Rosa María Vázquez Flores

Expediente 793/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
793/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Rosa María Vázquez Flores
  • S. F. V.

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta que signa el secretario del Juzgado Decimoquinto en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual comunica que, dada la incompetencia planteada, se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Sobre esa base, a efecto, de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, entre otros supuestos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado y los juicios en los que se haya decretado la incompetencia; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo signada por ****, en representación de la menor identificada con las iniciales *****., contra actos del titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos; de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, del titular, del Subsecretario, del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y del Director General de Promoción, estos de la Salud de los Estados Unidos Mexicanos; del Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General; de la Jefa de Gobierno, titular de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Servicios de Salud Pública, de la Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva de Servicios de Salud Pública, de la Subdirección de Análisis e Información Epidemiológica, de la Dirección de Promoción de la Salud de Servicios de Salud Pública, de la Subdirección de Promoción de la Salud para Grupos de Mayor Riesgo, de la Dirección de Administración y Finanzas, de la Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial, de la Dirección General de la Agencia de Protección Sanitaria, de la Secretaria Particular de la Secretaría de Salud, de la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, de la Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias, todos de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Educación Pública, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 133 constitucionales; fórmese expediente -físico y electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 793/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. Ahora, impuesto este juzgador del contenido de la demanda de amparo de que se trata, de su estudio integral, se advierte que los actos reclamados por la inconforme se hacen consistir -en esencia- en los siguientes: La negación por parte de las Secretarías de Salud Federal y de la Ciudad de México, de brindar a la menor quejosa la inmunización con la vacuna "Pfitzer-BionTech", contra el virus conocido como "COVID 19". La emisión, publicación y aplicación de las políticas públicas, decretos y leyes emanadas como consecuencia de la pandemia por SARS-COV2, particularmente de la "Política Nacional de Vacunación control el virus SARS-COV2, para la prevención de Covid-19 en México", la cual no contempla la vacunación de menores de edad de los o a los 17 años, así como la omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor del lugar y hora en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, ante el inicio de clases presenciales. La emisión del Boletín ciento ochenta y uno de la Secretaría de Educación Pública para la reanudación de actividades de manera presencial para el Ciclo escolar dos mil veintiuno a dos mil veintidós. Sobre esa base, los actos precisados por la parte quejosa no justifican la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto, pues el mismo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior en razón de las siguientes consideraciones. En primer lugar, debe dejarse establecido que por competencia ha de entenderse -en términos generales- como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdicentes para conocer o decidir sobre determinadas materias. La competencia jurisdiccional nace o se genera de las funciones propias de los tribunales, derivadas de la naturaleza del asunto controvertido, así como de las normas orgánicas y reguladoras de los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante aquéllos, la cual se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio específicamente planteado. Por su parte, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del diverso ordinal 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser analizado y observado por las autoridades encargadas de impartir justicia antes de pronunciar una resolución que dirima la cuestión controvertida, dado que lo decidido por un juzgador incompetente resulta ser nulo de pleno derecho. Determinación que debe tomarse en el momento pertinente, a efecto de garantizar a las partes contendientes sus derechos humanos a la seguridad y certeza jurídicas. Ilustra lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conceder el caso". En el caso, interesa la cuestión relativa a la competencia por materia, cuya finalidad consiste en que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo cual permite a los órganos jurisdiccionales un mayor conocimiento y versatilidad sobre el tema sujeto a su decisión y, por consiguiente, que se encuentre en posibilidad de resolverlo en menor tiempo con el objeto de observar la garantía de justicia pronta tutelada en el artículo 17 constitucional. Así, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales referidos a las ramas penal, administrativa, civil y de trabajo, respecto de lo cual, a cada uno corresponde decidir los asuntos relacionados con su especial conocimiento en lo particular. Conviene también agregar que, para decidir la competencia de un juez de distrito en alguna materia en particular, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables; derivado de ello, si dicho acto corresponde por sí mismo a una materia específica y emana de autoridades que tienen una especialización asignada por el legislador, tales circunstancias permiten determinar la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva en contra del referido acto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, visible a página 412, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que, para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Es oportuno destacar que los lineamientos fijados por el legislador para determinar tal competencia, por lo que hace a los juzgados de distrito de amparo en materia administrativa, se encuentra regulada en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dicho precepto prevé lo siguiente: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: - - - I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; - - - II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; - - - III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; - - - V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y - - - VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte, las facultades de los jueces de distrito de amparo en materia civil, se encuentran previstos en el numeral 60 de dicho ordenamiento, mismo que se transcribe a continuación: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: - - - I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y - - - IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la interpretación armónica de dicho numerales, los Jueces de Distrito en Materia Civil, son competentes -toralmente- para conocer únicamente respecto de las demandas que se promuevan contra resoluciones, leyes y demás disposiciones de observancia general, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil y de los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito no enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, la hipótesis de competencia que aquí interesa, es la relativa a que es competente el Juez de Distrito en Materia Administrativa de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo que se traten de procedimientos de extradición o -en lo conducente- contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. Sentadas las premisas anteriores, se reitera que la promovente señaló como actos reclamados la negativa por parte de las responsables de brindar la inmunización a la menor inconforme con la vacuna "Pfitzer-BionTech", contra el virus conocido como "COVID 19", así como la emisión, publicación y aplicación de las políticas públicas, decretos y leyes emanadas como consecuencia de la pandemia por SARS COV2, la emisión del Boletín ciento ochenta y uno de la Secretaría de Educación Pública para la reanudación de actividades de manera presencial para el Ciclo escolar dos mil veintiuno a dos mil veintidós, entre otros. Por otro lado, debe decirse que las autoridades responsables no tienen la calidad de órgano jurisdiccional, pues se tratan de unas autoridades administrativas -en términos del artículo 4 de la Ley General de Salud- que sin la intervención de alguna autoridad jurisdiccional. En este sentido, ni duda cabe que los actos reclamados son de índole administrativo y emanan de unas autoridades de esa misma naturaleza, por lo cual, tal como se adelantó, este juzgado federal carece de competencia legal por cuestión de la materia para dictar la resolución que en derecho corresponde. Apoya lo antes expuesto, por las razones que informa la tesis que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que, por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." Por las razones expuestas supra líneas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del expedientillo respectivo, remítase el juicio constitucional en que se actúa, así como las copias del escrito inicial al Juzgado Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda, del cual se solicita atentamente, acuse el recibo de estilo y comunique si aceptó la competencia del presente asunto. Fórmese expedientillo de antecedentes. En diverso aspecto, toda vez que la quejosa señaló para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al actuario que corresponda, para que realice la notificación del presente proveído, por medio de lista, así como las subsecuentes aun las de carácter personal. En diverso aspecto, se tienen por señaladas a las personas que señala en el ocurso que se provee para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así a ******, quienes no cuentan con dicho registro, por lo que sólo se les tiene por autorizados en los términos señalados en el párrafo que antecede, sin perjuicio de que una vez que cumplan con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte de la quejosa, se provea lo conducente. No obstante lo anterior, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y al tomar en consideración el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus "COVID-19", de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, considere (i) registrarse como usuario de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; (ii) obtener su firma electrónica FIREL; (iii) solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones personales de manera electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno y por lista a la parte quejosa.

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