Rosalba Cristobal Calderon
Expediente 362/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosalba Cristobal Calderon
- Delegado Estatal de Veracruz del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Xalapa, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo... las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza... se tiene como delegados a los profesionistas que señalan las autoridades... como domicilio para oír y recibir notificaciones... requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS... remita copia debidamente certificada de las constancias con las que acredite haber sido notificada a la parte quejosa del oficio 1.4.3.5542/2023, de dos de octubre de dos mil veintitrés, con el cual dio contestación a su solicitud planteada el tres de mayo del presente año y demás que consideren pertinentes; las cuales deberán estar completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial... lo procedente es, diferir en forma anticipada la audiencia de ley fijada para las diez horas con veinte minutos del ocho de noviembre del año en curso; y, en consecuencia, se señalan las once horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo en razón de que no obra el informe justificado de la autoridad responsable foránea, ni el acuse de recibo respectivo; por ello y a efecto de que se encuentre debidamente integrado el expediente, lo procedente es, diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 810-III signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz al que adjunta el juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional y remite el testimonio de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial ********************, de la estadística de dicho órgano colegiado, de la que se desprende que la Superioridad determinó declarar legalmente competente a este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por********************. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo vía interconexión. Admisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión. No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa ni actualizarse los supuestos establecidos en el artículo 127, de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que la quejosa, en el punto tres de los petitorios de su demanda de amparo mencionara lo siguiente: "TERCERO.- Respetuosamente se solicita la expedición de copias certificadas de la resolución interlocutoria y/o auto dictado en el Incidente de Suspensión Provisional y en su caso, del que se dicte en la Suspensión Definitiva." Ello, pues se considera un error mecanográfico, ya que en ninguna otra parte de su escrito, se desprende la voluntad de solicitar la suspensión del acto que combate; por lo que, dicha manifestación es insuficiente para tener por acreditado el requisito de la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda solicitarlo en cualquier momento, antes de que cause ejecutoria la resolución que se dicte en el presente juicio. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. En el informe deberá(n) exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o bien, de no acompañar las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soportan su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará(n) acreedora(s) a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en términos lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad que el informe que se le requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591. En caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, dicho informe deberá remitirse vía interconexión, por mensajería rápida, por correo certificado, o bien, por el medio que la autoridad determine a fin de que este juzgado cuente con las constancias originales o copias certificadas que acrediten la existencia del acto reclamado. En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Notificación por medios electrónicos para autoridades responsables foráneas. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) en relación con el 28, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se autoriza el envío de oficios a la(s) autoridad(es) responsable(s) mediante correos electrónicos oficiales, quien(es) deberá(n) acusar recibo por la misma vía y rendir su(s) informe(s) de ley a través del correo institucional oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento por causa de improcedencia o sobreseimiento. Conforme al artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades responsables como a la parte quejosa para que, de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este juzgado y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. De hacer caso omiso al presente requerimiento, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo procedente respecto a su existencia y, en su caso, emplazamiento, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen; lo anterior, para tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. Intervención al agente del ministerio público federal. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, corriéndole traslado con copia de la demanda. Pruebas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales exhibidas con el escrito de demanda, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. En torno a las manifestaciones que realiza sobre la aplicación del "Manual para Juzgar Casos de Personas Mayores" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ajustes razonables correspondientes, atendiendo a su edad, dígasele que este órgano jurisdiccional, como garante del ejercicio de los derechos humanos de los impetrantes del amparo, analiza cada asunto atendiendo a las circunstancias que acontecen alrededor; por lo que, si se advierte alguna vulneración a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, está obligado a tomar las medidas necesarias para adecuar el entorno a la necesidad de la persona justiciable. No obstante, debe decirse que cuando una persona adulta mayor es parte en un juicio, los ajustes razonables que son permitidos hacer no se traducen en dejar de observar los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, las restricciones que prevé la Norma Fundamental, o los presupuestos procesales. Sirve de apoyo a lo anterior, por encuentran contenidas en la tesis aislada I.3o.C.31 C (11a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Materias(s): Constitucional, Civil, Registro digital: 2026041, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 3771, de rubro y texto: "ADULTOS MAYORES. LA POSIBLE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A QUE ESTÁN EXPUESTOS, NO PERMITE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES EN EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, SO PRETEXTO DE INSTRUMENTAR AJUSTES RAZONABLES PORQUE, DE HACERLO, LESIONARÍAN DESPROPORCIONADAMENTE LOS DERECHOS DE LAS OTRAS PARTES, LO QUE ESTÁ PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: En un procedimiento de liquidación judicial de un banco, se dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Un acreedor, adulto mayor (ochenta años) cuyos ahorros superan el pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, inconforme con la graduación de su crédito y bajo la afirmación de que su edad avanzada obligaba al juzgador a darle una mayor preferencia en el cobro -por encima de los otros ahorradores- interpuso el recurso de revocación regulado en el artículo 268 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero lo hizo fuera del plazo de tres días que dicho precepto establece. Lo inoportuno de la interposición condujo a la juzgadora federal a desechar el recurso y dicha determinación se reclamó en el juicio de amparo directo, argumentando que su edad avanzada lo convertía en una persona en situación de vulnerabilidad y el dato eficiente para determinar la oportunidad en la interposición de aquél era el conocimiento completo del dictado de la sentencia, lo cual ocurrió más de un mes después de que la misma fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, como lo establece el diverso precepto 239 de la Ley de Instituciones de Crédito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la posible situación de vulnerabilidad a que están expuestos los adultos mayores, no permite a los órganos jurisdiccionales soslayar los presupuestos procesales en el procedimiento de liquidación judicial, so pretexto de instrumentar ajustes razonables porque, de hacerlo, lesionarían desproporcionadamente los derechos de las otras partes, lo que está prohibido por el artículo 17 de la Constitución General. Justificación: Lo anterior, porque los ajustes razonables que son permitidos hacer cuando una persona adulta mayor es parte en un juicio, de ninguna manera significan dejar de observar los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, las restricciones que prevé la Norma Fundamental, o los presupuestos procesales ya que, de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de las normas en un mismo procedimiento de liquidación judicial. Por otra parte, la protección activa a través de ajustes razonables es compatible con la afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que para respetar y garantizar los derechos a la igualdad, de acceso a la justicia y al debido proceso de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es necesario que en el proceso se reconozcan y resuelvan los factores de desigualdad real y que se adopten ajustes razonables que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses. No obstante, dichos ajustes, entre los que se encuentran, por ejemplo, y para el caso de personas con discapacidad auditiva, visual (o ambas), la lectura en voz alta de las actuaciones en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la impresión de ciertas actuaciones, destacadamente la sentencia, en sistema Braille, el uso de un lenguaje sencillo mediante formatos accesibles y con los apoyos necesarios (que implica el suministro de información fácil de comprender) u otros, como la aceptación de una persona de apoyo que comunique la voluntad del interesado, o para una persona con problemas severos de movilidad, la posibilidad de llevar una audiencia de manera remota, mediante el uso de las tecnologías de la información, de ninguna manera pueden articularse respecto de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional. En consecuencia, la competencia del Juez, la procedencia de la vía, la cosa juzgada o el establecimiento de un plazo, por ejemplo, no podrían ser "ajustados"; al no estar en el ánimo de dichos ajustes modificar las reglas del proceso, sino únicamente flexibilizar aquellas cuestiones que pueden alterarse, sin lesionar desproporcionadamente los derechos de las otras partes." Bajo ese contexto, en caso de advertir alguna vulneración a los derechos a la igualdad y a la no discriminación de la quejosa, se tomarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos antes mencionados. Notifíquese por lista.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, el cual se registró como 24/2023; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,343 expedientes
- Rosa Maria Santiago Hernandez239/2023
- ROSA NELY NOLASCO CRUZ y Otros.326/2022
- Rosa Neri Betancourt Juárez y Otros.185/2018
- Rosa Neri Betancourt Juárez y Otros.603/2017
- ROSA REYES HERNANDEZ y Otros.306/2020
- Rosalba Cristóbal Calderón524/2016
- Rosalba San Martín Hernández303/2019
- Rosalba San Martín Hernández274/2017
- Rosalba Sanchez Tomas429/2022
- Rosalía Richard Mendez387/2021
- Rosalía Richard Méndez367/2021
- Rosalino Perlestain Reyes y Otros.433/2018