Rosalba Ávila vez

Expediente 893/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
893/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
28/08/2017

Partes del expediente

  • Rosalba Ávila vez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 18/2017.Téngase por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 18/2017, de la cual se aprecia que el citado tribunal declaró competente a la Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer y resolver de la demanda planteada; acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Actuario del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Visto el contenido del ocurso de cuenta, mediante el cual el Tribunal Colegiado en cita, informa que recibió el juicio de amparo indirecto 62/2017-IV, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para la substanciación del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado en mención y este Órgano Jurisdiccional el cual admitió a trámite, y quedó registrado como C.C.A. 18/2017. De lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar.Se considera actualizada la competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México. Se tiene al órgano jurisdiccional citado informando que insiste en declinar la competencia, por lo que ordenó remitir los autos del expediente número 62/2017, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, con el objeto de que se determine a cuál Juzgado de Distrito le correspondería conocer del presente juicio de amparo. Por otro lado, una vez que se tenga conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que le corresponderá determinar a qué órgano jurisdiccional le compete conocer del presente juicio, se expondrá lo conducente en relación a lo previsto en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el cual remite el expediente, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Director del Hospital Regional "Doctor Darío Fernández Fierro", toda vez que mediante proveído de diez de mayo del presente año, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por razón de la materia. De las constancias de los autos del Juez remitente, se aprecia que en proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, pronunciado en el citado expediente 62/2017-I, el Juez de Distrito oficiante declaró la legal incompetencia por razón de materia para conocer de la demanda garantías, por lo cual ordenó su remisión al Juez de Distrito en Materia de Trabajo, en turno, en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), para su conocimiento, en atención a las siguientes consideraciones: "(.)Ahora bien, el ordenamiento que fija la especialización de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", establece, en lo que aquí interesa resaltar, lo siguiente: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ." "ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: (.) (REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; (.)" De la lectura de las fracciones II y III, del artículo 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán, entre otros actos, de todos aquéllos que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial. En este orden de ideas, para determinar qué actos son esencialmente laborales, se tiene en consideración que esta materia se sustenta en el texto del artículo 123 de la Constitución Federal, que contiene una serie de derechos a favor de la clase trabajadora, de tal forma que toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución y por la ley reglamentaria correspondiente. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número I.14o.T.1 L, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1714, del Tomo: XX, Septiembre de 2004, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, es importante reiterar que cuando se trata de competencia por materia, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual puede ser determinado mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, por lo que debe obviarse el estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes. Así, tal como se precisó, los actos reclamados en este juicio consisten esencialmente en la omisión de proporcionarle la atención médica adecuada y suministrarle el tratamiento especializado en ortopedia, que requiere para continuar con el protocolo de estudio y manejo, para el dolor crónico que padece en la extremidad inferior derecha y la cadera derivado de un accidente de trabajo, respecto del cual está efectuando el trámite relativo. Expuesto ello, se impone destacar que toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. Al respecto, es necesario tener presente el contenido del artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual precisa: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: [.] XXIX. Es de utilidad Pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares; [.] En ese sentido, también resulta importante tener en consideración los artículos 2, fracción I, 3, fracción II, 35 y 36 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 2. La seguridad social de los Trabajadores comprende: I. El régimen obligatorio, y (.)" "Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: I. De salud, que comprende: a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación física y mental; II. De riesgos del trabajo; (.)" "Artículo 35. La atención médica curativa y de maternidad, así como la de rehabilitación tendiente a corregir la invalidez física y mental, comprenderá los siguientes servicios: I. Medicina familiar; II. Medicina de especialidades; III. Gerontológico y geriátrico; IV. Traumatología y urgencias; V. Oncológico; VI. Quirúrgico, y VII. Extensión hospitalaria." "Artículo 36. En caso de enfermedad el Trabajador y el Pensionado tendrán derecho a recibir atención médica de diagnóstico, de tratamiento, odontológica, consulta externa, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El Reglamento de Servicios Médicos determinará qué se entiende por este último concepto. En el caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, y en el de Pensionados, el tratamiento de una misma enfermedad se continuará hasta su curación." De los numerales trascritos, se observa que los trabajadores contemplados en el apartado B del artículo 123 constitucional, tienen derecho, como prestación laboral, a los seguros contemplados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre los cuales figura el de salud y riesgos de trabajo y maternidad. Asimismo, se prevé que la atención médica curativa, comprende, entre otros, los servicios de especialidades y traumatología y urgencias y en caso de enfermedad, el Trabajador y el Pensionado tendrán derecho a recibir atención médica de diagnóstico, de tratamiento, odontológica, consulta externa, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. De esta forma, queda evidenciado que los actos reclamados son de naturaleza laboral, ya que a través de ellos, la parte quejosa pretende proteger una prestación del trabajo, surgida del régimen obligatorio del seguro social, como lo es el seguro de salud y de riesgos del trabajo, tutelado por el artículo 123 constitucional, apartado B." Sin embargo, este Juzgado Federal no acepta la competencia legal propuesta, por lo siguiente: En primer lugar, es conveniente establecer lo que debe entenderse por competencia, para posteriormente precisar sus diversos tipos, atendiendo en lo que se refiere a este último aspecto, a lo previsto en la Ley de Amparo. Así, en esencia, la competencia en materia judicial es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia de que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir. Asimismo debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los cuáles, la legislación correspondiente le otorga facultades para conocer. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción. Estos principios, doctrinalmente aceptados y recogidos en las leyes procesales, son importantes para evidenciar lo fundado de los argumentos expuestos por el quejoso recurrente, así como para justificar el sentido que informará a la presente ejecutoria. Por otra parte debe destacarse, que el Poder Judicial de la Federación tiene encomendada una doble función: la judicial, propiamente dicha, y la de control de la constitucionalidad, competencia esta última que es la que interesa para los efectos de este estudio; en relación con ello, la Ley de Amparo -vigente a partir del tres de abril de dos mil trece-, en su Capítulo V prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Así, para que un tribunal cuente con competencia para conocer un determinado asunto, es menester precisar que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la legislación correspondiente le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás tribunales del mismo grado. De esos factores que delimitan la competencia para efectos del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa cobra especial relevancia el referente a la competencia por materia. En ese tenor, cobra importancia para el asunto que nos concierne, que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia; lo que permite enfocar su atención, a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encauza hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, regula entre otras cuestiones, lo relativo a la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo: Jueces federales penales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Para el presente estudio, se estima oportuno traer a cuenta los siguientes artículos: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Así, la competencia por materia, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias atinentes a una determinada rama del derecho. En esos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el tribunal que dilucide sobre la cuestión de competencia, debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no por la relación substancial entre las partes; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante: (I) el análisis de las prestaciones reclamadas; (II) de los hechos narrados; (III) de las pruebas aportadas; y, (IV) de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda; pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes en el asunto de que se trate, debido a que ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional que deba resolverlo, dado que dilucidar sobre ese aspecto, sería tanto como vincular incluso al órgano jurisdiccional competente a emitir una resolución en un determinado sentido, en cuanto al fondo de la cuestión debatida. Así, como se desprende de la jurisprudencia reproducida, la naturaleza material del acto de autoridad ha sido fundamental para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la precisión de la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 constitucional, en relación a las garantías prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios que constituyen el mecanismo idóneo para hacer efectivo el derecho fundamental de una adecuada defensa, debido a que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita las distintas soluciones en los casos concretos, que se les planteen. En materia de amparo para dilucidar la competencia que llegare a suscitarse entre Juzgados de Distrito, tratándose de órganos de especializados por materia, los únicos elementos que deben tomarse en cuenta para decidirla son: a) la naturaleza del acto y b) su contenido. Así, cuando surge la discusión de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para concluir que se coloca en el primer supuesto, no es suficiente que el acto encuentre apoyo en la Ley Federal del Trabajo, o que se le atribuya a alguna de las autoridades previstas en su artículo 523, o que se sustente en algún otro ordenamiento de índole laboral; lo que no debe perderse de vista es que la Materia Laboral encuentra su origen en el artículo 123 constitucional que en reconocimiento a la supremacía del capital sobre la fuerza de trabajo y con un sentido ampliamente protector de ésta, regula un sistema de derechos mínimos de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, proporcionándoles, herramientas de lucha a través de las cuales estén en condiciones de aumentar esos derechos y disminuir sus obligaciones legales, tales como el derecho a la sindicación, huelga, y la contratación colectiva, y así equilibrar su fuerza social con el poder económico del patrón. Por tanto se colige que toda controversia que derive de una relación de trabajo, así como las relacionadas con la formación, registro, funcionamiento y dirección de los sindicatos, o de éstos con sus agremiados, o incluso todo trámite administrativo encaminado a la preservación de esos derechos mínimos y máximos constitucionales, incluyendo los conflictos que surjan en el ámbito sindical, quedan comprendidos en los objetivos del derecho del trabajo y, en consecuencia, esos temas son competencia de los juzgados y tribunales de amparo en materia de trabajo, pues la litis invariablemente entraña un derecho laboral. Con apoyo en lo señalado, se concluye que para que un acto de autoridad pueda estimarse de contenido materialmente laboral, no basta que sea emitido por una autoridad de la misma materia, ni que su actuación se funde en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, ya que si no guarda relación con un derecho laboral de los antes anotados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, en consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento corresponderá a un juzgado o tribunal en materia administrativa. