Rosa María Zavala Contreras

Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 25 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
396/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa María Zavala Contreras
  • Congreso del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, para inconformarse con la resolución de tres de marzo de dos mil veintiuno, sin que se interpusiera inconformidad; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y glósense los cuadernos incidentales. Por otra parte, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, archívese este asunto como totalmente concluido; asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; asimismo, que no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de acuerdo al inciso a), fracción I, del artículo 18 del referido acuerdo.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del sumario en que se actúa, a continuación se analiza si el fallo protector se encuentra cumplido. Antecedentes El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo a Rosa María Zavala Contreras, respecto del acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como su Director, Junta Directiva, Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales y Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos; sentencia que se recurrió por dichas autoridades por conducto de su delegada. El dos de julio de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito confirmó el fallo recurrido; ejecutoria que se agregó el veinte de octubre de la anualidad. Efectos del amparo Los efectos del amparo conminaban a que las responsables a lo siguiente: Dejara de aplicar en perjuicio de la parte quejosa el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Devolviera la parte quejosa la cantidad que se le hubiera descontado de su pensión con motivo de la aplicación de los mencionados preceptos legales, a partir del mes de abril de dos mil diecinueve y subsecuentes desde la presentación de la demanda de amparo. Acciones en cumplimiento El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con la constancia remitida por la delegada de las autoridades responsables de la que se destaca: 1. Que a partir de junio de dos mil diecinueve, se dejaron de aplicar a la quejosa los descuentos por conceptos conceptos de reserva técnica y segura de enfermedades no profesionales y de maternidad (servicia medico), con las códigos 76 y 53; 2. La emisión de dos cheques a la orden de la quejosa por las cantidades de $3,773.03 (tres mil setecientos setenta y tres pesos 03/100 moneda nacional) correspondiente a la devolución de cuotas por concepto de servicio médico y otro por $943.26 (novecientos cuarenta y seis pesos 26/100 moneda nacional) referente al concepto de reserva técnica. 2. Que obra firma de recibido de los títulos de crédito por la parte quejosa en trece de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior, sin que la parte quejosa objetara dicha documental. Calificación De esa forma, de conformidad con lo constatado en la referida documental, es posible establecer que la autoridad responsable efectivamente acató los extremos de la concesión de amparo, toda vez que hizo la devolución a la parte quejosa de las cantidades a que se refiere el último párrafo del artículo 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, retenidas de su pensión de abril a junio de dos mil diecinueve, así como la cancelación de descuento por dichos conceptos. Lo anterior, permite colegir que en relación con los efectos de la sentencia, se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos, tal como lo exige el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el arábigo 196, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal, se considera que el fallo protector dictado en el presente juicio quedó totalmente cumplido y no existe defecto o exceso en su cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Intégrese a los autos el oficio de la Delegada de las responsables del Instituto de Seguridad y Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector y remite copia de historial de pago del que se advierte las cantidades a devolver por los conceptos reclamados en el presente juicio y de los cheques 0088753 y 0017680 expedidos a la orden de la quejosa en los que obra firma de recibido. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta firmado por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; anexando copia del oficio CASL/3393/2020, con sello de recibo de veintiséis de octubre del año actual, por la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales de dicho Instituto. Ahora, respecto a la petición de la autoridad oficiante, el artículo 192 de la ley de amparo, establece puntualmente un plazo general para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que es de tres días; mismo que por criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene solamente tres excepciones, a saber: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Atento a lo anterior, es dable conceder la ampliación solicitada por las autoridades oficiantes, dado que del contenido de sus argumentos se advierte que existen condiciones encaminadas a justificar la complejidad o dificultad para el cumplimiento de la sentencia de amparo que aduce. Mismos lineamientos que se encuentran contenidos en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2007918, consultable en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, cuyo rubro señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, tomando en consideración que las autoridades responsables fueron notificadas del último auto por el cual se le requirió el cumplimiento a la ejecutoria según constancia de autos, el veintitrés de octubre del presente año, el plazo concedido en el auto de veinte de octubre del año en curso para el cumplimiento del fallo protector ha fenecido; sin embargo, al haberse tramitado la solicitud de cuenta y considerando la materia que rige el procedimiento del cual emana el acto reclamado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que por única ocasión, se le concede la prórroga de diez días, a fin de que den cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Con el apercibimiento, que de no hacerlo así dentro del término que se señala, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces la unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo expuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo; aunado lo anterior, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor. De igual manera, debe señalarse que conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, deben ser puntualmente cumplidas, de ahí que corresponde al Juzgador tomar las medidas necesarias para ello, evitando el incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, el Juez de Distrito debe considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces.

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