ROSA MARIA VILLALOBOS MARTINEZ y Otros.

Expediente 774/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
774/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • ROSA MARIA VILLALOBOS MARTINEZ y Otros.
  • Felicitos Garcia Olmedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA I...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito para entregar el oficio 17092/2021, a través del cual se notifica al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados de la Delegación Estatal Oaxaca, el proveído de diecinueve de julio pasado, que declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este asunto y ordenó el archivo de este asunto como concluido. De lo que se toma nota, para los efectos legales consiguientes, en el entendido de que, al advertirse la reanudación de labores por dicha dependencia, el fedatario deberá hacer entrega del comunicado de que se trata. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial, de la cual se advierte que no fue posible hacer entrega del oficio número 17092, dirigido al Jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Oaxaca, por los motivos que expone; por tanto, se comisiona al actuario realice la entrega del mismo una vez que se reanuden las labores en dicha dependencia. CÚMPLASE.

  3. Principal

    MESA I "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 774/2020; y, (..) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal; 1º, 6°, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al Acuerdo General 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del citado pleno. Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial, el acto reclamado es de naturaleza administrativa, su tramitación corresponde a la primera instancia, el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis constitucional, los cuales se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obran en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama lo siguiente: a). La aprobación, expedición y promulgación de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en específico el artículo 2º., fracción III. b). La promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, en específico los artículos 15, 57 segundo párrafo, 63 y 64 de dicha ley. c) El contenido del oficio número SP/DPSHT/0484/2020, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Subdelegación de Prestaciones del Issste en Oaxaca. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables: El Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo hace diversas manifestaciones de las que se advierte que sí emitió el oficio SP/DPSHT/0484/2020. Documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 93, fracción VII, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°. Tienen aplicación, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En atención a lo anterior, dicha negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el acto reclamado citado (oficio). Por su parte, el presidente de la República, La Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, aceptaron el acto que se les reclama. CUARTO.- Método de estudio al tratarse de un estudio. Al tratar este juicio de amparo, sobre el análisis de la constitucionalidad de una norma con motivo de un primer acto de aplicación, que la quejosa afirma trastoca su esfera jurídica, es necesario señalar que debido a la estrecha vinculación existente entre el ordenamiento jurídico y el acto concreto de aplicación, es indispensable su estudio de manera conjunta; así: a) La improcedencia del juicio respecto del acto concreto de aplicación, necesariamente comprende la norma general abstracta; b) En caso de que se niegue la protección constitucional respecto de la norma, ésta abarca al acto concreto de aplicación siempre y cuando éste no se combata por vicios propios; y c) La concesión del amparo respecto de la Ley -por considerarla inconstitucional-, debe comprender también al acto concreto de aplicación. Ello, en observancia a la jurisprudencia 2a./J.71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco del Tomo XII, del Semanario Judicial de Federación, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de Federación, bajo el número de registro 191311, cuyo rubro y texto expresan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (.)". QUINTO. Improcedencia del amparo. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías". a).- Sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados consistentes en la expedición, promulgación y publicación de los artículos 2º, fracción III, de la Ley para determinar la Unidad de Medida y Actualización, y 15, 57, segundo párrafo, 63 y 64, de la Ley del ISSSTE. Ello, porque este órgano de control constitucional observa que se actualiza la causal de improcedencia que hace valer el Presidente de la República, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". [.]. Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derechos subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previos en el artículo 1, de la presente Ley con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". De la interpretación literal de las porciones normativas transcritas, se observa, en términos generales que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; asimismo, que existirá dicha vulneración siempre que el agraviado alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, es aquel derecho subjetivo que se reconoce en una norma jurídica -ya sean reglas o principios- a favor de cualquier persona, e impone a su vez la facultad de exigir el respeto de los derechos fundamentales hacia las autoridades públicas; pero también, establece ciertas limitantes frente a la esfera privada y a los poderes fácticos. Por su parte, el derecho subjetivo es cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica. En otras palabras, el interés jurídico se refiere a la titularidad del derecho afectado con el acto reclamado, y a la exigencia que la quejosa puede ejercer, a través de una garantía, para el respeto y protección del mismo. (.) Por otra parte, es importante mencionar que la procedencia del juicio de amparo encuentra límites, pues para ello es indispensable que la quejosa, es decir, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, haya sufrido un agravio personal y directo en su esfera jurídica. En ese sentido, en la noción del concepto "interés jurídico", subyacen dos principios fundamentales y rectores del juicio de amparo, como lo son: a) instancia de parte agraviada; y, b) agravio personal y directo. El primero de ellos consiste en que únicamente puede promover la demanda de amparo la persona física o jurídica que tenga un interés individual o colectivo, a quien con motivo de la ley, acto u omisión que emita una autoridad vulnere con ello sus derechos humanos, o bien afecte su esfera jurídica, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; mientras que el segundo significa que la quejosa tiene que sufrir una violación personal y directa en sus derechos. Ambos principios tienen sustento constitucional y legal en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Lo anterior encuentra justificación racional porque de lo contrario, cualquier persona que no tuviera una afectación real en su esfera jurídica podría acudir a solicitar la protección constitucional careciendo de un derecho legítimamente tutelado y, consecuentemente, pudiera obtener por ello una sentencia favorable en la cual se le restituiría del derecho fundamental vulnerado por alguna autoridad o particular; situación que al ser materialmente imposible, se pretende evitar al establecer los efectos de las sentencias contenidos en las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 60, Diciembre de 1992, página 35, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Ahora, en razón de que los actos de autoridad, objeto de estudio en este apartado, lo son los artículos 2º, fracción III, de la Ley para determinar la Unidad de Medida y Actualización, y 15, 57, segundo párrafo, 63 y 64, de la Ley del ISSSTE, cuya inconstitucionalidad reclaman los quejosos, resulta indispensable destacar que nuestro sistema jurídico ha diferenciado a las normas autoaplicativas y a las heteroaplicativas, como un criterio de utilidad que, atendiendo al concepto de individualización incondicionada, permite resolver la problemática que surge con motivo de la procedencia del juicio de amparo; de modo tal que, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. (.) En virtud de las diferencias entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas y, por consiguiente, de la distinta eficacia jurídica que respecto de cada una de ellas tiene el acto de aplicación, debe considerarse que cuando se analiza la afectación al interés jurídico por una disposición legal autoaplicativa reclamada por su primer acto de ejecución, el estudio correspondiente debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia y el acto de aplicación le perjudica por la simple circunstancia de colocarlo en los supuestos legales de la norma combatida, siendo este perjuicio reflejo de aquel que causó la ley con su sola entrada en vigor; mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, en razón de que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, merced a esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. (.) Las normas jurídicas reclamadas por los quejosos en su demanda de amparo, consistentes en los artículos 2º, fracción III, de la Ley para determinar la Unidad de Medida y Actualización, y 15, 57, segundo párrafo, 63 y 64, de la Ley del ISSSTE, establecen: "Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por: [.] III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes". Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo. Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña. "Sobresueldo" es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios. "Compensación" es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada "Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales". Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta Ley. El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo". Artículo 57.- La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la Junta Directiva del Instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aún en el caso de la aplicación de otras leyes. Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión, será fijada por la Junta Directiva del Instituto, pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta Ley Artículo 63.- El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: 15 años de servicio....................... 50 % 16 años de servicio...................... 52.5% 17 años de servicio....................... 55 % 18 años de servicio...................... 57.5% 19 años de servicio ...................... 60 % 20 años de servicio .................... 62.5% 21 años de servicio....................... 65 % 22 años de servicio...................... 67.5% 23 años de servicio....................... 70 % 24 años de servicio...................... 72.5% 25 años de servicio ...................... 75 % 26 años de servicio ...................... 80 % 27 años de servicio........................ 85% 28 años de servicio....................... 90 % 29 años de servicio....................... 95 % Artículo 64.- Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta Ley, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento". Atendiendo al contenido de las normas transcritas, así como a los hechos que narraron los quejosos en su demanda de amparo, se concluye que los preceptos legales impugnados, son de carácter heteroaplicativo, en razón de que no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, en el presente caso lo sería el oficio SP/DPSHT/0484/2020, de veinte de octubre de dos mil veinte, por medio del cual, el Jefe del Departamento de pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal Oaxaca, le da contestación a la solicitud de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, es de carácter heteroaplicativo a las normas en cuestión y señala como primer acto de aplicación, al comunicado antes mencionado. El oficio en la parte que interesa dice: ".me permito dar contestación a su petición en los términos siguientes: PRIMERO.- EL MÉTODO PARA DETERMINAR EL MONTO DE SUS CUOTAS DIARIAS INICIALES PENSIONARIAS.- Con forme a los artículos 15, 57, 63 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, ES EL SUELDO DIARIO PROMEDIO BÁSICO, LA BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES, siendo el resultado de sumar el sueldo Básico del trabajador percibido en el último año inmediato anterior a su baja y dividirlo entre el número de días que correspondan a un año, de forma que su monto no supere el tope de 10 veces el salario mínimo general. Por lo tanto, para calcular la cuota diaria pensionaria, EN NINGÚN MOMENTO SE TOMA EN CONSIDERACIÓN O SIRVE DE PARAMETRO EL SALARIO MÍNIMO Y/O LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), ya que, se reitera, la base para cuantificar el monto de su cuota diaria pensionaria LO ES EL SUELDO DIARIO PROMEDIO BÁSICO QUE COMO TRABAJADOR EN ACTIVO PERCIBIÓ Y COTIZÓ AL ISSSTE en el último año inmediato anterior a su baja, información que se hace constar en la denominada HOJA ÚNICA DE SERVICIO, la cual debió haber (sic) exhibió para el trámite de su pensión ante el instituto y en el cual constan los concepso que fueron objeto de cotización al ISSSTE, por consiguiente, ESTE INSTITUTO NO CONSIDERA EL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA. Se funda lo anterior, en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, de los cuales para mayor ilustración se reproduce: Artículo 15, (se transcribe). Asimismo, el artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), publicado en el Diario oficial de la Federación el 14 de mayo de 2008, respecto al cálculo de la cuota pensionaria establece lo siguiente: SECCIÓN SEGUNDA. De los sueldos, Cuotas Pensionaria y Cotizaciones "Artículo 23.- El Instituto, previa solicitud de los trabajadores, informará el monto aproximado de la cuota diaria que les correspondería en una fecha determinada de estar en los supuestos que señala la Ley para obtener una pensión. Dicha solicitud no implica ningún trámite pensionario. Para calcular la cuota diaria pensionaria, computar los años de servicios y determinar las cotizaciones de los trabajadores, se tomarán como base los datos asentados en la hoja única de servicios que expidan las Afiliadas, la cual deberá contener, en su caso, las cantidades por concepto de sueldo, sobresueldo, compensación, quinquenios, prima de antigüedad y los años de servicios prestados por el trabajador". Cabe señalar que en el reverso del formato de concesión de pensión que el Instituto expide a cada uno de los derechohabientes ahora actores, aparece una