Rosa Reyes Quezada

Expediente 719/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
719/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Rosa Reyes Quezada

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el dieciséis de junio del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio que remite el Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, en atención a su contenido, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho 175/2021 (303/2017-7) del índice de este órgano jurisdiccional, por las razones que en el mismo expone. Dese de baja el despacho de mérito en el libro de gobierno respectivo, háganse las anotaciones correspondientes. En consecuencia y dado que la razón actuarial de seis de julio de dos mil veintiuno signada por la Actuario adscrita al Juzgado en comento asentó la imposibilidad de notificar a la parte quejosa en el domicilio que señalo en su escrito inicial de demanda, en tal virtud, notifíquese a la citada quejosa por medio de lista el proveído de dieciséis de junio actual, asi como el presente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa el presente proveído así como el diverso de dieciséis de junio actual.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda formulada por ***, por propio derecho, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Juzgados Primero y Segundo Civil y Familiar de Tizayuca, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 719/2021-7, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. CONSIDERACIONES PREVIAS. Primeramente, es viable establecer que los actos que se alegan en la demanda de amparo promovida por ***, no se encuentran inmersos en el artículo 15 de la ley de Amparo, lo que significa que los requisitos de la demanda de amparo se regulan en términos del artículo 108 de la ley de Amparo. Para corroborar esta conclusión, conviene traer a colación el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal que sigue: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Ese precepto legal revela que en los casos en que se trate de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para promover directamente el juicio de amparo relativo, cualquier persona puede hacerlo en su favor; esto es, dicho numeral contempla actos de extrema gravedad que tienden a proteger la dignidad de las personas. Con lo anterior queda patente la intención perseguida por el legislador federal al contemplar el supuesto jurídico inmerso en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que no es otra más que la de facilitar el acceso a la vía constitucional cuando la propia parte quejosa enfrenta una imposibilidad real para instar directamente la acción de amparo ante los tribunales federales. Por lo anterior, el multicitado artículo 15 de la Ley de Amparo no opera de forma irrestricta o ilimitada, sino que está condicionado a la actualización de los dos extremos que, lejos de ser excluyentes entre sí, van unidos o entrelazados entre sí, dado que la porción normativa contiene una conjunción (y), sin existir otra de diferente naturaleza o tipo de conjunción, o sea, "o", que es disyuntiva. La naturaleza grave de los actos reclamados, entre los que destacan aquellos que impliquen un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros; y La especial situación en la que está el directo inconforme, que no es otra más que la imposibilidad fáctica para acudir directamente a la vía de amparo. Por lo tanto, en la especie, este juzgador determina que la presente demanda de amparo no se encuentra en los supuestos del multicitado artículo, pues los actos reclamados en el escrito de demanda intentado, se hace consistir en: "(.) desalojo de mi vivienda (.)" Sin que de la lectura integral del libelo constitucional se advierta un diverso acto reclamado, y por tanto los requisitos de la demanda deben de analizarse en términos del artículo 108 del propio cuerpo normativo. Ahora, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de la demanda, puesto que el citado precepto impone a este órgano jurisdiccional, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que el Juzgador encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Analizada la demanda de cuenta, enseguida, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" De la disposición transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por otra parte, los artículos 3° y 6° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevén: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)" Por su parte, los artículos 3 y 6 de la ley de la materia disponen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y en relación con esa disposición el diverso 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; asimismo, el artículo 3 del ordenamiento legal antes citado establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Razón por la cual se emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que en su artículo 2, fracción XVI, establece: Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: (.) XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico (.)". Precisado lo anterior, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin firma electrónica certificada de la quejosa Rosa Reyes Quezada. Por lo que, es inconcuso que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de la promovente, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Esto es así, porque de estimar lo contrario, es decir, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica); lo que traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, lo que faculta a este juzgador, desechar de plano la demanda, dada la ausencia de voluntad de la promovente. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica de la promovente Rosa Reyes Quezada, en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como promovente, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Es aplicable la jurisprudencia P./J.8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, con número de registro digital 2019715 de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Énfasis añadido. Por consiguiente, toda vez que la demanda de amparo indirecto presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la quejosa Rosa Reyes Quezada, sin que se configure el caso de excepción previsto en la parte final del artículo 3 de la Ley de Amparo, por las razones que se explicaron como consideraciones previas; SE DESECHA DE PLANO la aludida demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley. Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que la promovente de la demanda señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, se ordena girar despacho al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, para que se constituya en el domicilio citado antelación a efecto de notificar a ***, el contenido del presente auto, requiriéndole además para que en el término de tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, las ulteriores se le harán por lista que se fije en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, inciso C) del artículo 27 de la Ley de Amparo Vigente. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente

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