Rosa Maribel Duran Cabrera y Otros.

Expediente 739/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
739/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Rosa Maribel Duran Cabrera y Otros.
  • Rosa Maribel Duran Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por la secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 18/2021, en la que se determinó que corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el procedimiento administrativo migratorio, acúsese de recibo correspondiente. En atención a lo anterior, y toda vez que por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente respecto de las misivas registradas con los folios 14367 y 14397, hasta en tanto se resolviera sobre la competencia planteada por este órgano federal, se ordena el desglose de dichas misivas, así como la notificación personal practicada a los quejosos de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, previa copia que se deje en autos y remítanse al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que provea lo conducente; sin que haya lugar a solicitar acuse correspondiente, pues como tal se tendrá la constancias de notificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó el juicio de amparo indirecto 739/2021-IV; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del juicio de amparo, se declara que dicha resolución, ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otro lado, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Ahora, toda vez que se otorgó la suspensión de plano, se hace la observación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fue concedida la medida cautelar provisional y definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual manifiesta el impedimento que tuvo para notificar a los quejosos ****, el proveído de veintinueve de noviembre del presente año; en atención a su contenido, y a fin de evitar mayores dilaciones en este juicio, con fundamento en el artículo 27, fracción lII, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, por lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Por otra parte, glósese a los autos el oficio procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrando el asunto con el número C.C.P 18/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita y en aras de privilegiar los medios electrónicos, de conformidad con los artículos 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; 3, 22 y 23, del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo; comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa y se vincule al que fue creado en el tribunal oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual manifiesta el impedimento que tuvo para notificar al quejoso ..., el proveído de doce de noviembre del presente año; en atención a su contenido, y a fin de evitar mayores dilaciones en este juicio, con fundamento en el artículo 27, fracción lII, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, por lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Notifíquese En cumplimiento a lo anterior se notifica por lista el auto de doce de noviembre del año en curso, "Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, sin perjuicio de ser tomado en consideración al momento de resolver. Ahora, visto el estado de autos, resulta pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 19, visible en la página 17, Tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio de que el libelo de garantías debe considerarse un todo. Además, el juzgador de amparo al fijar el acto reclamado deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Tal como lo prescribe la tesis P. VI/2004, en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En esa guisa, los actos reclamados en el presente asunto consisten en: El Procedimiento Administrativo Migratorio seguido en contra de ...Incomunicación, deportación y detención. Ahora, con apoyo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, respecto del acto precisado en el numeral 1, relativo a el Procedimiento Administrativo Migratorio seguido en contra de los amparistas, este órgano jurisdiccional advierte que no es competente para conocer del citado acto, por razón de materia, y estima que corresponde su conocimiento a un Juzgado de Distrito en Turno en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior, es así porque de autos se advierte: a) El Subdirector de Operación de Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria en la Ciudad de México, el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, determinó: -Acuerdo de inicio. Registrar el asunto e iniciar el procedimiento administrativo migratorio a efecto de resolver la situación migratoria de los extranjeros ... -Levantó comparecencia, de los aquí quejosos, en las cuales manifestaron los motivos por los que se encuentran en la Estación Migratoria, se tuvieron por hechas sus manifestaciones, las cuales serían tomadas en consideración al momento de resolver su procedimiento migratorio, agregando que se les concedía un plazo de hasta 10 días hábiles para presentar pruebas y 5 días hábiles para formular alegatos. - Acuerdo de presentación, en los que se estableció presentar a los extranjeros en la Estación Migratoria Iztapalapa, al adecuar su conducta en la hipótesis contemplada en el artículo 144, fracción I de la Ley de Migración, al no tener con que acreditar su regular estancia en territorio nacional. b) Mediante oficio INM/ORCDMX/2526/2021, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, ingresaron a las instalaciones de la Estación Migratoria las Agujas, Iztapalapa, (1) Rosa Maribel Durán Cabrera, (2) Manuel Alberto Montaleza Mocha, (3) Arnoldo Benedicto Avegia Morán, con fines de alojamiento hasta en tanto dicha autoridad resuelva en definitiva su situación migratoria. c) El citado tres de septiembre del año en curso, también se les dieron a conocer sus derechos, entre los que se encuentran los de conocer su situación migratoria y el motivo de su presentación; recibir por escrito sus derechos y obligaciones; así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; recibir atención médica, psicológica, así como asesoría legal, al ingreso y durante su presentación y alojamiento; ser informado del procedimiento