leyenda que a la letra dice: "EL CÁLCULO DE LA CUOTA DIARIA DE PENSIÓN ASIGNADA SE OBTIENE DE LA SUMA DE LOS INGRESOS ACUMULADOS DEL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS COTIZADO, DIVIDOS ENTRE LOS 360 DÍAS DEL PERIODO, LO QUE DA EL SUELDO DIARIO PROMEDIO, EL CUAL SE MULTIPLICA PÓR EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDA POR LOS AÑOS DE SERVICIO COTIZADOS, TODO LO ANTERIOR SE REALIZA CON BASE EN EL ANÁLISIS LABORAL Y EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO DIFRUTADO EN EL ÚLTIMO AÑO INMEDIATO ANTERIOR A LA FECHA EN QUE CAUSÓ BAJA LABORAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12, 17, 19 Y DÉCIMO TRANSITORIO FRACCIÓN II, EN EL INCISO A) DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRVBAJADORES DEL ESTADO, 1, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 FRACCIÓN II Y 19 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR ELQUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUTO SE SEGURIDAD Y SERIVICOS SOCIALES DE LOS TRAJADORES DEL ESTADO". SEGUNDO.- Respecto al incremento y/o actualización de su pensión, hago de su conocimiento que existen TIPOS Y/O FORMA DE INCREMENTOS A LA PENSIÓN que otorga éste Instituto, los cuales se encuentran prescritos en lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mismo que ha sufrido diversas modificaciones, estableciéndose CUATRO SISTEMAS para determinar y calcular los incrementos a las pensiones, y que el ISSSTE observa tomando en consideración el AMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ DE LA NORMA JURÍDICA, los cuales para ilustración se exponen en la siguiente tabla: INCREMENTO A LA PENSIÓN. METODOS. [Se Inserta tabla] En ese orden de ideas, puede decirse que del texto que regula los incrementos en materia pensionaria, se encuentra determinado por la temporalidad en que el actor se haya PENSIONADO, SIENDO TOTALMENTE ERRÓNEO QUE A TODOS LOS PENSIONADOS SE LES TENGA QUE INCREMENTAR SU PENSIÓN EN BASE AL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO, ya que la forma y términos del incremento de las pensiones, dependiente de la FECHA Y/O MOMENTO MISMO en que se generó el otorgamiento de su PENSIÓN, aplicando su incremento durante la vida del pensionista, en los términos que se encuentre vigente el artículo 57 de la Referida Ley del ISSSTE. [.] Por consiguiente, se precisa que al haberse Ustedes PENSIONADO CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2001, obvio es que les corresponde su aplicación del incremento en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE vigente DEL 01 DE ENERO DEL 2002 AL 31 DE MARZO DEL 2007, mismo que siguió vigente posterior al 1º de abril del 2007, así como de lo dispuesto en el Reglamento para Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ordenamiento que acorde a su artículo primero transitorio entró en vigor al día siguiente de su publicación de fecha 21 de julio del año 2009, en el Diario Oficial de la Federación. [.] En base a todo lo antes expuesto y fundado se considera IMPROCEDENTE su petición de aplicar su cálculo u actualización de pensión, aplicando el valor de los SALARIOS MINIMOS en los términos que solicita. Ahora bien, y para el caso de considerar que le asiste la razón y el derecho, solicito a ustedes presentar la siguiente documentación en original: HOJA ÚNICA DE SERVICIOS y/o CUALQUIER DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE SU FECHA DE BAJA Y TODA SU INFORMACIÓN AFILIATORIA Y DE COTIZACIÓN QUE HAYA REALIZADO LA DEPENDENCIA PARA LA CUAL LABORARON, misma que se les requieren en términos de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley del ISSSTE en vigor, cuando ejercieron su derecho a la pensión otorgada por este Instituto, el cual a la letra dice:[se transcribe]". De la transcripción del oficio reclamado, como se dijo en su momento, en el caso se actualiza la causal de improcedencia, a que alude la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que las normas tildadas de inconstitucionales, no fueron aplicadas en el oficio en cuestión, y como consecuencia, los quejosos carecen de interés jurídico. En efecto, las normas jurídicas constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas llevar a cabo una conducta específica, lo cual efectúan al enlazar una consecuencia jurídica determinada, como efecto, a la realización de una conducta determinada, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuesto previsto en la norma, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa forma, una norma jurídica se considera aplicada únicamente cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia de derecho que se sigue del cumplimiento de las condiciones de aplicación de dicha norma, por considerar, precisamente, que ésas fueron satisfechas. En ese orden de ideas, la cita en el acto de autoridad, de unos artículos de una ley constituyen un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para concluir que la autoridad