Rosalba Bello Morales

Expediente 34/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
34/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Rosalba Bello Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, con residencia en Tixtla, Guerrero, mediante el cual acusa de recibo del oficio 1656/2018-12 de veintiuno de enero del año en curso, con el que este Juzgado Federal le devolvió los autos originales del juicio número 36/2012, y le informó que el auto de diecisiete del mes próximo pasado, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo intentada había causado estado, ordenándose en el mismo su archivo por tratarse de un asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. En mérito de lo expuesto, y toda vez que es innecesario seguir conservando los autos originales del juicio número 36/2012, que obran por separado en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  3. Principal

    ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio número 103/2018, signado por el Secretario de Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia del juicio de amparo directo civil 864/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovido por ***** por propio derecho, contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Guerrero, con residencia en Tixtla, Guerrero, y otras autoridades, así como los originales de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil número 36/2012, del índice de la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República y el Acuerdo General número 3/2013, publicado por el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente y hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 34/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Al respecto, se advierte que respecto al acto reclamado en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero, del numeral 107 interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La citada hipótesis normativa dispone que en los procedimientos de remate, como sucede en el presente caso, el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución, definida expresamente como aquélla en la que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de bienes rematados; esto es, será hasta el momento en que se emita materialmente alguna de esas determinaciones, en el que puedan hacerse valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama: De la Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Guerrero, con residencia en Tixtla, Guerrero: ***** Como puede apreciarse, el acto que sustancialmente se combate es una actuación que se emitió en la etapa de remate en el juicio ejecutivo mercantil */****, y según la narrativa de hechos formulada por la promovente bajo protesta de decir verdad, la Juez responsable ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble ubicado en ******; empero, lo relevante es que no se advierte que se haya ordenado la entrega del título de propiedad, o bien, que se haya ordenado poner en posesión de un posible adjudicatario el citado bien objeto de subasta; lo que es relevante, pues atento a lo que establece el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, el amparo indirecto sólo es procedente contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, se proveé sobre la entrega de los bienes rematados, y sólo hasta ese momento es factible hacer valer las violaciones cometidas en el citado procedimiento, siempre y cuando hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y es que se insiste, de los antecedentes de los actos reclamados señalados por la parte quejosa, deriva que tales actuaciones no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues no obstante que se ordenó poner a remate en primera almoneda el bien inmueble materia de litigio en el juicio principal, aún no se hace entrega del título de propiedad, ni del inmueble en litigio al posible adjudicatario; lo cual pone de manifiesto que constituyen actuaciones dictadas en el procedimiento de remate, que preceden a la resolución final que eventualmente se debe dictar, una vez agotadas todas las actuaciones necesarias en la etapa de remate, ordenando en definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Precisado lo anterior, como antes se anotó, la resolución que decrete el remate del bien en litigio, o en caso la diversa que apruebe dicha venta judicial, no constituyen la resolución definitiva que el legislador destacó en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En ese contexto, se concluye que el auto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de remate; de ahí que por disposición expresa del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, no procede el juicio de amparo indirecto, ya que de otra manera se obstaculizaría el referido procedimiento que forma parte de la etapa de ejecución, que es precisamente lo que el legislador trató de evitar. Cobra aplicación a lo anterior por las razones que la informan, la tesis 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Finalmente, es importante tener presente que la hipótesis de improcedencia de que se trata, presupone normativamente la existencia de una determinación que ya tiene el carácter de cosa juzgada; esto es, una sentencia que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador procuró evitar su obstaculización, impidiendo que durante los procedimientos de remate, las partes -particularmente aquélla a la que resultó adversa la condena-, abusen del juicio de amparo, y paralicen la ejecución material o jurídica de la sentencia; de ahí que se haya limitado la procedencia a los casos en que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. De tal manera, resulta claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero, del numeral 107, interpretada en sentido contrario; por lo que con fundamento en el diverso precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a *******, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, con las copias certificadas que remite, fórmese el primer tomo de pruebas. Notifíquese personalmente.

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