de investigación dé noticia de un hecho que considere delictivo", en este caso se dice que los policías no procedieron a detenerla, lo que constituye un hecho delictivo, pero no demuestra que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales como consecuencia de del delito que denuncia, no le recae el carácter de víctima, pues debe acreditar alguno de los supuestos con motivo de la comisión del delito, en términos del artículo 20, Apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no reconoce al denunciante como sujeto del procedimiento penal, pues sólo contempla a la víctima u ofendido, al asesor jurídico, al imputado, al defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, además, el artículo 4º, párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Víctimas, establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia Ley y que son víctimas los grupos comunidades y organizaciones sociales que hubieren sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, como resultado de la comisión de un delito por la violación de derechos; y bien, de este contexto yo lo que advierto que en algún momento pues la impugnante Rosalba fue afectada en algún momento en una situación laboral, por el eventual ilícito al que ya se ha hecho referencia el de la incorporación de un documento a una carpeta de investigación y que por esta situación pues establece que el Agente Ministerial pues debió haberla detenido, ponerla a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente y como no actuó de esta manera, entonces comparece y denuncia estos hechos y la Fiscalía los encuadra en una eventual ilícito por investigar que a juicio de la Fiscalía es un indebido ejercicio de la función pública y que estableció también en esa audiencia que los seguiría investigando, por lo tanto derivado de esta situación, pues desde luego que no encuadraría en un abuso de autoridad por ningún lado, encuadrarían eventualmente la investigación en este cause, de el ejercicio ilícito, ejercicio indebido de la función pública y en ese tenor pues desde luego que no le asiste el carácter de víctima, no le asiste el carácter de parte ofendida y, por ende, lo procedente es desechar la impugnación propuesta, insisto, al no tener la calidad de víctima. (.)". De lo anterior, se desprende que el Juez responsable durante el desahogo de la diligencia, puntualizó los efectos establecidos en el fallo protector, consideró que Miriam Alanís Ramírez, es asesora jurídica de la quejosa, quien previamente obtuvo copia de los registros de la carpeta de investigación y al momento de resolver, relacionó los argumentos sostenidos por el Fiscal, además, expuso los motivos y fundamentos por los que consideró que a la justiciable no le asiste el carácter de víctima, con base en lo cual determinó desechar la impugnación intentada. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, las que, al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de su artículo 196, esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se desprende de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efe.ctos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente. ".

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, se cumple con la ejecutoria de amparo, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional consistió en el siguiente: "La resolución de diecinueve de junio de dos mil veinte, dictada en autos de la impugnación 57/2020, en la que se determinó que a la quejosa no le recae la calidad de víctima en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-HGO/0000405/2019 y por ende se desechó la referida impugnación.". Mediante sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal (fojas 137 a 144). En proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión presentado por la asesora jurídica federal de la parte quejosa (foja 160). De dicho recurso conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que lo registró bajo el consecutivo R.P. 70/2021 (fojas 179 a 181), y mediante resolución aprobada en sesión de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno revocó la sentencia dictada por este juzgado y en su lugar concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión (fojas 184 a 190), para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la audiencia de impugnación 57/2020. 2. Señale día y hora para la Celebración de otra audiencia. 3. Deberá tomar en cuenta que en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-HGO/0000405/2019, desde el diez de febrero de dos mil veinte, compareció la asesora jurídica Miriam Alanís Ramírez, a efecto de aceptar el cargo que ya le fue conferido a favor de ROSALBA HERNÁNDEZ ESCAMILLA. 