Rosa Martínez Zúñiga

Expediente 810/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
810/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Rosa Martínez Zúñiga
  • Norma Angélica Rocha Ferrel
  • ROSA MARTÍNEZ ZÚÑIGA y Otros.
  • NORMA ANGÉLICA ROCHA FERREL y Otros.
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto; el escrito de cuenta, signado por el quejoso *****, atento al contenido del mismo, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos, las cuales deberán estar perfectamente legible y razón que de su recibo quede en autos....III

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado a los quejosos ******* para manifestar lo que a sus intereses convinieran en torno a las constancias remitidas por la autoridad responsable, en virtud de que ésta señaló que de ellas se desprendía que cumplió con la ejecutoria de amparo, lo que realizaron los quejosos mediante escritos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho de septiembre y diez de octubre, ambas de la presente anualidad. En ese sentido, esto órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si la autoridad responsable dio o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de catorce de agosto de dos mil diecisiete, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo a los quejosos para los siguientes efectos: "[.]En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a **** para el efecto de que la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro en esta ciudad de Querétaro, deje insubsistene la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el que actualiza la planilla de liquidación solicitada y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción emita otro evitando incurrir en los mismos vicios aquí encontrados, esto es, señale el fundamento legal y emita los motivos por los cuales considera que los salarios caídos quedan interrumpidos al no haber comparecido los quejosos a la reinstalación; también exprese los preceptos legales y motivos para determinar las cantidades actualizadas "menos deducciones de ley que tiene obligación la actora de cubrir"; de igual manera, señale los fundamentos y motivos por los cuales no es posible acordar de conformidad la petición de la actora de aplicar las sanciones previstas en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Querétaro, así como dar vista a la Secretaría de la Contraloría del Estado y a la Legislatura del Estado de Querétaro.. [.]" Fallo que al no haber sido impugnado, se declaró ejecutoriado por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que, en el mismo proveído se requirió a la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, para que diera cumplimiento al fallo protector. Luego, mediante oficios recibidos por este juzgado el once de septiembre de dos mil diecisiete y el tres de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable remitió copia certificada de los acuerdos de ocho de septiembre y tres de octubre de dos mil diecisiete, en los que dejó insubsistente el proveído del diecisiete de mayo del diecisiete y actualizó la planilla de liquidación emitida en el juicio de origen. En virtud de lo anterior, para determinar si efectivamente la responsable cumplió la sentencia amparadora, debe realizarse una confrontación de los efectos establecidos en dicha ejecutoria y la parte considerativa de las resoluciones emitidas en cumplimiento a ella. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO A) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el que actualiza la planilla de liquidación solicitada. B) Emita una nueva resolución evitando incurrir en los mismo vicios aquí encontrados, esto es, señale el fundamento legal y emita los motivos por los cuales considera que los salarios caídos quedan interrumpidos al no haber comparecido los quejosos a la reinstalación; también exprese los preceptos legales y motivos para determinar las cantidades actualizadas "menos deducciones de ley que tiene obligación la actora de cubrir".....III C) Señale los fundamentos y motivos por los cuales no es posible acordar de conformidad la petición de la actora de aplicar las sanciones previstas en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro, así como dar vista a la Secretaría de la Contraloría del Estado y a la Legislatura del Estado de Querétaro. Cabe hacer mención que en proveído del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se dejó insubsistente el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, solicitando primero se actualice la planilla de liquidación para cada uno de los actores y se despache de nueva cuenta ejecución. ESTE EFECTO SE CUMPLIÓ EN EL ACUERDO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Respecto de lo solicitado por la parte actora en los escritos de referencia y en cumplimiento a lo señalado por el juzgado quinto de distrito de amparo y juicios federales en estado de Querétaro, en ejecutoria enviada a esta autoridad mediante oficio 2267 y 2268, así como en cumplimiento al oficio 23141/2017, esta autoridad previo a actualizar la planilla de liquidación, le reitera a la parte actora que toda vez que esta omitió comparecer a su reinstalación en fecha 3 de enero del año 2017, tal y como se desprende de la constancia levantada por el actuario adscrito a este tribunal que obra a fojas 1840 de autos, los salarios caídos quedan interrumpidos a partir de la fecha que se señalo para su reinstalación. Lo anterior es así en razón de que al no haber comparecido la parte actora en la fecha indicada por la autoridad laboral para llevar a cabo su reinstalación, demuestra una negativa y falta de interés para que se de cumplimiento al laudo