Rosa María Valadez Sánchez

Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
672/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Rosa María Valadez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Téngase a la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acusando recibo del oficio 19443/2022, por el que se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, y entréguense, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el promovente deberá ingresar al micrositio denominado "Agenda OJ", del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual tendrá que generar cita para los días viernes en un horario de las nueve a las catorce horas con treinta minutos a fin de llevar a cabo la actuación respectiva. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la parte quejosa y a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia emitida el diecisiete de agosto de este año, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas, y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada del juicio administrativo 1080/2016, de su índice (tomo I), en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvase a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la parte quejosa y a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del El diecisiete de agosto de dos mil,, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 672/2022-V y sus acumulados 673/2022-VI y 674/2022-I, promovidos por **********, ********** y **********, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra autoridad, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, titular del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta al Juez con las pruebas que la sala responsable anexo al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 672/2022-V y sus acumulados 673/2022-VI y 674/2022-I; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escritos presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México el dos de junio de dos mil veintidós, turnados el seis de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, **********, ********** y **********, por propio derecho, demandaron el amparo y protección constitucional contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra autoridad. II. Por auto de siete de junio de dos mil veintidós, se decretó la acumulación de los juicios que se registraron bajo los números 672/2022-V y sus acumulados 673/2022-VI y 674/2022-I, se admitió a trámite la demanda; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar a la tercero interesada Blanca María Álvarez Chávez; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en la que este órgano ejerce competencia, aunado a que el tribunal administrativo que emitió la determinación reclamada tiene su residencia dentro de esa circunscripción territorial. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos reclamaron: 1. De la Magistrada Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: a) El auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo 1080/2016, mediante el cual impone una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). 2. De la Delegada Fiscal de Tlalnepantla de Baz, de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México: b) El cobro de la multa impuesta por la ordenadora, mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente. TERCERO. La Magistrada la Magistrada Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se reclama, lo cual se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Por su parte, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la Delegación Fiscal Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la citada Secretaría, al rendir su informe con justificación, negó el acto reclamado, al indicar que no ha emitido alguno que tenga por objeto el cobro de la multa reclamada Sin embargo, de las constancias que integran el juicio administrativo consistente en copia certificada del expediente 1080/2016, de su índice de las constancias que integran el juicio administrativo a las que se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se aprecia que en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el que se impuso la multa reclamada, la Magistrada de la Sala responsable ordenó girar oficio al Delegado Fiscal de Ecatepec, para que una vez que transcurriera el plazo previsto en el artículo 29 del Código Financiero del Estado de México, informara sobre el inicio del procedimiento económico coactivo correspondiente. Lo cual implica que, si bien a la fecha de la rendición del informe la autoridad ejecutora no había emitido acto tendiente al cobro de la multa mediante el inicio del procedimiento económico coactivo respectivo; también lo es que, sí se le encomendó su realización; por lo que se desvirtúa la negativa formulada y se le tiene por cierto el acto de ejecución que se le reprocha. CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al no actualizarse causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio hecha valer por las partes o se advierta de oficio por este juzgado, se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. Los quejosos esencialmente reclaman: -Que la resolución reclamada viola lo establecido en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales. -Que la responsable al momento de dictar el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo 1080/2016, mediante el cual impone una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), violó en su perjuicio lo establecido en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales. -Que del artículo 1o.constitucional, no se hace distinción o exclusión de las autoridades obligadas a promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos, de modo que se encuentran también incorporadas las autoridades responsables mencionadas, quienes ordenaron, emitieron, y ejecutaron los actos reclamados. -Que los derechos transgredidos en su contra son los de debido proceso; fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; y legalidad, toda vez que el legislador enfatizó que los mismos son reconocidos como derechos humanos y que se encuentran consagrados en la constitución federal en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafos primero y décimo sexto. -Que el acto reclamado consistente en el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo 1080/2016, mediante el cual impone una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), no cumple con el requisito constitucional de debida motivación que debe contener todo acto de autoridad. -Que en la foja dos del acuerdo del nueve de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable de manera infundada, sin motivación y erróneamente aseveró que no existía un desahogo por parte de las autoridades demandadas, estableció que había aun exceso del termino para dar cumplimiento al requerimiento notificado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el cual fenecía el uno de abril siguiente, que la autoridad demandada procedió a desahogar en tiempo y forma mediante la promoción ingresada electrónicamente en el sistema del tribunal registrada con el folio electrónico número TE-220401-GEY0, por lo que aduce resulta incongruente la sala responsable haya dictado el acuerdo reclamado. -Que la magistrada responsable fue omisa en leer el expediente 1080/2016, del cual se apreciaba la promoción por parte del Subdirector de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, del doce de mayo de dos mil veintidós en la que se informan las gestiones de cumplimiento de la sentencia definitiva, que no existe tal omisión ni un pronunciamiento razonable por parte de la responsable. -Que en las manifestaciones de dicha promoción no pueden considerarse como actos dilatorios, que el acto reclamado carece de motivación. -Que con las sanciones se le dejó en un total estado de indefensión, que en el acuerdo reclamado existe omisión de pronunciarse respecto de los escritos de cumplimientos promovidos el dieciocho de marzo de dos mil veintidós; uno de abril de dos mil veintidós; veintiocho de abril de dos mil veintidós; diez de mayo de dos mil veintidós; y doce de mayo de dos mil veintidós. -Que les causa perjuicio que no se haya tomado en cuenta la promoción del doce de mayo de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. -Que las responsables al momento de emitir el acto reclamado violaron lo dispuesto por los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales en relación con los diversos 3, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, así como el 280 ambos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Al efecto, debe decirse que los conceptos de violación son infundados, y aun supliendo la queja deficiente, resultarían inoperantes, ya que se causaría un mayor perjuicio al peticionario, de concederse la protección constitucional. En principio, es oportuno señalar que las medidas de apremio son aquéllas de las que puede disponer la autoridad para hacer cumplir sus determinaciones y su establecimiento se justifica porque no puede quedar a voluntad de las partes ejecutar mandamientos de orden público como lo son aquellos dictados por autoridad constitucionalmente competente. Ahora, la multa constituye una medida de apremio conforme al segundo párrafo del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo cual es un medio idóneo y eficaz para conminar a las autoridades demandadas a cumplir la sentencia siempre que exista renuencia o inactividad injustificada para ese propósito. Cabe precisar que el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra vinculado a los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los principios de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los preceptos 14 y 16 Constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja e estado de incertidumbre jurídica al gobernado. La legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en la misma. En tanto que, la exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de acatar dichos fundamentos si éstos no fueren correctos, o bien, si no estuvieron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios.1 Formalidades que, fueron observadas en su dictado por la autoridad responsable ordenadora, pues los artículos en que se fundamentó para dictar el auto que se combate, entre otros, son 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El precepto 280 del Código invocado, indica los términos en que debe cumplirse la sentencia dictada por el tribunal administrativo y cómo proceder en caso de que no estuviere cumplida, además establece precisamente que en caso de incumplimiento se impondrá al demandado una multa por la cantidad equivalente de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Por su parte, el artículo 281 del mismo Código faculta a la Sala Superior a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las sentencias, lo cual implica, requerir el cumplimiento por conducto del superior jerárquico de la autoridad demandada, o a la propia autoridad si no tuviere superior, sin perjuicio de reiterar cuantas veces sea necesario la multa impuesta, y si pese a ello, no se logra el cumplimiento de la resolución, podrá decretar la destitución del servidor público responsable, con independencia de la responsabilidad en que puedan incurrir los servidores públicos obligados, por no acatar el fallo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 40 de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Apéndice 2000, Tomo III, materia Administrativa, página 46, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." En esencia, dichos preceptos legales regulan el procedimiento que se debe seguir para lograr el cumplimiento de las sentencias en los juicios administrativos, incluyendo, las medidas para obtenerlo, tales como la imposición de multas a la autoridad demandada o a las vinculadas y que sean renuentes en cumplir con lo ordenado, así como su destitución. En ese sentido, es infundado lo señalado por los quejosos en el sentido de que la responsable al imponer una sanción debió considerar lo dispuesto por el artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; así como lo aducido en el sentido de que la autoridad responsable no individualizó la sanción impuesta, por no establecer la gravedad de la infracción; que no motivó ni fundamentó, que los dejó en estado de indefensión o que fue omisa en pronunciarse sobre sus promociones, los antecedentes de os infractores; la condición socioeconómica de los quejosos; la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones, en su caso; y el monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado de incumplimiento; además de que la responsable no motivó debidamente las circunstancias personales socioeconómicas de los impetrantes de amparo y al momento de fijar la multa no expresó las razones que la llevaron a determinar la misma. Ello, en virtud de que contrario a lo manifestado por los quejosos, la autoridad responsable al hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos e imponer la multa que se reclama, no debía observar lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, ello porque la multa impuesta no debía ser individualizada ya que no se trata de una multa administrativa, sino de una sanción impuesta por desacato a un mandamiento jurisdiccional, consistente en dejar de atender los diversos requerimiento formulados para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. En ese sentido, la autoridad responsable fundó y motivó la imposición de la multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 279, 280 y 281, del Código adjetivo aplicable, de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentra el mismo, esto es, en la de ejecución; y la imposición de dicha medida en la etapa de ejecución de sentencia, tiene como objetivo lograr su total cumplimiento y evitar su entorpecimiento o dilaciones innecesarias. Además, la autoridad responsable al emitir el veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio administrativo 1080/2016, mediante el cual impone una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), determinó que las autoridades demandadas (entre las que se encuentra la autoridad cuyo cargo desempeñan los aquí quejosos), se les habían otorgado varias prórrogas y no habían dado cumplimiento a la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, siendo omisas al requerimiento de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, y que se encuentran realizando prácticas dilatorias para no acatar un mandato judicial, dejando en estado de indefensión a la parte actora, al retrasar el cumplimiento de la sentencia, demostrando tener una conducta contumaz, dilatoria, evasiva y de mal fe; para lo cual citó los antecedentes que originaron los cuatro requerimientos aludidos. Bajo ese contexto, la Magistrada de la Sala responsable al hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, únicamente debía analizar lo relativo al cumplimiento del fallo protector, y como lo refirió, las autoridades demandadas, incluyendo la que desempeña el cargo los aquí quejosos, han sido omisas en atender los diversos requerimientos formulados en el juicio de origen, ya que este juzgador advierte que ni siquiera han informado respecto de los actos que, en su caso, estén realizando para dar cumplimiento a la sentencia, a pesar de que ha transcurrido un plazo más que razonable para que acatara dicho fallo, y de que con antelación, ya se había hecho efectiva una diversa multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización. Por lo que es correcto que la Magistrada de la Sala responsable haya considerado la conducta del aquí quejoso como contumaz, dilatoria, evasiva y de mala fe, pues de las constancias que integran el juicio de origen queda plenamente acreditado que ni siquiera ha realizado gestión alguna para dar cumplimiento de la resolución. Así, de la confrontación del acuerdo reclamado y los artículos en que se fundamentó, se desprende que la responsable, impuso al quejoso la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo cual implica la cantidad mínima y una quinta parte de la multa máxima, ya que el artículo 281 del Código adjetivo aplicable, establece que se puede imponer una multa de cien a mil unidades diarias, por lo que la multa impuesta a los quejoso s constituye una cantidad mínima atendiendo al parámetro que establece la legislación, y por ende, no era necesario señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto; sin embargo, ante la renuencia y actitud contumaz de los quejosos, es evidente que la responsable puede ir imponiendo gradualmente multas, hasta llegar a la cantidad máxima, precisamente para conminar al cumplimiento de los renuentes. Sobre todo, si se toma en consideración que en fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ya se había impuesto a los aquí quejosos, la multa mínima por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, y en el mismo acuerdo, así como en el diverso de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió de nueva cuenta a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la sentencia, con el apercibimiento de imponerles una multa por cien Unidades, y pese a ello, los quejosos continuaron con la conducta contumaz para dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el juicio de origen. Por lo que es evidente, que con su conducta contumaz afecta el orden público e interés colectivo, interesado en que se cumplan los mandatos de ley, como en el caso lo es, una sentencia que constituye cosa juzgada, además de que vulneran los principios de impartición de justicia y tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, es evidente que la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, motivó la imposición de la multa, pues consideró que con la actitud renuente ante el cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, se obstaculizó la impartición de justicia, ya que incurrió reiteradamente en incumplimiento a la sentencia respectiva; consideró además que la conducta reiterada y de renuencia a cumplir con la resolución, es grave y por ello, al ser reincidentes, y estudiar su situación económica, debe imponerse una sanción ejemplar para conminar a su cumplimiento a las autoridades que deben hacerlo. De ahí que el acto reclamado, cumpla con lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se vulneraron las disposiciones constitucionales y legales que citan los promoventes del amparo. Máxime que las referidas multas no debían ser individualizadas en términos de lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, ya que no se trata de multas administrativas, sino de sanciones por desacato a un mandamiento judicial. No obstante, la Magistrada de la Sala responsable procedió a realizar la individualización de la sanción en términos del artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pese a que ello no es necesario, ya que como se mencionó, la multa que se impuso, deriva de las atribuciones legales con que cuenta en ejecución de sentencia para lograr que sus determinaciones se cumplan, por lo que en el caso, no es necesario analizar dicha individualización. Por lo antes expuesto, se estiman infundados los conceptos de violación que hicieron valer los quejosos y que se encuentran relacionados con los puntos que se analizaron. Por otra parte, en relación a lo aducido por los quejosos en el sentido de que la Sala responsable pretende que se efectúe el embargo de su salario para realizar el cobro de la multa, fundamentándose en presunciones; violentando lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo dispuesto en los diversos 83 y 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y la fracción XI del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que dichas disposiciones disponen que el salario es inembargable. Dichas manifestaciones resultan infundadas, pues la autoridad responsable en el acto que se reclama, no ordenó que se efectuara el embargo del salario de los quejosos, para obtener el cobro de la sanción, simplemente se hizo efectiva una multa por desacato a un mandamiento judicial, y giró oficio a la autoridad exactora para que procediera al cobro de la misma a través del procedimiento económico coactivo correspondiente, la cual debe ser cubierta con peculio de la persona física que ostenta el cargo de la autoridad demandada, y no a cargo del erario municipal, lo cual es correcto, ello en atención a que es a las personas que ocupan el cargo a quienes les corresponde cumplir o realizar las gestiones necesarias para atender los requerimientos que se hacen a la institución que representa. De todo lo aquí expuesto, válidamente se concluye que el auto reclamado del que se duelen los quejosos, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que como se ha visto, la autoridad responsable citó en el caso los fundamentos legales aplicables y expuso los motivos por los que consideró pertinente imponer al quejoso, la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siendo acordes sus argumentos con los numerales invocados, de ahí lo infundado de sus conceptos de violación. En el caso, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador que en el acto que se reclama se hizo efectivo el apercibimiento decretado por veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, y que en dicho proveído se apercibió a las autoridades demandadas con imponer una multa por el equivalente de cien veces el valor diario de la actualización vigente el diez de enero de dos mil dieciocho, con un valor de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Que por acuerdo veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió nuevamente a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia, apercibiéndolas con imponerles una multa por el equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, vigente en el año dos mil dieciocho, cada unidad con un valor de 80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Y que en el acuerdo que se reclama, al no haber dado cumplimiento las autoridades responsables al veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiocho de febrero del mismo año, consistente en el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año dos mil diecinueve, cada unidad con valor de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), que al ser multiplicada por cien veces, asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Al efecto, es importante señalar que el valor de la Unidad de Medida y Actualización que debe considerarse al realizar el apercibimiento, es la que está vigente en el momento de su emisión, siendo ese el valor que se debe establecer en caso de que se haga efectivo el apercibimiento. En ese sentido, es importante señalar que el valor de la Unidad de Medida y Actualización en el año dos mil dieciocho fue de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) mientras que en el año dos mil veintidós es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Por ello, si en el juicio de origen se requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia mediante acuerdos de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, y que en el último del veintiséis de abril de dos mil veintidós señalándose que el valor de la unidad que debía aplicarse era el vigente en ese año, lo cual en la especie no aconteció, ya que en el acuerdo citado en primer término, se asentó el valor de la unidad vigente en el año de dos mil dieciocho. Sin embargo, la cantidad total que se impuso como multa asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). la cual se obtiene de multiplicar el valor de la unidad en el año dos mil dieciocho por cien veces. Por ende, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertirse motivos para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución que se atribuye a la autoridad ejecutora Delegada Fiscal de Tlalnepantla de Baz, de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, toda vez que no fue impugnado por vicios propios, sino como consecuencia directa del auto combatido. R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **********, ********** y **********, contra los actos reclamados a Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra autoridad, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase a la Magistrada de la Tercera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dando cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado por auto del veinticinco de julio pasado, por lo que remite las constancias solicitadas. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le previno en caso de incumplimiento. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la parte quejosa y a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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