4. Previo pronunciamiento en relación a la entrega de la copia de los registros conducentes de la carpeta de investigación a la parte quejosa, a fin de que la misma conozca las constancias que sustenten la determinación materia de la impugnación, en su oportunidad decida si de manera fundada y motivada, el Fiscal Federal negó la calidad de víctima en el acuerdo impugnado de cinco de marzo de dos mil veinte (dictado en cumplimiento a la diversa impugnación 8/2020) o en su caso, si conforme a los datos existentes en ese momento, es o no posible reconocerle la calidad DE VÍCTIMA.". Por ello, una vez recibido testimonio de la ejecutoria en cita, se requirió a la responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (fojas 191 a 193). La responsable mediante oficios registrados con los folios 16517 y 17730 (fojas 201 y 209), remitió la constancia de la audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, así como el audio y video de la diversa de veinticuatro del mismo mes y año, celebrada en los autos de la impugnación 57/2020, respectivamente, de las que se desprende lo siguiente: En audiencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en los autos de la impugnación 57/2020, se dejó sin efectos la determinación emitida el diecinueve de junio de dos mil veinte, que constituyó el acto reclamado y por los motivos que expuso, fijó las nueve horas del veinticuatro de ese mismo mes y año, para que tuviera verificativo (según se desprende de la constancia respectiva, foja 202). El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de impugnación en la que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, citó los fundamentos con base en los cuales resultaba competente (00:10:05 del primer archivo de audio y video). Enseguida, cuestionó a la Asesora Jurídica si le había sido entregada copia de la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-HGO/0000405/2019 por parte de la fiscalía, la cual afirmó tal situación (00:10:23 del primer archivo de audio y video), como sigue: Juez: "(.) bien, pregunto entonces a la asesora jurídica ¿Ya le fue corrida con copia de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía? Asesora jurídica: "Sí su señoría.". Asimismo, interrumpió a la Asesora jurídica y precisó que el punto toral que debía ser analizado, al tenor de lo siguiente: "Juez: Perdón que la interrumpa, de lo que se está doliendo es de una serie de actos de investigación que no ha realizado la fiscalía; sin embargo, de acuerdo a lo que se establece en la ejecutoria de amparo, hay un único punto sobre el cual me tengo que pronunciar y es sobre si tiene o no la calidad de víctima Rosalba Hernández Escamilla, que fue entiendo materia de la impugnación y materia del amparo y reitero los efectos, es decir, yo no llevé la audiencia anterior, entonces me tocará resolver con lo que sea aportado en esta audiencia, dice deje insubsistente la audiencia de impugnación, lo cual hice desde la vez pasada; señale día y hora para la celebración de la audiencia, fue desde la vez pasada que le corrieron traslado con la carpeta de investigación; como tercer punto deberá tomar en cuenta que en la carpeta de investigación, esta terminación 405/2019 desde el diez de febrero de dos mil veinte, compareció la asesora jurídica, Myriam Alanis Ramírez, a efecto de aceptar el cargo que ya le fue conferido a favor de Rosalba y luego dice, previo pronunciamiento en relación a la entrega de la copia de los registros conducentes de la carpeta de investigación de la carpeta de investigación a la parte quejosa, a fin de que la misma conozca las constancias que sustenten la determinación materia de la impugnación, en su oportunidad decida si de manera fundada y motivada, el Fiscal Federal negó la calidad de víctima en el acuerdo impugnado de cinco de marzo de dos mil veinte, dictado en cumplimiento a la diversa impugnación 8/2020, o en su caso, si conforme a los datos existentes en ese momento, es o no posible reconocerle la calidad de víctima, es decir, creo que primero nos debemos centrar en ese punto previo a establecer el otro punto que pretende la asesora jurídica, es decir, si hasta este momento se han o no desarrollado otras líneas de investigación o se han recabado otros medios de prueba, bien bajo ese contexto es que nuevamente le cedo el uso de la voz a la asesora jurídica. (00:23:24)". Una vez cerrado el debate ordenó un receso y una vez reanudado, sintetizó los argumentos de las partes, expuso los motivos y fundamentos por los que consideró que a la justiciable no le asiste el carácter de víctima y por ello desechó la impugnación propuesta (a partir del minuto 00:00:10 del segundo archivo de audio y video de la audiencia), que se desarrolló al tenor de lo siguiente: Juez: "(.) declaro cerrado el debate y procedo a emitir la resolución que en derecho corresponda. Bien, bueno desde luego en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, que en este punto me dijo que me tenía que pronunciar primero sobre la calidad o no de víctima de parte ofendida, la cual fue el punto medular en la impugnación materia del juicio de amparo, que se dejó sin efectos en la audiencia anterior y se estableció en la ejecutoria de amparo que debía considerar el contexto en el que se desarrollaron los hechos; y