Rosalba Cabrera Zamudio

Expediente 1133/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1133/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Rosalba Cabrera Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual solicita la vinculación del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo, al diverso 153/2023-3 de su estadística. Conforme a lo solicitado, habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del citado expediente electrónico. Cúmplase; y, notifíquese personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Así lo proveyó y firma electrónicamente Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, asistido de Aarón Ernesto Marroquín Gasca, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vistas, las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta. Se determina: el auto que desechó la demanda de amparo (veintiséis de enero de dos mil veintitrés) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Notifíquese...".

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. TESTIMONIO. Agréguese el oficio (con anexos) signado por la secretaria adscrita al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Remite testimonio certificado de la resolución dictada en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintitrés en el conflicto competencial 4/2023, de su orden cronológico, así como los autos originales del juicio de amparo 1133/2022-III del índice de este Juzgado. De su contenido, se advierte la Superioridad declaró legalmente competente a este órgano jurisdiccional para conocer y resolver la demanda de amparo indirecto promovida por **********, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. En acatamiento a la ejecutoria de mérito, este órgano jurisdiccional procede al conocimiento del asunto. Acúsese de recibo. Háganse las anotaciones respectivas. Glósese del cuaderno de memoria formado con motivo del conflicto competencial, únicamente aquéllas constancias que sean originales a fin de evitar las que resulten innecesarias y mantener un mejor manejo del expediente en que se actúa. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Inicialmente, para fijar el reclamo constitucional debe tomarse en cuenta la lectura integral de la demanda, de acuerdo con el capítulo de acto reclamado y la narrativa expuesta sobre sus antecedentes. Igualmente, en el caso, lo establecido mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en relación con la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa: Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión, en virtud de que los actos reclamados señalados por la parte quejosa y que atribuye a la autoridad responsable son los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; sin embargo de sus antecedentes, se desprende que la Cámara de Diputados, en ningún momento ha realizado en contra de este los actos que señaló, es decir, no se trata de actos que ni directa ni indirectamente importen i) peligro de privación de la vida, ii) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, iii) deportación, expulsión, proscripción o destierro, iv) extradición, v) desaparición forzada, vi) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y vi) (sic) incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. Cabe agregar a lo anterior el hecho de que los actos inhumanos que refiere la quejosa, de autos no se desprende que se estén ejecutando o se vayan a ejecutar, así como también que los mismos los hace depender de circunstancias que se suscitaron con mucho tiempo atrás de la presentación de la demanda. Así como la determinación adoptada en el testimonio de cuenta (foja 23, párrafo 44): Sin que en el caso sea procedente realizar pronunciamiento alguno en relación con la suspensión de plano de los actos reclamados, pese a que éstos los hizo consistir en ataques contra la vida y la libertad personal, tortura física y psicológica, así como los tratos crueles e inhumanos, y que la cantidad cuya omisión en su entrega se demanda, se exija bajo el concepto de "mínimo vital", pues no existen mayores elementos de prueba de los que se advierta que éstos se están ejecutando o se vayan a ejecutar por parte de la única autoridad señalada como responsable, Cámara de Diputados, o que, en su caso, exista un procedimiento, trámite, expediente, juicio o resolución que justifique el derecho que le asiste para considerar la suma monetaria referida, como base para establecer un "mínimo vital". Cuestiones que de manera conjunta llevan a concluir el acto reclamado consiste en: La omisión entregar, mediante depósito bancario, de manera mensual, ininterrumpida y vitalicia la cantidad de cuarenta mil millones de euros (o equivalente en moneda nacional). Y autorizar el incremento anual del setecientos por ciento sobre ese monto. Lo cual la parte quejosa considera inmerso en la serie de actos efectuados por distintas autoridades (no señaladas como responsables), consistentes en ataques contra la vida, libertad personal, tortura física y psicológico, así como tratos crueles e inhumanos. Igualmente, es dable decir, como se precisó, el reclamo constitucional consiste en la abstención de la autoridad señalada como responsable de otorgar a la peticionaria de amparo un numerario económico que, de