Rosa Martha Reyes García
Expediente 22/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/05/2018
Partes del expediente
- Rosa Martha Reyes García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de cinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 63 y 64), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas. En el entendido que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa (punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención; en virtud de lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, debiendo dejar en su lugar copia simple de los mismos para la debida constancia legal, al tratarse de un asunto concluido, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese por lista a la quejosa en cumplimiento al proveído de diez de enero de dos mil dieciocho y por oficio al tercero interesado.
- Principal
V.- La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 58), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Toluca, Estado de México, de emitir el laudo correspondiente en el expediente laboral 692/2016." Previa substanciación del juicio de amparo, el uno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 26 a 35 vuelta), este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente en la que resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosa Martha Reyes García, contra el acto y la autoridad precisada en el resultando primero, en los términos expuestos en el considerando último de esta sentencia." Consecuentemente, por auto de doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 42 a 45), se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su cumplimiento, el cual debería ser para el efecto de que realizara lo siguiente: "La Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Toluca, Estado de México, cumpla con la función que le encomienda la Ley Federal del Trabajo y dentro del plazo de tres días, posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia, dicte laudo en el procedimiento laboral 692/2016." En atención a ello, mediante oficio recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, sede Toluca, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 50 a 57), el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del laudo dictado en el expediente J. 29/692/2016, de su índice estadístico. En esa tesitura, la concesión del Amparo y Protección de la Justicia Federal, fue para los efectos de que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Toluca, Estado de México, cumpla con la función que le encomienda la Ley Federal del Trabajo y dentro del plazo de tres días, posteriores a que causara ejecutoria la presente sentencia, dictara laudo en el procedimiento laboral 692/2016. Por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, emitió el laudo en el procedimiento laboral 692/2016. Lo anterior, pone de manifiesto que los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo, fueron satisfechos porque la autoridad responsable, acató todos los efectos de la concesión establecida en la sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, dejando a salvo los derechos del quejoso para que haga valer lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese por lista a la quejosa en cumplimiento al proveído de diez de enero de dos mil dieciocho y por oficio al tercero interesado.
- Principal
Vista la comparecencia de cuenta, a través de la cual Juan Méndez Coronel, en cumplimiento al proveído de trece de marzo actual, aceptó y protestó el cargo conferido por el tercero perjudicado Servicio de Administración y enajenación de Bienes (SAE) como perito en materia de valuación, en razón de la prueba pericial ofrecida en el incidente de daños y perjuicios para cuantificar el monto relativo al cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo relativa al juicio 777/2010-I. Dado lo cual, con fundamento en el artículo 297 fracción I, de la citada codificación supletoria, hágase del conocimiento del citado experto por conducto del tercero perjudicado, que cuenta con diez días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, para presentar ante este Juzgado de Distrito su dictamen pericial atinente, apercibido que en caso de no hacerlo, se tendrá por perdido su derecho para tal fin y únicamente se tomaran como tal los que en su momento rindan los peritos oficiales designados.
- Principal
V.- La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes a quienes pudiera ocasionarles perjuicio, no recurrieron la sentencia de sentencia de uno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 26 a 35 vuelta), donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a la autoridad de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso resulte procedente requerir al superior jerárquico, pues la autoridad responsable no tiene para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues se trata de un organismo autónomo en el ámbito jurídico.
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