Rosalba Guadarrama Ochoa

Expediente 897/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Rosalba Guadarrama Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio presentado por la delegada del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa que: En la sesión celebrada el treinta de octubre de dos mil veintitrés, se emitió el dictamen con proyecto de decreto que atiende la petición de la quejosa El Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, se encuentra recabando las firma de los nueve diputados que integran dicha comisión y, una vez recabadas, se remitirá el dictamen con proyecto de decreto a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del referido Congreso. En mérito de lo anterior, se tiene a la citada autoridad informando las gestiones que se encuentra realizando para cumplir con la ejecutoria de amparo. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede debidamente firmado el dictamen con proyecto de decreto, informe: Lo que determinó la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentario del Congreso del Estado de Morelos, respecto al proyecto de decreto emitido por cuanto hace a la aquí quejosa. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que, el plazo concedido a las autoridades responsables, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. No obstante lo manifestado por la autoridad responsable, se le reitera que, el efectos de la ejecutoria de amparo, se precisa que no está obligada a resolver en un determinado sentido o, incluso, a dar trámite total a lo solicitado, sino que solo debe dar contestación al escrito de petición de manera congruente y completa. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que, el plazo concedido a las autoridades responsables, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado electrónicamente, remitido en representación del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual manifiesta que el dictamen con proyecto de decreto que atiende la sentencia de amparo, será puesto a consideración en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a celebrarse el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. En ese sentido, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, posteriores a que se lleve a cabo la sesión que refiere, informe el resultado de la misma. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que, el plazo concedido a las autoridades responsables, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, [1] Congreso del Estado de Morelos, y [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".De manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la quejosa el catorce de octubre de dos mil veinte y se lo notifiquen, ello en el sentido de que resuelvan sobre la solicitud de pensión de la amparista. En el entendido de que lo anterior no las obliga a resolver en determinado sentido, pues cuentan con libertad para ello." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro aspecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se declare que la sentencia ha causado ejecutoria, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, por lo plasmado en líneas que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    Audiencia Constitucional ...En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario con quien legalmente actúa, declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 897/2023, promovido por *********, sin asistencia de las partes. ...En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 897/2023; y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...III. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al [1] Congreso del Estado de Morelos y [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo, pese a que ambas lo negaron. En tanto que del marco legal aplicable se puede advertir la viabilidad de que cuentan con facultades que hacen que exista la obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, ya que conforme al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la última de las mencionadas es la encargada de conocer, estudiar y dictaminar las solicitudes de pensión, mientras que la primera de ellas se encarga de su aprobación y la emisión del decreto de pensión, resultando aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO" así como el diverso criterio 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2022760, de rubro "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD." Además, su certeza se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto omisivo el que se les imputa, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama -realizar acciones para contestar el referido escrito-, ello pues en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente que la parte quejosa demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que las autoridades fueron omisas en dar trámite a la solicitud de la quejosa, es necesario que se encuentre acreditado que dichas autoridades tuvieron conocimiento de la misma, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de rubro "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD." Además de que respecto de ellas, conforme a los dispositivos y criterios previamente aludidos, sí se encuentra acreditado que tales personas morales oficiales tuvieron conocimiento de la petición de la quejosa. En efecto, en este caso se encuentra acreditada tal circunstancia, en virtud de que la amparista remitió el acuse de recibo de su solicitud, el cual cuenta con el sello oficial de recibo del Poder Legislativo del Estado de Morelos, el cual es usado por funcionarios públicos del Congreso del Estado de Morelos, mismo que no fue objetado por las responsables, por lo que adquiere valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203, 205 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, tal como lo establece la tesis 65, con registro 918228, de la ahora extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS NO OBJETADAS, DE ESCRITOS PRESENTADOS A LA AUTORIDAD.