Rosa Noemí Domínguez Martínez
Expediente 657/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosa Noemí Domínguez Martínez
- Rosa Noemí Domínguez Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual acusa recibo del oficio 25834/2021, con el que se le devolvió los autos del expediente laboral 444/2007 de su índice, que envió en apoyo a su informe justificado, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en la que en su resolutivo primero se sobreseyó en el juicio de amparo y en el segundo punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la aludida sentencia se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Por último, devuélvase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado el expediente relativo al juicio laboral 444/2007, que envió con su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, quien da fe.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******************, la sentencia constitucional de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 657/2020-II, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que dice: Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***********************, respecto de los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********************, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 657/2020-III, promovido por Rosa Noemí Domínguez Martínez, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa y posteriormente turnado a este juzgado al día siguiente Rosa Noemí Domínguez Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de su Presidente y su Secretaria. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de siete de agosto del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: La resolución de trece de febrero de dos mil veinte, en el incidente de liquidación del juicio laboral 444/2007. Tercero. Actos existentes. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de dicha Junta y la Secretaria de Acuerdos de la misma, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron que son ciertos el acto que se les atribuye, lo que se corrobora de dichos informes y de las documentales que el mencionado Presidente de la Junta que remitió en apoyo a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que los actos reclamados se consideran existentes. Cuarto. Causal de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa respecto de los actos que el quejoso reclama de la Secretaria de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como señala la autoridad responsable antes mencionada, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Los preceptos citados disponen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." A criterio de quien esto resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los preceptos legales antes transcritos, en razón de lo siguiente: De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Secretaria de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la emisión de la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, en el incidente de liquidación del juicio laboral 444/2007. Ahora bien, de los artículos previamente invocados, se deriva que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; bajo dichas premisas, en la resolución que constituye el acto reclamado no se advierte que la Secretaria de la Junta del conocimiento, hubiese tenido algún acto de decisión o de ejecución, ya que en el caso su función fue únicamente la de autorizar, esto es, dar fe, como lo dispone el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo y autorizar la citada resolución interlocutoria que se combate por ésta vía, acorde a lo previsto en los preceptos 837 y 839 de la citada ley; por lo tanto, es indudable que dicho funcionario no puede ser considerado como autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo, pues la función de autorizar la resolución interlocutoria del incidente de liquidación que dictó la Junta de origen, equivalió a dar fe que efectivamente fue pronunciada por esta autoridad. En esas condiciones, respecto al acto reclamado de la Secretaria de Acuerdos de la Junta responsable, al encontrarse acreditado que únicamente dio fe de la resolución combatido, se acredita la causal de improcedencia invocada. Brinda sustento al respecto, la tesis: VI.2o. J/95 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 198939, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Tomo V, abril de 1997, Materia(s): Laboral, página 185, del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." Lo anterior es así, toda vez que por sus funciones específicas, el Secretario de Acuerdos adscrito al juzgado responsable, no puede adquirir la jerarquía de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia I.2o.P. J/20 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 87 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, de enero de 1991, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." También aplica al caso la diversa tesis VII.2o.C. J/2 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 204360, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Tomo II, septiembre de 1995, Materia(s): Civil, visible en la página 388, que dice lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal." Por lo anterior, respecto al acto reclamado a la citada autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, sobre el particular procede sobreseer en el juicio. Quinto. Conceptos de violación. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse alguna que deba analizarse de oficio, se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos que el quejoso expresó y están contenidos en su escrito de demanda, los que aquí se tienen por reproducidos con apoyo en la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa argumenta que se violan sus derechos humanos ya que la autoridad responsable determinó un monto absurdo de pensión por riesgo de trabajo, que no le permite vivir dignamente, lo que es derecho fundamental, ya que el daño sufrido no le permite desarrollar una actividad que le provea un sustento digno y por su condición física se encuentra en un grupo vulnerable, al no contar con protección por parte del Estado. Que habiendo sido privada de tener una vida digna por causa del accidente de trabajo sufrido que le causó daños que han deteriorado su calidad de vida; no obstante, la autoridad responsable y el Instituto tercero interesado han violado sus derechos, ya que la primera al emitir la resolución reclamada no tomó en cuenta el salario real que percibía al momento de sufrir el riesgo de trabajo, sino que de manera ilegal y sin fundamento, cuantificó el monto de la pensión con el salario señalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el último registrado; sin embargo, no es el que la quejosa señaló en su demanda de origen, que era la cantidad diaria integrada de $196.48, como último salario percibido. En relación con lo anterior, destaca que a la demandada Kantenah Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, por lo que se acredita el salario; en tanto que la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente señaló el supuesto salario con el que la persona moral demandada la registró, sin que esto signifique que es el que percibía, ya que es del conocimiento público y práctica común de los patrones que a los trabajadores se les registre con un salario menor al que se perciben en realidad, debido a los altos pagos de aportaciones, cuotas e impuestos, siendo que, en todo caso, a la mencionada demandada le correspondería acreditar el dicho salario que la actora percibía en el tiempo que duró la relación de trabajo o el que percibía al momento de sufrir el riesgo de trabajo lo cual no hizo, porque el informe que el Instituto emitió, no era suficiente para tenerlo acreditado. También destacó que el Instituto demandado tenía un desfase en sus afiliaciones, pues los registros del patrón no necesariamente se realizaban diario, además de que el propio Instituto lo emite por lo que pudo haber sido modificado o alterado para beneficio propio. Además, la quejosa puntualizó que los laudos dictados el quince de junio del dos mil quince y treinta de agosto del dos mil dieciséis, señalaban que a la demandada Kantenah Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, al hacerle efectivos los apercibimientos correspondientes, por lo que entonces debió tenerse por acreditado el salario señalado por la propia quejosa en su demanda laboral, lo cual no tuvo en cuenta la autoridad responsable, lo que podría considerarse que está revocando sus propias determinaciones. Destacó la peticionaria de amparo, que ninguno de los laudos especificaba de alguna manera el monto del salario que debía tomarse en cuenta para cuantificar la pensión, pues en el último de aquellos únicamente se señaló, a foja once, primer párrafo: "...por lo que para la cuantificación de la citada pensión deberá tomarse en cuenta el salario que el actor tenía al momento de ocurrir el riesgo (24 de mayo del 2006) pero con los incrementos respectivos..."; y que la autoridad responsable señaló que el salario que se tomaba en cuenta era el que tenía al momento de sufrir el riesgo, más los incrementos; de manera que emitió la resolución sin respetar dicho laudo que se pretendía cumplir con el incidente de liquidación, pues, al haberse tenido a la demandada por contestando en sentido afirmativo, debió imperar el salario señalado en la demanda de origen y es por tanto que la cuantificación hecha por la responsable no se encuentra ajustada a derecho, carece de fundamentos, con un salario más bajo del que le corresponde. Que la finalidad del incidente de liquidación fue determinar la cantidad total a pagar por el Instituto, pues en ambos laudos dictados se señaló el monto del salario sobre el cual debería calcularse la pensión, por lo que el monto de la pensión debió haber sido calculado con base al salario que se tuvo por acreditado por la quejosa al haber sido contestada en sentido afirmativo por la demandada. Son infundados los conceptos de violación antes sintetizados, sin que se advierta deficiencia que suplir de conformidad con la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. En principio, cabe precisar que la resolución reclamada fue emitida en cumplimiento a la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 1003/2019, del índice de este juzgado, en el que se concedió el amparo a la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, relativa al incidente de liquidación sobre pensión por incapacidad permanente parcial y emitiera una nueva determinación con plenitud de jurisdicción, pero tomando en cuenta que en el laudo respectivo se determinó que no existían elementos para conocer el salario de la actora en la fecha en que ocurrió el riesgo, entonces, se pronunciara respecto de la eficacia o trascendencia que pudieran o no tener las pruebas existentes sobre dicha cuestión, de manera fundada y motivada, esto es, justificara cómo y por qué motivo se toma en consideración cierto salario, a partir del cual se pudieran realizar las operaciones respectivas como dispone el artículo 58 de la Ley del Seguro Social en vigor y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, para establecer a cuánto asciende el monto de la pensión. Lo anterior, al considerarse que la autoridad del conocimiento partió de una premisa incorrecta, ya que afirmó que en el laudo de treinta de agosto de dos mil dieciséis, se determinó que el salario de la actora, aquí quejosa, en el año dos mil dieciséis (sic), era de $48.70 (cuarenta y ocho pesos, con setenta centavos), y que por tanto, el cálculo de los incrementos debía hacerse con base en el monto señalado, sin embargo de la consulta a las constancias relativas al mencionado laudo se pudo constatar que expresamente se señaló como un dato desconocido, el salario de la actora al momento de ocurrir el riesgo, pues se consideró que no se contaba con elementos para determinar ese dato básico. En tal virtud, se estimó que se debió explicar cómo y por qué motivo se tomaba en consideración cierto salario, a partir del cual se pudieran realizar las operaciones respectivas como dispone el artículo 58 de la Ley del Seguro Social en vigor y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, para establecer a cuánto ascendía el monto de la pensión por incapacidad permanente parcial del cincuenta por ciento. Asimismo, se estimó que en caso de ser necesario, la autoridad responsable debería atender a las tablas de salarios mínimos vigentes en la época del riesgo, de acuerdo con el área geográfica correspondiente y, también, en su caso, que la actora manifestó en la demanda laboral de origen, que se desempeñaba como camarista de la patronal demandada, en Playa del Carmen, Quintana Roo, cuya actividad se encuentra comprendida en la tabla respectiva. Lo anterior, porque según se estimó, tratándose del salario promedio de cotización, se debe analizar el alcance de los datos señalados por el trabajador, para establecer si se encuentran fundados en circunstancias acordes con la realidad de los hechos; esto a fin de establecer si su dicho se funda en circunstancias acordes con la realidad de los hechos y, en consecuencia, si es apto o no para tener por cierto ese aspecto, aun cuando el instituto demandado no justificara sus excepciones o no lo controvierta, ya que la regla aludida no puede aplicarse cuando la falta de cumplimiento del débito procesal conduce a resultados absurdos, ilógicos o inverosímiles, por no corresponder o ser excesivo el sueldo argumentado por el asegurado, conforme a las funciones que aseveró desempeñaba, su cargo, su edad o la época en la cual estuvo inscrita en el régimen obligatorio del seguro social; supuesto en el cual, aquéllos estarán obligados a apartarse del resultado formalista y resolver con apego a la verdad material deducida de la razón y exponiendo los fundamentos y razonamientos lógico jurídicos que acompañen su conclusión. Por su parte, la autoridad responsable dictó la resolución que aquí se reclama, determinando que no existían elementos para conocer el salario de la actora en la fecha en que ocurrió el riesgo. Ahora bien, se estiman infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que, por un lado, contrario a lo estimado, la resolución reclamada no carece de fundamentación, pues según se advierte la autoridad responsable señaló con claridad los preceptos legales aplicados, esto es, al momento de cuantificar el monto de la pensión por incapacidad permanente parcial del cincuenta por ciento, citó los artículos 58, 68, 170 y 171 de la Ley del Seguro Social, de los que concluyó que en el laudo correspondiente se determinó que no existían elementos para conocer el salario de la actora en la fecha en que ocurrió el riesgo; luego, expuso los motivos por los que no tomó en cuenta la prueba instrumental de actuaciones ofrecida por la parte demandada, relativa al salario que correspondía a la actora, ni el que manifestó ésta en su demanda, por no encontrarse demostrado, sino que atendió al de las tablas de salario mínimo correspondiente, sin embargo dejó a salvo los derechos de la parte actora, para solicitar los incrementos respectivos, en caso de que quede acreditado con posterioridad. En ese sentido, indicó que el setenta por ciento del salario mínimo general profesional correspondiente al puesto de camarista correspondiente al área geográfica C, a la que pertenece Playa del Carmen, Quintana roo, lugar en donde la actora laboraba, es de 58.52 (son: cincuenta y ocho pesos 52/100, moneda nacional), y el cincuenta por ciento de