Rosa Pérez González y Otros.
Expediente 1023/2012 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 76 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 76
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosa Pérez González y Otros.
- Rosa Pérez González
- María Angelina Pérez González
- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa
- Víctor Manuel Aguiar Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 76.
- Principal
Agréguese el oficio remitido el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual hace del conocimiento que admitió el incidente de inejecución de sentencia, promovido de oficio por este juzgado dada la imposibilidad jurídica existente para declarar cumplida la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio de amparo indirecto 1023/2012.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado, por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa, para el estudio de la imposibilidad jurídica existente para declarar cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
Vistos, tanto la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, con el propósito de que refirieran lo que a su interés legal conviniera en relación con los actos llevados a cabo en cumplimiento a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable; asimismo, se advierte que los quejosos por conducto de sus apoderados, expusieron diversas manifestaciones al respecto en escrito agregado en auto de doce de junio de la presente anualidad. En consecuencia, este juzgado analizará si de acuerdo con las constancias integradas al expediente y las manifestaciones que expone la parte quejosa, el fallo protector se encuentra cumplido o no. En sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rosa y María Angelina, ambas de apellidos Pérez González, Víctor Manuel, Jorge Luis y Josefina, de apellidos Aguiar Pérez, para efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, restituyeran a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, en los términos siguientes: "Deje sin efectos el oficio DAJ/2386/2012 de treinta de noviembre de dos mil doce, que contiene la negativa de cubrir a los quejosos la indemnización derivada de la expropiación de los predios que aducen como de su propiedad, conforme a la declaratoria de expropiación publicada el once de junio de mil novecientos noventa y dos en el periódico "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del Estado de Sinaloa; y, En su lugar emita otra determinación con motivo de la petición realizada por los amparistas el treinta y uno de mayo de dos mil doce en la que solicitaron el pago de la indemnización derivada de la expropiación de los predios que aducen como de su propiedad, en virtud de la declaratoria de expropiación publicada el once de junio de mil novecientos noventa y dos en el periódico "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del Estado de Sinaloa; en el entendido de que en esta nueva determinación deberá seguir los lineamientos establecidos en el presente fallo constitucional, y en consecuencia, resolver que es procedente realizar el pago de la indemnización solicitada con motivo de esa expropiación a Rosa y María Angelina, ambas de apellidos Pérez González, Víctor Manuel, Jorge Luis y Josefina, de apellidos Aguiar Pérez." Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad responsable Desarrollo Urbano Tres Ríos, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y posteriormente en sesión de trece de mayo de dos mil diecinueve, determinó confirmar la sentencia recurrida. En audiencia de doce de abril de dos mil veintidós, celebrada en el incidente innominado de liquidación, se determinó que el monto a pagar a los quejosos con motivo de la expropiación de que fueron objeto, era la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional). Previos múltiples recursos interpuestos por la parte quejosa contra diversas actuaciones tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo, en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se agregó un oficio enviado por el delegado del Director General del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, Desarrollo Urbano Tres Ríos, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informó las gestiones realizadas para cumplir con la ejecutoria de amparo y para acreditar su dicho, remitió copia certificada entre otras, de la diligencias que se llevaron a cabo para notificar el oficio DG-DUTR-110/2023 y entregar a Rosa Pérez González, en su carácter de representante común de los quejosos, el cheque por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ochos pesos 41/100 moneda nacional), de la institución de crédito Banco HSBC; sin embargo, no logró encontrar a la citada representante común en el domicilio señalado para tal efecto. Por tal motivo, solicitó a este órgano jurisdiccional que se notificara el oficio DG-DUTR-110/2023 a Rosa Pérez González, representante común de los quejosos, para efectos de estar en posibilidad de entregarle el cheque por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ochos pesos 41/100 moneda nacional), de la institución de crédito Banco HSBC. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que acudiera a las instalaciones del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, Desarrollo Urbano Tres Ríos, con sede en esta ciudad, a recoger el cheque expedido a nombre de Rosa Pérez González, representante común de los quejosos. En acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se agregó el oficio enviado por el representante del Desarrollo Urbano Tres Ríos, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que Rosa Pérez González, representante común de los quejosos, no había acudido a sus instalaciones por el cheque emitido a su nombre por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional); por lo que, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa de conformidad con lo establecido en el artículo 196, de la Ley de Amparo. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, en acuerdos de veintidós de mayo y doce de junio de dos mil veintitrés, se agregaron escritos signados por los autorizados de la parte quejosa, mediante los cuales, hicieron manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, pues indicaron que, a su consideración, existe imposibilidad jurídica justificada que hace imposible dar cumplimiento a los requerimientos realizados, es decir, de comparecer ante la autoridad responsable por el cheque emitido a su favor por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional); asimismo, solicitó la suspensión del procedimiento de ejecución, en razón de la denuncia penal que presentaron contra los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, por la supuesta conducta delictiva, en la que, a su decir, incurrieron los citados juzgadores federales al resolver el recurso de queja 268/2020, que interpuso el Gobernador del Estado de Sinaloa, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido por este órgano jurisdiccional. En esas condiciones, de las actuaciones del presente juicio de amparo se advierte que la autoridad responsable ha realizado las acciones necesarias para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues para ello, emitió el cheque por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional), en cumplimiento a lo ordenado en el incidente innominado de liquidación; sin embargo, la representante común de la parte quejosa no compareció por el mismo, aun y cuando quedó debidamente notificada de la vista otorgada. Por lo tanto, es evidente que existe imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 196, de la Ley de Amparo; pues no obstante que se cuentan con las documentales de las que se advierte que la autoridad responsable ya emitió cheque por la cantidad condenada a la parte quejosa, sin embargo, es la misma parte procesal que se rehúsa a recibirlo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que la ejecutoria dictada en el presente juicio es jurídica y materialmente de imposible cumplimiento. Atento a lo anterior, cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 44/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente acuerdo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 1023/2012, los cuales hasta este momento constan de cuatro tomos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior para el mejor estudio de la imposibilidad de cumplimiento de que se trata. Solicitándose respetuosamente el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
En razón de no haber esperado al actuario judicial adscrito al juzgado, no obstante el citatorio dejado con anterioridad, se notifica por lista de estrados a la parte tercero perjudicada *** , el auto de treinta de junio del año en curso, que en lo conducente dice: Vistos, tanto la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, con el propósito de que refirieran lo que a su interés legal conviniera en relación con los actos llevados a cabo en cumplimiento a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable; asimismo, se advierte que los quejosos por conducto de sus apoderados, expusieron diversas manifestaciones al respecto en escrito agregado en auto de doce de junio de la presente anualidad. En consecuencia, este juzgado analizará si de acuerdo con las constancias integradas al expediente y las manifestaciones que expone la parte quejosa, el fallo protector se encuentra cumplido o no. En sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rosa y María Angelina, ambas de apellidos Pérez González, Víctor Manuel, Jorge Luis y Josefina, de apellidos Aguiar Pérez, para efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, restituyeran a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional violado, en los términos siguientes: "Deje sin efectos el oficio DAJ/2386/2012 de treinta de noviembre de dos mil doce, que contiene la negativa de cubrir a los quejosos la indemnización derivada de la expropiación de los predios que aducen como de su propiedad, conforme a la declaratoria de expropiación publicada el once de junio de mil novecientos noventa y dos en el periódico "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del Estado de Sinaloa; y, En su lugar emita otra determinación con motivo de la petición realizada por los amparistas el treinta y uno de mayo de dos mil doce en la que solicitaron el pago de la indemnización derivada de la expropiación de los predios que aducen como de su propiedad, en virtud de la declaratoria de expropiación publicada el once de junio de mil novecientos noventa y dos en el periódico "El Estado de Sinaloa", órgano oficial del Estado de Sinaloa; en el entendido de que en esta nueva determinación deberá seguir los lineamientos establecidos en el presente fallo constitucional, y en consecuencia, resolver que es procedente realizar el pago de la indemnización solicitada con motivo de esa expropiación a Rosa y María Angelina, ambas de apellidos Pérez González, Víctor Manuel, Jorge Luis y Josefina, de apellidos Aguiar Pérez." Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad responsable Desarrollo Urbano Tres Ríos, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y posteriormente en sesión de trece de mayo de dos mil diecinueve, determinó confirmar la sentencia recurrida. En audiencia de doce de abril de dos mil veintidós, celebrada en el incidente innominado de liquidación, se determinó que el monto a pagar a los quejosos con motivo de la expropiación de que fueron objeto, era la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional). Previos múltiples recursos interpuestos por la parte quejosa contra diversas actuaciones tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo, en auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se agregó un oficio enviado por el delegado del Director General del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, Desarrollo Urbano Tres Ríos, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informó las gestiones realizadas para cumplir con la ejecutoria de amparo y para acreditar su dicho, remitió copia certificada entre otras, de la diligencias que se llevaron a cabo para notificar el oficio DG-DUTR-110/2023 y entregar a Rosa Pérez González, en su carácter de representante común de los quejosos, el cheque por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ochos pesos 41/100 moneda nacional), de la institución de crédito Banco HSBC; sin embargo, no logró encontrar a la citada representante común en el domicilio señalado para tal efecto. Por tal motivo, solicitó a este órgano jurisdiccional que se notificara el oficio DG-DUTR-110/2023 a Rosa Pérez González, representante común de los quejosos, para efectos de estar en posibilidad de entregarle el cheque por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ochos pesos 41/100 moneda nacional), de la institución de crédito Banco HSBC. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que acudiera a las instalaciones del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, Desarrollo Urbano Tres Ríos, con sede en esta ciudad, a recoger el cheque expedido a nombre de Rosa Pérez González, representante común de los quejosos. En acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se agregó el oficio enviado por el representante del Desarrollo Urbano Tres Ríos, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que Rosa Pérez González, representante común de los quejosos, no había acudido a sus instalaciones por el cheque emitido a su nombre por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional); por lo que, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa de conformidad con lo establecido en el artículo 196, de la Ley de Amparo. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, en acuerdos de veintidós de mayo y doce de junio de dos mil veintitrés, se agregaron escritos signados por los autorizados de la parte quejosa, mediante los cuales, hicieron manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, pues indicaron que, a su consideración, existe imposibilidad jurídica justificada que hace imposible dar cumplimiento a los requerimientos realizados, es decir, de comparecer ante la autoridad responsable por el cheque emitido a su favor por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional); asimismo, solicitó la suspensión del procedimiento de ejecución, en razón de la denuncia penal que presentaron contra los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, por la supuesta conducta delictiva, en la que, a su decir, incurrieron los citados juzgadores federales al resolver el recurso de queja 268/2020, que interpuso el Gobernador del Estado de Sinaloa, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido por este órgano jurisdiccional. En esas condiciones, de las actuaciones del presente juicio de amparo se advierte que la autoridad responsable ha realizado las acciones necesarias para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues para ello, emitió el cheque por la cantidad de $329,998.41 (trescientos veintinueve mil novecientos noventa y ocho pesos 41/100 moneda nacional), en cumplimiento a lo ordenado en el incidente innominado de liquidación; sin embargo, la representante común de la parte quejosa no compareció por el mismo, aun y cuando quedó debidamente notificada de la vista otorgada. Por lo tanto, es evidente que existe imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 196, de la Ley de Amparo; pues no obstante que se cuentan con las documentales de las que se advierte que la autoridad responsable ya emitió cheque por la cantidad condenada a la parte quejosa, sin embargo, es la misma parte procesal que se rehúsa a recibirlo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que la ejecutoria dictada en el presente juicio es jurídica y materialmente de imposible cumplimiento. Atento a lo anterior, cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 44/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente acuerdo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 1023/2012, los cuales hasta este momento constan de cuatro tomos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, en turno, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Lo anterior para el mejor estudio de la imposibilidad de cumplimiento de que se trata. Solicitándose respetuosamente el acuse de recibo correspondiente.
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