Rosa Pérez Hernández

Expediente 1229/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1229/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Rosa Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de cuatro de mayo del año en curso, dictada en el amparo en revisión ********************. Acúsese recibo. La resolución emitida por las Superioridad en sus puntos resolutivos señala lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ******************** contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas; archívese el asunto como totalmente concluido y notifíquese a las autoridades responsables el presente proveído. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, como en el presente asunto obran diversos documentos originales, requiérase a la tercera interesada ********************(antes Banco Nacional de México Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex), para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 21, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Décimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente ********************, de su índice, que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese, por lista a la tercera interesada en términos de lo ordenado en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el que acusa recibo del oficio de remisión del medio de impugnación, e informa que admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, mismo que registró con el número de amparo en revisión ********************; circunstancias de las que se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa...atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. En ese tenor, desde este momento solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente este expediente, sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, oficio con el escrito de expresión de agravios y boleta de turno de manera digitalizada, lo anterior de conformidad con el numeral 89 de la ley de la materia. En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese la vinculación de las constancias a fin de adoptarse como eje rector la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a dicho Tribunal este Juzgado Federal, así como a la sección de actuaría para que así se pueda visualizar la totalidad de las constancias que lo integran, garantizando tanto la vinculación del expediente electrónico, como la actualización de los datos de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones Digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1238. Notifíquese, personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y por lista a la parte quejosa y tercera interesada..."

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1229/2022-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado, el diecinueve posterior, Rosa Pérez Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. El veinte de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. Asimismo, se tuvo como tercera interesada a Soluciones Inmobiliarias Real Land, sociedad anónima de capital variable (antes Banco Nacional de México Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex), ordenando su emplazamiento a juicio, mismo que se practicó vía exhorto el veintiséis siguiente. Cuarto. Vista para ampliación de demanda. Previa vista que el siete de diciembre de dos mil veintidós se otorgó para efectos de ampliación de demanda, en esta data se hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó tener como autoridades únicamente a las que se desprenden de su escrito de demanda de amparo y que hubieran sido emplazadas. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: El emplazamiento al juicio especial hipotecario expediente 479/2008, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, practicado en diligencias de ocho y nueve de julio, ambos de dos mil dieciocho por el notificador del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Tercero. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: 2. Jueza y 3. Notificadora ambas adscritas al Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, pues al rendir su informe justificado aceptaron únicamente la existencia del exhorto 425/2022 de su índice (promociones 16958 y 16930); sin embargo, éste lo radicó a efecto de diligenciar la ejecución del auto de requerimiento de desocupación y entrega voluntaria del inmueble afecto al procedimiento de origen -mismo que incluso, no se ha materializado y no constituye el acto reclamado-. Por tanto, lo procedente es tener como inexistente el acto reclamado consistente en el emplazamiento; dado que la parte quejosa no aportó prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La autoridad: 1. Juez Décimo Octavo Civil de la Ciudad de México (promoción 17672) aceptó la certeza de la radicación del controvertido de origen, aunque nada haya dicho respecto a la existencia del acto reclamado; sin embargo, se tiene por cierto, toda vez que queda desvirtuada por la manifestación que realizó en su informe justificado. Orienta a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, de Julio de 1994, Octava Época, materia común, con número de registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con el legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente 479/2008, de su índice, las cuales gozan de pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Quinto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que deriva de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. . Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios." De lo transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto que se tilda de inconstitucional no deriva de una autoridad que hubiese sido señalada como responsable por el peticionario de la tutela constitucional. En ese sentido, como se anticipó, respecto al acto reclamado resulta improcedente el presente juicio de amparo, dado que este órgano de control constitucional mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dio vista al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como responsable al "notificador del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México", sin que lo haya realizado; empero, debió señalarla como responsable, ya que ésta es quien practicó el citado emplazamiento tildado de inconstitucional. En esas condiciones, si la parte quejosa no lo realizó, se sigue que jurídicamente es imposible examinar la inconstitucionalidad de la que se duele. En las relatadas circunstancias, al haber quedado de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 93, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en el Apéndice 2000, materia común, tomo VI, Quinta Época, registro 917627, página 73, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." De igual forma, aplica la tesis aislada 2ª. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, registro 194684, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda sin en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Por ende, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Es aplicable a lo antes vertido, la tesis II.3o. J/58, registro 214593, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, Materia(s): Común, Página: 57, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No constituye obstáculo para concluir en este sentido, el hecho de que se haya tenido por acreditada la existencia del controvertido de origen y que con ello se estableció la existencia de los actos reclamados, toda vez que, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de señalar a la referida autoridad como responsable, pues jurídicamente, conforme a los criterios jurisprudenciales en cita, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Sin que amerite mayor pronunciamiento los argumentos que vierte la tercera interesada (promoción 18026), dado el sentido de la presente determinación. Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este ..

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