Rosa María Santos Figueroa
Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Pablo Martínez Obando
- Rosa María Santos Figueroa
- Rosa María Santos Figueroa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por José Alberto Jaimes Saldaña, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; a través del cual solicita se requiera a la autoridad responsable aclare la determinación emitida el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 594/2012. Lo anterior, en razón de que en el proveído de mérito, la responsable acordó: ".Se requiere al Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de TETIPAC, Guerrero, para que gestione la solicitud ante el Poder Ejecutivo del Estado, para que a cuenta del municipio, realice el pago de la cantidad adeudada a los actores." De lo anterior, se aprecia que se señaló de manera incorrecta el cabildo del ayuntamiento demandado en el juicio de origen, siendo el correcto Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero. Dicho requeriminto al estar dirigido a diversa autoridad no puede tomarse como algo intranscendente, de ahí que, con fundamento en los artículos 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, aclare la determinación de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 594/2012, respecto al requerimiento que se formula al Cabildo del Ayuntamiento de Tetipac, Guerrero, siendo lo correcto Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero . Es aplicable la tesis XXI.2o.C.T.6 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con Registro digital: 2013930, de rubro: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO)". Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que subsisten los apercibimientos decretados en el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, en caso de no cumplir con lo requerido y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Por otra parte, no ha lugar a requerir a la autoridad responsable las notificaciones realizadas de la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que los efectos del amparo únicamente fueron para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "(i). En complemento al proveído de doce de enero de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio laboral 594/2012, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. - - - Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes." Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual cumple con lo requerido en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, y al efecto remite copia certificada de la determinación de siete de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral ****************. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexos, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora bien, toda vez que es un hecho notorio para este juzgado federal las complicaciones que tiene para cumplir con sus funciones el Servicio Postal Mexicano, por tal motivo, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con sede en Iguala de la Indecencia, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Órgano de Control Constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, a efecto de que realice la notificación del oficio 29490/2023, al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero, y una vez hecho lo anterior lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten el éxito de la diligencia encomendada Asimismo, se solicita al juez exhortado ordene y faculte al funcionario que deberá realizar la diligencia en comento, se constituya en horas y días inhábiles a fin de lograr la notificación en los términos solicitada; tal y como lo ordena el artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos arábigos 282, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio al tercero interesado.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; por medio del cual solicita prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece: ".Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. [.] En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo." Del precepto legal transcrito, se advierte la facultad de este órgano jurisdiccional, para ampliar el plazo a fin de que la autoridad responsable, dé cumplimiento a la sentencia de amparo, siempre y cuando la misma demuestre que está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso. En ese sentido, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, solicita una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, debido a que no le es posible realizarlo en el tiempo que se le concedió para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se amplía el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se concede a la autoridad responsable el término de DIEZ DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que remita las constancias que denoten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido que quedan subsistentes los apercibimientos contenido en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), registro 2007918, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de rubro y texto, siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Iguala, Guerrero; mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número de orden 472/2023 y de origen E-226/2023, de este índice, remitido a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, notificara el oficio 15645/2023, al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pilcaya, Guerrero. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y dese de baja la citada comunicación oficial. Así también, de la documental que adjunta la autoridad oficiante, se advierte que se notificó el oficio 15645/2023, al referido tercero interesado, por lo que se tiene por notificado del auto de dieciséis de mayo del año en curso, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte feneció el termino de tres días concedido a la partes quejosa y tercero interesado; asimismo se observa que mediante escritos presentados ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de mayo y dos de agosto del año en curso; dichas partes procesales realizaron manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio, por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. I. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de siete de abril de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "(i). En complemento al proveído de doce de enero de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio laboral ********************, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la ********************; así como al ********************, ********************. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes." Asimismo, el diez de junio de dos mil veintidós José Rodrigo Figueroa Millán, ********************, interpuso recurso de revisión en contra la sentencia de siete de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Mediante ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo a la parte quejosa. Por lo que, por auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de siete de abril de dos mil veintidós. II. TRÁMITES DE LA RESPONSABLE. La presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por oficio 5743/2023, remitió copia autorizada con firmas autógrafas del acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************. III. VISTA Y NOTIFICACIONES. Mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio y anexos descritos en el párrafo que antecede, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, esta juzgadora acordaría lo que en derecho procediera. Los autorizados de la parte quejosa y tercero interesado desahogaron el veintidós de mayo y dos de agosto del año en curso, respectivamente, la vista otorgada en auto de dieciséis de mayo del año en curso, y al efecto manifestaron lo siguiente: La parte quejosa adujo que no se tengan por cumplidos los efectos del fallo protector, toda vez que la responsable no determinó las obligaciones específicas de las autoridades vinculadas; además arguye que no se ha notificado dicho acuerdo y girado los oficios a las autoridades responsables; así también, no actualizó la planilla de liquidación para cada actor. Por su parte el tercero interesado a través del ********************, refirió que existe exceso de cumplimiento de la sentencia de amparo; además no especificó cuáles son las obligaciones de cada autoridad vinculada, así como las acciones que deberán efectuar dentro del ámbito de sus facultades legales. V. CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA QUE LA EJECUTORIA DE MÉRITO NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Se arriba a esta conclusión toda vez que, efectivamente como lo exponen en sus escritos la parte quejosa y tercero interesado, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, no especificó cuáles son las obligaciones de cada autoridad vinculada, así como las acciones que deberán efectuar dentro del ámbito de sus facultades legales para que se cumpla la sentencia amparadora (********************, ********************, ********************); así también, no actualizó la planilla de liquidación para cada actor; además no se advierte que haya notificado el acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************y girado los oficios a las autoridades vinculadas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Proceda a realizar la actualización de la cantidad liquida que se debe pagar a la parte actora. 2. Una vez efectuado lo anterior, requiera al Síndico Procurador y al Secretario de Administración y Finanzas (o tesorero) ambos del Municipio de Pilcaya, Guerrero, así como al ******************** Municipal, para que realicen el pago de la cantidad actualizada, dándoles un tiempo prudente para el cumplimiento. (i). En complemento al proveído de doce de enero de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio laboral ********************, emitir un nuevo acuerdo en donde, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la ********************; así como al ********************, ********************. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia; además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ".SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Conforme a lo anterior, se apercibe a ********************, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, respecto del escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, dígasele que se éste a lo acordado en líneas que preceden. Notifíquese y cúmplase.
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