responsable aplicó los preceptos legales, pues, se insiste, lo relevante para ello consiste en que, ante la configuración del supuesto descrito en la norma, se hubieran aplicado las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con la misma, se siguen de tal situación. Así las cosas, aunque en el oficio emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en la SubDelegación de Prestaciones del ISSSTE en Oaxaca, se citaron los preceptos impugnados, no es factible considerar que existió un acto de aplicación de los artículos 2º, fracción III, de la Ley para determinar la Unidad de Medida y Actualización, y 15, 57, segundo párrafo, 63 y 64, de la Ley del ISSSTE, toda vez que las citadas normas no prevén lo resuelto por dicha autoridad; en virtud de que, mientras que los preceptos invocados hacen alusión a la manera en que se pagan las pensiones; en el oficio señalado como primer acto de aplicación, solo se explicó tal situación y que por ello, es improcedente calcular el incremento de su pensión conforme al valor de salario mínimo como lo indican los quejosos; empero, no aplicó dichos numerales en virtud de que no se hizo cálculo alguno respecto a la pensión de que cada uno de los quejosos es beneficiario; por tanto, no fueron aplicados tales preceptos sino será en el momento en que realicen la operación correspondiente respecto al incremento de la pensión. Es así, dado que los quejosos no ofrecieron prueba alguna que acredite que dichos preceptos hayan sido aplicados, como por ejemplo sus recibos de pago, para poder hacer la comparación y obtener la diferencia que según ellos se advierte al momento en que le fueron aplicados dichos numerales; pues si bien es cierto ofrecieron sus hojas de concesión de pensión, lo hicieron en copia simple la cual carece de valor probatorio legal. Sirve de apoyo al efecto, la tesis II.1º.C.T.13 K, visible en la página 504 del Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 203573, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO. No por el hecho de que una copia fotostática simple no haya sido objetada particularmente por la contraparte, debe conferírsele pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al extremo de que una prueba que en sí no tiene dicho valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por una omisión de la parte contraria". Pero además de lo expuesto por los quejosos, en su demanda se advierte que los artículos tildados de inconstitucionales no les han sido aplicados en virtud de que expresaron: ".pretende pagar nuestras pensiones con los incrementos autorizados en proporción al índice Nacional de Precios al Consumidor, referente a la Unidad de Medida y Actualización."; de la transcripción se advierte que refieren que la autoridad pretende pagar, es decir, no le ha pagado de esa manera, por lo tanto, se reitera los artículos aquí reclamados no han sido aplicados a los quejosos. De ese modo, los supuestos normativos contenidos en los artículos 2º, fracción III, de la Ley para determinar la Unidad de Medida y Actualización, y 15, 57, segundo párrafo, 63 y 64, de la Ley del ISSSTE, no coinciden con lo resuelto por la autoridad administrativa, pues en el oficio que nos ocupa no se determinó monto alguno con base a la manera en que lo establecen los preceptos tildados de inconstitucionales. Tales argumentos encuentran fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 2, página: 812, que a la letra dice: "LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuestos previstos en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión, pues lo relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley". También es aplicable, por las razones que la sustentan, la tesis aislada P. LXVII/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página 113, que a la letra dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS.- Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieren por objeto verificar si la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo". En tales condiciones, con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, por los actos reclamados examinados en este apartado. Pero además, en caso de que no hubiese reclamado la ley; el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en el oficio SP/DPSHT/0484/2020, de veinte de octubre de dos mil veinte, aquí reclamado, también se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, en relación con el citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Tales numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna" En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, porque del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que esencialmente el acto reclamado, lo constituye según los quejosos la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para determinar el monto de la cuota diaria pensionaria, actualización y demás prestaciones inherentes al pago de la pensión que perciben y como consecuencia