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa señala como autoridades responsables al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Director del Hospital Regional "Doctor Darío Fernández Fierro" y como actos reclamados los siguientes: a) La omisión de procurar la salud y el bienestar de la suscrita como ser humano porque a pesar de presentar dolor crónico en la extremidad inferior derecha y la cadera derivado de un infortunio o accidente de trabajo que sufrí el diez de septiembre de dos mil trece, y que a pesar de ser beneficiaria de la seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y a pesar de ello no se me ha suministrado el tratamiento médico y especializado en ortopedia que requiero para el mejoramiento de mi estado general de salud y en beneficio de mi calidad de vida, debo recibir atención constante para continuar con el protocolo de estudio y manejo, porque si bien es cierto los padecimiento que me acontecen a la fecha no tienen cura, no se me ha brindado la atención y el tratamiento que por mi condición requiero. b) La omisión de proteger el derecho de la suscrita al "grado máximo de salud que se pueda lograr", actuando con un enfoque basado en los derechos humanos que involucra que todas las políticas, estrategias y programas que se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud, que debido a la condición médica que presento -dolor crónico en la extremidad inferior derecha y la cadera derivado de un accidente de trabajo que sufrí en diez de septiembre de dos mil trece-, y la abstención de proporcionarme o suministrarme la referida atención de forma regular lleva implícita la vulneración al derecho al "grado máximo de salud que se pueda lograr". En el caso concreto, de la lectura integral del proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual la Juez Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio, se desprende que de manera expresa señaló que los actos reclamados constituyen prestaciones de seguridad social previstas en el artículo 123 constitucional y, que por ello, es que debía considerarse que el asunto es de naturaleza eminentemente laboral, por lo que dicho juzgado de Distrito resultaba legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo correspondiente. Este órgano no comparte el criterio de la citada Juzgadora, porque de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa no reclama derechos derivados de prestaciones de seguridad social previstas en el artículo 123 Constitucional, sino la violación a su derecho humano a la protección de la salud consagrado en los artículos 1 y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como transgresión a la Ley General de Salud; aunado a que la naturaleza de las autoridades responsables es administrativa, y el impetrante del amparo no tilda a los actos reclamados de ser contrarios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ni alude a ninguna otra Ley de naturaleza laboral. De lo anterior, se desprende que la Juez Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida, únicamente considerando que los actos reclamados constituyen prestaciones de seguridad social previstas en el artículo 123 constitucional, pero soslayó la naturaleza propia de éstos, la cual advierte este órgano jurisdiccional como la violación al derecho humano a la salud, contenido en los artículos 1° y 4°, Constitucionales y en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud de la cual el Estado Mexicano es parte, que se traducen en la omisión de suministrar a la quejosa el tratamiento médico y especializado en ortopedia que requiere para el mejoramiento de su estado de salud, en beneficio de su calidad de vida, y con ello proteger su derecho a la salud; lo que de suyo implica el despliegue administrativo por parte de una autoridad de la administración pública de salud. Por ende, se considera que los actos reclamados por la impetrante del amparo derivan en actos diversos de naturaleza administrativa en cuya configuración se implican las voluntades del Estado y del particular, cuyos efectos, como se apuntó previamente van encaminados a obtener una actuación de la autoridad administrativa, quien al no efectuarlos, actualiza la infracción de que se duele la promovente del amparo, de manera que esta modalidad de actos representa una expresión de la voluntad de la administración pública mediante resolución o la omisión de emitirla, que se caracteriza porque su validez o extinción se relaciona necesariamente con acontecimientos futuros e inciertos que representan las condiciones a las cuales se subordina tanto el valor como la subsistencia del acto. Así, sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión debatida en la demanda planteada, no debe soslayarse que la naturaleza de los actos reclamados encuentra su origen en la materia del derecho administrativo y, ante ello, todas las cuestiones accesorias que se pudieran presentar derivadas de la misma, constituyen actos que están revestidos de esa naturaleza, no obstante que en la demanda de amparo se haga referencia a circunstancias de naturaleza aparentemente laboral que condicionaron la existencia de los mismos, como lo consideró el juzgador declinante, ya que esa razón frente a lo expuesto hasta este punto, no determina la legal competencia en favor de un juzgador de amparo en materia de Trabajo. Por esas razones, se considera actualizada la competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, dado que, interpretando las fracciones en forma sistemática del citado artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se llega a la conclusión de que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza administrativa de dicha actuación, debido a que su regulación se encuentra contenida en lo que al caso corresponde, tanto en el artículo 1° y 4° Constitucionales, como en las disposiciones que otorguen facultades a las autoridades administrativas dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para otorgar a la quejosa el tratamiento médico y especializado en ortopedia que requiere para el mejoramiento de su estado de salud, en beneficio de su calidad de vida, y con ello proteger su derecho a la salud; sin que sea objeto de esta resolución abordar la procedencia de la demanda de amparo, ni mucho menos el fondo de la cuestión que en ella se hace valer. En consecuencia, se estima que se trata de un acto material y formalmente del orden administrativo, de modo que su conocimiento corresponde a un juzgado de distrito en esa materia; de ahí que este órgano federal sea legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de cuenta. Por las consideraciones expuestas devuélvanse los autos al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y requiérasele se sirva acusar recibo de los autos e informar su determinación a este órgano de control constitucional. Cabe hacer mención que idénticas consideraciones sostuvo el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial administrativo 20/2015, de su índice, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en sesión de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en el cual se reclamaron actos similares, y en términos del numeral 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio para este Juzgado Federal. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, resulta innecesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, novena época, tomo III, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en su demanda. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas que indica. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese.

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