migratorio, de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación apátrida, del regularizar su estancia en términos de la Ley de Migración y su reglamento; en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen, así como interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto Nacional de Migración. Ahora, los artículos 3, fracciones X y XXVIII, 19 y 68, 77 y 99 de la Ley de Migración, establecen lo siguiente: "Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria; (.) XXVIII. Situación migratoria: a la hipótesis jurídica en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;" "Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría." "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley." "Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes". "CAPÍTULO V DE LA PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno". Por su parte, el numeral 222 del Reglamento de la Ley de Migración, señala: "Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento se regirá conforme a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español, y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas". De la transcripción que antecede, se obtiene que la presentación y el procedimiento administrativo migratorio son actuaciones administrativas, porque los emite autoridad con ese carácter, como lo es el Instituto Nacional de Migración, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia y, en específico, en materia de control y verificación migratoria. Por tanto, no puede considerarse que el acto reclamado en el numeral 1, sea de naturaleza penal, dado que no proviene de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, seguidos en su contra, de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque dichos actos son formal y materialmente administrativos, en razón de las autoridades a las que se atribuyen y a la naturaleza de los mismos, por lo que es inconcuso que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 52 de la ley referida legislación, cuyo contenido es: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En efecto, los jueces de distrito en materia administrativa conocerán del amparo contra los actos provenientes de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales o de aquellos procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido. Así, el acto consistente en el procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra, de ninguna manera puede considerarse que sea de naturaleza penal, aunque con motivo de éste se aloje o asegure a los quejosos dentro del recinto migratorio destinado para tal efecto, sino que se tratan de actos eminentemente de naturaleza administrativa, pues no implica privación de la libertad de los quejosos con motivo de alguna carpeta de investigación o proceso penal instaurado contra (1) Rosa Maribel Durán Cabrera, (2) Manuel Alberto Montaleza Mocha, (3) Arnoldo Benedicto Avegia Morán y, tampoco existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente, que el acto reclamado en el presente juicio se ubica en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, es decir para que este juzgado de conozca del asunto en comento, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que dichas violaciones deben ser tangibles y no simples expectativas; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Por ende, es inconcuso que la autoridad facultada para resolver el acto reclamado, es un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". Así como la diversa tesis I.1o.P.29 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2878, con número de registro 2011851, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AQUÉLLA SE SURTE, POR LO QUE HACE AL MENCIONADO RECHAZO, A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CON INDEPENDENCIA DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 86, párrafo segundo, de la Ley de Migración, el "rechazo" es la determinación de la autoridad migratoria por medio de la cual, se niega la internación regular de una persona al territorio nacional por no cumplir con los requisitos que establece la ley de la materia, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, atento a la naturaleza del primero de esos actos y de la autoridad que lo emite (administrativa), la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto en su contra se surte, por lo que hace al mencionado rechazo, a favor de un Juez de Distrito en dicha especialidad. Es así, porque de este último no pueden derivarse los diversos actos de incomunicación, detención y/o privación de la libertad, ya que el ordinal 78, párrafo segundo, del reglamento de la ley en cita establece que no se considerará que haya ingresado formalmente al territorio nacional la persona extranjera que sea rechazada por la autoridad migratoria; de manera que, jurídicamente, el rechazado se encuentra fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, con independencia de que un Juez de Distrito en Materia Penal, conozca respecto de los demás actos reclamados." Así, debe concluirse que respecto al acto precisado en el numeral 1, le reviste naturaleza eminentemente administrativa, motivo por el cual este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México declara carecer de competencia por materia, para conocer del presente juicio únicamente respecto del citado acto. Por tanto, remítase copia certificada del presente juicio a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que por su conducto se remita al Juzgado de Distrito en turno en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que, de considerarlo conveniente, se avoque al conocimiento del mismo o determine lo que estime conducente, solicitando de la manera más atenta a este último acuse de recibo e informe lo que tenga a bien acordar. Lo anterior, dado que los referidos actos reclamados no tienen vinculación alguna con el diverso consistente en: Incomunicación, deportación y detención, pues son actos aislados, independientes uno de otro, que pueden estudiarse de manera autónoma y es factible su análisis de manera separada; de ahí que proceda la división de la presente demanda en los términos y por los motivos expuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.28 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1022, con