Rosa María Vázquez Quirarte
Expediente 1644/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1644/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2023
Partes del expediente
- Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit
- Rosa María Vázquez Quirarte
Actuaciones
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe escrito. Téngase por recibido el líbelo signado por Dolores Herminia Gómez López, perito designada por la parte quejosa, por medio del cual, refiere que para estar en posibilidad de rendir su correspondiente dictamen pericial es necesario contar con la información que solicita sea requerida al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas y Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. Requerimiento. De ahí que entonces, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, requiérase al Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas y Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado de Nayarit, a efecto de que dentro del término de tres días, contadas a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación del presente proveído, remitan la información precisada en el ocurso presentado ante este juzgado el diez del presente mes y año, por la perito Dolores Herminia Gómez López, para lo cual adjúntese copia del ocurso de referencia. Apercibimiento. Se apercibe a las citadas autoridades que de no dar cumplimiento a lo anteriormente requerido sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe. William
- Principal
. Tepic, Nayarit, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por Omar Alberto Olvera Dávalos, quien refiere ser autorizado de la parte quejosa, a través del cual, realiza manifestaciones en relación a la vista dada por auto de treinta de agosto del año en curso, respecto al cumplimiento que al fallo protector daban las autoridades responsables. Sin embargo, analizadas las constancias que guarda el presente sumario constitucional, se aprecia que no tiene reconocida personalidad alguna en el mismo; de ahí que se concluya que el promovente no es parte en el presente juicio; por ende, carece de legitimación para promover en el sumario en que se actúa. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA QUIEN NO REÚNA ALGUNA DE LAS CALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA Y, POR TANTO, DEBEN DESESTIMARSE LAS PROMOCIONES, RECURSOS O INCIDENTES QUE PROMUEVA. De conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de garantías son: el agraviado o agraviados; la o las autoridades responsables; el o los terceros perjudicados, pudiendo tener tal carácter, enunciativamente, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando sea promovido por persona extraña al procedimiento; el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y el Ministerio Público Federal, los cuales por disposición expresa de la ley pueden intervenir en el procedimiento, sin más limitaciones que las que en la misma se señalan. En esa tesitura, se concluye que aquella persona física o moral que intente oficiosamente introducirse a la relación procesal sin tener previamente reconocida por el juzgador la calidad de parte, formal o accidentalmente, carece de legitimación procesal y, por ende, la autoridad que conozca del juicio deberá desestimar las promociones, recursos o incidentes que promueva, con la salvedad prevista en el diverso 96 del ordenamiento en consulta, más aún cuando de su contenido se advierta la pretensión de afectar a las partes en el conflicto". NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William
- Principal
Tepic, Nayarit, treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha NO SE HA ACATADO LA EJECUTORIA DE AMPARO, no obstante, a que el procedimiento de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, ya que no se cumpliría lo establecido en el artículo 17 constitucional, es decir, procurar una justicia pronta y expedita. Requerimiento. De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, informe si la parte quejosa compareció ante dicha Secretaría a proporcionar la cuenta-clabe interbancaria distinta a la antes proporcionada, a fin de que le sea devuelta la cantidad declarada inconstitucional en la sentencia dictada en el presente juicio. Por lo que de ser negativa la respuesta, deberá remita copia certificada del cheque expedido a su favor; lo anterior, a fin de que este juzgado esté en condiciones de proveer lo conducente. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico.
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