Rosa Nelly de la Cruz Zarao

Expediente 771/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
771/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Rosa Nelly de la Cruz Zarao

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Causa estado el auto de doce de junio del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso B de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 12 de junio de 2019, que a la letra dice: DESAHOGA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa Rosa Nelly de la Cruz Zarao, mediante el cual en cumplimiento a la prevención realizada en proveído de seis de junio de dos mil diecinueve (foja 26), manifiesta bajo protesta de decir verdad que el primer acto de aplicación del acto que reclama fue en febrero de dos mil diecisiete; en consecuencia, al respecto se provee: ANÁLISIS DE LA DEMANDA De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por la quejosa, en términos del artículo 74 fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destacan como actos reclamados, los siguientes: ".IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- La expedición, aprobación y publicación del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el Suplemento "C" número 7707, al periódico oficial del Gobierno del estado, con fecha 16 de julio del 2016, por la inconstitucionalidad del artículo 149, al establecer los incrementos de la pensión en Unidad de Medida y Actualización, en contravención con el artículo 81 de la Ley de Seguridad Social del estado de Tabasco, actos reclamados que les atribuyo a la Autoridades responsables ordenadoras. 2.- La ilegal ejecución en mi perjuicio del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el Suplemento "C" número 7707, al periódico oficial del Gobierno del estado, con fecha 16 de julio del 2016, al aplicarse a la suscrita el incremento a la pensión en Unidad de Medida y Actualización cuando el artículo 81 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, señala que debe ser en Salario Mínimo, acto reclamado que le atribuyo al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, como autoridad ejecutora." Además, al dar cumplimiento a la prevención de veintiocho de mayo pasado, en su escrito de cuatro de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa literalmente expresó lo siguiente: ".Que impugno el Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en su carácter heteroaplicativo señalando como acto concreto de aplicación el incremento a la pensión por invalidez que me paga el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, incremento que se da de manera anual, y cuyo incremento de manera ilegal realiza en Unidad de Medida y Actualización aplicando el artículo 149 del citado reglamento y no el incremento que sufre el Salario Mínimo a como lo señala la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco en su artículo 81." Asimismo, por diverso de diez siguiente, manifestó: ".Que el primer acto de aplicación fue el incremento a la pensión que aplicó la autoridad responsable a mi pensión por invalidez en el mes de febrero del 2017 y que, en forma ilegal, reiteró en el mes de febrero del año 2018 y en el mes de febrero del año 2019, ya que la aplicación del incremento en la forma como lo señala el artículo 149 del Reglamento impugnado es anual. Cabe señalar que, la suscrita bajo protesta de decir verdad, desde el mes de febrero del año 2017, en que en forma indebida se aplicó a mi pensión en UMA y no en salario mínimo, me inconforme ante la autoridad responsable, sin embargo, se me dijo que el año siguiente se me aplicaría el incremento en salario mínimo y no en UMA, para lo cual se me tomó mis datos." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Así las cosas, en el caso se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haberse consentido tácitamente el acto reclamado. Para justificar esta afirmación es menester citar el contenido de los artículos 61 fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que una de las hipótesis legales previstas en ellos, es la que se actualiza en el presente asunto y que trae como consecuencia la improcedencia del juicio; dichos artículos literalmente disponen: "Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensas ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computaran a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda de amparo no se presenta en forma oportuna en relación dentro del plazo de quince días señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo o de treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, según la fracción I de dicho ordenamiento. En efecto, para el caso concreto, el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince o treinta días; asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el artículo 18 de la Ley de Amparo, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado (en caso de aplicación de la norma), lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren indispensablemente un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Ahora, esas hipótesis básicamente son las mismas que establecía el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sobre las cuales el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó tales hipótesis en que comienza a correr el término de quince días para presentar la demanda de amparo; así sostuvo que se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, interpretación que no se opone al actual texto vigente de la Ley de Amparo. Tal y como se advierte de la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo en cuanto al acto de aplicación que se estima como primero de la norma impugnada, ha fenecido; puesto que la aquí quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de diez de junio de dos mil diecinueve (foja 30), manifestó que su primer acto de aplicación fue en febrero de dos mil diecisiete en su carácter heteroaplicativo, al efectuarse el incremento a su pensión por invalidez calculado conforme a la Unidad de Medida y Actualización. Entonces, dicha confesión expresa adquiere valor probatorio en términos de los artículo 95, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que no es factible considerar que se ostentó sabedora del acto reclamado, con posterioridad a la fecha que ella misma señalo -febrero dos mil diecisiete-, tal y como lo refiere en el libelo de cuenta, pues se insiste, aceptó hacerse sabedora desde esa fecha. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1996, Tomo III, con registro electrónico 200094, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De lo anterior, se advierte que el término para presentar la demanda de amparo, tomando en cuenta que se ostentó sabedor del acto que reclama en febrero de dos mil diecisiete, transcurrió del tres al veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, con excepción de los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero del citado año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, según la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, es inconcuso que se promovió fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, página 5, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Además, este órgano jurisdiccional estima que el acto combatido no es de aquéllos que atentan contra la libertad personal, aunado a que no se ubica en los casos de excepción a que se refiere la fracción IV, del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, porque los actos de esa naturaleza a que se refiere aquel numeral, son los emitidos fuera de cualquier procedimiento, esto es, la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo se autoriza cuando los ataques a la libertad se emitan sin que se siga el debido proceso a que se refiere el artículo 14 constitucional, lo que no acontece tratándose de un acto administrativo, como acontece en el presente asunto. Por tanto, el amparo contra este tipo de actuaciones debe promoverse dentro del término genérico de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que se ostentó sabedora la parte quejosa del acto reclamado en esta vía constitucional, conforme a la ley que rige el acto. Por otra parte, sin que sea impedimento para ello, se aprecia que la quejosa haya impugnado la inconstitucionalidad del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco vigente, en su carácter de ley autoaplicativa, tal y como se desprende del apartado ".IV ACTO RECLAMADO: La expedición, aprobación y publicación del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco."; sin embrago, de la integridad de su demanda de derechos fundamentales, dicha impugnación la hace en atención a la primera aplicación del incremento en la forma como lo señala el artículo 149 del Reglamento mencionado, lo que patentiza que en esta vía constitucional se reclama el citado ordenamiento con motivo de su primer acto de aplicación. En ese orden de ideas, es evidente que, si bien el artículo 18 de la Ley de Amparo, prevé dos oportunidades para combatir la ley para que no se tenga por consentida, es decir que se impugne desde su vigencia que se sujeta al término de treinta días o contra el primer acto de aplicación (quince días), si la quejosa no la impugna en el plazo genérico de quince días, con motivo de su primer acto de aplicación, ya no puede estarse al término especial de treinta días para combatirla. Pues la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si la quejosa impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de quince días en los términos destacados. En ese tenor, si la quejosa combate el Reglamento con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presentó fuera del plazo de quince días aludido (veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve), el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta al citado Reglamento, sin que resulte válido pretender que en relación con este último se aplique el plazo de treinta días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, la quejosa la combatió a través de su primer acto de aplicación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 95/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia der la Nación, consultable en la página 328, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación." Además, este órgano jurisdiccional estima que el acto combatido no es de aquéllos que atentan contra la libertad personal, aunado a que no se ubica en los casos de excepción a que se refiere la fracción IV, del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, porque los actos de esa naturaleza a que se refiere aquel numeral, son los emitidos fuera de cualquier procedimiento, esto es, la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo se autoriza cuando los ataques a la libertad se emitan sin que se siga el debido proceso a que se refiere el artículo 14 constitucional, lo que no acontece tratándose de un acto administrativo, como acontece en el presente asunto. Por tanto, el amparo contra este tipo de actuaciones debe promoverse dentro del término genérico de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél al en que se ostentó sabedora la parte quejosa del acto reclamado en esta vía constitucional, conforme a la ley que rige el acto, razón por la que se considera extemporánea la demanda de derechos fundamentales. Acorde a lo anterior, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Rosa Nelly de la Cruz Zarao, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y otras autoridades...

  4. Principal

    Notifíquese Personalmente...

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