Rosa Olais Silvestre
Expediente 2232/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2232/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rosa Olais Silvestre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 2232/2016-II, y testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 512/2017, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ROSA OLAIS SILVESTRE." En mérito de lo anterior, glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 7698 signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 2232/2016-II, asimismo, informa que por auto de dos de junio del año actual, se admite el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, quedando registrado con el número 512/2017 (ADMINISTRATIVA), asimismo, desechó el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables ejecutoras Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Subprocurador de Recursos Administrativos Consultas y Contencioso Estatal en representación del Titular de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Titular de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de la referida secretaría, y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos autoridades responsables en el presente asunto, por medio de los cuales interponen recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, téngase a las autoridades responsables de mérito haciendo valer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia referida; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, además existe carencia de tóner para las impresoras y una exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado visible de acuerdo a los datos estadísticos oficiales; por consiguiente se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de agravios, para que el original expediente del presente juicio de amparo pueda ser remitido al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Decimoctavo Circuito, en turno, y conozca del citado recurso de revisión. Hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hacen valer las autoridades oficiantes, se ordena agregar a los autos sus escritos originales de agravios. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice:Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2232/2016-II, promovido por ROSA OLAIS SILVESTRE, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de diciembre del dos mil dieciséis, ante la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese día a este juzgado, Rosa Oláis Silvestre, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del 1) Congreso del Estado de Morelos, 2) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 3) Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos, 4) Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 5) Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, 6) Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, 7) Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, 8) Ayuntamiento de Temixco Morelos, 9) Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco Morelos. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de diciembre del dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo promovida por Rosa Oláis Silvestre, se solicitó a las demás autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, fijándose fecha y hora para la audiencia constitucional la que inicio en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la actual Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en este juicio es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa, así, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se tratan de los siguientes: El contenido del artículo 77 fracción II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cinco de julio de dos mil seis, vigente en el año dos mil trece, y su aplicación a las autoridades responsables, Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. El cobro de la cantidad de $2,345.00 (dos mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); en aplicación de las disposiciones descritas en el párrafo precedente, de acuerdo al recibo oficial 403697, expedido por la Subsecretaria de Ingresos del Estado de Morelos. El contenido de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles publicado el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y su aplicación al Tesorero del Municipio de Temixco, Morelos y Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. El contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al impuesto adicional sobre impuestos y derechos municipales y su aplicación. El cobro de la cantidad de $13,025.00 (trece mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional); en aplicación de las disposiciones descritas en el párrafo precedente, de acuerdo al recibo de declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles, expedido por la Tesorería Municipal de Temixco, Morelos. TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados del 1) Congreso del Estado de Morelos, 2) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 3) Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos, 4) Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", consistentes en la aprobación, expedición y publicación, en la esfera de su competencia, de los artículos 77 fracción II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el cinco de julio de dos mil seis y los artículos 119 a 125 y 94 Bis al 94 Bis 12 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicada el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; para el ejercicio fiscal dos mil trece. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), consultable en la página doscientos sesenta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, número de registro 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En cuanto al acto de aplicación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional contemplado en los artículos 119 a 125 y 94 Bis a 94 Bis 12, para el ejercicio fiscal dos mil trece, se aprecia que sí se demostró plenamente su existencia, consistente en el cobro por un monto de $10,420.00 (diez mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.); a esta cifra, se advierte que se aplicó el veinticinco por ciento (25%) por concepto del impuesto adicional, en términos de los artículos 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, por la cantidad de $2,605.00 (dos mil seiscientos cinco pesos 00/100 moneda nacional); que sumada a la cantidad mencionada en el párrafo anterior da un total de $13,025.00 (trece mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). Como se advierte de la constancia que adjuntó la autoridad municipal responsable, consistente en copia certificada de la declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles, pagado el doce de marzo de dos