ROSA YOLANDA ÁVILA PARADA y Otros.

Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 34 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
171/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Rosa Yolanda Ávila Parada
  • ROSA YOLANDA ÁVILA PARADA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    León, Guanajuato, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. I. Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, así como el original del incidente de suspensión, en virtud de que: Se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, se ordena destruir el duplicado del incidente de suspensión; hágase la anotación en carátulas y agréguese a los incidentes copia certificada del presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a las partes. Se previene a las partes para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa ante la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: I. Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, así como el original del incidente de suspensión, en virtud de que:Se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, se ordena destruir el duplicado del incidente de suspensión; hágase la anotación en carátulas y agréguese a los incidentes copia certificada del presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a las partes. Se previene a las partes para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    León, Guanajuato, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. V I S T O el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que el doce de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable, Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, realizara lo siguiente: ".Dejar insubsistente la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca ******************** 2) Emitir una nueva determinación en la que aborde el estudio de fondo de las acciones intentadas y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda, de manera suficientemente fundada y motivada, atendiendo a los aspectos que fueron expuestos en la presente ejecutoria de amparo; y en caso de que no encontrare diversa violación procesal que necesariamente tenga que ser reparada, prevaleciendo en todo momento el interés superior del menor de edad y su derecho a la tutela judicial efectiva, proceda al estudio de fondo del resto de las acciones y excepciones intentadas en el juicio familiar ********************." Posteriormente, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Luego, mediante oficios recibidos el veinticuatro de septiembre y siete de octubre, ambos de dos mil veintiuno, la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual acompañó las constancias respectivas, de lo cual se ordenó dar vista a las partes en proveído de once de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa, tercero interesado, representante especial del quejoso menor de edad y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, el dieciocho, trece y veintiocho de octubre, todos de la presente anualidad, según se desprende de las notificaciones que obran en autos. Las partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que en resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la decisión adoptada el once de febrero de dos mil veintiuno, en el toca ********************, procedió a emitir una nueva resolución en la que subsanó las deficiencias formales de fundamentación y motivación referidas en la sentencia concesoria, para lo cual acotó que el derecho a la mínima intervención de los menores de edad en un proceso, se encuentra tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos numerales 1º, 2º, 3º, 6º, fracción VII, 13, fracciones XIV y XV, 71, 72, 73 y 74 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por el numeral 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales prevén el derecho que tienen los menores de edad a ser escuchados y participar dentro de una contienda judicial, pero con un tratamiento especial por parte de los juzgadores, quienes deben procurar la menor invasión a su integridad psico-emocional, lo que se traduce en que su intervención en el juicio debe ser la mínima posible, para no alterar su mente o exponerlos a algún estado de estrés que no es propio de su edad; lo anterior, a fin de concluir que el estado emocional del menor de edad quejoso con iniciales ********************, la forma como se ha desarrollado con su madre y cómo sería vivir con su padre, ya se encuentran valorados con el caudal probatorio, especialmente con los dictámenes periciales que fueron emitidos en el juicio, existiendo además diversas pruebas documentales y opiniones técnicas que soportan la especial condición del aquí menor quejoso, así como la audiencia de escucha del mismo, en la que asistido por su terapeuta de lenguaje, expuso de manera libre su sentir en cuanto a vivir con su madre y con su padre, de todo lo cual es factible conocer las necesidades familiares, médicas y de atención especial que deben ser satisfechas por el progenitor custodio, así como los deseos del menor, siendo que la pretensión del cambio de guarda y custodia del mismo, requiere de la actualización de modificación de las circunstancias en que se resolvió de manera inicial, así como que ese cambio redunde en el interés superior del referido menor de edad, todo ello a fin de determinar que no era procedente la reposición del procedimiento a efecto de que se valore psicológicamente al menor quejoso; asimismo, determinó que no era procedente el cambio de guarda y custodia del mismo, toda vez que de los medios probatorios que obran en autos no se obtienen elementos que den la convicción de que la quejosa ******************** no viva con el menor ********************, por haberse ido a radicar a otro estado y que por ende lo haya abandonado, ni se demostró que las circunstancias que imperaron cuando se le otorgó la custodia del menor a su madre hayan cambiado; por otra parte, determinó modificar y actualizar el monto de la pensión alimenticia, a fin de condenar al progenitor ******************** al pago de la cantidad de ******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), como pensión alimenticia mensual a favor del menor de edad quejoso, para lo cual tomó en cuenta el dictamen pericial que obra en autos y los datos obtenidos de la página de internet de la Comisión Nacional de Salario Mínimos, en el año dos mil veinte; finalmente, mediante aclaración de sentencia de veintidós de septiembre pasado, determinó exonerar a las partes del pago de costas erogadas por el trámite realizado en esa segunda instancia. Después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a la autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial de demanda, hago constar que la promoción que antecede, con número de registro 13203, se ubica en la hipótesis del inciso c) ********************, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo.- Conste.

Quedan 30 actuaciones en este expediente

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