Rosa Ruiz Luna
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosa Ruiz Luna
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, seis de junio de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos del que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, en relación con el numeral 98, ambos de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.********************En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. ********************Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente.********************Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria.****************************************En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa. *
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta y anexos, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo número **/****, promovido por *************, de cuyo contenido se advierte que dicho juzgado, por los motivos y fundamentos que expuso, declaró que carece de competencia para conocer del juicio de amparo citado por tener este juzgado conocimiento previo del citado asunto. Ahora, este juzgado acepta la competencia propuesta y acúsese recibo. Ahora bien, vista la demanda de cuenta, promovida por ************, contra acto del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y otra autoridad, por considerarlo violatorio del derecho fundamental previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número ***/****. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México, y como acto reclamado el siguiente: ? La omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de trámite que presentó la justiciable el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante las oficinas del Registro Agrario Nacional Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracciones X y XI, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual la demanda se debe desechar de plano, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Del párrafo de la fracción en comento se advierte la causa de improcedencia consistente en la cosa juzgada. En efecto, la fracción XI dispone que el amparo es improcedente cuando en un juicio se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutoria dictada en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura de la cosa juzgada es definida por los artículos 354, 355, 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, dichos preceptos legales disponen: "Artículo 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.". Artículo 355.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I.- Las que no admitan ningún recurso; II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Artículo 357.- En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso." De los preceptos en cita se desprende que sustancialmente la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, excepto en los casos expresamente determinados por la ley; asimismo que la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada cuando ha causado ejecutoria. Las sentencias causan ejecutoria virtud a dos figuras procesales: a) por declaración judicial y b) por ministerio de ley. Causan ejecutoria por declaración judicial las sentencias que admitiendo recurso, no son recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto o haya desistido el recurrente de él, caso en el que se debe hacer pronunciamiento al respecto bien de oficio o a petición de parte. Las sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley cuando no admiten ningún recurso, o bien, admitiéndolo no son recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el recurso interpuesto, o haya desistido el recurrente de él; y aquellas sentencias consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Finalmente, la declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso. En sede de amparo, la cosa juzgada material no es la sentencia misma, sino el juzgamiento y la decisión sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Su razón es imponer la seguridad jurídica, la paz social, el estado de certidumbre, creando o estableciendo situaciones jurídicas, definitivas y concretas; es clausurar, en forma definitiva, toda discusión, o la posibilidad de reabrirla o reiniciarla, mediante un acto irrevocable de autoridad judicial federal que haga indiscutible la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos específicamente reclamados, a través de los límites de: a) identidad subjetiva, de sujetos o partes: mismo agraviado, misma autoridad responsable y, en su caso, mismo tercero perjudicado, y b) identidad objetiva: mismo acto reclamado. Así se puede concluir que la cosa juzgada tiene tres características esenciales, a saber, irrecurribilidad, indiscutibilidad e inmutabilidad. Esto es, en un juicio de amparo en el que se reúnen los requisitos de identidad entre quejoso, autoridad responsable y acto reclamado, las razones que hubieran adquirido firmeza no pueden ser recurridas por otro recurso, son indiscutibles y no pueden cambiar. En este caso se estima que se actualiza la figura de la cosa juzgada puesto que ya se ha decidido en un juicio de amparo anterior promovido por los mismos quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. En este orden de ideas, se clarifica que se está en presencia de la figura procesal de cosa juzgada cuando concurren los supuestos siguientes: ? Se hayan promovido juicios de amparo diversos (dos o más); ? En uno de ellos exista resolución respecto del mismo acto que se reclama en el otro u otros (identidad causa de pedir); y, ? Que tales juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso contra las mismas autoridades responsables (identidad de partes), aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es preservar la cosa juzgada, es decir, evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por la quejosa con objetivo idéntico. En ese contexto del análisis del juicio de amparo número 435/2022, del índice de este Juzgado, que se invoca como hecho notorio, se advierte lo siguiente: Ante este Juzgado Quinto de Distrito, se tramitó el juicio de amparo indirecto ***/****, promovido por *******************, contra del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México, cuyos actos reclamados los hizo consistir en esencia: ? La omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de trámite que presentó la justiciable el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante las oficinas del Registro Agrario Nacional Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán. Dicho proceso constitucional se instó contra las siguientes autoridades responsables: 1.- Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. 2.- Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en Ciudad de México. Seguido el trámite de ese juicio de amparo, mediante sentencia firmada y autorizada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Resolución que causó estado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, es necesario agregar al presente, copias certificadas relativas del diverso juicio de amparo ***/****, del índice de este juzgado, el cual se hace valer como hecho notorio, lo anterior con fundamento en los numerales 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sirve de fundamento, la Jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285 del Tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". Lo hasta aquí relatado revela que la materia de estudio de ese juicio de amparo lo constituye la omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de trámite que presentó la justiciable el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante las oficinas del Registro Agrario Nacional Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán. Ahora, la confrontación respecto a los actos reclamados materia de estudio de la demanda de amparo reseñada (***/****), del índice de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, permite afirmar que, en el caso, se acreditan los supuestos que configuran la cosa juzgada, pues: ? Se promovió juicio de amparo diverso. ? En dicho juicio de amparo el acto reclamado lo es, la omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de trámite que presentó la justiciable el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante las oficinas del Registro Agrario Nacional Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán. ? El juicio de amparo ***/****, y éste (***/****) fueron promovidos por la misma quejosa ******************. En ese tenor, los elementos consistentes en que el amparo haya sido promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se encuentran acreditados, pues como se puede advertir, el juicio de amparo ***/****, del índice de este Juzgado Federal fue promovido por la quejosa **************; mientras que de la demanda que ahora se analiza, se advierte que fue promovida por la citada agraviada, contra el mismo acto que apareció probado por la misma autoridad responsable. Respecto a que sea por el propio acto reclamado, igualmente en ambos juicios se reclamó en lo esencial la omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de trámite que presentó la justiciable el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante las oficinas del Registro Agrario Nacional Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán. Luego, respecto a que el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, también se encuentra satisfecho, pues en el juicio de garantías ***/****, del índice de este propio juzgado federal, se emitió sentencia el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, y la misma causó estado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós; lo que hace evidente que el acto reclamado en la presente contienda constitucional fue motivo de estudio de una ejecutoria emitida dentro de diverso juicio de amparo. Cabe precisar que ambas demandas de amparo fueron presentados en diversas fechas; por tanto, es evidente que en este juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia invocada que menciona que el juicio constitucional es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis número III.2º.P.41 k sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Enero de 2008, página 2791, hasta en tanto que no se opone con disposiciones de la nueva Ley de Amparo, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Como se puede advertir el juicio de amparo que se resuelve guarda identidad con respecto a la quejosa **************, al reclamar a las mismas autoridades responsables la omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de trámite que presentó la justiciable el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante las oficinas del Registro Agrario Nacional Delegación Sinaloa, con residencia en Culiacán, por lo que éste Tribunal se encuentra legalmente impedido para analizar de nueva cuenta dicho acto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, a fin de preservar la figura de la cosa juzgada, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo al estimar actualizada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo además en el ordinal 113 de la referida ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por su espíritu, la jurisprudencia I.6o.T. J/86, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1532 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, registro 170735, con el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". Asimismo, por su contenido esencial y espíritu que la motiva cobra aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, registro 215940, con el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo, y teniendo en consideración que no se proporcionan datos correspondientes para acreditar que ***************************, se encuentra facultado para ejercer la profesión de abogado, tal como lo establece el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
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