acuerdo con su narrativa de hechos, considera tiene derecho. Sin ser ese reclamo concreto (omisión) actos directa o indirectamente de los señalados en el numeral 22 constitucional. Estos últimos (prohibidos) los hace depender de circunstancias previas que narra sobre hechos relacionados con otras autoridades y que le sirven de sustento para hacer la petición de la que ahora se duele como abstención atribuida a la Cámara de Diputados. De mucho tiempo atrás a la presentación de la demanda. También su planteamiento relacionado con los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional es que todo eso sucede porque no recibe el monto solicitado que es en esencia la omisión reclamada. Ahora, la impetrante considera que los hechos sucedidos en su persona motivan, como se dijo, que la Cámara de Diputados establezca a su favor un mínimo vital de ********** ($**********) o su equivalente en pesos mexicanos, mediante depósito bancario, de manera mensual, ininterrumpida y vitalicia. Sobre ese tópico, con independencia del curso de las denuncias tanto en tribunales internos como internacionales, es dable puntualizar que el propósito de que la autoridad responsable asigne una pensión consistente en la cantidad que refiere, en pesos mexicanos asciende a ********** pesos ($**********). Tomando en consideración que el valor de un Euro es de veinte pesos mexicanos con cuarenta y cuatro centavos (20.44). Monto obtenido de la página web oficial del Banco de México (https://www.banxico.org.mx/). Asimismo, dado que solicita la pensión de forma mensual, el monto en pesos mexicanos multiplicado por los doce meses del año, se eleva a ********** pesos ($**********) anuales. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, está calculado en ocho billones doscientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y siete millones ochocientos mil pesos ($8,299,647,800,000). En ese sentido, el monto de pensión por concepto de mínimo vital que refiere la parte quejosa es el necesario, con motivo de los hechos que narra, rebasa el monto previsto para el presupuesto de egresos que tiene previsto el Estado México para el año vigente (2023). Con independencia del monto de las cantidades señaladas en párrafos precedentes, y sin dejar de advertir las circunstancias que la quejosa refiere ha vivido y padecido, lo cierto es que respecto a los actos reclamados no es posible a este juzgado conocer en vía de amparo porque en forma notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 35, fracción VIII, punto 3o, y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El monto por concepto de pensión bajo el rubro de mínimo vital, respecto del cual se reclama abstención de la autoridad responsable para establecerlo en favor de la quejosa derivado de su facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un tema vedado en el juicio de amparo indirecto. El cual procede contra actos que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa. Ya se da manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es ilustrativo el criterio I.8o.A.4 CS (10a.) sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2516, Décima Época, Materias Común y Constitucional, registro digital 2015444, siguiente: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, en la medida en que es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional, porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados, con exclusión de la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el ejercicio de esa facultad exclusiva. En el caso, lo reclamado incide directamente en el presupuesto de egresos, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados (autoridad aquí señalada como responsable), en términos del artículo 74, fracción IV, constitucional. Incluso, se impide (constitucionalmente) que el presupuesto mencionado sea objeto de consulta popular (precepto 35, fracción VIII, punto 3o). Esto es, no constituye un derecho reconocido a la ciudadanía en general. Se trata de una actividad inherente y específica del Estado Mexicano, a través del examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Y, por lo tanto, no analizable a través del juicio de amparo promovido por particulares. En el caso, es un ejercicio autónomo y otorgado únicamente a la Cámara de Diputados por lo que un juzgado de Distrito no podría analizar si aquella pudiera establecer en ejercicio de esa función una pensión como mínimo vital en favor de la parte quejosa. Lo cual, de acuerdo a sus facultades, afectaría el presupuesto de egresos de la federación. Cuestión que, se itera, está acotada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una atribución exclusiva e indelegable. Bajo ese tenor, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese electrónicamente...".

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio (con anexo) recibido en línea (interconexión), por la Secretaría del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual remite el diverso 650/2023 signado por el Actuario Judicial adscrito al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, toda vez que por auto de doce de enero en curso se tuvo por recibido y se acordó lo conducente. Notifíquese.

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