Rosa Padilla Juárez
Expediente 1107/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rosa Padilla Juárez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley en comento, contra el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 20 fracción IV del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, pretende desahogar la prevención efectuada el ocho de agosto de dos mil veintitrés, lo anterior, pues dicho promovente no cuenta con facultades para desahogar la prevención, pues se previno a la quejosa ******************** para que bajo protesta de decir verdad narrara los hechos o abstenciones que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. DESECHAMIENTO TOTAL DE LA DEMANDA. Por otra parte, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora bien, del análisis de la demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que el escrito de mérito carece de firma electrónica y de firma autógrafa de la quejosa ******************** ya que la misma se recibió en línea con evidencia criptográfica por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; lo que trae como consecuencia que de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, los artículos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: [.] ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita [.]. [.] ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley [.]. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107, fracción I, que dice: [.] ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]. Principio del que se desprende que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, lo cual rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los supuestos en que expresamente lo permita Ley de Amparo. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad a través de la firma, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales, y cuando no saben hacerlo, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego, pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe la manifestación de voluntad del interesado. Por otra parte, se precisa que el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; cuya normatividad tiene por objeto, entre otros, la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica. Acuerdo en el que específicamente en sus artículos 42 y 45, dispone lo conducente, respecto a la presentación de las demandas de amparo indirecto, en el primero de los preceptos tocante a las demandas contra actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo; y el segundo numeral, referente a las demandas de amparos promovidas contra los actos que no se encuentren comprendidos como urgentes, en los siguientes términos: [.] ARTÍCULO 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda [.]. [.] ARTÍCULO 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda [.]. Asimismo, el citado Acuerdo General, dispone en su artículo 2, que se debe de entender por FIREL y por FIRMA ELECTRÓNICA, en sus fracciones XV y XVI, en los siguientes términos: [.] XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación [.]. [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico [.]. En ese tenor, es destacable lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en el sentido de que la firma electrónica que establezca el Poder Judicial de la Federación será el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, lo cual se estima como un aspecto relevante precisamente para brindar mayor certeza a los justiciables y permita el uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a los órganos jurisdiccionales. De ahí que, si la firma autógrafa es un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; entonces sucede lo mismo respecto a la firma electrónica que produce ese efecto. Por lo que le es aplicable las cuestiones relacionadas en los párrafos que anteceden, ello teniéndose en consideración que en el caso que nos ocupa, la demanda fue presentada en línea, sin que para tal efecto contenga la firma electrónica con evidencia criptográfica de la quejosa ********************. En esa tesitura, es evidente que al carecer de firma autógrafa o firma electrónica con evidencia criptográfica de la quejosa, es que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario. En consecuencia, si la demanda no se encuentra suscrita electrónicamente por la quejosa ******************** pues quien la firma es persona diversa, esto es, su autorizado en términos amplios de la parte quejosa, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de la quejosa, pues la presentación de la demanda se recibió en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, empleando para ello el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin ese requisito formal. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente; y dicha deficiencia no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso o su ratificación, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. Al respecto, se cita como apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P. J. 32/2018 (10 a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, del Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: [.] DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano [.]. Del mismo modo, resulta aplicable al respecto la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida [.]. Máxime, que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la sentencia interlocutoria dictada en el toca civil de apelación ********************, que resolvió el incidente de falsificación de firma del escrito consistente en el recurso de apelación, no encuadra en las hipótesis previstas en la porción normativa 15 de la Ley de Amparo, o de los prohibidos contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sin que sea óbice que el escrito de demanda contenga de manera escaneada lo que podría ser una firma autógrafa; no obstante, la misma es insuficiente, pues al haberse presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, resulta necesario se cumplan con los requisitos para su procedencia; esto es, el uso de la firma electrónica. En las condiciones apuntadas, al advertirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la misma Ley reglamentaria, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
