Rosa Pinto Calderón

Expediente 1306/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1306/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
18/09/2015

Partes del expediente

  • Rosa Pinto Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiséis de agosto de dos mil quince; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio a ésta y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa Rosa Pinto Calderón ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: La omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el catorce de mayo de dos mil quince en el que solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral D-2343/2009 de la estadística de la junta invocada. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable como complemento de su informe justificado, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, se advierte que el catorce de mayo de dos mil quince se acordó lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado ante esa junta en la misma fecha, en el sentido de dictar auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte demandada del juicio natural e instruir al Actuario de su adscripción para que lleve a cabo dicha diligencia, asociado de la impetrante. Incluso, en dicho acuerdo, tomando en consideración las peticiones de la parte quejosa, se le tuvo señalando nuevo domicilio para recibir notificaciones, nombrando autorizados, revocando autorizaciones y se ordenó expedir las copias que solicitó. En ese sentido, esta autoridad advierte que el acto reclamado a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla no existe, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de acordar el escrito de la aquí quejosa presentado el catorce de mayo de dos mil quince dentro del juicio laboral D-2343/2009, no existía en la forma planteada por la solicitante de amparo. Para demostrar la anterior afirmación es necesario traer a contexto lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" La lectura del transcrito precepto permite advertir que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. Así, de las constancias remitidas por la responsable con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se desprende que mediante proveído de catorce de mayo de dos mil quince, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla acordó lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado ante esa junta en la misma fecha, en el sentido de dictar auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte demandada del juicio natural e instruir al Actuario de su adscripción para que lleve a cabo dicha diligencia. Además, como se destacó anteriormente, en dicho proveído se acordaron las restantes peticiones formuladas por la parte quejosa en dicho ocurso. Luego, es inconcuso que cuando se presentó la demanda de amparo, esto es, el diez de julio de dos mil quince [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla que obra a foja tres] la omisión reclamada no existía, en virtud de que, como ya se vio, antes de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el catorce de mayo de dos mil quince, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla acordó el escrito de la aquí quejosa de doce de mayo de dos mil quince presentado ante la responsable el catorce del mismo mes y año dentro del juicio laboral D-2343/2009. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada, procede sobreseer en el juicio, fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cabe aclarar que en este caso, la causal de sobreseimiento [inexistencia de actos], resulta preferente a cualquier causal de improcedencia [artículo 61 de la Ley de Amparo], pues la hipótesis prevista en la fracción IV, del diverso 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que, la inexistencia de los actos no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el sobreseimiento del juicio de garantías, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda de garantías. Sin embargo, una vez que las responsables rindan su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Constitución Federal, a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y en caso de estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que transgrede al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgado federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. De tal manera que si la parte impetrante se duele de la omisión que atribuyó a la responsable y ésta al rendir su informe justificado evidenció ante esta potestad federal que dicha omisión no existió en la forma planteada por la parte quejosa, por tanto, es por demás claro que la parte peticionaria de amparo, aun cuando ofreciera pruebas, no podría desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo [sobreseimiento por inexistencia de actos]. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se dejan sin efecto las once horas del uno de septiembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. No es contrario a la anterior determinación el hecho de que la peticionaria de amparo solicite se ordene a la responsable actúe con celeridad en todo el trámite del juicio natural, pues éste órgano jurisdiccional estima que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión precisada por la peticionaria de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. Se cita en apoyo a lo anterior, por las razones que informa la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , visible en la página 732 Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES..

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio a ésta y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa Rosa Pinto Calderón ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: La omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el catorce de mayo de dos mil quince en el que solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral D-2343/2009 de la estadística de la junta invocada. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable como complemento de su informe justificado, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, se advierte que el catorce de mayo de dos mil quince se acordó lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado ante esa junta en la misma fecha, en el sentido de dictar auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte demandada del juicio natural e instruir al Actuario de su adscripción para que lleve a cabo dicha diligencia, asociado de la impetrante. Incluso, en dicho acuerdo, tomando en consideración las peticiones de la parte quejosa, se le tuvo señalando nuevo domicilio para recibir notificaciones, nombrando autorizados, revocando autorizaciones y se ordenó expedir las copias que solicitó. En ese sentido, esta autoridad advierte que el acto reclamado a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla no existe, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión de acordar el escrito de la aquí quejosa presentado el catorce de mayo de dos mil quince dentro del juicio laboral D-2343/2009, no existía en la forma planteada por la solicitante de amparo. Para demostrar la anterior afirmación es necesario traer a contexto lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" La lectura del transcrito precepto permite advertir que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. Así, de las constancias remitidas por la responsable con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se desprende que mediante proveído de catorce de mayo de dos mil quince, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla acordó lo solicitado por la parte quejosa mediante escrito presentado ante esa junta en la misma fecha, en el sentido de dictar auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte demandada del juicio natural e instruir al Actuario de su adscripción para que lleve a cabo dicha diligencia. Además, como se destacó anteriormente, en dicho proveído se acordaron las restantes peticiones formuladas por la parte quejosa en dicho ocurso. Luego, es inconcuso que cuando se presentó la demanda de amparo, esto es, el diez de julio de dos mil quince [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla que obra a foja tres] la omisión reclamada no existía, en virtud de que, como ya se vio, antes de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el catorce de mayo de dos mil quince, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla acordó el escrito de la aquí quejosa de doce de mayo de dos mil quince presentado ante la responsable el catorce del mismo mes y año dentro del juicio laboral D-2343/2009. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada, procede sobreseer en el juicio, fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cabe aclarar que en este caso, la causal de sobreseimiento [inexistencia de actos], resulta preferente a cualquier causal de improcedencia [artículo 61 de la Ley de Amparo], pues la hipótesis prevista en la fracción IV, del diverso 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que, la inexistencia de los actos no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el sobreseimiento del juicio de garantías, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda de garantías. Sin embargo, una vez que las responsables rindan su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Constitución Federal, a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y en caso de estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que transgrede al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgado federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. De tal manera que si la parte impetrante se duele de la omisión que atribuyó a la responsable y ésta al rendir su informe justificado evidenció ante esta potestad federal que dicha omisión no existió en la forma planteada por la parte quejosa, por tanto, es por demás claro que la parte peticionaria de amparo, aun cuando ofreciera pruebas, no podría desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo [sobreseimiento por inexistencia de actos]. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se dejan sin efecto las once horas del uno de septiembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. No es contrario a la anterior determinación el hecho de que la peticionaria de amparo solicite se ordene a la responsable actúe con celeridad en todo el trámite del juicio natural, pues éste órgano jurisdiccional estima que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión precisada por la peticionaria de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen. Se cita en apoyo a lo anterior, por las razones que informa la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , visible en la página 732 Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES..

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que se refiere el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas del uno de septiembre de dos mil quince para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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