dictado y por ende, una conducta procesal contradictoria a la acción demandada, siendo esta el elemento especial para determinar la intención de dicha conducta, reiterándose que su incomparecencia destruye la pretensión de reinstalación entrañado un desinterés, siendo en este caso, que el interés constituye un elemento esencial de la acción, teniendo sustento en la siguiente tesis OFRECIMIENTO DE TRABAJO. CUANDO ES CALIFICADO DE BUENA FE, EL RECHAZO FICTO A LA PROPUESTA REINSTALATORIA EFECTUADA AL TRABAJADOR QUE DEMANDÓ LA REINSTALACIÓN, INVALIDA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SUS ACCESORIAS (SALARIOS CAÍDOS), POR ENTRAÑAR DESINTERÉS EN OBTENER UN LAUDO CONDENATORIO RESPECTO DE LA ACCIÓN PRINCIPAL INTENTADA. Ahora bien, no obstante lo anteriormente señalado, resulta de igual manera precisar que dichos salarios quedan interrumpidos a partir de la fecha que se ordena la reinstalación, en razón de que al materializarse la reinstalación de la parte actora, al día siguiente de ésta, comienzan a correr los salarios ordinarios o devengados, ya no caídos, pues el pago de los salarios vencidos encuentra justificación en el hecho de que, por lo general, el trabajador esta separado de su empleo sin percibir salario alguno, por causa no imputable a él, teniendo como consecuencia que los salarios y demás prestaciones accesorias a la acción principal de reinstalación, deben cuantificarse desde la fecha del despido hasta un día antes de la reinstalación del trabajador en su puesto, pues lo contrario, implicaría una doble condena respecto a un mismo día (el de reinstalación) teniendo como sustento lo anteriormente señalado en las siguientes SALARIOS CAÍDOS. SU PAGO DEBE CALCULARSE DESDE LA FECHA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO HASTA UN DÍA ANTES AL EN QUE EL TRABAJADOR ES REINSTALADO, SI ELLO SE CONCRETÓ PREVIO AL DICTADO DEL LAUDO. reiterándose entonces, que al no haber comparecido la parte actora en la fecha y hora señalada por la autoridad para llevarse a cabo su reinstalación, se considera un rechazo al mismo y por ende, invalidad la acción y como una actitud negativa del actor para dar cumplimiento a lo ordenado, teniendo sustento lo anteriormente señalado, se cita la siguiente jurisprudencia. SALARIOS CAÍDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO. DISTINTAS HIPÓTESIS PARA DETERMINAR EL PERIODO QUE COMPRENDEN Resulta dable señalar que esta autoridad para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad de amparo, que ante la falta de un presupuesto legal en la ley laboral para determinar lo relativo a la suspensión de pago de salarios caídos, (precisándose que esto es anterior a la reforma laboral del año 2012, en la que si quedo limitado el pago de esta prestación), esta autoridad laboral se basó para determinar lo relativo al pago de salarios caídos, precisamente en las tesis y jurisprudencias que han quedado señaladas con antelación, de acuerdo a la interpretación que la suprema corte de justicia ha emitido al respecto. En razón de lo anterior, atendiendo a que efectivamente los salarios caídos son aquellos a los cuales un trabajador despedido tiene derecho de percibir y el patrón la obligación de cubrirlos hasta el momento en que cumpla la condena que le fuera impuesta mediante laudo o hasta que se reinstale al empleado, situación que en el caso en concreto no quedo limitado, si no hasta que derivo en la actitud procesal negativa por la parte actora al no haber comparecido a su reinstalación y en la que se reitera, esta autoridad basándose en los criterios de tesis y jurisprudencias señalados con antelación ordeno la suspensión del pago de los salarios caídos, por los razonamientos que en ellas se contienen, siendo dable de igual manera indicar que con ello se evita una afectación considerable al patrón y en esta caso, al erario publico. De igual manera resulta oportuno señalar el espíritu del legislador, al interrumpir los salarios caídos, cuando por causa inherente al trabajador este no es reinstalado, utilizando el ultimo párrafo de la fracción III del articulo 519 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. Por lo anteriormente señalado, se reitera que el pago de salarios caídos será considerado hasta el mes de diciembre de 2016, en razón de haberse fijado como para su reinstalación el tres de enero de dos mil diecisiete, en razón de lo anterior, se procede a actualizar únicamente la planilla de liquidación a la fecha del presente auto, para cada uno de los actores que no han realizado convenio dentro del expediente en que se actúa; de igual manera se hace la precisión que por cuanto ve a los actores Norma Angélica Rocha Ferrel y José Luis Salines Gómez, de manera parcial y como cumplimiento al laudo dictado por esta autoridad, el 21 de octubre de 2016; el 21 de julio de 2017 y el 11 de agosto de 2017, recibieron cada uno de ellos de manera parcial las cantidades de $112,649.48; $118,345.82 y $197,422.27 pesos; y por cuanto ve a la actora Rosa Martínez Zúñiga, precisa que en fecha 07 de abril de 2017, suscribió convenio con la parte demandada y por tanto, la actualización de la presente platilla lo es únicamente por cuanto ve a Norma Angélica Rocha Ferrel y José Luis salinas Gómez. (.) Respecto a los motivos para determinar que las cantidades que deben pagar la parte patronal por concepto de salarios caídos deben ser "menos deducciones de ley que tiene obligación la actora de cubrir". Existe la obligación fiscal de las partes (actor y demandado), tanto de pagar como de retener el correspondiente impuesto sobre la renta (ISR), sobre salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral o por terminación de la misma, teniendo sustento lo anteriormente señalado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que señala los: Artículos 1(trascribe), 90(trascribe) y 110 (trascribe). (.) Legislación de la cual se desprende que todas aquellas personas que perciben un ingreso, están obligadas al pago del ISR sin excepción alguna, tal y como se señala en los preceptos legales anteriormente señalados. Situación por lo cual esta autoridad preciso, que de los importes anteriormente señalados como pago en cumplimiento al laudo para cada uno de los actores, corresponde de manera legal el descuento por dicho impuesto. Ahora bien y por cuanto ve a la aplicación de sanciones previstas en los artículos 192 y 193 y 194 de la Ley de los Trabajadores del Estado al Servicio del Estado de Querétaro, así como dar vista a la Secretaria de la Contraloría del Estado de Querétaro, se ordena a la Secretaria de este Tribunal, mediante oficio de vista a dicho organismos respecto al incumplimiento de la demandada en el presente juicio al laudo dictado, únicamente por lo que hace a la cuestión pecuniaria, no así en lo que hace a la reinstalación de los actores, en razón de su negativa a reinstalarse. De igual manera y por cuanto ve a las sanciones previstas en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en razón de la negativa de dar cumplimiento a las ejecuciones de pago a los actores realizadas dentro del presente juicio, se ordena de igual manera girar oficio a la dirección de ingresos a fin de imponer la primer multa pecuniaria señalada en el artículo 192 de la ley de los trabajadores del estado de Querétaro al municipio de San Juan del Rio Querétaro. Mediante oficio, se ordena a la secretaria de este tribunal, remita copia certificada del presente auto, así como de los oficios donde se ordena la imposición de multa al demandado, así como se de vista a la Contraloría del Estado y la Legislatura del Estado. En ese contexto, de la comparativa de los efectos otorgados en la sentencia concesoria del amparo y la resolución que en cumplimiento a la misma emitió la responsable, este juzgador estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, pues por un parte, dejó sin efectos el auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, asimismo mediante auto de tres de octubre del presente año emitió una nueva resolución en que: Señaló el fundamento legal y los motivos por los que consideró que los salarios caídos quedaron interrumpidos al no haber comparecido los quejosos a la reinstalación, pues citó como fundamento el artículo 519, fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Expresó los preceptos legales y motivos para determinar las cantidades actualizadas menos deducciones de ley que tiene obligación la actora de cubrir pues señaló como fundamento los artículos 1, 90 y 110 de Ley del Impuesto Sobre la Renta. Finalmente señalo los fundamentos y motivos por los cuales no es posible acordar de conformidad la petición de la actora de aplicar las sanciones previstas en los artículos 192,193 y 194 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro, así como dio vista a la Secretaría de Contraloría y a la Legislatura, ambas del Estado de Querétaro, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. No obsta a lo anterior, las manifestaciones realizadas por los quejosos en su escrito de dieciocho de septiembre, así como de diez de octubre, ambos de dos mil diecisiete, en los que solicitó se declare defectuosamente cumplida la ejecutoria, toda vez que los argumentos otorgados por éste para tal efecto, tienden a combatir las cuestiones de fondo emitidas por la responsable en torno al por qué determinó que era factible interrumpir el calculo de los salarios caídos para efectos de la liquidación, circunstancia que no se encuentra comprendida dentro de los efectos de la sentencia, en virtud de que se dejó plenitud de jurisdicción a la responsable para emitir una nueva resolución evitando incurrir en los mismos vicios encontrados dentro del auto de diecisiete de mayo del presente año que dejó insubsistente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 301 del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Igualmente, conveniente resulta citar el contenido de la jurisprudencia 9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 201, página 366 del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Luego, al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma OSCAR PALOMO CARRASCO, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la Secretaria Gabriela Zarate Martínez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que signa el representante común de la parte quejosa, a través del cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento otorgado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; al respecto hágasele saber, que dichas manifestaciones serán tomadas en consideración al momento de analizar el cumplimiento de la sentencia, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo....III

  4. Principal

    Intégrense a los autos el oficio que signa el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación, a través del cual informa que cumplió la sentencia de amparo y remiten diversas constancias con las que pretenden acreditar tal circunstancia. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos por el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído para que manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, este órgano jurisdiccional, procederá a analizar en forma oficiosa lo relativo al cumplimiento de la sentencia....III NP

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