mil trece; documental que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos consistentes en el cobro de la cantidad de $2,345.00 (dos mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), en aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que así se desprende de la copia certificada exhibida por la autoridad hacendaria en mención con recibo de pago con glosa 403697 de quince de febrero del dos mil trece. CUARTO. En relación con el acto reclamado que se le atribuye al Director de Registro del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, se advierte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con al numeral 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Estas disposiciones legales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En efecto, se actualiza dicha causal, en virtud de que dicha autoridad; no ordenó, emitió, dictó, publicó, ni ejecutó el acto que se le reclama, por lo que no puede considerársele como responsables en el presente juicio, razón por la cual debe sobreseerse por cuanto a la citada autoridad. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Septiembre de 2005, Página: 1363, Tesis: I.5o.P. J/3, que continuación se cita: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento." En mérito de lo expuesto, se declara el sobreseimiento en el presente juicio de garantías en términos del artículo 63, fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el artículo 5, disposiciones todas de Ley de Amparo, por lo que se refiere al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Sin que pase inadvertido para este Juzgado Federal la causal de improcedencia que invoca el Director Jurídico del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, referente a la hipótesis de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, desestimándose la misma en virtud de que ya se ha determinado la improcedencia del juicio por lo que respecta a dicha autoridad, al actualizarse la causal de improcedencia explicada, bastando el estudio de una sola, pues no cambiaría el sentido de sobreseimiento. Es aplicable la jurisprudencia Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Página: 414, Tesis: 2a./J. 54/98, Jurisprudencia Materia Común, rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." QUINTO. En relación a los actos reclamados consistentes en los artículos 77 fracción II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos 119 a 125 y 94 Bis al 94 Bis 12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se procede al estudio de las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, las que se estiman infundadas, de acuerdo con las consideraciones siguientes: 1. El Congreso del Estado de Morelos, Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Titular de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, hacen valer que el juicio de amparo es improcedente, porque cuando se controvierte una disposición de observación general con motivo de su primer acto de aplicación, es indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino del contenido del supuesto acto de aplicación, mismo -aduce- que en la especie no se demuestra. Tales manifestaciones implican la invocación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". No asiste razón, en virtud de que el acto de aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, se encuentra demostrado con el recibo con folio 403697. En efecto, del comprobante fiscal se desprende que se expidió por concepto de "REG. PUB. DE LA PROPIEDAD" PROPIEDAD -COMPRA VENTA por un monto de $6,252.00 (seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). Aritméticamente el cobro de la cantidad señalada, se explica a razón de doce al millar, sobre el avalúo que hizo sobre el bien inmueble objeto de la compraventa, que de acuerdo a la escritura pública número 75,806, es de $521.000.00 (quinientos veinte un mil pesos 00/100 moneda nacional) respecto del inmueble identificado en la escritura, resultando $6,252.00 (seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); dicho porcentaje es el que está previsto en el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: .II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves; sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, avalúo bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado;." A la última cifra, se advierte que se aplicó el veinticinco por ciento por concepto del impuesto adicional, previsto por los artículos 59 a 64 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, por la cantidad de $1.563.00 (mil quinientos sesenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); que sumada a la cantidad mencionada en el párrafo anterior da un total de $7,815.00 (siete mil ochocientos quince 00/100 moneda nacional); a esta cifra se le aplicó un subsidio por el 70% como se advierte del oficio número SSI/DGR/096/2013-1, por lo que solo pago la cantidad de $ 2,345.00 (dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Consecuentemente del recibo 403697, se desprende claramente que sí se aplicó lo dispuesto por la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. Por otro lado, por cuanto al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, éste se materializó con la declaración del pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, se advierte la aplicación de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, por lo siguiente: Del recibo municipal y del formulario ampara la cantidad de $13,025.00 (trece mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). Aritméticamente el cobro de la cantidad señalada, se explica a razón de dos por ciento, sobre el avalúo del inmueble, que de acuerdo a la escritura pública número 75,806, es de $521,000.00 (quinientos veinte un mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto del inmueble identificado en la escritura, resultando $10,420.00 (diez mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional); dicho porcentaje es el que está previsto en el artículo 94 Bis, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y que es del tenor literal siguiente: "ARTICULO 94 BIS.