bien, pues bueno que es lo que advierto de esta mecánica, en principio que es lo que establece tanto la asesora jurídica como la parte ofendida, la parte impugnante, establece que debió habérsele reconocido la calidad de víctima toda vez que estos hechos tienen su origen al parecer en una visita que se le realiza a Rosalba Hernández Escamilla, en algún momento refieren que un fiscal detecta unas anomalías, es decir, específicamente se establece que detecta que la licenciada Rosalba quería integrar una constancia a una carpeta de investigación, según entiendo, si voy mal pido que me corrijan y que derivado de esta situación, inicia una carpeta de investigación, derivado de estos hechos que son los que dan origen a toda esta situación es que refiere la asesora jurídica, se ostenta aquí como impugnante, como parte ofendida, que denunció estos hechos, es decir, básicamente de lo que se duele de acuerdo a lo que se ha manifestado aquí en esta audiencia, es de que el fiscal que intervino en esta revisión de carácter en un principio administrativo, entiendo que era del trabajo que venía desempeñando la licenciada Rosalba en un primer momento refiere que de lo que se duele es que, al estar ante la presencia de un delito en flagrancia pues que debió haberla detenido y debió de haberla puesto a disposición del ministerio público correspondiente; sin embargo, que esto no ocurre así, no ocurrió y por lo tanto a juicio de la asesora jurídica en algún momento denuncian estos hechos por que a juicio de la impugnante también se actualizaban dos ilícitos, es decir, por un lado el ejercicio indebido del servicio público, de la función pública y por el otro lado, un delito de abuso de autoridad, en relación con el primero de los ilícitos refiere que pues no le revestía la calidad de ofendida, es decir, el primero de los ilícitos es el ejercicio ilícito del servicio público previsto y sancionado en el artículo 214, fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta, éste del Código Penal Federal y el diverso de abuso de autoridad previsto y sancionado en el numeral 215 fracciones tercera, cuarta y quinta y décimo quinta, también del Código Penal Federal, en relación con el primero de los ilícitos no le asistía el carácter de parte ofendida, pero en relación con el segundo de los ilícitos mencionados pues si le asistía el carácter de parte ofendida, de víctima, en virtud de estos hechos y por lo tanto debió habérsele reconocido por parte de la fiscalía esa calidad de víctima, en relación con estos hechos que nos ocupan; refiere también la parte ofendida que bueno pues el acuerdo que nos ocupa en donde no se le tiene por reconocida la calidad de víctima de cinco de marzo de dos mil veinte, no se encontraba fundado y motivado, no le dio mayor razón por la cual no le asistía la calidad de víctima, hace referencia la asesora jurídica al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al artículo 4º de la Ley General de Víctimas, a lo que debe de entenderse por víctima, que no necesariamente debe de acreditarse un daño para poder llegar a establecer la calidad de víctima, de negársele este carácter de víctima pues no podría coadyuvar con la investigación con el ministerio público, incluso en algún punto la asesora jurídica hizo referencia a una serie de actos de investigación que a su parecer la fiscalía ha dejado de realizar; y la fiscalía hace referencia a dos puntos importantes, el primerio refiere que todos estos hechos que nos ocupan el día de hoy, derivan de un procedimiento de naturaleza eminentemente administrativa, es decir, que en un primer momento se le suspendió en el ejercicio de su profesión a la impugnante a Rosalba Hernández Escamilla, por los hechos que ya han sido mencionados, es decir, porque en algún momento en el ejercicio de su función refiere que hubo la integración o la eventual integración de una constancia a un expediente que eso dio incluso motivo para que se iniciara una carpeta de investigación y por la intervención de un Agente del Ministerio Público de la función pública Carlos Hugo Rosaldo Quiroz quien es quien está realizando esta investigación y es al que se le atribuye que no la detuvo en flagrancia en un segundo momento a Rosalba por ésta situación y que debió de haberla detenido, porque pues a juicio de la parte ofendida esta conducta era una conducta irregular y al no actuar éste funcionario en el ejercicio de sus funciones, es decir al no detener a Rosalba, pues refiere la parte ofendida que está incurriendo en éstos dos ilícitos abuso de autoridad y un eventual ejercicio indebido de la función pública y la Fiscalía refiere que corresponde a la fiscalía la clasificación de éstos hechos, es decir, que la parte denunciante le corresponde aportar los hechos y a la Fiscalía pues encuadrarlos en el derecho, en la figura típica que pudiera corresponder, pues si bien pudiera existir una conducta arbitraria, bueno pues era la Fiscalía la que seguiría y perseguiría estos hechos y