Rosalba Castañeda López

Expediente 408/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
408/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2017

Partes del expediente

  • Rosalba Castañeda López

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, trascurrió del once al diecisiete de mayo del año en curso, con exclusión de los días trece y catorce del mes y año que transcurre, por corresponder a sábado y domingo; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto dictado el tres de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos originales para devolver a la quejosa, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de tres de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda promovida por Rosalba Castañeda López, contra actos de la Comisión de Registro del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas y otras autoridades; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, requiérase a la promovente para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificada con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja los documentos originales que exhibió con el escrito aclaratorio registrado con el folio 5869 (folio 23-24); apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, dichos documentos serán destruidos al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0506/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  2. Principal

    CUENTA. El tres de mayo de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el folio 5869 y siete copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado Rosalba Castañeda López, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de veinticinco de abril del año en curso, manifiesta que comparece en su calidad de representante de la Planilla Sindicalismo Emergente y al efecto adjunta el nombramiento otorgado en su favor por la candidata a Secretaría General de "SPAUAZ", doctora Patricia Aguilar Fuentes. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: De la Comisión del Registro del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas: a) El acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por el que se determinó no dar trámite a la impugnación interpuesta en contra del registro del candidato Pedro Martínez Arteaga, al considerar que no era su competencia, lo que se traduce en la negativa a administrar justicia en forma expedita, pronta, competa e imparcial. Del Colegio Electoral del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y de la Comisión del Registro de dicho Sindicato: b) El Ilegal procedimiento para la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al permitir contender a una persona que no reúne los requisitos para tal efecto, lo que se traduce en la candidatura y procedimiento de elección ilegales. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Del precepto legal transcrito se desprende que para efectos del juicio de amparo, tiene la calidad de autoridad responsable aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, extingue o modifica situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, siempre que las funciones o actuar del particular esté determinado y regulado por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de autoridad y, por ende, reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual y se encuentre regulado en una norma o ley general. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la tesis VI.3o.A.6 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Materia Común, página: 1624, Instancia correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, con número de registro 2009613, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral y obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado." En ese orden de ideas, debe considerarse que los actos realizados por la Comisión de Registro y el Colegio Electoral, ambos del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, aun cuando dichos organismos pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. Así, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que por normas generales deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; es claro que los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales. Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior, lo dispuesto por los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo que establecen que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos. Así, si bien las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Local Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Zacatecas, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo. Así se advierte de la tesis aislada XVI.1o.T.34 L (10a), del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 2524, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." En el caso, como quedó precisado, se reclaman determinaciones de la Comisión de Registro y del Colegio Electoral, del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, emitidas dentro del procedimiento para la elección del Comité Ejecutivo del citado sindicato. De ahí que, atendiendo a lo expuesto, debe considerarse que la Comisión del Registro del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Colegio Electoral del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos del sindicato, en razón de que los actos que realizan no están determinados por una norma general. Tan es así, que las irregularidades que, en su caso, se cometan dentro del procedimiento de designación del Comité Ejecutivo de un sindicato, son impugnables a través de juicio ordinario laboral, es decir, el actuar de los citados organismos sindicales se somete a la revisión de los tribunales laborales. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada IX.1o.1 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 2058, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "SINDICATOS. LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PREVIAMENTE AL REGISTRO O TOMA DE NOTA DE LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA PUEDEN RECLAMARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL, UNA VEZ QUE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, determinó que en atención a las consideraciones esenciales de la resolución recaída a la contradicción de tesis 30/2000-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 86/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 140, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", así como de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011; del derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de directiva, consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de las irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas, o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por la vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. En ese sentido, la autoridad laboral puede analizar las irregularidades cometidas previamente al registro o toma de nota de la elección o cambio de directiva, en vía jurisdiccional, a través del juicio ordinario laboral en el que se ejercite la acción prevista en el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable por analogía. Por ello, para que proceda el referido análisis jurisdiccional, debió haber concluido el proceso de elección o cambio de directiva, es decir, haberse hecho el cotejo y registro correspondientes, y no antes, porque de hacerlo, la autoridad laboral estaría interviniendo injustificadamente en la vida interna del sindicato, en franca contravención a la autonomía y libertad de la asociación de trabajadores para decidir conforme a sus disposiciones estatutarias." Atendiendo a lo anterior, se considera que el presente amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, los actos reclamados no fueron emitido por autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin que pase inadvertido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 829 Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece que por regla general el auto inicial del juicio de amparo no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, al no estar en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. La citada jurisprudencia es del rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Sin embargo, en el caso, se advierta en forma patente y clara la actualización de la causal de improcedencia en estudio, atendiendo a los datos que se desprenden de la demanda de amparo y a los criterios en que se fundó esta determinación, que dan certeza en el sentido que de admitirse y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una consideración diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por Rosalba Castañeda López, en su carácter de representante de la planilla "Sindicalismo Emergente". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy.

  3. Principal

    CUENTA. El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña, da cuenta a la Juez con la demanda de amparo promovida por Rosalba Castañeda López, registrada con el folio 5480, con anexos y cuatro copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve Rosalba Castañeda López, contra actos de la Comisión de Registro del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 408/2017; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente.". En el caso, atendiendo a la naturaleza procesal del juicio de amparo que se constituye como un verdadero procedimiento de orden jurisdiccional autónomo y que, por ende, se rige por los principios de la teoría general del proceso (salvo las excepciones que la propia ley reglamentaria establece), consagra, entre otros, la igualdad y el equilibrio de las partes contendientes; principio regido en el artículo 3º del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia según su numeral 2º, por ende, el presupuesto procesal de la personalidad debe ser estudiado de manera oficiosa por ser de orden público, ya que tiende a perfeccionar la actuación jurisdiccional y su estudio debe ser previo al de la cuestión de fondo propuesta. En efecto, tratándose del amparo, la personalidad no debe estudiarse en cualquier estado del juicio, sino que es indispensable que se provea oficiosamente desde el momento mismo en el que se presenta la demanda, con el propósito de evitar la tramitación de juicios inútiles y, de no encontrarse acreditada, se considera una irregularidad del escrito de demanda que ocasiona que el juzgador de amparo se encuentre obligado a prevenir al peticionario, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Ahora bien, del análisis acucioso de la demanda de amparo, este juzgado federal advierte irregularidad en ésta que provoca prevenir a la promovente, en términos del numeral 114 referido, en relación con el diverso 108, fracción I, de la ley de la materia. Ello porque la promovente Rosalba Castañeda López refiere ser quejosa directa, mientras que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifiesta que es representante de la Planilla Sindicalismo Emergente, y que con esa personalidad presentó el escrito sobre el que ahora reclama la omisión de dar contestación por parte de la responsables. REQUERIMIENTO. En consecuencia, apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad si comparece por derecho propio, o como representante de la Planilla Sindicalismo Emergente y de ser así acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, debiendo exhibir original o copia debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Asimismo, se requiere a la promovente para que exhiba copia del documento con que acredite su personalidad a efecto de correr traslado a cada una de las partes, ya que forma parte de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la peticionaria de garantías, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa se tiene como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Alberto Vélez Rodríguez y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Alcatraces número ciento veinticuatro (124), del Fraccionamiento Felipe Ángeles de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano