Rosa María Valencia Barragán
Expediente 400/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa María Valencia Barragán
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Del estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la reinvocada Ley, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda y sus copias, signado por Rosa María Valencia Barragán, contra actos de los Integrantes de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno con el número 400/2018-IV, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De las porciones normativas transcritas, es factible colegir que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, o la propiedad, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un fallo favorable en el juicio respectivo. Por lo que, de acuerdo a las citadas disposiciones, se desprende que, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse, con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. De la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: "1. De la Autoridad señalada en el arábigo 1, reclamo La resolución dictada en fecha 13 de abril del 2018, la cual fue notificada el 13 de abril del 2018 a mi asesor jurídico en segunda instancia y de la cual la suscrita tuve conocimiento el 14 de abril del 2018, en el toca 559/2018 del índice de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 2. De la autoridad señalada en el arábigo 2, reclamo la ejecución de la resolución dictada en fecha 13 de abril del 2018, la cual fue notificada el 13 de abril del 2018 a mi asesor jurídico en segunda instancia y de la cual la suscrita tuve conocimiento el 14 de abril de 2018, en el toca 559/2018 del índice de la Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz." Asimismo, de la lectura integral del ocurso inicial y de los anexos, se advierte que, la promovente del amparo, tiene el carácter de actor en el expediente 233/2016, que el aludido litigio se dictó sentencia; sin embargo, por resolución de trece de abril del año en curso, que es la que constituye el acto reclamado, se ordenó reponer el procedimiento, debiendo el juez de origen dictar nueva sentencia en la que se ocupe de la Litis en términos del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, esto es, emitiera resolución en forma clara, precisa y congruente con la demanda y la contestación a la misma y con todas las demás prestaciones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo a la parte demandada, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Luego, resulta claro que en el caso concreto, el acto reclamado únicamente tiene efectos intraprocesales, es decir constituye una violación procesal y por lo tanto no tiene una consecuencia inmediata de afectación sobre alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, sino únicamente da lugar a la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales y que, por tanto, no pueden ser reclamados en la vía del amparo biinstancial, precisamente en razón de que el acto reclamado en el caso concreto no tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior es así pues, en la especie, el único efecto inmediato que produce la resolución reclamada en la que se ordena revocar la sentencia recurrida y dictar una nueva en la que se decida sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; es que en dicho juicio se repare la infracción que estimó la Sala de apelación, constituyendo en todo caso una violación procesal que debe reclamarse en amparo directo, de ser la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse contraria a los intereses de la quejosa. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos procesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 23/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 593, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto como sigue: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Así como la diversa jurisprudencia por contradicción 1a./J. 37/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 741, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio." Entonces, resulta evidente que el acto reclamado no produce más que efectos meramente procesales que, en todo caso, pueden ser subsanados si, suponiendo sin conceder, se dictara sentencia favorable a los intereses de la promovente de amparo en cuanto al fondo del asunto y hacer inocuas los actos procesales impugnados, pues como se destacó con antelación, en el juicio del que se hace derivar el acto reclamado no se ha dictado sentencia, y para el caso de no ser así, la parte quejosa estará en aptitud de combatirlo, como se dijo, hasta que se pronuncie resolución definitiva dentro del expediente civil en cita mediante el juicio de amparo directo. Por tanto, los actos que reclama la parte quejosa no presenta para los efectos de la procedencia de este amparo una ejecución irreparable, pues como se dijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo sería improcedente cuando no exista el elemento perjuicio, y de existir éste, no tenga el carácter de irreparable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 175, visible en la página 144, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de dicho cuerpo legal, debe desecharse la demanda promovida por Rosa María Valencia Barragán. DOMICILIO Y AUTORIZADO La parte promovente solicita que sus notificaciones se efectúen de manera electrónica; al efecto se provee: Los artículos 26 fracción IV y 30 fracción II de la Ley de Amparo, así como los numerales 79, 80, y 97 al 100 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, disponen lo siguiente: (Ley de Amparo) "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica." Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores; y (Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal) "Artículo 79. Las partes o sus representantes en los juicios de amparo, previa solicitud expresa ante el Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito en el que se tramite el asunto de su interés, podrán solicitar se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para ello, es necesario que las partes lo soliciten expresamente a través de una promoción impresa o electrónica en el asunto de que se trate, al órgano jurisdiccional donde se tramita en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, tratándose de otras personas que deseen autorizar en términos de la legislación aplicable, para que se notifiquen electrónicamente, lo harán en los mismos términos. Artículo 80. Sólo los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito otorgarán o revocarán a las partes o sus representantes, los permisos necesarios para que se notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales que emitan. Artículo 97. El otorgamiento de permisos para notificarse de las resoluciones judiciales se realizará a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a la captura de los datos de las partes en el seguimiento de los expedientes. Los permisos para notificarse electrónicamente en los juicios de amparo se conservarán en cualquiera de sus instancias. Artículo 98. Al integrarse cada resolución judicial en los expedientes electrónicos, los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito ordenarán, en su caso, se notifique electrónicamente a una o a varias de las partes, que podrán notificarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación tratándose del expediente principal a partir de las nueve horas de la fecha que se ingrese para la publicación de las listas de acuerdos y en el incidente de suspensión a partir de que dicha resolución sea ingresada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Artículo 99. Al notificarse electrónicamente las partes de las resoluciones judiciales en que así se ordenó, se generará la constancia de consulta respectiva que se visualizará automáticamente en el expediente electrónico consultable a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Artículo 100. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes contendrá reportes para el control de las notificaciones electrónicas que sean ordenadas y que servirán de referencia para los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito cuando las partes que cuente con permisos para notificarse electrónicamente no lo hagan en los plazos establecidos en la Ley de Amparo." De los citados dispositivos transcritos, se desprende que las partes en el juicio de amparo que cuenten con firma electrónica, podrán solicitar el permiso para que se les notifique vía electrónica las resoluciones judiciales de los juicios de amparo en que intervengan, sujetándose a los plazos legales para realizar la consulta de las notificaciones que se les realicen por dicha vía, siempre que proporcionen al órgano jurisdiccional el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, que la autorización y notificación vía electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en los juicios de amparo se realizarán a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al asociar el "Nombre de Usuario" que le fue proporcionado a la parte promovente y a partir de que sea ingresada la resolución correspondiente al mencionado sistema electrónico institucional. En ese contexto, toda vez que se encuentran cumplidos los requisitos previstos en la normatividad de la materia señalados, habida cuenta que la parte quejosa cuenta con firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, aunado a que proporcionó su nombre de usuario que creó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se autoriza a efectuar la notificación de las resoluciones que en lo subsecuente se emitan en el presente expediente por la vía electrónica, al quejoso, con nombre de usuario osej1984. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, a José Manuel Colón Espinosa y Elizabeth Hernández Duran, por tener debidamente registradas sus cédulas profesionales que los acrediten como licenciados en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federal y a las restantes personas para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de sus autorizados para tal fin, puedan hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. OPOSICIÓN DE PUBLICACIÓN DE DATOS En atención a la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que se opone a que sus datos se publiquen en la sentencia que en su oportunidad se dicte; en mérito de lo anterior, resérvese la publicación de sus datos personales en la sentencia que se dicte en este asunto. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por así haberlo solicitado en su escrito de demanda.
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