- Están obligados al pago del impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en la superficie de terreno y la de construcción, en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento." A la última cifra, se advierte que se aplicó el veinticinco por ciento (25%) por concepto del impuesto adicional, en términos del artículo 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos por la cantidad de $2,605.00 (dos mil seiscientos cinco pesos 00/100 moneda nacional); cantidad que sumada a la cantidad mencionada en el párrafo anterior da un total de $13,025.00 (trece mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional.) Consecuentemente del recibo municipal y de la declaración para el pago de Impuesto sobre adquisición de Inmuebles, se desprende claramente que se aplicó lo dispuesto por los artículos 94 Bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Por consiguiente, al realizarse el pago de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos y el pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional de acuerdo a las disposiciones legales que se combaten, es innegable que existen los actos de aplicación de éstas, ya que todos ellos regulan la forma de calcular el derecho en cita, lo que posibilita a la quejosa a reclamarlos a través del presente juicio. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia emitida por Segunda Sala (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 43/2000, consultable en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Mayo de 2000, registro número 191786, precisa lo siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada". Por tanto, debe arribarse a la conclusión de que existen actos de aplicación de las normas que se combaten, motivo por cual no se actualiza la causal de improcedencia que implícitamente hicieron valer las indicadas autoridades responsables, previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo. 2. El Congreso del Estado de Morelos, Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, Ayuntamiento Municipal de Temixco, Morelos, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, también hacen valer que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues afirman que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, desde la fecha en que se otorgó el instrumento notarial 75,806, en que se hizo constar el contrato de compraventa; por lo tanto, dicen, la demanda se presentó se manera extemporánea, actualizándose con ello la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es infundado lo aducido. Al respecto, debe decirse que si bien es verdad que los notarios públicos como auxiliares en la recaudación de los tributos y derechos previstos por las leyes del Estado de Morelos, y aún y cuando con motivo de ello se retuvo a la parte quejosa las cantidades correspondientes por concepto de derechos de registro de los actos jurídicos que celebró, contenidos en el instrumento notarial que se menciona; esta no es razón suficiente para considerar que, a partir del día siguiente a la retención, la peticionaria de amparo tenía la obligación de promover la demanda de amparo. Lo anterior es así, porque en la jurisprudencia 52/2004, novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, correspondiente al mes de mayo de dos mil cuatro, visible en la página 557, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se analizó el caso en que otros auxiliares en la recaudación del impuesto sobre la renta, como son los patrones, realizan la retención de un tributo a los trabajadores, al efectuar el pago de algún concepto que la ley relativa prevé como ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado; en este caso, el Máximo Tribunal de Justicia de la República determinó que cuando éste acontece, debe estimarse como el primer acto de aplicación de la ley tributaria, para efectos del amparo, en perjuicio de quien sufre la retención del impuesto, y es susceptible de generar la improcedencia por consentimiento tácito, si es que no se reclama a través del juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación; además, que esta última cuestión debe acreditarse fehacientemente. Enseguida se cita la jurisprudencia a que se hizo referencia, que es de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Mayo de 2004, Página 557, Tesis 2ª./J.52/2004, Jurisprudencia, Materia Administrativa: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma tributaria puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice la hipótesis normativa en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tal norma realice el propio contribuyente al cumplir con la obligación tributaria principal, o bien aquel particular que en auxilio de la administración pública la aplique, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención de una contribución a cargo de un tercero. De conformidad con los artículos 110, 113 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxiliares en la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos que el citado ordenamiento legal prevé como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, al momento de efectuar el pago correspondiente, así como de hacer enteros mensuales y realizar el cálculo del impuesto anual a cargo de sus empleados, y que por tal motivo son considerados como responsables solidarios de éstos hasta por el monto del citado tributo, es evidente que el acto en virtud del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto causado por el o los conceptos que prevé la norma que el trabajador tilda de inconstitucional, constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente." En las condiciones apuntadas, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia a que se hace referencia resulta orientadora en el caso que se analiza, ya que si bien la parte quejosa pudo promover motu propio la demanda de amparo, a partir del momento de la retención de derechos, de considerar que constituyó un acto de aplicación de las normas reclamadas, lo cierto es que si no lo hizo, no por ello debe considerarse consentida la ley aplicada en su perjuicio, porque para que esto sucediera, sería indispensable que el notario público hubiera establecido en el documento donde consta la retención del derecho de mérito, el sustento legal de tal actuación, aspecto que no aparece satisfecho, pues no hay prueba alguna que se hubiera aportado, en la que se advierta el fundamento legal observado, por lo que respecta al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, reclamados, y que como se vio, debe quedar acreditado de manera fehaciente. En efecto, basta imponerse del contenido de la escritura pública 75,806, otorgada ante la fe del Notario Público Número Cinco de la Primera Demarcación Notarial, que en copia certificada anexó la referida autoridad, en donde obra la trasmisión de propiedad, que celebró la parte quejosa, para advertir la ausencia de los preceptos legales en que éste se apoyó para la retención de las cantidades por derecho de registro de los contratos celebrados, y si bien el fedatario precisó que la liquidación del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles la llevó a cabo en los términos siguientes: ".IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.