de ello, el pago de montos inferiores a los que legalmente le corresponden. Sobre este aspecto, existe criterio jurisprudencial en el sentido de que, previo a acudir a esta instancia constitucional, el quejoso, en primer término, debe acudir, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y solicitarle la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión conforme a lo establecido en la legislación aplicable, pues es quien está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones, Esa petición que debe formular la parte quejosa ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, generará una determinación o acto de autoridad que revele su última voluntad con relación al caso planteado, que pudiera llegar a afectar en forma unilateral la esfera jurídica de los quejosos, en cuyo caso, debe ser impugnado optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente al juicio de amparo. Lo que se encuentra contenido en la jurisprudencia PC.XXV. J/7 A (10a.), instancia Plenos de Circuito, publicada en la página mil ciento sesenta y ocho del tomo II del libro cincuenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, julio de dos mil dieciocho, Décima Época, registro 2017360, materias administrativa y labora, que a continuación se transcribe. "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD. Los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (de igual contenido al actual numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) establecen que la acción contenciosa administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, al tratarse de un mecanismo de jurisdicción restringido donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan resoluciones definitivas, y que se encuentren mencionados dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el dispositivo de la ley orgánica referida. Así, el concepto de resoluciones definitivas pondera, además de su atacabilidad a través de recursos ordinarios en sede administrativa, su naturaleza, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa. Bajo ese tenor, cuando con motivo del pago de pensiones en la demanda respectiva se impugne un acto denominado como la "omisión" consistente en: a) la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión conforme a lo establecido en la legislación aplicable, o b) la actualización, determinación y cálculo de las prestaciones adicionales a dicha pensión, consistentes en el bono de despensa y previsión social múltiple, necesariamente la procedencia del juicio de nulidad estará condicionada a que exista una resolución de la autoridad que resulte legalmente competente, que tenga el carácter de definitiva y que, por lo mismo, revele que se trata del producto final o de su última voluntad. Lo anterior se concluye de esa forma, porque los actos impugnados en esos términos no son definitivos para efectos del juicio de nulidad, precisamente porque no poseen la característica exigida por la ley y su interpretación, según lo expuesto, al no combatirse en realidad el producto final de la manifestación expresa de la autoridad administrativa, o su última resolución para poner fin a un procedimiento, ni tratarse de una manifestación aislada que refleje su voluntad definitiva. Lo anterior, en el entendido de que el pago periódico de la pensión y de las prestaciones citadas en los términos en que lo hace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no constituye una resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad, en tanto que dicha actividad se lleva a cabo para satisfacer un interés general, aunque en concreto de los jubilados y, por ende, no se dirige a una persona en particular; sin que sea factible que la procedencia del juicio contencioso se vincule o se haga depender de la forma en que el órgano jurisdiccional aprecie el acto impugnado por su clasificación o por la percepción que se tenga de él, pues para efecto de la procedencia del juicio debe atenderse a que se trate de una resolución definitiva conforme al artículo 14 mencionado". Así como en la Jurisprudencia doscientos ochenta y siete, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, registro 1002353, visible en la página trescientos siete del tomo II, página trescientos siete, apéndice dos mil once, improcedencia y sobreseimiento, que a continuación se cita. "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." En esas condiciones, ante la naturaleza del acto que reclama la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió ceñir su actuar al procedimiento antes señalado, y al no hacerlo así, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Pero además, en el oficio reclamado, la autoridad responsable expuso: ".Ahora bien, y para el caso de considerar que le asiste la razón y el derecho, solicito a ustedes presentar la siguiente documentación en original: HOJA ÚNICA DE SERVICIOS y/o CUALQUIER DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE SU FECHA DE BAJA Y