***A la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 651/2021, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el seis de agosto de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio 342/2013 del índice del Juez responsable; y, como consecuencia la afectación material del bien inmueble identificado como lote número nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala el cuatro de agosto de dos mil diez, bajo la partida número doscientos sesenta y nueve, foja sesenta y cuatro vuelta, sección primera, volumen ciento veinticinco, del Distrito Judicial de Hidalgo. SEGUNDO. Trámite del Juicio Constitucional. Por proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Sentencia y Recurso de revisión. El veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva en el presente asunto, en la que se sobreseyó el juicio de amparo al no exhibir la publicación de los edictos, inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se radicó bajo el amparo en revisión civil 89/2023, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante sesión ordinaria celebrada el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la que ordenó reponer el procedimiento a fin de reanudar el plazo otorgado para la entrega de la publicación de los edictos; se exhibieron los edictos respectivos, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza civil; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio 342/2013 del índice del Juez responsable; y, como consecuencia la afectación material del bien inmueble identificado como lote número nueve, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala el cuatro de agosto de dos mil diez, bajo la partida número doscientos sesenta y nueve, foja sesenta y cuatro vuelta, sección primera, volumen ciento veinticinco, del Distrito Judicial de Hidalgo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con el original del juicio 342/2013. Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. En principio se precisa que del análisis integral de la demanda, y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa reclama ostentándose como tercera extraña al juicio reivindicatorio 342/2013 la falta de emplazamiento. Precisado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción I y 6° todos de la Ley de Amparo, relacionados con el artículo 107, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que deba sobreseerse en el presente juicio de amparo indirecto, lo anterior, pues se estima que el acto reclamado no causa una afectación real y actual a la parte quejosa. El principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un ciudadano, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. En efecto conforme a los dispositivos en cita, para poder instaurar el juicio de amparo, se debe resentir una afectación personal y directa, más aun tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, en donde se reclame un derecho subjetivo del que se estima es titular. En ese sentido, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la segunda consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a los derechos y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, esto es, sólo los titulares de los derechos constitucionales, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En consecuencia, se sostiene que la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. De ahí que, a criterio de esta juzgadora, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio 342/2013 y como consecuencia la afectación material del bien inmueble identificado como lote número nueve, por lo cual no resiente una afectación de manera directa. Se explica: De las constancias remitidas por el Juez responsable como justificante de sus actos se advierte esencialmente que: El tres de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el juicio 342/2013 en la que se estableció que el actor Jaime Corenstein Gitlin en representación de José Gilberto Temoltzin Martínez, acreditó ser legítimo propietario de los bienes inmuebles denominados lote número cuatro y lote número nueve, del fraccionamiento de la Colonia Zahupan, de la ciudad de Tlaxcala, y se condenó a los demandados, negociaciones mercantiles denominadas RESPUESTA RÁPIDA DE CASA DE EMPEÑO, PESCADOS Y MARISCOS "AL MAR" PANADERÍA "LA ARTESA", CASA TIENDA DE REGALOS y Ramón Gómez Archundia, a la restitución y entrega material de los citados bienes (fojas 3604 a 3656 del tomo V de pruebas). Ahora bien, en el caso, la parte quejosa no demostró que los actos que reclama afecten su interés jurídico; ello, dado que en el caso en concreto de las pruebas aportadas no se advierte que tenga algún título con el que justifique la posesión o propiedad del bien inmueble del que aduce es dueño, se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a fin de que sea oponible ante terceros, lo cual le correspondía acreditar al quejoso, para demostrar su interés jurídico en el asunto de origen. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 17/91, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS". Bajo ese orden de ideas, es indudable que el quejoso tiene el carácter de tercero extraño, pues no es parte material del juicio de origen, y con tal carácter sostiene que lo actuado en el juicio de origen vulneró su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud de que no obstante que es el dueño del bien inmueble motivo del litigio, se le privó de tal derecho sin que previamente se haya seguido juicio en su contra. Para demostrar lo anterior, el quejoso exhibió las siguientes pruebas: Copia certificada del acuerdo dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 55/2011, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, con el que se ordenó la adjudicación directa a su favor del bien inmueble. Cabe destacar que, si bien en tal auto se advierte únicamente el lote, así como los datos registrarles del mismo, lo cierto es que del juicio de amparo indirecto 374/2018 del índice de este juzgado, promovido por José Gilberto Temoltzin Martínez -aquí tercero interesado-, en contra de la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 55/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se advierten los diversos datos del predio de mérito; esto es, lote número nueve, del fraccionamiento de la Colonia Zahupan, de la ciudad de Tlaxcala. Sin embargo, como se anticipó, la prueba que exhibió es insuficiente para demostrar que la parte quejosa detenta un derecho de propiedad sobre el inmueble y que éste es oponible a terceros. Lo anterior, porque a fin de que un derecho real sea oponible a uno de igual categoría, debe estar inscrito en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado. Ello es así, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 29, inciso e), del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, se advierte que la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado es la oficina pública a través de la cual el Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los asientos que en ella se efectúan, cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como a los actos y hechos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse, para surtir efectos contra terceros. De igual forma, que de acuerdo con el principio de inscripción, cuando conforme a la ley algún acto deba inscribirse en el Registro, su inscripción en la Oficina Registral correspondiente será bastante para que surta sus efectos ante terceros, y los títulos que conforme a la ley de la materia sean registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de tercero. De lo anterior se puede establecer que la inscripción en el Registro Público constituye el acto que otorga publicidad a los pactos y negocios jurídicos que conforme a la ley deben registrarse, de manera que, no es válido que quien ignore el estado que guarda un determinado bien, precisamente por la falta de inscripción de la situación que respecto de éste prevalece, sufra consecuencias negativas por una omisión que no le es atribuible. Con base en lo expuesto, era necesario que el quejoso para demostrar que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo indirecto, en defensa del bien precisado, acreditara que en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado, tal bien está registrado como parte de su propiedad; extremo que no quedó probó. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa fue omisa en exhibir constancia alguna en el que demostrara que el bien inmueble identificado como lote número nueve, del fraccionamiento de la Colonia Zahupan, de la ciudad de Tlaxcala se encontrara inscrito en el registro correspondiente; ello, a fin de que pudiera surtir efectos contra terceros. No es óbice a lo anterior, que el juicio reivindicatorio al que alega el quejoso no fue emplazado se dictó sentencia definitiva el tres de marzo de dos mil veintiuno y el auto en el que se decretó la adjudicación directa del bien inmueble se emitió el cuatro de agosto de dos mil diecisiete; sin embargo, desde la fecha en que se dio inicio el juicio reivindicatorio (dos mil trece -342/2013-), a la data en que se emite la presente sentencia, el quejoso no demostró con documento alguno, como por ejemplo, el auto en que se decretó la adjudicación directa, ni el proveído en el que causó estado dicho acuerdo, se encontraran inscritos en el Registro Público de la Propiedad y por ende, que éstos surtieran efectos contra terceros. En ese sentido, es claro que el Juez responsable no tenía la obligación de llamar al juicio reivindicatorio 342/2013 al quejoso, pues no acreditó que el bien inmueble que aduce poseer y respecto del que dice tener derecho se encuentre inscrito en el registro correspondiente, por lo tanto, tales actuaciones no podrían surtir efectos contra terceros, pues de ser así, dichos terceros sufrirían consecuencias negativas por una omisión que no les es atribuible; de ahí que al no exhibir prueba idónea que acrediten lo anterior no es factible tener por demostrado su interés jurídico. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, visible a página 216, con registro 226921 de rubro siguiente: "DESPOSESION. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACION A SU INTERÉS JURÍDICO.". Bajo esa línea de pensamiento, si el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatoria de derechos y, en el caso, esa circunstancia no se colma, entonces la parte que solicita el amparo carece de legitimidad para acudir a la presente vía. En esas condiciones, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I y 6°, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy tres de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Rosa María Hernández Godínez982/2017
- ROSA MARIA MORALES SEVILLA y Otros.1502/2014
- Rosa María Torres Jiménez533/2018
- Rosa María Velázquez Méndez617/2021
- Rosa Navarro Hernandez1776/2013
- Rosa Olvera Salazar238/2017
- Rosa Ramírez Santiago438/2017
- Rosa Ramírez Santiago642/2016
- Rosa Rangel Hernandez60/2019
- Rosa Salazar García93/2018
- Rosaisela Aureliana Calitl Cavildo508/2022
- Rosalba Ayometzi Rodríguez914/2021