- El artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicable en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el valor de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por otro lado, si la parte contra la que se presente un documento no objeta que la suscripción o fecha haya sido puesta por ella, se tendrán por reconocidas, conforme al artículo 205. Y conforme al artículo 203, el documento privado prueba contra su autor. En estas condiciones, si la parte quejosa presenta fotocopia simple de un escrito presentado a la autoridad, y que tiene el sello de recibido por ésta, esa copia prueba razonablemente que la autoridad recibió ese escrito, si ella no objetó en su informe justificado, ni negó haberlo recibido, ni lo hizo en ningún momento del juicio. Las autoridades tienen tanta obligación como cualquier otra de las partes de cuidar el juicio y de analizar las pruebas que se rindan en él. Así pues, si la quejosa, al impugnar una ley, exhibió un documento relacionado con el acatamiento o aplicación de esa ley, que ostenta el sello de recibido, y las autoridades no negaron haberlo recibido, ni que fuese suyo el sello que ahí aparece, el Juez no puede razonablemente desestimar la prueba por tratarse de una copia fotostática. Es cierto que la tesis de jurisprudencia visible con el número 115 en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1985 señala que es acertado el criterio del Juez si considera insuficiente una fotocopia para probar el interés jurídico del quejoso, pero no debe extrapolarse esa tesis hasta el grado de hacerla aplicable a casos en que el documento procede, al menos parcialmente, de la autoridad, sin que ésta lo haya objetado." Documental que se encuentra adminiculada con las manifestaciones que realizaron dichas personas morales oficiales en sus informes justificados, en los que afirmaron que dicha petición fue recibida y que actualmente se encuentran tramitándola, sin que manifestaran cuestión alguna tendiente a desconocer su recepción, pues inclusive la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, señaló en su informe justificado que dicha solicitud fue presentada el catorce de octubre de dos mil veinte ante el [1] Congreso del Estado de Morelos, y que posteriormente le fue turnada para su tramitación, remitiendo copia certificada de la misma, el cual cuenta con sello de recibido del congreso referido con la fecha precitada - catorce de octubre de dos mil veinte-, así como de la comisión en mención de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de lo que se obtiene que la amparista realizó una petición de forma pacífica y respetuosa, sin que hasta este momento procesal se haya demostrado que la misma le fuera contestada y notificada. Documental a la cual se le confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dicha documental fue expedida por una funcionaria pública en ejercicio de sus atribuciones y de la cual se desprende la existencia de la omisión reclamada. En consecuencia, el material probatorio con que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se les atribuye a las responsables, puesto que las mismas no han acreditado haber dado contestación a la solicitud de la quejosa ni mucho menos notificársela, por lo que se continúa con el estudio del asunto. Cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el amparo en revisión 415/2021, ha sido coincidente con lo aquí determinado, en virtud de que determinó sustancialmente que también le es atribuible la omisión de contestar un escrito, a la autoridad a quien se turna el mismo para atenderlo. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se promovió oportunamente, pues al no establecerse un plazo específico en la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre término. V. Procedencia. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el [1] Congreso del Estado de Morelos, sostiene que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico. Resulta infundado tal planteamiento, pues se tiene que la quejosa reclama la omisión de las responsables de resolver respecto de su solicitud de pensión, lo cual le causa un agravio personal y directo, al ser la amparista la peticionaria de tal cuestión, de lo que se colige que cuenta con interés jurídico para promover este juicio de amparo. Por otro lado, la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, sostiene que se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del referido numeral, en relación con el artículo 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de amparo, relativa a que no tiene el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, en virtud de que sostiene que no tiene facultades para dictar, ordenar o ejecutar el decreto de pensión en cuestión, en tanto que tal atribución le corresponde al [1] Congreso del Estado de Morelos. Del mismo modo, resulta infundado tal planteamiento, pues en este caso en particular sí le asiste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que el derecho de petición reconocido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, por lo que cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a tal petición. Además, el presente juicio es procedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), relativo a la procedencia del juicio de amparo contra omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o el trabajo pues, en el caso, se reclama la omisión de contestar un escrito. En apoyo a lo anterior, es ilustrativo el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.)3 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011948, rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Sin que resulte aplicable la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.)4 , del entonces Pleno en Materia del Trabajo de este Circuito, con registro 2014236, rubro y texto siguiente: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Lo anterior, porque a diferencia del supuesto previsto en la jurisprudencia que antecede, en el caso, el acto reclamado no es imputable al ente patronal de la quejosa sino a uno distinto, como lo es el Congreso del Estado de Morelos, encargado de emitir las pensiones mediante decreto, en términos del artículo 56, párrafo primero, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Cabe precisar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito al resolver los recursos de queja 123/2020, así como 183/2020, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 110/2020, en esencia, han sido coincidentes con lo aquí determinado, ya que en ellos establecieron que al tratarse de actos como los aquí reclamados, resultaba procedente el juicio de amparo, al reclamarse una transgresión al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tales asuntos derivaron de amparos sustanciados por este juzgado. Asimismo, la referida comisión también señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos, no obstante, no se actualiza, toda vez que como se precisó en el apartado de la oportunidad de la demanda de esta sentencia, el presente juicio de amparo se promovió oportunamente, pues al ser actos omisivos producen consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, así el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. Lo anterior, sin que se inadviertan sus argumentos respecto a que no han sido omisas en seguir el trámite de tal pensión, debido al estado procesal en que se encuentra tal petición, no obstante, como ya se mencionó en el estudio de la existencia de la omisión reclamada, sí cuentan con facultades a tal respecto conforme al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de allí que tengan intervención en la tramitación de la emisión del decreto de pensión cuya omisión se les reclama, y que por ello les sea atribuible la misma. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación alegado por la quejosa y suficiente para conceder el amparo solicitado. Ello en virtud de que la quejosa sostiene que se transgrede su derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en esos términos y tomando en cuenta que, como ha quedado precisado en el considerando segundo de esta resolución -fijación del acto reclamado- su afectación principal es la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante el Poder Legislativo del Estado de Morelos, el catorce de octubre de dos mil veinte -posteriormente turnado a la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos- mediante el cual solicitó se le conceda una pensión por jubilación, sin que le hayan dado respuesta ni mucho menos notificado. Lo anterior es fundado, porque efectivamente las autoridades responsables no han dado respuesta a la petición de la parte quejosa, ni mucho menos se la han notificado. Se afirma de tal forma, ya que el derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ésta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. En el caso, la quejosa presentó ante el Poder Legislativo, un escrito el catorce de octubre de dos mil veinte, en el que solicitó se le conceda una pensión por jubilación, el cual fue turnado a la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, pues así se aprecia del sello de recibo en la copia certificada que remitió la referida comisión en su informe justificado respecto de dicha solicitud hecha por la quejosa. En esos términos, a pesar de que la [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos señaló que con motivo de dicha petición inició el expediente 1382/21, y que se encuentra en la etapa de investigación correspondiente. Además, ello no desvirtúa la omisión en que han incurrido, pues no anexaron ninguna prueba para acreditar que dieron una contestación completa y congruente a la petición de mérito, no obstante que se realizó por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Se tiene también, que en el caso ha transcurrido el breve término que dispone el artículo 8º constitucional, pues desde la presentación del escrito de mérito a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, aconteció mas de dos años y ocho meses, lapso que transcurrió en exceso para que se diera respuesta a la solicitud de mérito, considerando que los artículos 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 20 de las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, establecen que un término de treinta días para dar tramitación a una solicitud de pensión, aunado a que resulta válido acudir por analogía a disposiciones que establecen plazos para peticiones material y sustancialmente iguales, como lo sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.4o.A.507 A, con registro 176320, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA." Sin que se inadvierta que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos cuenta con una declaración de invalidez derivada de las resoluciones de fechas ocho de noviembre de dos mil diez y tres de mayo de dos mil doce, dictadas en las controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010. No obstante, tales sentencias fueron dictadas con motivo de diversas controversias constitucionales instadas por diversos municipios en el Estado de Morelos, en los que reclamaron distintos decretos pensionarios emitidos por el congreso de esta entidad federativa, y con motivo de ellos, diversos preceptos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los cuales facultaban a dicho órgano legislativo para emitir tales decretos pensionarios tratándose de trabajadores de esos ayuntamientos. En esos términos, es que nuestro máximo tribunal determinó que tal atribución lesionaba la hacienda municipal y su autonomía en la gestión de sus recursos, al permitir al Congreso del Estado de Morelos determinar sobre la procedencia y monto de las pensiones de los trabajadores municipales, por lo que declaró inconstitucionales tales disposiciones al ser contrarias al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De allí es pues que tales determinaciones únicamente tuvieron por efectos invalidar el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, en la parte en que permitía al Congreso del Estado de Morelos dictar decretos pensionarios respecto de trabajadores municipales, e incluso en la parte final de las mismas se señaló que con fundamento en el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez surtía efectos sólo entre las partes -no así para terceros ajenos a los ayuntamientos promoventes-. De lo cual se colige que la norma en mención -artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos- sigue vigente tratándose del término para emitir decretos pensionarios que se emiten respecto de trabajadores burocráticos pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Morelos. De allí que resulte fundado y suficiente el concepto de violación en estudio para conceder la protección constitucional solicitada. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos señalados en el considerando siguiente. VII. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables [1] Congreso del Estado de Morelos, y [2] Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de dicho órgano legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la quejosa el catorce de octubre de dos mil veinte y se lo notifiquen, ello en el sentido de que resuelvan sobre la solicitud de pensión de la amparista. En el entendido de que lo anterior no las obliga a resolver en determinado sentido, pues cuentan con libertad para ello. Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, contra las autoridades y acto precisados en el considerando II, por las razones y para los efectos expuestos en los diversos considerandos penúltimo y último, todos de esta sentencia. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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