TODA SU INFORMACIÓN AFILIATORIA Y DE COTIZACIÓN QUE HAYA REALIZADO LA DEPENDENCIA PARA LA CUAL LABORARON, misma que se les requieren en términos de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley del ISSSTE en vigor, cuando ejercieron su derecho a la pensión otorgada por este Instituto.". Lo que significa que antes de impugnar este oficio, debieron acudir ante la autoridad con las documentales que le fueron indicadas y en caso de que con las mismas le hubieran aplicado los numerales que refieren, es hasta entonces que pueden impugnar dicha determinación, pues pudiera ser que con los originales que presentara pudiera cambiar el sentido de lo determinado en el oficio que reclaman en este juicio de amparo, por tanto, como ya se dijo, este juicio de amparo resulta improcedente. Así las cosas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo. Quinto. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no emitieron su consentimiento para la publicación de sus datos confidenciales; una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ROSA MARIA VILLALOBOS MARTÍNEZ, FELICITOS GARCÍA OMLEDO, GUDELIA ROSADO GARCÍA, AMARO VÁSQUEZ PALOMEC y ANA LILIA SALVAT CRUZ. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando quinto de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO)

  4. Principal

    En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a nueve horas con doce minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo indirecto; presente en audiencia vía remota la licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; de conformidad con el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); ante la Secretaria, licenciada Virginia Francisca Maldonado Peralta, que vía remota autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes, en términos de las disposiciones aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del aludido pleno, ante la contingencia por el virus covid-19; hecho lo anterior, la Secretaria en funciones de Juez declara abierta la audiencia constitucional. Relación de constancias. La Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran las siguientes: a) Demanda de amparo promovida por ROSA MARIA VILLALOBOS MARTÍNEZ, FELICITOS GARCÍA OLMEDO, GUDELIA ROSADO GARCÍA, AMARO VÁSQUEZ PALOMEC y ANA LILIA SALVAT CRUZ, presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el treinta de noviembre de dos mil veinte y el uno de diciembre siguiente ante este juzgado. b) Auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, donde previo requerimiento, se admitió la demanda de garantías. c) Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Secretaria en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Periodo probatorio. A continuación, se abre el periodo de pruebas, donde se hace relación de las que exhiben las partes. a) Pruebas ofrecidas por la quejosa. 1. La documental consistente en original del escrito de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, donde aparece un sello de recibido de la????????????? Subdelegación de Prestaciones del Departamento de Pensiones del Issste. 2. Documental consistente en copia simple de la concesión de pensión folio SP 0869038 a nombre de VILLALOBOS MARTÍNEZ ROSA MARÍA. 3. Documental consistente en la copia simple de la concesión de pensión a nombre de FELICITOS GARCÍA OMEDO. 4. Documental consistente en copia simple de la concesión de pensión de GUDELIA ROSADO GARCÍA. 5. Documental consistente en copia simple de la concesión de pensión a nombre de AMARO VÁSQUEZ PALOMEC. 6. Documental consistente en copia simple de la concesión de pensión a nombre de ANA LILIA SALVAT CRUZ. 7. Original del oficio SP/DPSHT/0484/2020, de veinte de octubre de dos mil veinte, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Subdelegación de Prestaciones del Issste en Oaxaca. 8. Copia del oficio DJ/600/026/2017, de uno de marzo de dos mil diecisiete, que contiene la comunicación oficial respecto a la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el ISSSTE, signado por el Director Jurídico del ISSSTE y dirigido al titular de la Secretaría General. CC. Titulares de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto. Pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten, toda vez que se desahogan en razón de su propia naturaleza; por lo que no habiendo más pruebas que desahogan, se cierta esta fase procesal. Alegatos. Inmediatamente se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló; por lo que la Secretaria en funciones de Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; acto continuo se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: LA SECRETARIA EN FUNCIONES DE JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LIC. D. GUADALUPE REYES GARCÍA. LA SECRETARIA DE JUZGADO. LIC. VIRGINIA FRANCISCA MALDONADO PERALTA VIRGINIA FRANCISCA (LA PRESENTE AUDIENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO)

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