Rosa Rivera Mercado
Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa Rivera Mercado
Actuaciones
- Principal
que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido....este expediente es destruible.
- Principal
----el oficio 4040/2010 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, recibido en línea, el cual cuenta con firma electrónica vigente de la remitente por lo que se le otorga pleno valor; mediante el cual informa que ese tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por las quejosas Alberta Aguilar Ascención y Araceli Hernández Aguilar, por conducto de su defensora, contra la sentencia de diecisiete de febrero del año en curso, emitida en el presente asunto, radicándolo con el número 186/2020 de su índice; por lo que, tómese conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, DENTRO DE LOS DOS DIAS POSTERIORES AL CITATORIO, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Rosa Rivera Mercado, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 597/2020. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, los artículos 1° y 5°1 de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad, o leyes, que vulneren los derechos humanos de la 1 Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (...) personas titulares de derechos subjetivos o de un interés legítimo individual o colectivo, es decir, por cualquiera persona sujeto de derecho, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley invocada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, el artículo 1132 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto analizará el escrito de demanda y analizará la procedencia de ésta, puesto que impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, de la interpretación armónica de los preceptos invocados se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una 2 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, conforme al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, correspondiente a los volúmenes: 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como el diverso criterio sostenido también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 123, volúmenes: 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Ahora, es de precisarse que del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la quejosa, consiste en la privación del derecho que le otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz3, relativo a la pensión alimenticia que le fue otorgada por el Gobierno del Estado, toda vez que tuvo conocimiento por personas que trabajan en el Congreso del Estado, que un Diputado de la fracción parlamentaria morenista, propuso la derogación de la citada ley. Congruente con ello, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, 5°, fracción I y 6º, de la citada legislación4. De tales preceptos, se advierte que la solicitante del amparo, debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real y directa con el acto que reclama, para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de nulificar tal acto; en consecuencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por lo que, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la privación del derecho a una pensión que otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz al quejoso, no causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley 3 Ley Número 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los sistemas de seguridad social del estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4 Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) de Amparo, en razón de que la citada legislación a la fecha está vigente, cuya derogación está condicionada a que, efectivamente, exista una propuesta realizada por un Diputado integrante del Congreso del Estado de Veracruz y que la misma, sea aprobada por votación en dicho el Congreso, de ahí que, la privación de la pensión reclamada, no es inminente al no haber certeza de que exista una propuesta para derogar la Ley que la otorga, ni de que ésta haya sido aprobada. En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Ramón Hernández Salinas y Andrés Fuentes Méndez, por así solicitarlo expresamente, máxime que no acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública o en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. ?Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Yesareli Pérez García, que autoriza y da fe.
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