Rosa Perez Rabadan
Expediente 1150/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rosa Perez Rabadan
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Claudia Mazari Torres, Presidente Municipal, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal, y Yesica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual proporciona los nombres y cargos de los integrantes del ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por lo que se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de agosto del año en curso. Al respecto, toda vez que las responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los numerales 192, 193, de la Ley de Amparo, requiérase a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, a saber: Claudia Mazari Torres, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Horacio Jiménez Melgar, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Cristóbal Acevedo Aguirre, Regidor de Asuntos de la Juventud; Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Nicéforo Flores González, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas Colonias y Poblados; Ciencia, Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Maurilio González Almazan, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Eneyda Judith Orbe Abarca, Regidora de Organismos Descentralizados Planificación y Desarrollo; Protección del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Alicia González Pichardo, Regidora Educación, Cultura y Recreación; Relaciones Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Para que por su conducto conmine a la autoridad responsable Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Ayuntamiento Municipal, todos de Puente de Ixtla, Morelos a cumplir con la ejecutoria dictada en los presentes autos, situación que deberá acreditar dentro del término de cinco días contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente acuerdo, así también se requiere para que en dicho término manifieste si ya cuenta con el presupuesto conducente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y no estar evadiendo el cumplimiento de la misma, ya que a dicho ayuntamiento corresponde proveer también cuánto debe cubrir a la quejosa atendiendo a los efectos de la ejecutoria. Además, informe si ha solicitado a la fecha una nueva solicitud para dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que no desconoce sus lineamientos, para así no retrasar la ejecución del presente juicio. Se apercibe a: Claudia Mazari Torres, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Horacio Jiménez Melgar, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Cristóbal Acevedo Aguirre, Regidor de Asuntos de la Juventud; Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Nicéforo Flores González, Regidor de Bienestar Social, Asuntos Indígenas Colonias y Poblados; Ciencia, Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Maurilio González Almazan, Regidor de Asuntos Migratorios, Turismo, Derechos Humanos, Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Eneyda Judith Orbe Abarca, Regidora de Organismos Descentralizados Planificación y Desarrollo; Protección del Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Alicia González Pichardo, Regidora Educación, Cultura y Recreación; Relaciones Comunicación Social, Igualdad y Equidad de Género del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. Para el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá a cada uno, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Para el efecto de que la autoridad responsable la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, deje insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de sustitución patronal, derivado del juicio laboral 01/1478/2009-III, y en su lugar emita otra, en que realice la valoración de todos los elementos probatorios exhibidos y ofrecidos por las partes, así como el contrato de arrendamiento de uno de agosto de dos mil dieciséis, y resuelva lo que en derecho corresponda con libertad de jurisdicción. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir mediante oficio JE3/1664/2022 de diez de agosto de dos mil veintidós, copia certificada de la interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 01/1478/2009, donde dejó insubsistente la interlocutoria de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que en el juicio laboral 01/1478/2009, dictó una nueva interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veintidós en la cual dejó insubsistente la interlocutoria reclamada, procediendo a resolver de nueva cuenta el incidente de sustitución patronal el cual declaró procedente, previa valoración de las pruebas señaladas bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, todo ello con libertad de jurisdicción, con lo cual se desprende que la autoridad siguió los lineamientos de la ejecutoria protectora. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de sustitución patronal, derivado del juicio laboral 01/1478/2009, y en su lugar emita otra, en que realice la valoración de todos los elementos probatorios exhibidos y ofrecidos por las partes, así como el contrato de arrendamiento de uno de agosto de dos mil dieciséis, y resuelva lo que en derecho corresponda con libertad de jurisdicción. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que en el juicio laboral 01/1478/2009, dictó una nueva interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veintidós en la cual dejó insubsistente la interlocutoria reclamada, procediendo a resolver de nueva cuenta el incidente de sustitución patronal el cual declaró procedente, previa valoración de las pruebas señaladas bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, todo ello con libertad de jurisdicción, con lo cual se desprende que la autoridad siguió los lineamientos de la ejecutoria protectora. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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