que en algún momento se estableció que por los hechos de naturaleza administrativa, pues esos se seguirían por el área correspondiente, era completamente independiente al ámbito penal; aquí se agregan algunos argumentos de fondo en donde, que el hecho que no fue detenida en flagrancia no se podía beneficiar la impugnante Rosalba de esa situación para poder establecer que se omitió por parte de este Agente del Ministerio Público una detención en flagrancia, toda vez que se estaba beneficiando de esta conducta del mismo Agente, porque en términos generales el tema radica en que el Agente Policiaco no cumplió con su obligación de detenerla cuando estábamos en presencia de un delito en flagrancia, y finalmente abona nuevamente la Asesora Jurídica que aquí se están denunciando dos ilícitos el del ejercicio indebido de la función pública o el ejercicio ilícito de la función pública y el de abuso de autoridad y que en el algún momento, por el delito de falsedad de documento falso se decretó el no ejercicio de la acción penal. Bien, pues derivado de, "derivado de lo anterior, a juicio de éste juzgador a Rosalba Hernandez Escamilla, no le asiste la calidad de víctima o de parte ofendida, por ningún lado advierto que le revista ésta calidad, sobre todo tomando en consideración que eso se hace depender de una situación muy particular y muy específica, de que un funcionario público no realizó sus funciones y cual eran las funciones a juicio de Rosalba, bueno pues que la tenía que detener a ella porque estaba advirtiendo en ese momento un hecho que la ley señala como delito de falsificación de documentos por el cual se realiza después de la integración de una carpeta de investigación, es decir, aquí para empezar no advierto que alguien se hubiese constituido como denunciante de éstos hechos y desde luego que la lógica me indica que la propia denunciante no le iba a decir detenme, detenme porque estoy cometiendo un delito en éste momento y que de esta situación a la postre pues se haga depender de un carácter de víctima, es decir, cometes el delito de abuso de autoridad por no haberme detenido y aquí hay dos criterios importantes, uno de ellos refiere, es el número de registro 2021080 que lleva por rubro víctima u ofendido en la carpeta de investigación, no tiene ese carácter quien denuncia hechos que considera constitutivos de delitos si no demuestra que como consecuencia de éstos sufrió un daño físico, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, es decir, por el hecho de que no la detuvieran ¿sufrió un menoscabo en su derecho fundamental, sufrió un daño físico, sufrió una perdida financiera?, pues desde luego que no, y en eso atribuye, en eso hace consistir el ejercicio indebido de un derecho que para juicio, para efectos de ésta impugnación también se quiere hacer ver, se quiere hacer parecer, que estos hechos pudieran encuadrar en un abuso de autoridad, y a priori, insisto y de acuerdo a lo considerado en la ejecutoria de amparo, ni aun analizando el contexto integral de los hechos, pues estos hechos pudieran integrar en un abuso de autoridad, el hecho de que no cumpliera en su función, bueno pudieran encuadrar en algún otro delito precisamente en el ejercicio indebido de la función pública, pero desde luego no en un abuso de autoridad, hay otro criterio que tiene como registro 2017919 y lleva por rubro medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el denunciante que no tiene la calidad de víctima u ofendido del delito no puede interponerlo contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de un derecho penal, y trayendo a colación los mismos preceptos que en algún momento citó la asesora jurídica precisamente el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí nos dice quien realmente le resulta el carácter de parte ofendida, de víctima, y refiere para los efectos de éste código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que reciente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva; asimismo, se considera ofendido a la persona físico o moral titular del bien jurídico lesionado o puesta en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito; es decir, aquí el hecho de que el policía no la hubiera detenido, no advierto entonces en donde radica la afectación producida porque no la detuvieron y no la encarcelaron en ese momento, sino al contrario, la dejaron en libertad, es decir, habrá un actuar indebido que va en contra del ejercicio de la función pública cuyo garante es el estado, y no recae esa función sobre los gobernados y el artículo 4° también de la Ley General de Víctimas, refiere que para efectos del artículo cuarto, segundo párrafo de la ley, se consideran como familiares de la víctima directa que tiene una relación inmediata con ella, quienes tengan parentesco por consanguineidad o afinidad en línea recta o ascendiente, quienes tengan parentesco por consanguineidad o afinidad, en la línea transversal hasta el cuarto grado, el conyugue, la