Rosalba Angélica Pico Moreno

Expediente 1755/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1755/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Rosalba Angélica Pico Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, en el que por un lado se realizó la separación de actos reclamados, y por otro se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. En tales condiciones, al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo y se hace constar que el presente juicio es susceptible de destrucción al haberse desechado la demanda de amparo; y no se considera de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a los requerimientos formulados mediante proveídos de veinticinco de noviembre del año en curso y dos de los cursantes (fojas a 24 a 27).****************************************Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:****************************************1) Del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, Actuario de su adscripción y Director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, todas con sede en Gómez Palacio, Durango, la falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio sucesorio in-testamentario ********************, a bienes de ********************, promovido por ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Gómez Palacio, Durango; y como consecuencia de lo anterior, la desposesión del bien inmueble, que refiere posee su hermano ********************, con motivo de la orden decretada en el citado juicio sucesorio.****************************************2) Del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Durango, con sede en Gómez Palacio Durango y actuario de su adscripción, el auto de admisión de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, relativo a la acción reivindicatoria promovido por ********************.****************************************En principio, es preciso destacar que la Ley de Amparo no regula expresamente el incidente de separación de autos; sin embargo, deberá de interpretarse a contrario sensu el artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:****************************************"Articulo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.****************************************(.)".****************************************En efecto, la separación de juicios será posible en todos aquellos casos cuando se advierta, ya sea durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, la existencia de los supuestos para esa separación, los que se deducen a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado, como en el caso de actos reclamados en la misma demanda de amparo, derivados de juicios diversos, desvinculados entre sí.****************************************Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 118, Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes:****************************************"SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación.".****************************************Como ya se anticipó, la demanda de amparo que da origen a la presente instancia revela que ********************, reclama a diversas autoridades responsables, los actos precisados con antelación; de lo que se colige la existencia de diversos actos reclamados atribuidos a diversas autoridades responsables, razón por la cual es que dichos actos se encuentran desvinculados entre sí, pues se tratan de actos que no guardan relación alguna; de ahí, que habrá que analizar dichas actuaciones por separado, lo que su estudio pormenorizado de manera independiente. ****************************************En esas circunstancias, no es posible seguir con el trámite del juicio respecto de los actos reclamados de manera conjunta en un solo procedimiento y más aún, no resulta conveniente para la debida resolución del mismo que se fallen en una misma sentencia.****************************************Ilustra lo anterior, por las razones jurídicas que la integran, la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: ****************************************"ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal.".****************************************De igual forma, el criterio I.3o.C.72 K (10a.), relativo a los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2356, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: ****************************************"SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí."****************************************Bajo ese contexto fáctico y legal, es claro que se trata de actos distintos y desvinculados entre sí, atribuidos a diversas autoridades responsables, en tal virtud, al deducirse a contrario sensu lo dispuesto por el ya trascrito artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con base en lo previsto por el artículo 217 de la propia ley de la materia, que prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales federales, como en el caso el criterio invocado en párrafos precedentes de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; lo que procede es la separación de autos. ****************************************Para ello, la substanciación del presente juicio de amparo deberá continuarse ÚNICAMENTE por lo que respecta a los actos reclamados por parte de ********************, precisados en el inciso 2) que precede, concretamente por lo que se refiere a los actos que reclama al Juez de Segundo Instancia del Ramo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Durango, con sede en Gómez Palacio Durango y actuario de su adscripción, acontecidos dentro del juicio ordinario civil ********************, de acción reivindicatoria.****************************************En consecuencia, se ordena la separación de autos por lo que respecta a los actos reclamados que quedaron identificados con antelación bajo el inciso 1).****************************************En tales condiciones, remítase copia certificada de la demanda de amparo y su anexo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, para que se le otorgue el número de registro y se turne al Juzgado de Distrito que corresponda. ****************************************Resulta aplicable al caso que nos ocupa, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que establece:****************************************"SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá."****************************************Asimismo, resulta aplicable por las razones que informa la tesis visible en la página 1387, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:****************************************"SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE ORDENARLA DECRETANDO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI FUE OMISO EL A QUO EN EFECTUARLA. Técnicamente no resulta válido que en un solo juicio de amparo puedan ser analizados y resueltos actos reclamados pertenecientes a dos tipos de juicios autónomos y distintos entre sí, en acatamiento obligatorio a la jurisprudencia por contradicción número 77/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", toda vez que el tribunal superior, que en el recurso de revisión asume la jurisdicción original en el juicio de amparo indirecto, debe ordenar que se subsane la violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, tal y como lo prevé el artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia y ordenar la separación del procedimiento para tal efecto."****************************************Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados precisados en el inciso 2).