ROSALBA FIERROS LUPIAN y Otros.
Expediente 2/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- ROSALBA FIERROS LUPIAN y Otros.
- Rosalba Fierros Lupian
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO EL AUTO DE 14 DE ENERO DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL AVISO DE NOTIFICACION DE 17 DE ENERO DEL 2022, EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ROSALBA FIERROS LUPIAN, EL ACUERDO DE 14 DE ENERO DEL AÑO ACTUAL, QUE EN SINTESIS DICE: Agréguense a los autos las promociones de cuenta y, visto su contenido, téngase a los quejosos dando cumplimiento a lo prevenido en auto de tres de enero de dos mil veintidós (fojas 14 a 18); luego, déjese sin efectos el apercibimiento ahí hecho; asimismo, del estado de autos se advierte que el quejoso Fabián Quiñones Bejarano, en notificación que le fue practicada el tres de enero de año en curso (foja 23), ratificó la demanda de amparo que interpuso en su favor Rosalba Fierros Lupian. II. Decisión sobre la acción de amparo. a) Desechamiento de la demanda por cuanto hace a la quejosa Rosalba Fierros Lupian. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: ... Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo el carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrá tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley." De la lectura de dichos numerales, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando el acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, caso en que se acredita contar con interés jurídico. ..... Es obligación de los promoventes del amparo acreditar plenamente que los actos que reclaman afectan su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto con base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de derechos humanos y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. .... Así, la parte quejosa Rosalba Fierros Lupian es precisa en señalar en la promoción que se atiende, que el acto que reclama como inconstitucional es la orden de traslado en perjuicio de su esposo Fabián Quiñones Bejarano, quien se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad. En tal sentido es evidente que el acto así reclamado no afecta a los intereses jurídicos de la primera de las nombradas, por no causarle un perjuicio a su persona o patrimonio, razón por la que no prueba que el acto reclamado le afecte en forma alguna. En consecuencia, se desecha de plano la presente demanda, respecto de la quejosa Rosalba Fierros Lupian, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, ambos de la Ley de Amparo ... b) Desechamiento de la demanda por cuanto hace al quejoso Fabián Quiñones Bejarano. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La transcrita disposición legal prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; ello, habida cuenta que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa. .... Ahora, en el caso el promovente reclama la orden de traslado de un centro de reinserción social a otro. Luego, el inconforme debió, en primer lugar, agotar el recurso ordinario previsto en la ley aplicable previo a acudir a esta instancia constitucional ordinaria, tal como lo establece el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial. Se concluye lo anterior, pues ante una orden de traslado emitida por autoridad administrativa, el quejoso está obligado a agotar el medio de defensa previsto en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Lo anterior, sin que se en el caso se actualicen las excepciones al principio de definitividad establecidas en la referida fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la especie no se reclaman actos en materia penal (vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad de encausado), o que afecten la vida o libertad fuera de procedimiento, o bien, que sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento pues no se ostentó así; y la procedencia de la controversia judicial no está sujeta a interpretación adicional, dado que el artículo señalado de la Ley Nacional de Ejecución Penal es claro al respecto. ..... Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." De lo que se permite advertir que ahora se cuenta con éste medio ordinario de defensa a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será un juez quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. No pasa por alto que el quejoso manifiesta que la orden de traslado fue emitida por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México; sin embargo, ello en nada cambia el sentido del presente auto, pues de igual manera el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Se concluye lo anterior, pues ante una orden de traslado emitida por autoridad administrativa, la quejosa está obligada a agotar el medio de defensa previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". Cabe recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios (tanto procesadas como sentenciadas). Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa, lo cierto es que ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. De ahí mismo se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, como se dijo, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Además, no se advierte caso de excepción al principio de definitividad, como es que los efectos del acto no se suspenda por el medio de defensa, que la orden carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; esto en razón de que de los artículos 52, 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que formulada la controversia el juez podrá ordenar la suspensión del acto (sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo); además de que la autoridad administrativa puede emitir ordenes de traslado de manera urgente o excepcional, por lo que, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; por lo mismo, al estar regulada dicha orden en el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento. ..... Por lo tanto, al surtirse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Fabián Quiñones Bejarano. Por lo anterior, se deja sin efectos la suspensión de plano concedida a Fabián Quiñones Bejarano por auto de tres de enero del año en curso, para que cesaran de inmediato los actos tendentes a realizar su traslado del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, a otro diverso; por lo que hágase del conocimiento de las autoridades responsables.
- Principal
SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL AVISO DE NOTIFICACION DE DIEZ DE ENERO DEL 2022, EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ROSALBA FIERROS LUPIAN, EL ACUERDO DE DIEZ DE ENERO DEL AÑO ACTUAL, QUE EN SINTESIS DICE: Agréguese a los autos la promoción suscrita por el quejoso Fabián Quiñonez Bejarano y firmada también por Rosalba Fierros Lupian, mediante la cual pretenden dar cumplimiento a la prevención que se les hizo en auto de tres de enero del año en curso; sin embargo, no ha lugar a tener por cumplida la prevención en el acuerdo de marras, por lo siguiente: Si bien en la notificación personal efectuada al quejoso Fabián Quiñones Bejarano que obra a foja 23 se permite advertir que ratifica la demanda promovida en su nombre por Rosalba Fierros Lupian, sin embargo, tal quejoso no cumple con precisar los antecedentes del acto reclamado, por lo que deberá narrar, bajo protesta de decir verdad 1] El número de causa penal que se le tramita para el caso de estar sujeto a proceso por algún delito y en su caso, si a la fecha se le ha dictado sentencia, así como 2] a disposición de que autoridad se encuentra actualmente sujeto a proceso. De igual manera, por cuanto hace a la promovente Rosalba Fierros Lupian, tampoco da cumplimiento a la prevención, por lo que deberá requerírsele para que 1] bajo protesta de decir verdad, narre los antecedentes del acto o actos que reclama; 2] deberá indicar con toda precisión si también reclama la orden de traslado que refiere en el escrito de demanda o un acto diverso, y 3] deberá señalar si el referido acto o actos se los atribuye a las autoridades mencionadas en el escrito de demanda o uno diverso. En ese contexto, advirtiéndose de la certificación de cuenta que la promoción aquí acordada fue presentada el siete de enero del año en curso, es decir, el tercer día de los cinco días concedidos al quejoso Fabián Quiñonez Bejarano para cumplir con lo prevenido, y el segundo de los cinco días que le fueron concedidos a la promovente Rosalba Fierros Lupian para tal efecto, por tanto, hágaseles del conocimiento que cuentan con tres y cuatro días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para dar cumplimiento a la prevención, respectivamente. Se apercibe a los promoventes que, en caso de no dar cumplimiento a lo prevenido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos del auto de tres de enero del año en curso, en el entendido que la manifestación jurada de hechos falsos puede configurar el delito de falsedad establecido en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que se castiga con pena de dos a seis años de prisión. Finalmente, requiéraseles para que exhiban tantas copias del escrito con que dén cumplimiento a lo prevenido como autoridades responsables señalen en forma correcta, así como una más a efecto de correr traslado al fiscal federal adscrito. Finalmente, agréguese a los autos la promoción suscrita por el Director General Jurídico del Sistema Estatal Penitenciario con sede en esta ciudad, rindiendo informe en relación a la suspensión de plano concedida dentro del presente juicio, haciendo saber que esa autoridad no ha girado ninguna instrucción de traslado ni la ha recibido de alguna autoridad jurisdiccional.
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