Rosa Pérez Pérez

Expediente 15/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
15/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/01/2018

Partes del expediente

  • Rosa Pérez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese la comunicación remitida vía fax por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Ordoñez y Córdoba, Chiapas, por medio del cual, comunica que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del asunto. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XXXII/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, mayo de 2001, página 277, del texto siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática, a la cual también ordinariamente se le denomina fax; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Pérez Pérez, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, así como del Juez Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas; consistentes en la orden de detención y/o aprehensión, presentación o arresto y su ejecución. Fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno con el número ********************. Los artículos 1, 37 y 38 de la Ley de Amparo, expresamente disponen: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentrado la demanda. Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. El artículo 1, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades o de particulares en los casos señalados en la propia ley. El artículo 37 transcrito en su primer párrafo, prevé como regla general que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para su conocimiento radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En tanto que el dispositivo 38 establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más cercano dentro del circuito a que pertenezca el Juzgado. La quejosa asigna el carácter de autoridades responsables ordenadoras a los Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, entre otras, lo cual genera que este Juzgado Federal carezca de competencia para conocer de la demanda de amparo, por lo que procede declinar la competencia al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que no fue señalado como autoridad responsable. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia tesis: 1a./J. 88/2006; visible a página 75, tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, febrero de 2007. COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Conviene señalar que el artículo 48 de la Ley de Amparo, dispone: "Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estime carecer de competencia, lo remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Asimismo, el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, señala: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,10 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. ". De las transcripciones anteriores se desprende que en los casos de notoria incompetencia del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, el Juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos mencionados en el artículo 15, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al Juez de Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el Juez de Distrito sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus anexos al Juez de Distrito que corresponda. En el caso particular, el quejoso reclama la orden de detención y/o aprehensión, presentación o arresto y su ejecución, atribuida a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, así como del Juez Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, entre otras; de modo que no se está en los supuestos previstos en el numeral15 de la Ley de Amparo, pues no son actos de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni se advierte que los agraviados se encuentren imposibilitados para promover el amparo, pues lo hacen por propio derecho. En efecto la orden de detención y/o aprehensión, presentación o arresto y su ejecución orden de aprehensión y su ejecución, constituyen actos que se ubican dentro de un procedimiento judicial y, por ende, no se surte alguno de los supuestos contemplados en el precepto 15 de la Ley de Amparo, para proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados; por el contrario, recibidas este tipo de demandas, sin proveer sobre su admisión y sin sustanciar incidente de suspensión, se deben remitir con sus anexos al Juez de Distrito que se considere competente. Máxime que el suscrito tendrá el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, puesto que con independencia de que este Juzgado haya emitido o no la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, tendrá durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues pasa a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez; por ende, no podría otorgar la suspensión sobre sus mismos actos, salvo casos excepcionales (hipótesis limitativas previstas en el dispositivo 15 de la Ley de Amparo), siendo además evidente que estaría en curso un impedimento en términos del artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, por oficio CJF/DGEPJ/OCC/5286/2010, suscrito por el Director General de Estadística y Planeación Judicial, comunicó que las órdenes de detención no ejecutadas, de arresto, de aprehensión y de reaprehensión, dejaron de considerarse como urgentes. Sin resolver sobre su admisión ni respecto a la suspensión del acto reclamado, se ordena remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a fin de que se avoque al conocimiento de la misma; con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al Juez Federal tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Con copia de este acuerdo y de la demanda de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes. De conformidad con los preceptos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme a su numeral 2, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, y por autorizadas en los términos amplios a que alude el diverso numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas que indica. Tomando en cuenta que las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles, comprendidas entre las ocho y diecinueve horas, todos los días del año, con excepción de los contemplados en el precepto 19 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia vigente, este Juzgador habilita los días y horas inhábiles, para el efecto de que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, lleve a cabo la notificación ordenada en el presente proveído y cualquiera otra que se le encomiende en el presente juicio de amparo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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