- "LA PARTE COMPRADORA" ENTERA EN EL ACTO DE FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA LA CANTIDAD DE $13,025.OO (TRECE MIL VEINTICINCO PESOS, MONEDA NACIONAL), que resulta de aplicar el DOS POR CIENTO más el VEINTICINCO POR CIENTOS de Adicionales valor de la operación." No menos cierto resulta que como se advierte de la literalidad del artículo 94 bis a 94 bis 12, la norma contiene una serie de supuestos hipotéticos que obligan a determinar con exactitud la porción normativa observada para la realización del cálculo para el cobro del impuesto, a fin de que el particular tenga pleno y exacto conocimiento de la norma aplicada, es decir que éste pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y el precepto en que éste se apoya, y que no se materializó ante la ausencia total de la norma aplicada, en la especie de los artículos 94 bis a 94 bis 12, en que se contiene diversos supuestos normativos que generan el cobro del impuesto, así como de distintos sujetos obligadas a su pago, y de actos considerados adquisiciones para efectos del cobro del impuesto; lo que permite colegir que en la especie no se puede estimar que existió un conocimiento pleno de la norma aplicada a la parte quejosa para el cobro del impuesto reclamado, por lo que no puede considerarse la liquidación así efectuada por el notario público, para el cómputo del término legal para la promoción del juicio de garantías. El más Alto Tribunal de Justicia del país, al resolver la contradicción de tesis 179/2005-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en materia administrativa del Primer Circuito, resolvió que respecto a la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, los notarios públicos tienen la obligación de calcularlo y enterarlo. Que la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario, siempre y cuando sea informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que el quejoso tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley; Enseguida se cita la tesis surgida de dicha contradicción, materia Administrativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Tesis; 2a./J.5/2006, página 657, de la siguiente literalidad: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." En las condiciones apuntadas, si no hay prueba de que el notario público hubiera informado de los preceptos legales en que se apoyó para la retención del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, no puede considerarse éste acto como el que da pauta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción de la demanda de amparo, por lo que no asiste razón para sostener que a partir de la fecha de la realización de la contratos que se contienen en la escritura pública, empezó a transcurrir el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías. Por tal motivo, debe admitirse que el término para la interposición de la demanda de amparo, debe empezar a computarse al día siguiente en que se ostentó sabedora la parte quejosa, de los actos de aplicación de la norma combatida, es decir, a partir del quince de diciembre del dos mil dieciséis, pues en la demanda afirmó que fue hasta esa fecha que se enteró de la aplicación de las normas que se combaten, además porque como se precisó de la lectura del instrumento notarial aportado no se advierte que se contengan los preceptos en que se apoyó el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, aunado lo anterior a la propia manifestación de la parte inconforme en la que precisa la data en que tuvo conocimiento pleno del fundamento de los cobros realizados, en aplicación de las normas que reclama; por lo que es manifestó que la demanda de garantías se presentó con toda oportunidad. No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia de la Décima Época, con Registro 2003270, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIX, Abril de 2013, página 1238, en Materia Común, Tesis 2a./J. 47/2013 (10a.), que dispone: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal." En efecto, no es obstáculo que en esta jurisprudencia se señale que la retención que hace el notario de los derechos por la inscripción de actos celebrados ante él en el Registro Público de la Propiedad y Comercio local, constituya el primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado que los prevé, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que desde ese momento inicia el cómputo de los quince días a que alude el artículo 21 (actualmente ordinal 17) de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; porque en esa jurisprudencia señala que para iniciar ese cómputo a partir de esa retención de contribuciones, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, y para ello, se debe deducir sin lugar a dudas, cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal aplicable. Así las cosas, si el artículo 18 de la Ley de Amparo, prevé precisamente que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, que se contará desde el día siguiente al el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; así que al no existir notificación, ni advertirse un conocimiento en fecha distinta de la manifestada, entonces debe computarse el plazo tomando como referencia la fecha en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora, como así lo expresó bajo protesta de decir verdad; por lo que no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. 3. El Congreso del Estado de Morelos, también realiza manifestaciones de las que se puede advertir la invocación de la causal de improcedencia del juicio, relativa a la inexistencia de conceptos de violación, pues señala que la parte quejosa únicamente transcribe los numerales de los ordenamientos jurídicos que reclama, siendo que dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que establece el artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo para ser considerado como tal, pues éste consiste en la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo correcta la interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia reclamada no se apoyó en principios generales de derecho, cuando no hay ley aplicable al caso, de donde se infiere que al no existir concepto de violación requisito esencial en el juicio de garantías no se puede establecer si el acto reclamado es o no constitucional. Es infundada la causal de improcedencia que se invoca. Lo anterior es así, puesto que en contraposición a lo que sostiene tal autoridad, la quejosa sí cumplió con los extremos requeridos para considerar que existen verdaderos conceptos de violación, en atención a que expresó claramente la causa de pedir y expuso de forma razonada el por qué estima inconstitucional es los actos reclamados. En efecto, la peticionaria de garantías sostiene en su demanda, que las disposiciones que prevén el pago del derecho de inscripción en el registro público y adquisición de bienes inmuebles, transgreden la garantía de proporcionalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al fijar el costo que por ese servicio presta el Estado, tomando como base el valor de la operación y no el servicio que se proporciona, es decir, el ente público grava con diferentes cuotas una misma prestación, de tal manera que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor de la operación a registrar, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas, además, trata en forma diversa a los causantes de un mismo gravamen, dejándolos en un plano de desigualdad, no obstante que se encuentran en idéntica situación de causar un derecho similar. De acuerdo a lo anterior, no asiste la razón al Congreso del Estado de Morelos, en el sentido de que la demanda de garantías no contenga auténticos conceptos de violación, sino afirmaciones sin sustento o fundamento, ya que puede apreciarse que la quejosa sí expresó la lesión o agravio que, estima, le causan las normas impugnadas; los motivos del agravio y los principios constitucionales que se consideraron trasgredidos. En todo caso, es innecesario que los conceptos de violación se planteen a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, de ahí que se estime que los argumentos de la parte quejosa sí cumplen con las condiciones para ser considerados conceptos de violación, resultando infundada la causal de improcedencia hecha valer. Este criterio tiene sustento en la Jurisprudencia emitida por el Pleno (Novena Época), identificada con el número P./J. 68/2000, consultable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Agosto de 2000, registro número 191384, que precisa lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". En el caso concreto, como adelante se expondrá, sobre el tema de servicios registrales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DAN LUGAR A LA INSCRIPCIÓN VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Por las consideraciones expuestas, se advierte que no se surte la causal de improcedencia invocada por las responsables. SEXTO. Al no actualizarse causal de improcedencia del juicio respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en el artículo 94 Bis, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, se procede a analizar su constitucionalidad. Al respecto, son infundados los conceptos de violación, la suplencia de la deficiencia de la queja, en aplicación de jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Jurisprudencia del Décimo Octavo Circuito, atendiendo a las razones que se expondrán enseguida porque no lo hace valer. En ese sentido, debe establecerse que la jurisprudencia temática es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contrario a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revela un nivel de abstracción de tal índole, que evidencia el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Luego entonces, la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes se refiere a actos legislativos que por ningún motivo o consideración se pueden realizar válidamente, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de esa apreciación dotada de generalidad, es que se hace una declaración indeterminada abreviando el análisis de cada una de las legislaciones que pudieran reiterar el desapego a la norma constitucional, sin mayores propósitos de enmienda, en el mismo vicio de inconstitucionalidad determinado por la Suprema Corte del País. En conclusión, la jurisprudencia temática en materia de inconstitucionalidad de leyes será en todos los casos expresamente determinada por parte del Máximo Tribunal para que sea portadora de las decisiones en las que de manera general se pretenda salvaguardar la Constitución Federal, contra supuestos normativos que por su carácter indiscutiblemente contraventor de ésta, se haga conveniente situarlas como una regla general de interpretación constitucional, de forma tal que cuando el juzgador se encuentre frente al mismo supuesto, reiterado en cualquiera otra legislación, sepa con precisión y sin lugar a dudas, que tiene la obligación de observar la ley desde la misma perspectiva de la jurisprudencia temática creada precisamente para esos fines. Debe precisarse, que la existencia de jurisprudencia temática no implica que se exima al quejoso de impugnar en amparo indirecto la ley que en específico haya sido aplicada en su perjuicio, sino que para que pueda obtener la declaración de inconstitucionalidad respectiva requerirá, como hasta ahora se ha exigido, cumplir con el imprescindible requisito de demandar en la vía constitucional a los órganos legislativos responsables de la misma, a fin de que una vez que se siga el procedimiento, se emita la resolución correspondiente que, en todo caso, confirme el criterio genérico establecido por el Alto Tribunal. En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011Página: 759 Tesis: 2a./J. 95/2011 Materia(s): Constitucional, que prevé que los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo ordena publicar las leyes o decretos expedidos por la Legislatura de dicha entidad federativa, constituyen actos de los comprendidos en el artículo 93 de la Constitución Política local, pues al prever este precepto que toda ley o decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo relativo, es incuestionable que su texto literal no deja duda acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del Gobernador, les es aplicable el requisito de validez previsto en el referido precepto, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el Secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo relativo a que el asunto o materia del decreto corresponda. Así, por ejemplo, un decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado debe refrendarlo también el Secretario de Hacienda del Estado, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y de no hacerse así, no satisface uno de los requisitos para la formación válida del citado acto legislativo. A continuación se trascribe el rubro y texto de la citada jurisprudencia. Ahora bien, la inconstitucionalidad del artículo 94 Bis de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, estriba precisamente en la ausencia de refrendo del secretario del ramo, es decir, del Secretario de Hacienda, hoy Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos. Lo anterior, en virtud de que efectivamente el decreto 587, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, por el que se reformaron entre otros, el artículo 94 bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, fue promulgado por el Gobernador del Estado, por lo que era necesario su refrendo tanto por el Secretario de Gobierno, como por el Secretario de Hacienda, así se consideró en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2006893, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: PC.XVIII. J/5 A (10a.), Página: 710. Consecuentemente, dado que el Decreto número 587, que derogó de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y adicionó a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos diversas disposiciones, entre ellas el artículo 94 Bis, relativo al Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4014 el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, no satisfizo uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, como lo es el refrendo del Secretario de Hacienda, de conformidad con los artículos 76 de la Constitución Local y 9° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, es procedente declarar su inconstitucionalidad, así como la del acto de aplicación atribuido al Tesorero municipal de Temixco, Morelos, siendo innecesario analizar diversos conceptos de violación, dado que el vicio formal advertido origina que el efecto del amparo sea la inaplicación al quejoso de la ley combatida, lo que resulta el mayor beneficio en tratándose del amparo contra leyes. Tiene aplicación al respecto, la tesis XVIII.1o.4 K. emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página 1500, del rubro y texto siguientes. Por lo tanto, se estima que se está ante el caso de salvaguardar la Constitución Federal, contra las disposiciones de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; pues se está ante supuestos normativos que por su carácter indiscutiblemente contraventor de ésta, ante la falta de refrendo del Secretario del ramo, en el caso el de Hacienda, se hace conveniente situarlas dentro de la regla general de interpretación constitucional hecha por el Alto Tribunal, por encontrarse frente al mismo supuesto analizado, pero referido a la legislación del Estado de Quintana Roo; así como por el Pleno del Decimoctavo Circuito, de tal forma que este juzgador federal, sabe con precisión y sin lugar a dudas que tiene la obligación de observar la ley desde la misma perspectiva de la jurisprudencia temática creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno de Circuito, precisamente para esos fines de salvaguarda constitucional. En conclusión se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa Rosa Olais Silvestre, por cuanto al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en el artículo 94 Bis al 94 Bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán reintegrársele las cantidades pagadas por tal concepto, es decir: $13,025.00 (trece mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). Dicho monto incluye la cantidad cobrada por concepto de adicionales, equivalentes al veinticinco por ciento sobre el monto del impuesto, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el impuesto impugnado, no existe base para el cobro del impuesto adicional, dada su estrecha vinculación. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P./J. 112/99, consultable en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 1999, registro número 192846, que precisa lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". Así como la Jurisprudencia emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 188/2004, consultable en la página 470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, registro número 179675, que precisa lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Específicamente respecto a la devolución de las cantidades por concepto de adicionales, a razón del veinticinco por ciento sobre el impuesto impugnado, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 75/2001, consultable en la página 339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, registro número 188086, que precisa lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL. En virtud de que el efecto de las sentencias dictadas en los amparos contra leyes es que al quejoso no le sea aplicada la norma declarada inconstitucional (durante el tiempo de su vigencia), lo conducente es que las autoridades exactoras estén obligadas a restituirle las cantidades que haya enterado, tanto por el impuesto principal como por los tributos complementarios, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de garantías, independientemente de que la protección constitucional se haya sustentado en consideraciones relativas al precepto que señalaba la tasa que debía aplicarse para pagar el tributo principal, pues si los tributos complementarios deben calcularse sobre la misma base, el amparo otorgado trasciende necesariamente a ellos". SÉPTIMO. A mayor abundamiento, en forma destacada se emite razonamiento en relación al pago del impuesto adicional que se generó con motivo del diverso tributo por adquisición de bienes inmuebles: Con apoyo en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, se declaran fundados los conceptos de violación, en suplencia de la deficiencia de la queja, en aplicación de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 114/2013, que es el rubro y contenido siguientes: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes. En efecto, la Segunda Sala del máximo tribunal del país, en la ejecutoria de la contradicción de tesis en mención, determinó esencialmente lo siguiente: ".Asimismo, es importante destacar que el Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 29/2008, en sesión del doce de mayo de dos mil ocho, señaló que la tasa adicional o sobretasa difiere de los impuestos adicionales, en virtud de que la primera participa de los mismos elementos constitutivos del tributo y solamente se aplica un doble porcentaje a la base gravable; mientras que en los segundos el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario. En ese orden de ideas, es menester precisar lo establecido en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, los cuales disponen lo siguiente: (se transcribe) Los preceptos legales transcritos establecen los elementos esenciales del impuesto adicional, que deben pagar las personas físicas o morales que tengan a su cargo, directa o solidariamente, pagos por concepto de impuestos y derechos municipales del Estado de Morelos, en los términos siguientes: Sujetos pasivos. Las aludidas personas que realicen los pagos de mérito. Objeto del impuesto: Gravar los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de la entidad federativa en comento. Base gravable: El monto de los pagos que se realicen por las mencionadas contribuciones. Tasa: Es del 25% sobre la mencionada base gravable. Época de pago: En el momento en que se realicen los pagos objeto del gravamen. Destino de lo recaudado. Si el tributo se genera por el pago del impuesto de traslado de dominio -se encuentra derogado desde mil novecientos ochenta y nueve, y absorbido o sustituido por el impuesto sobre adquisición de inmuebles, mediante decreto publicado en el periódico