dicha cantidad que es el porcentaje que corresponde a la quejosa, es de $29.26 (son: veintinueve pesos 26/100, moneda nacional) que multiplicada por treinta ascendía a $877.80 (ochocientos setenta y siete pesos 80/100, moneda nacional), sin embargo, al estimar que el Instituto demandado estaba conforme con la aplicación de la pensión garantizada de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que la entró en vigor la Ley del Seguro Social, incrementada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tal como establece en el numeral 170 del mencionado cuerpo legal, fijo como pensión la suma de $1,219.40 (son mil doscientos diecinueve pesos 40/100). Por lo que una vez que realizó las operaciones aritméticas correspondientes condenó al Instituto demandado a pagar la cantidad de $73,317.42 (son setenta y tres mil, trescientos diecisiete pesos 42/100, moneda nacional), por concepto de monto total de la pensiones generadas en el periodo del quince de junio de dos mil quince al treinta y uno de enero de dos mil veinte, así como la cantidad de $3,054.87 (son tres mil cincuenta y cuatro pesos 87/100, moneda nacional), por concepto de aguinaldo. De lo antes expuesto es dable concluir, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, pues la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para su dictado, existiendo además adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 204, de la Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Tampoco le asiste razón a la parte quejosa al indicar que debió tenerse por acreditado el salario que se indicó en su demanda laboral, ya que, según aduce, en los laudos dictados el quince de junio del dos mil quince y treinta de agosto del dos mil dieciséis se señaló que a la demandada Kantenah Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, se le tuvo por contestada en sentido afirmativo, por lo que al no hacerse de esta forma se podría considerarse que la autoridad responsable está revocando sus propias determinaciones. Lo anterior es así, pues como bien indicó la autoridad responsable, de la lectura de las constancias que fueron remitidas como justificación de sus actos se puede advertir que en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil siete, se declaró que dicha Junta carecía de competencia legal para conocer de las acciones ejercitadas por la actora consistentes en el despido injustificado, entre las que se encuentran las relativas al salario y se estimó competente respecto de las acciones del riesgo de trabajo, lo que hizo que en el laudo no se haya determinado dicho salario, incluso, según se puede advertir, se absolvió a la demandada Kantenah Servicios S.C. de otorgar la pensión por incapacidad parcial permanente. De ahí que aun cuando se haya hecho constar que a la mencionada demandada se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, no resulta suficiente para tener por acreditado el salario que se mencionó en la demanda laboral. Respecto a lo manifestado por la quejosa en el sentido de que no significa que el salario con el que se registró sea el que realmente percibía, ya que es del conocimiento público y práctica común de los patrones que a los trabajadores se les registre con un salario menor al que se perciben en realidad, sin embargo, es de indicarse que estas aseveraciones son meras apreciaciones subjetivas, que no son suficientes para tener por demostrado el salario que indica. Asimismo, resulta infundado lo manifestado por la quejosa en el sentido de que el salario que se consideró para cuantificar la pensión es el que el Instituto demandado proporcionó, por lo que podría modificado o alterado, sin embargo contrario a lo aducido, no se advierte que la Junta responsable haya calculado dicha pensión con base en el monto indicado, sino con base en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que la entró en vigor la Ley del Seguro Social, incrementada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tal como establece en el numeral 170 del mencionado cuerpo legal. De ahí que ante lo infundado de los conceptos de violación, expuestos por la parte quejosa, se impone negar el amparo solicitado, sin que se advierta deficiencia que suplir de conformidad con la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. Sexto. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Rosa Noemí Domínguez Martínez, respecto de los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos expuestos en el considerado cuarto de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosa Noemí Domínguez Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, hasta hoy treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, que las labores lo permitieron.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Rosa María Gamboa Góngora645/2018
- Rosa María Pérez Hernández786/2019
- Rosa María Sánchez Río797/2021
- Rosa María Ventura Quintal488/2022
- Rosa Nidia Macías O'horan501/2021
- Rosa Noemí Domínguez Martínez1003/2019
- Rosa Noemí Domínguez Martínez658/2020
- Rosa Virginia Méndez Reyes1352/2018
- Rosalba Aireth Castillo Pacheco785/2019
- Rosalba Ramírez Salazar1638/2023
- Rosalba Ramírez Salazar1678/2023
- Rosalba Ramírez Salazar1082/2023