número de registro 2014722, Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO APLICA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS TOTALMENTE DESVINCULADOS ENTRE SÍ, POR LO QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN DE ÉSTOS DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES QUE DEBEN CONOCER DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. Si bien es cierto que el Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola como un todo, también lo es que esta interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, pues ello obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible desmembrar; sin embargo, puede darse el caso de que existan varios actos que respecto a su cualificación asignada por la ley necesariamente deban conocer de unos, un Tribunal Unitario de Circuito y, de otros, un Juzgado de Distrito, verbigracia, tratándose de un acto consistente en la reposición del procedimiento ordenada por un Tribunal Unitario y, como consecuencia de ello, sobrevino el dictado de un auto de formal prisión por el Juez de Distrito, porque son actos totalmente desvinculados entre sí; de ahí la razón de la separación de los actos de acuerdo con la competencia de cada una de las autoridades que conocen del juicio de amparo, sin que ello implique dividir la continencia de la causa.". Así como, la tesis I.2o.P.189 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1438, con número de registro 163486, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. DIVISIBILIDAD DE LA. CUANDO LOS ACTOS SE ENCUENTRAN DESVINCULADOS. Si bien es cierto que en las sentencias de amparo se debe resolver la cuestión planteada en su integridad, también lo es que si, al tramitarse el juicio, el Juez de Distrito inadvierte que un acto no es de su competencia especializada por materia, la que conforme al artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene rango constitucional y entre los actos no hay vinculación alguna es imprescindible la divisibilidad de la demanda, acorde con el principio de administración de justicia pronta, completa e imparcial, previsto por el artículo 17 constitucional, por ello, el tribunal revisor debe resolver parcialmente la revisión respecto del acto que por su naturaleza es competencia del Juez recurrido, y enviar los autos al Juez competente por el restante acto, para que resuelva o, en su caso, deje insubsistente, la audiencia constitucional en la porción correspondiente celebrada por el Juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución y posteriormente decida la controversia.". En otro orden, respecto del citado acto reclamado consistente en la Incomunicación, deportación y detención. Que atribuyó a las autoridades siguientes en su denominación correcta: DIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. DIRECCIÓN DE RESOLUCIONES MIGRATORIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SUBCOMISIONADO JURÍDICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Máxime que, de las constancias que el DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN CONOCIDA COMO LAS "AGUJAS" anexó a su informe justificado, se advierte que Rosa Maribel Durán Cabrera y Manuel Alberto Montaleza Mocha no han estado incomunicados, toda vez que los aquí quejosos, han realizado llamadas telefónicas; lo que se corrobora con las constancias cinco, siete, ocho y trece de septiembre del año en curso, esto es, desde antes de la presentación de su demanda de amparo. Además en fecha catorce de septiembre del año en curso, este juzgado concedió la suspensión de plano respecto de la incomunicación alegada. De igual forma, de las constancias de comparecencia de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que se les hizo de su conocimiento que tienen derecho a comunicarse con su representante consular y ser asistidos o representados legamente por la persona que designen, a lo que manifestaron los motivos por los que se encuentran en la Estación Migratoria, por lo que no era su deseo asistidos o representados. De lo que se advierte que no se encuentran incomunicados, ni mucho menos se les ha negado comunicarse con asesor jurídico o representante legal, pues se le ha provisto de los medios necesario para que pueda ejercer ese derecho de defensa. En suma a lo anterior, de las constancias también se obtiene que éstos se encuentran alojados en dicho sitio, derivado del acuerdo de presentación, en los que se estableció presentar a los extranjeros en la Estación Migratoria Iztapalapa, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación migratoria y ejecute la resolución que recaiga a su procedimiento administrativo migratorio iniciado en su contra, al adecuar su conducta en la hipótesis contemplada en el artículo 144, fracción I de la Ley de Migración, al no tener con que acreditar su regular estancia en territorio nacional, actos respecto de los que en esta data, el que aquí provee estimó en párrafos que anteceden carecer de competencia por materia para conocer de ellos. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales. En esas consideraciones resulta inoportuno entrar al estudio de fondo de los conceptos de inconformidad planteados en la demanda de derechos fundamentales por los impetrantes, ya que se impone sobreseer en el presente juicio, tal como ha quedado asentado en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI. 1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal del Sexto Circuito, publicada en la página 252, del tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." De igual forma, es importante destacar que arribar al sentido de la presente determinación, no implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de procedencia, además hágase saber a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En relación con lo anterior, se invoca la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo resuelto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables; en atención a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, informe respecto a la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para lo efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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