oficial del veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve-, así como por enterar los derechos sobre fraccionamientos, el 15% de lo recaudado se destinará para apoyo a la educación; el 5% Pro-Universidad; y, el 5% para fondo de fomento a la industrialización. Si el impuesto se causa por los pagos que se realicen por los demás impuestos y derechos, entonces el 25% recaudado se destinará para cubrir los gastos generales del Municipio. De acuerdo con tales reflexiones, debe puntualizarse que esta Segunda Sala considera que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos de impuestos y derechos municipales en esa entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de la mencionada obligación tributaria, tan es así que la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas, al cual debe aplicarse la tasa del 25%, por lo que es inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador local para diseñar el hecho imponible, no refleja la capacidad contributiva de los causantes. Se expone tal aserto, pues el impuesto adicional no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica, sino fue estructurado para gravar de manera global todos los pagos de contribuciones municipales que efectúen los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa precisamente al momento de cumplir con esa obligación tributaria; de ahí que no puede estimarse que participe de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio sobre el que se calcula su monto, pues no se encuentra circunscrito a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino tiene por objeto todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos. No representa obstáculo para la mencionada conclusión, que en el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se mencione a un impuesto adicional referido al impuesto de traslado de dominio y a los derechos sobre fraccionamientos (el primero se encuentra actualmente derogado y absorbido parcialmente por el impuesto sobre adquisición de inmuebles), por lo que pudiera pensarse que opera como una sobretasa de dichas contribuciones, o que participa de los mismos elementos esenciales del tributo primario y que, por tanto, grava la misma capacidad contributiva afectada en el primer nivel impositivo; toda vez que lo cierto es que en la mencionada disposición únicamente se aclara cuál es el destino que debe darse a los recursos obtenidos por el aludido impuesto adicional, pues si se genera por el pago de aquellos tributos el 15% se destinará para apoyo a la educación; el 5% Pro-Universidad; y, el 5% para fondo de fomento a la industrialización, habida cuenta que si se causa por los pagos que se realicen por los demás impuestos y derechos, entonces el 25% total recaudado se destinará para cubrir los gastos generales del Municipio. En esa tesitura, es inconcuso que el impuesto adicional previsto en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, por lo que es patente que viola el principio de proporcionalidad tributaria." Por lo tanto, toda vez que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que integran el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, porque dicha contribución tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, lo que motiva a declarar su inconstitucionalidad. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante para el efecto de que: a) No se le aplique en el caso concreto y ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, cuya porción corresponde a la cantidad de $2,605.00 (dos mil seiscientos cinco pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de los artículos en mención; cabe precisar esa cantidad no es autónoma a la fijada en la declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles (foja 53 y 66) expedido por la Tesorería Municipal de Temixco, Morelos, sino que ésta se encuentra inmersa en el monto total de dicho recibo, resultando integradora de la cantidad anteriormente fijada, consistente en $13,025.00 (trece mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). OCTAVO. Por lo que hace a la constitucionalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, son fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. En efecto, se sostiene de manera sustancial, que se transgrede en su perjuicio la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, establece que por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales y administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, para determinar el monto que el particular debe enterar al Estado por concepto de inscripción, se estará al valor mayor que resulte de la operación, el valor catastral, avalúo bancario o de factura, al 12 al millar. Es indudable dice la quejosa, que tal precepto es inconstitucional, pues riñen con los citados principios de proporcionalidad y equidad, ya que al fijar el costo que por tales servicios presta el Estado, tomando como base el valor de las operaciones y no el servicio que se proporcionan, el ente público grava con diferentes cuotas una misma prestación, de tal manera que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor de la operación a registrar, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas, además, trata en forma diversa a los causantes de un mismo gravamen, dejándolos en un plano de desigualdad, no obstante que se encuentran en idéntica situación al causar un derecho similar. En efecto, la disposición combatida, a decir de la parte quejosa, viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque, dicen, al establecer una tasa fija a razón de doce al millar sobre el valor del acto jurídico que conste en el documento a inscribir; no atiende al costo que implica para la autoridad las inscripciones de los documentos que contienen dichos actos jurídicos, es decir la prestación del servicio. Es fundado el concepto de violación. Para demostrar lo anterior resulta necesario precisar, en primer término, qué es lo que se entiende por la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, para estar así en condiciones de determinar si el precepto impugnado es o no violatorio de dicho principio. En ese sentido, resulta indispensable atender al contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional, el cual dispone: "ARTÍCULO 31. Son obligaciones de los mexicanos: .IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". Derivado del precepto constitucional transcrito, se desprenden las siguientes garantías en materia tributaria: a). El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones al gasto público de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios. b). Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. c). Las contribuciones deben estar establecidas en una ley. De lo anterior se colige la obligación de que las contribuciones sean proporcionales. Esta proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Así lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P./J. 10/2003, consultable en la página 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, mayo de 2003, registro número 184291, que precisa lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.". Sin embargo, el propio Pleno del más Alto Tribunal de Justicia de la Nación determinó que, con relación a las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos, por ser de una naturaleza distintas de la de los impuestos, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de aquéllos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. De acuerdo a lo anterior, asiste la razón al impetrante de amparo, quien tilda de inconstitucional el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, cuyo texto es del tenor literal siguiente: Artículo 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: (.) II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves; sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, avalúo bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado; (.) Ello es así, puesto que de conformidad a estos preceptos, se prevé que por el derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, de los actos y documentos que ahí se mencionan, se pagará sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el valor catastral, bancario o de factura: doce al millar. De lo que resulta que el elemento que se toma en consideración para el pago del derecho es, de manera fundamental, el valor que represente el acto jurídico y no el costo para el Estado por la prestación del servicio. Esto significa que no se atiende a los dos elementos que constituyen la garantía de proporcionalidad en los derechos por servicios y que son, a saber: 1. El costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y 2. Que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. De ahí que los causantes pagarán una mayor o menor cantidad, dependiendo siempre del valor de la operación, lo que provoca que por los mismos servicios se causen cantidades distintas; transgrediéndose así el principio de proporcionalidad tributaria. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P./J. 121/2007, consultable en la página 2099, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, registro número 170439, que precisa lo siguiente: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo.". En atención a todo lo anteriormente expuesto y al resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en torno a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en particular respecto al artículo 77, fracción II de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, para el efecto de que no se le aplique tal disposición en la porción normativa que contiene los vicios de constitucionalidad. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirlo en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberá serle reintegrada la cantidad pagada por tal concepto, es decir, $2,345.00 (dos mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), cuya cifra incluye la cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) por concepto de impuesto adicional, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, no existe base para el cobro adicional. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P./J. 112/99, consultable en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 1999, registro número 192846, que fue trascrita anteriormente, y cuyo título dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." También la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 188/2004, consultable en la página 470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, registro número 179675, que fue citada íntegramente con antelación y que es del rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS". Específicamente respecto a la devolución de la cantidad por concepto de adicionales, a razón del veinticinco por ciento sobre el derecho de inscripción, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 75/2001, consultable en la página 339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, registro número 188086, la cual también ya fue citada en párrafos que anteceden, y que es del rubro que a continuación se trascribe: "SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL". En ese contexto, conforme al ya citado artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la protección constitucional son restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, así, la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un impuesto, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional. Cabe señalar que las autoridades responsables, Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, invocan que los efectos de la sentencia deben considerar que el quejoso recibió un servicio por el que se erogaron recursos para su prestación; de ahí que se debe obligar a que pague la tarifa prevista en el artículo 78, fracción V, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Lo cual es fundado en los términos de la jurisprudencia aprobada por la segunda Sala en sesión de catorce de marzo de dos mil doce, 2ª./J.29/2012, de la Décima Época, con el rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PROCEDE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUELLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31 , fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida se su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". Consecuentemente, la autoridad podrá cobrar al quejoso la cantidad que prevé el citado precepto, vigente en el Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ROSA OLAIS SILVESTRE, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en el artículo 94 Bis AL 94 Bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, así como lo relativo al impuesto adicional del 25 % sobre ese impuesto municipal previsto en los artículos 119 a 125 de la aludida ley, que se aplicó al quejoso, y que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $13,025.00 (trece mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Tesorero del Municipio de Temixco, Morelos y Ayuntamiento de Temixco, Morelos; asimismo, contra el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $2,345.00 (dos mil trecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), en aplicación de la norma legal citada, que se reclamó al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos con sede en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta que da fe, veintisiete de abril de dos mil diecisiete que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal. Doy fe.
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