****************************************Ahora bien, este Juzgado Federal procede a analizar la demanda de amparo para determinar la procedencia de su admisión o no; y,****************************************C O N S I D E R A N D O:****************************************ÚNICO. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: ******************** ******************** "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable la desechará de plano."****************************************De dicho precepto, se sigue que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causal de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia al admitir demandas que a la postre resultan improcedentes.**************************************** En la inteligencia de que por "manifiesta" se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende le permita desechar de plano la demanda; en tanto que por "indudable" se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente.****************************************En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda cuando de su contexto se adviertan los siguientes elementos: ****************************************a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional;****************************************b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y****************************************c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.****************************************Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio.****************************************Al caso, es aplicable la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:****************************************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes".****************************************Igualmente, resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, consultable a foja 1631 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que dice: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."****************************************El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 Constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ****************************************Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario.****************************************Bajo esa tesitura, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento.****************************************En ese orden de ideas, como quedo descrito en párrafos que preceden, con motivo de la separación de actos realizada se desprende que la quejosa ********************, reclama el auto de admisión de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, relativo a la acción reivindicatoria promovido por ********************, el cual refiere tiene como finalidad privarle de la parte alícuota del bien inmueble ubicado en calle ********************.****************************************En ese sentido, el suscrito Juzgador determina que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. ****************************************Dichos numerales disponen: ****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****************************************(.) ****************************************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados, o de esta Ley."****************************************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:****************************************(.)****************************************V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;****************************************(.)"****************************************De la interpretación sistemática de los preceptos es posible advertir que el juicio de amparo indirecto solo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan los derechos sustantivos fundamentales del individuo a través de la afectación de los derechos humanos, no así los procesales, como lo es la resolución que aquí se impugna. ****************************************Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. ****************************************Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal, distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y, aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales.****************************************En el primer caso, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo caso, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o laudo dictado en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo.****************************************Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. ****************************************Robustece lo expuesto la tesis número P.LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Página 9, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto se transcribe:****************************************"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aún obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo."****************************************Sobre esa base, se tiene que el acto reclamado consistente en el auto de admisión de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, relativo a la acción reivindicatoria promovido por ********************, el cual refiere tiene como finalidad privarle de la parte alícuota del bien inmueble ubicado en calle ********************, no puede ser considerado como un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.****************************************Ello es así, porque dicha determinación no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental o sustantivo de la parte quejosa, sino en su caso, la violación de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales o procesales, los que podrán actualizarse hasta el dictado de la sentencia respectiva y en ese momento poder apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó a su esfera jurídica.****************************************En consecuencia, claro es que el acto reclamado no encaja dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, para ser examinado aisladamente en el juicio de amparo biinstancial, toda vez que los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en la sentencia que llegue a dictarse en el juicio ordinario civil, en el cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si la infracción que ahora argumenta le depara o no algún perjuicio, pues pudiese darse el caso de que la autoridad responsable dictara sentencia a su favor, o, en su defecto, podrá hacer valer como agravios los actos procesales que aquí reclama al momento de impugnar dicha resolución en la vía de amparo directo, conforme lo establecido por el artículo 170, de la Ley de Amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, por razón de su contenido jurídico el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:****************************************"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."****************************************Por tanto, con relación al acto a que se alude, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL CUAL SE PROVEYÓ: Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a los requerimientos formulados mediante proveídos de veinticinco de noviembre del año en curso y dos de los cursantes. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados; se ordena la separación de autos. En tales condiciones, remítase copia certificada de la demanda de amparo y su anexo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, para que se le otorgue el número de registro y se turne al Juzgado de Distrito que corresponda. Por tanto, con relación al acto a que se alude, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las trece horas con veinticinco minutos del quince de diciembre de dos mil veintidós, para su verificativo.

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