concubina o concubinario en su caso quiñes están sujetos al régimen de sociedad de convivencia u otras figuras jurídicas a fines existentes en términos de la legislación aplicable, se entiende como persona superflua que ella que depende económicamente de la víctima en cuyo caso se deberá acreditar ante la Comisión Ejecutiva, para todos los demás supuestos no previstos en las fracciones anteriores el Pleno de la Comisión Ejecutiva determinara si el grado de relación con víctima se considera de relación inmediata. Bien, por lo que podemos advertir, no encuentro algún supuesto en donde se le pueda ubicar a la señora Rosalba, porque si es necesario acreditar una afectación en su esfera jurídica como lo sostiene estos ilícitos, es decir, que como refiere este criterio, si no se demuestra que como consecuencia del delito ha sufrido un daño físico ¿un daño físico por no privarla de la liberad? no lo entiendo así ¿una perdida financiera? tampoco lo entiendo así ¿un menoscabo en sus derechos fundamentales? tampoco lo entiendo sí, y tampoco lo puedo ubicar por los hechos que se me narran en un abuso de autoridad, a priori, y en términos generales, como para decir bueno de manera preventiva podríamos reconocerle el carácter de víctima, no, no porque ni siquiera de manera preventiva, insisto, en el contexto integral no logro advertir que en algún momento y en algún punto de la investigación le pudiera resultar de parte ofendida y este criterio dice en su texto "cuando una persona en su calidad de denunciante en un carpeta de investigación dé noticia de un hecho que considere delictivo", en este caso se dice que los policías no procedieron a detenerla, lo que constituye un hecho delictivo, pero no demuestra que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales como consecuencia de del delito que denuncia, no le recae el carácter de víctima, pues debe acreditar alguno de los supuestos con motivo de la comisión del delito, en términos del artículo 20, Apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no reconoce al denunciante como sujeto del procedimiento penal, pues sólo contempla a la víctima u ofendido, al asesor jurídico, al imputado, al defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, además, el artículo 4º, párrafos cuarto y quinto de la Ley General de Víctimas, establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia Ley y que son víctimas los grupos comunidades y organizaciones sociales que hubieren sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos, como resultado de la comisión de un delito por la violación de derechos; y bien, de este contexto yo lo que advierto que en algún momento pues la impugnante Rosalba fue afectada en algún momento en una situación laboral, por el eventual ilícito al que ya se ha hecho referencia el de la incorporación de un documento a una carpeta de investigación y que por esta situación pues establece que el Agente Ministerial pues debió haberla detenido, ponerla a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente y como no actuó de esta manera, entonces comparece y denuncia estos hechos y la Fiscalía los encuadra en una eventual ilícito por investigar que a juicio de la Fiscalía es un indebido ejercicio de la función pública y que estableció también en esa audiencia que los seguiría investigando, por lo tanto derivado de esta situación, pues desde luego que no encuadraría en un abuso de autoridad por ningún lado, encuadrarían eventualmente la investigación en este cause, de el ejercicio ilícito, ejercicio indebido de la función pública y en ese tenor pues desde luego que no le asiste el carácter de víctima, no le asiste el carácter de parte ofendida y, por ende, lo procedente es desechar la impugnación propuesta, insisto, al no tener la calidad de víctima. (.)". De lo anterior, se desprende que el Juez responsable durante el desahogo de la diligencia, puntualizó los efectos establecidos en el fallo protector, consideró que Miriam Alanís Ramírez, es asesora jurídica de la quejosa, quien previamente obtuvo copia de los registros de la carpeta de investigación y al momento de resolver, relacionó los argumentos sostenidos por el Fiscal, además, expuso los motivos y fundamentos por los que consideró que a la justiciable no le asiste el carácter de víctima, con base en lo cual determinó desechar la impugnación intentada. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, las que, al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de su artículo 196, esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se desprende de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efe.ctos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierte constancia de notificación alguna de que la parte quejosa haya sido notificada del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se instruye al área de actuaría para que a la brevedad posible realice la diligencia correspondiente. Notifíquese.

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