Rosa Rodríguez Guadarrama
Expediente 574/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosa Rodríguez Guadarrama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes (quejosa y terceros interesados), no realizaron manifestación referente del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; no obstante ello, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1.- Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de dos de septiembre de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que la responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realizara lo siguiente: Acordará de manera fundada y motivada el escrito firmado por la apoderada legal de la actora en el juicio laboral *********************y presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Consecuentemente en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia derivada del presente juicio y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable remitió lo siguiente: El oficio 9675 de ocho de noviembre de dos mil veintidós (recibido por este juzgado federal el nueve de noviembre del año en curso, foja 58). Oficio a través del cual remitió diversas actuaciones del expediente laboral **************, entre las cuales obra el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 59), en el cual en lo que interesa realizó lo siguiente: Acordó el escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de ese tribunal laboral por la apoderada legal de la parte actora en el juicio laboral *********************. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes (quejosa y tercera interesada), para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a las partes (quejosa y terceros interesados) el once de noviembre de dos mil veintidós, tal y como se advierte de las constancias que obran agregadas al presente juicio de amparo y de la certificación secretarial que antecede. 4. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que dictó el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral *********, en el cual acordó el escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de ese tribunal laboral por la apoderada legal de la actora. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por medio del cual desahoga el requerimiento de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y remite copia con firmas autógrafas del auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, emitido en el juicio laboral 152/2013, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes (quejosa y tercero interesado), por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y a por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de dos de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a: Acordar de manera fundada y motivada el escrito firmado por la apoderada legal de la quejosa en el juicio laboral 152/2013, presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 574/2022 promovido por María Verónica Barrera Gutiérrez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Rosa Rodríguez Guadarrama, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. RESULTANDO: 1. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el dos de junio dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito; la quejosa demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades siguientes: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Y por los siguientes actos: "IV. a) la falta de justicia pronta y expedita a la cual tiene derecho mi mandante de acuerdo al articulo 17 contenido en nuestra Carta Magna; ya que se abstiene de acordar en sus términos el diverso presentado el 18 de abril de 2022." 2. Admisión de la demanda y trámite. El seis de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda (foja 11-13); al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se le dio la intervención que le compete (foja 14); se emplazó al tercero interesado; la autoridad responsable rindió su informe justificado y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; además, el acto reclamado es atribuido a una potestad con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la peticionaria reclamó de la potestad responsable: La omisión de acordar el escrito firmado por su apoderada legal en el juicio laboral 152/2013, presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. TERCERO. Existencia del acto destacado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Señaló que no ha acordado la promoción presentada por la parte quejosa en virtud de sus cargas laborales. De ahí la certeza de acto reclamado que se le atribuyen. CUARTO. Estudio relativo a la procedencia del acto reclamado. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. Al respecto, las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia, y de oficio no se advierte la actualización de alguna; por tanto, lo procedente es entrar al fondo de este asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Para comenzar, se prescindirá de hacer una transcripción de los conceptos de violación; por ello, se deben tener por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, pues además de inexistir disposición legal obligatoria en ese sentido, ello no le causa perjuicio al quejoso ni lo deja en estado de indefensión. Así, se considera esencialmente fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso, el concepto de violación en donde medularmente alega que la responsable vulnera su derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 17 Constitucional señala: "Artículo 17 (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El referido precepto constitucional establece: I) El derecho que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión. II) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. III) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. El precepto en análisis pertenece a la especie de los principios de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página doscientos noventa y nueve, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto se tiene el derecho de seguridad jurídica, dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De ahí que, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios, traducidos en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En ese sentido, el artículo 91 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su redacción aplicable dispone lo siguiente: Ahora, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte un término injustificado para acordar el escrito que presentó la parte quejosa el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. En dicho escrito solicitó: 1) que se hagan efectivos los apercibimientos decretados en auto de catorce de febrero del año en curso; 2) se requiera de nueva cuenta el pago del laudo con los apercibimientos respectivos. Las mencionadas peticiones se instan en etapa de ejecución de laudo, y no son una cuestión compleja, por ende, no se justifica que su estudio lleve más de tres meses. Se sostiene lo anterior, dado que la responsable únicamente debe analizar si existe renuencia por parte de las demandas en cumplir con lo ordenado, y en su caso, determinar si procede hacer efectiva la medida de apremio y volver a requerir el pago respectivo. De ahí que es irrazonable el término que ha trascurrido desde la presentación del escrito respectivo a la presente fecha, lo que genera una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución. Por tanto, es evidente que dicha omisión se refleja en una verdadera afectación a derechos sustantivos que vulnera la garantía de acceso a la impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ilustra lo anterior la mencionada Jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2024318, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, página 1927 de rubro y texto: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." Es relevante la tesis 1.4o.A.5K, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicada en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro y texto siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." Por tanto, el acto reclamado vulnera la garantía de acceso a la impartición de justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, es inconcuso que esa conducta transgrede en perjuicio de la quejosa, el derecho humano de justicia pronta y expedita prevista en el citado ordenamiento, por lo que es procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, obre en el sentido de respetar el derecho humano trasgredido a la quejosa, por lo cual, queda obligado a: Acordar de manera fundada y motivada el escrito firmado por la apoderada legal de la quejosa en el juicio laboral 152/2013, presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. SEPTIMO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a María Verónica Barrera Gutiérrez, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Rosa Rodríguez Guadarrama; en lo concerniente al acto reclamado a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Lo anterior, por lo argumentado en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el diverso considerando SEXTO, de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese la sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, hoy dos de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.
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