Rosa Martínez Jorge Abdon

Expediente 688/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
688/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Rosa Martínez Jorge Abdon

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se advierte que el diecisiete de agosto pasado feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de cuatro de agosto actual que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    VIII. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte promovente el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por el mencionado Jorge Abdon Rosas Martínez, contra actos del 1. Comisario General G. N. Comandante de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; recibida en línea; en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en primer término, fórmese expediente y regístrese bajo el número de juicio de amparo 688/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el propio artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en cita no es limitativo sino enunciativo. Asimismo, el artículo 5°, fracción II de la referida legislación establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, actúa como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral (ordinario o burocrático). Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso a examen, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama al Comisario General G. N. Comandante de la Guardia Nacional, al Director General de Seguridad en Carretera e Instalaciones, a la Dirección General de Investigación, todos con sede en la Ciudad de México, así como al Titular de la Estación La Tinaja, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Veracruz, con sede en carretera (145) entronque La Tinaja - Veracruz, municipio Cotaxtla, Veracruz, como actos destacados: ". 1. De las autoridad señalada en el inciso a) lo constituye el oficio número: GN/UOEC/DGSCl/8358/2022 de dieciocho de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, Maestro Cruz Isaac Muñoz Navarro. Que tiene como antecedente el oficio número: GN/SPAyL/M.Movs./0802/2022, de fecha 14 de julio de 2022. 2. De la autoridad señalada en el inciso b) se reclama el oficio GN/SPAyL/M.Movs./0802/2022, de fecha 14 de julio de 2022, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesto que el mismo no lo tengo en mi poder. 3. De las autoridades señaladas en los incisos a) y b) lo constituye la omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo previsto en la Ley de la Guardia Nacional por el cual se determinó la sanción administrativa consistente en cambio de unidad y/o Dependencia a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la Guardia Nacional. 4. Asimismo, se reclama de las autoridades señaladas como responsables en los incisos a) y b), la omisión de motivar las circunstancias o condiciones que justifiquen las necesidades del servicio que condujeron al cambio de adscripción, en relación con las circunstancias personales del primero de los quejosos es decir ROSAS MARTÍNEZ JORGE ABDON; así como si, en su caso, dicho cambio altera o no esencialmente sus funciones y condiciones anteriores. 5. Finalmente, se reclama la ejecución que se dé por parte de las autoridades señaladas en los incisos c), y d), en cumplimiento a las órdenes emitidas por las autoridades responsables ordenadoras, identificadas estas bajo los incisos a) y b). (.)" (Sic) Así, con base en la calidad de elemento de la Guardia Nacional que ostenta el quejoso, conviene puntualizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, establece una exclusión respecto de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Dicho dispositivo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, gentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes." Al hilo de lo expuesto, de una interpretación sistemática es posible afirmar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye, entre otros, a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores; dado que el nombramiento de cargos públicos, como el de guardia nacional, no representa una relación laboral, en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales; sino que, conforme a la constitución federal indicada, tal elemento policiaco tendrá el carácter de agente depositario de autoridad y su relación con la administración pública será de carácter administrativo, la cual se regirá por sus propias leyes, las cuales en el caso son de índole administrativo y no laboral. En consecuencia, se trata de un acto diverso al propiamente administrativo en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del nombramiento del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, por lo que los nombramientos de los agentes policiales, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la disposición constitucional referida, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Por ende, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo, lo que en este asunto no sucede. De lo anterior, se entiende que los elementos operativos de seguridad pública -policías- tienen a su vez el carácter de agentes depositarios de autoridad y su relación con la administración pública es nominalmente de carácter administrativo, no laboral, y se rige por lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, ante los tribunales administrativos. En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos no emergen de una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación administrativa derivada de la prestación de servicios personales para el Estado caracterizada por la calidad específica del referido prestador de servicios -como lo puede ser un policía-; por lo que es evidente que los actos reclamados a quienes les atribuye el carácter de autoridades responsables, en realidad no actúan como tales, por lo que los referidos actos no pueden ser materia de una acción de índole constitucional, en interpretación, en sentido contrario, del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino en todo caso mediante el ejercicio de una acción administrativa ordinaria, donde el promovente estará en aptitud de hacer valer lo que a su interés convenga en relación con los derechos que dice derivan a su favor con motivo del evento que tuvo en el desempeño de su empleo. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada puesto que el acto de aplicación que se endilga a las autoridades responsables no deriva propiamente de una actuación del ente público como gobernante, en relación con el quejoso como gobernado, sino del vínculo habido entre autoridades dependientes del Estado, en donde un miembro de éste -guardia nacional-, en una relación que ya se ha explicado es de naturaleza administrativa; ello, bajo ese esquema de coordinación que no es competencia de la jurisdicción constitucional mediante el juicio de amparo, sino de la ordinaria en materia administrativa, como también ya se ha explicado. Coinciden con el criterio que se sostiene, por la razón jurídica que las orienta, las tesis siguientes: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación jurídica entre los servidores públicos citados y el Estado es de naturaleza administrativa. En ese sentido, el derecho de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales federales, de solicitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la calificativa de un riesgo de trabajo tiene esa misma naturaleza y, en consecuencia, conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a este Tribunal conocer de los conflictos en los que se demande al Instituto mencionado el reconocimiento de un riesgo de trabajo." "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL. Hechos: El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, debido a que el actor narró en la demanda que fue policía, por lo que en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, consideró que la naturaleza de la relación de los miembros de las instituciones policiales es administrativa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla es competente para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios y al Estado de Puebla. Justificación: Lo anterior es así, pues del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", se advierte que la relación jurídica entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado, es de naturaleza administrativa, y se rigen por sus propias leyes; por tanto, conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, cuando se reclame un acto derivado de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios o al Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver el Tribunal de Justicia Administrativa local, por ser el más afín por materia para su conocimiento, ya que el artículo 4, apartado A, fracción I, de su ley orgánica, determina sus facultades para dilucidar las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatales y municipales, con independencia de que se planteen en un conflicto o en un procedimiento paraprocesal, pues éste no puede desvincularse de la contienda a la que finalmente daría origen, por tratarse de la rescisión de la relación de trabajo entre la dependencia y el servidor público." Asimismo, en relación con la improcedencia de la acción que se pretende ejercitar ahora en este ámbito constitucional, refuerza lo antes dicho, la siguiente tesis. "SOLICITUD DE REINTEGRO DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO POR LICENCIAS MÉDICAS. CONTRA EL OFICIO RELATIVO, EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, contra el oficio emitido por el titular de la Subdirección de Relaciones Laborales de la Dirección General Adjunta de Administración y Servicios de la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, mediante el cual solicita a un ex servidor público de esa institución el reintegro de cantidades pagadas en exceso por licencias médicas, es improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que no es un acto de autoridad en los términos señalados, pues la cantidad no constituye un crédito fiscal y, por tanto, no puede ser exigida coactivamente, además de que la autoridad emisora no cuenta con facultades para ello." No pasa inadvertido para quien resuelve que la parte quejosa cita como sustento de procedencia del juicio intentado la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2011 de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación que dice: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. Los artículos 13, 15, 18, 20, 21, 24, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco establecen, entre otras cosas, la integración de esta Procuraduría, algunas de sus facultades, en especial la relativa a la potestad de establecer las delegaciones y las agencias del Ministerio Público que se requieran de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la necesidad del servicio, la facultad del Procurador General para delegar facultades, la naturaleza de personal de confianza de la Policía Investigadora, así como su subordinación a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad y la potestad del Procurador o de los delegados que se nombren para adscribir a los agentes del Ministerio Público, a los agentes de la Policía Investigadora y demás servidores públicos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría, tomando en cuenta su categoría y especialidad. Del contenido de esos numerales se advierte que si bien los agentes de la Policía Investigadora no tienen el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forman parte así lo imponen, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, lo cierto es que el cambio de adscripción está sujeto a reglas que la propia autoridad debe observar y cumplir; en otras palabras, aunque dichos agentes se encuentran en una relación de especial sujeción, pues su adscripción está condicionada por las necesidades del servicio, una determinación de esa naturaleza no escapa ni es ajena a la garantía de legalidad, que obliga a la autoridad que ordena el cambio de adscripción a observar el procedimiento establecido en la propia legislación aplicable para esos casos; por tanto, de esas condiciones surge el interés de tales agentes para acudir al juicio de amparo cuando estimen que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción, a menos que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores, en cuyo caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo". Sin embargo, se estima que el mismo no sirve de sustento para la admisión de su demanda, ya que aun considerando que es procedente acudir al juicio de amparo cuando se estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción de un servidor público, el propio criterio dispone como excepción que el mismo se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores; y en el caso, el oficio por que se notifica a la parte quejosa su cambio de adscripción le indica expresamente que deberá: "continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta"; lo cual, lo coloca fuera del ámbito de aplicación del supuesto de procedencia del juicio de amparo. Por todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda constitucional de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que la parte quejosa cuenta con la posibilidad de consultar y promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le exhorta a que, de ser posible, continúe la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al efecto permita que las notificaciones le sean practicadas por la vía electrónica. Del mismo modo, se exhorta al resto de las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". AUTORIZADOS Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arcadio Álvarez Marcelo, puesto que acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Ténganse únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita en su demanda de amparo; dado que no se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado arriba antes citado. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, defensa.policias1978@gmail.com; sin que a través de dicha mensajería electrónica se pueda realizar notificaciones, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia. Asimismo, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta vía internet, con el nombre de usuario "MCVVEGA" en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Asimismo, dado que la parte promovente solicita ser notificada por vías remotas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que todas las notificaciones le sean realizadas vía electrónica a través de la cuenta de usuario antes citada. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.

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