Rosa Peña Hipólito

Expediente 432/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
432/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2017

Partes del expediente

  • Rosa Peña Hipólito

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del plazo legal, en contra de la determinación de cuatro de abril del actual, en la que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, se declara que la misma ha causado estado; realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE CUATRO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual pretende subsanar la prevención efectuada en auto de veinticuatro de marzo del actual -fojas 25 a 27-. Se desecha de plano la demanda Ahora bien, es preciso puntualizar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal, se colige que el órgano jurisdiccional, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; luego entonces, es oportuno precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ante tales circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días, con el que contaba la quejosa para presentar la demanda de amparo, trascurrió con exceso, como se expondrá a continuación. En efecto, el citado numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la legislación en comento, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [...]." El precepto legal antes transcrito, consigna la causa de improcedencia que establece que contra actos consentidos tácitamente, el juicio de amparo resulta improcedente, debiéndose entender por tales, aquéllos contra los que no se promueva dicha instancia constitucional dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Para actualizarse la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere que el acto que se reclame haya sido consentido tácitamente por la promovente, es decir, que encontrándose esta última en posibilidad de instar el juicio constitucional dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo, no lo hubiera hecho. En esa tesitura, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de derechos fundamentales, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos que la propia ley señala. Se afirma lo anterior, virtud que si bien la parte quejosa insiste en señalar que el quince de marzo del año en curso, se hizo sabedora que a través del juicio de amparo podía impugnar la inconstitucionalidad del acto reclamado -aplicación de los artículos 75 BIS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, y 150-154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California-; también expresa bajo protesta de decir verdad que el pago del impuesto sobre bienes inmuebles (ISABI) lo realizó por conducto del Notario Público Número 20 de esta municipalidad, "el mismo día de la firma de escritura pública" número 13,744 (trece mil setecientos cuarenta y cuatro) de veintiuno de octubre de dos mil quince, en la cual se perfeccionó el contrato de compraventa del bien inmueble identificado en el escrito de cuenta. En ese tenor, se tiene que la fecha de conocimiento del acto de aplicación de las normas reclamadas fue la de veintiuno de octubre de dos mil quince, data en la que realizó el pago del impuesto sobre bienes inmuebles que señala como inconstitucional. Luego, siendo presentada la demanda de derechos fundamentales hasta el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se pone en relieve que el plazo de quince días que refiere el artículo 17, en relación con el diverso numeral 18, ambos de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso. Con ello, es evidente que no es oportuna la presentación de la demanda de amparo, como se ve a continuación: Fecha de conocimiento del acto de aplicación de las normas reclamadas Plazo de 15 días para promover demanda Fecha de presentación de la demanda Días inhábiles 21 de octubre de 2015 Del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2015 23 de marzo de 2017 24, 25 y 31 de octubre, y 1, 2, 7 y 8 de noviembre de 2015 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial PC.XXII. J/5 A (10a.) del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1062, febrero de 2016, libro 27, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto versan: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD. De los artículos 19, 22, fracciones I y XIII, 35, 37 y 96, fracción VIII, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se advierte que el sistema impositivo se rige por el principio de autodeterminación, pues el sujeto pasivo de la obligación tributaria espontánea y voluntariamente, la determina en cantidad líquida y la cumple; principio del que participan las contribuciones que, por disposición legal, deben ser retenidas por un notario público, en tanto que el sujeto pasivo de los tributos es quien eroga los pagos correspondientes, aun cuando sea el notario quien retiene y, directamente, realiza el entero respectivo, como auxiliar del fisco estatal y responsable solidario de la obligación tributaria, en términos del artículo 8 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro. Ello, porque la responsabilidad solidaria de referencia constituye una obligación accesoria a la principal que ostenta el sujeto pasivo del tributo; de ahí que no debe entenderse que el notario retenedor lo sustituye, sino que el sujeto pasivo continúa como titular de la obligación derivada de la realización del hecho imponible; mientras que en el notario sólo recae la obligación de auxiliar al fisco en la efectividad del entero de los tributos. Así, el recibo de pago de contribuciones que, por disposición legal, debe retener el notario público, atento al principio de autodeterminación, es suficiente para afirmar que el sujeto pasivo del tributo realizó el pago respectivo y, por ende, que desde la fecha que consigna, tuvo conocimiento de la aplicación, en su perjuicio, de las leyes tributarias que reclama; circunstancia que provoca que, por regla general, sea eficaz para establecer la fecha de conocimiento del acto de aplicación y por ende, para iniciar el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo contra dichas normas; sin que sea necesario que contenga el fundamento del cobro de las contribuciones, debido a que no constituye un acto unilateral a través del cual, la autoridad ejecute, cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, pues simplemente acredita el cumplimiento de un deber impositivo por parte del contribuyente. Entonces, cuando la quejosa exprese que tuvo conocimiento de la aplicación de las normas cuestionadas en una fecha posterior a la consignada en el recibo de pago de contribuciones, le corresponde la carga procesal de acreditar, fehacientemente, la afirmación de que se coloca en un supuesto de excepción, en atención al principio de distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rosa Peña Hipólito, de propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista, la demanda de amparo que promueve Rosa Peña Hipólito, de propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 31, fracción IV, y 133 constitucionales; por lo tanto, fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número 432/2017-B. Prevención En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, aclare su demanda con relación a lo siguiente:  Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado - aplicación y ejecución de los artículos 75 BIS B y 150-154 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California-; lo anterior, no obstante de haber señalado como tal, el quince de marzo de dos mil diecisiete, pues la promovente refiere que en esa data únicamente se hizo sabedora que a través del juicio de amparo podía impugnar la inconstitucionalidad de dichos dispositivos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.161/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1079, febrero de 2014, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Lo que deberá ser expuesto directamente por la promovente, por ser un acto personalísimo y que sólo a ella le corresponde. En el entendido que tendrá que exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la promovente de amparo que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término y condiciones señalados, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, de conformidad con el citado numeral 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a David Alberto Herrero Medina, Joaquín Alberto Herrero Medina y Claudia Yuriria Martín Hernández, por así haberlo solicitado expresamente; así como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos Respecto a la solicitud del uso de diversos medios digitales y electrónicos, para obtener imágenes de las actuaciones realizadas en el presente juicio de amparo; se autoriza a los personas que indica la promovente, el uso de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes, con el fin de reproducir las constancias que integran el expediente en que se actúa, favoreciendo con ello, el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez. Es aplicable al tema de trato, la tesis I.1o.A.23 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1830, abril de 2015, libro 17, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro expresa: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

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